ERROR JUDICIAL de la jueza Eugenia Viguri en Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao

[Miguel Gallardo]

APEDANICA pretende seguir la serie 'La Justicia imperfecta', de EL PAIS aportando datos, indicios y referencias de errores judiciales, pero también motivando a políticos para que requieran información detallada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de manera sistemática y metódica.

El caso de la montaña rusa ‘robada’ que acabó en NuevaYork 

Un cúmulo de errores judiciales torció la vida de los hermanos Fraguas hace 13 años, una estirpe de feriantes hoy en la ruina. 

Iniciamos con este caso la serie 'La Justicia imperfecta', que narrará casos de fallos flagrantes cuyos protagonistas han debido ser indemnizados. 

Madrid - 21 JUL 2016 - 19:51 CEST Fue la atracción estrella de la semana grande de Bilbao. La Cyberspace, una mole de 450 toneladas de hierros, era una de las mejores montañas rusas de Europa. 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Periodista de investigación de EL PAÍS 

Llevaba dos años de feria en feria, de ciudad en ciudad. Once tráilers se necesitaban para trasladarla. Una estructura nómada, como sus dueños, los hermanos Fraguas, una estirpe de feriantes acostumbrados desde niños al sacrificio, a no tener un techo fijo, granice o abrase el sol, y a la dura rutina de montar y desmontar cada pocos días raíles y tornillos que dan vértigo. Aun así, los Fraguas vivían bien. Ganaban dinero. Montañas rusas móviles, en 2003, solo ellos y otra familia podían pasear una por las ferias de España. Pero un cúmulo de desaciertos judiciales torció sus vidas ese año. Solo conservan un tiovivo infantil, que funciona estos días en la zona de Levante. Han tenido que vender o hipotecar casi todo lo que les quedaba. Trabajan donde pueden. Nada que ver con antaño, cuando un día bueno feriado la taquilla de la montaña rusa podía brincar los 24.000 euros. Las cosas han cambiado mucho. Después de 13 años de pleitos (y los que restan, pues quedan aún varios pendientes), el Consejo del Poder Judicial (el órgano que rige a los 5.000 jueces españoles) ha emitido un informe en el que censura la actuación judicial en lo ocurrido con esta montaña rusa. Critica "el proceder" del juzgado y entiende que se ha producido un "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" que debe ser indemnizado. “Tuve que vender mi casa por 1,5 millones y ahora estamos en la ruina” , destaca Pedro Jesús Fraguas Justo el primer día de las fiestas de agosto de Bilbao, cuatro coches policiales de la Ertzaintza se presentaron en el recinto ferial. Metralletas en mano, y traían una orden judicial para que desde ese momento los Fraguas no tocasen la atracción, quedaba precintada. Junto a los agentes, un grupo de operarios enviados por la firma cobro deudas MSH Mobilien comenzó a desmontarla a toda prisa. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao había acordado, como medida cautelar, desmantelar Cyberspace y llevarla a un descampado vallado de Barakaldo (y allí debía estar hasta que hubiese una sentencia que resolviera las diferencias económicas entre el fabricante alemán de la atracción y los Fraguas). El juzgado la precintó sin ni siquiera escuchar antes la versión de la familia. “Jamás me he sentido más impotente”, evoca Pedro Jesús, el mayor de los hermanos. Decenas de clientes se acercaban a la taquilla y se daban la vuelta al ver a las metralletas, recuerda. La Cyberspace costaba entonces “más de dos millones de euros, y hoy su precio ronda los 15”, cuenta Pedro Jesús. “Cuando llegó la Ertzaintza, teníamos abonado más de la mitad de lo acordado con el fabricante con un contrato de leasing mensual, pero el juzgado nos la quitó y la puso en manos, en calidad de depositario, de un holandés propuesto por MSH que ni vivía en España”, se lamenta. Al instarlarse en las fiestas de Bilbao procedentes de las de Santander nunca pensaron que MSH iba a repetir la jugada de Palma de Mallorca y Pamplona. En Palma, una madrugada les robaron el corazón de la atracción, un cuadro eléctrico desde el que se controla todo. Hubo dos detenidos, y finalmente la policía halló el cuadro. "Eran enviados de MSH, que actuaba en connivencia con el fabricante", detalla Pedro Jesús. La empresa aprovechó entonces para pedir a un juzgado mallorquín la medida cautelar de desmontar y llevarse la atracción. El juez convocó a las partes y rechazó de plano la petición. Un día bueno feriado la taquilla de la montaña rusa podía alcanzar los 24.000 euros. Los Fraguas ahora solo tienen un tiovivo 249,00 € 

De nada sirvieron los lamentos ante el juzgado de Bilbao. Los Fraguas se hartaron de enviar escritos a la juez, Eugenia Viguri, advirtiéndole del error e instándole a levantar la medida cautelar. Y hacían visitas al descampado de Barakaldo para comprobar que seguía allí. Temían que desapareciera. También otearon al holandés en Mallorca tras ellos. Tal como se temían los Fraguas (lo habían advertido a la juez en escritos, insistiéndole en que debía apartar al holandés porque no era de fiar), un día acudieron al descampado y allí no había nada. Luego supieron que una tarde noche, el holandés y otras personas metieron los contenedores con las piezas de la atracción en dos barcos, en el Puerto de Santurce, y, sin permiso de la juez ni de nadie, se la llevaron. “Y con ellas, ocho tráilers, que eran nuestros de siempre”, narra a EL PAÍS Pedro Jesús. -Si no había ningún litigio con los tráilers, ¿por qué se los llevaron? -El juzgado dijo que hacían falta para trasladar la atracción una vez desmantelada. El 5 de noviembre de 2003, tres meses después de acordar el precinto, el juzgado de Bilbao revocó por fin su propia medida cautelar. Pero cuando lo hizo, no quedaba rastro de la atracción ni de los tráilers. Buscó al holandés y tampoco La montaña rusa de los hermanos Fraguas en pleno funcionamiento. /EL PAÍS estaba. Cuando meses después le localizó en su país, el holandés se hizo el sueco: dijo que no "recordaba bien lo ocurrido con la montaña rusa, ya que en esas fechas no tenía la cabeza muy bien...", destacan fuentes conocedoras del sumario. Con ayuda de otros feriantes europeos, los hermanos Fraguas supieron que los barcos habían recalado en Róterdam y en el embarcadero de un pequeño pueblo holandés. Y que, desde allí, la montaña rusa había partido hacia Estados Unidos. La Sección Cuarta de la Audiencia de Bilbao recriminó la actuación del juzgado, por no evitar la salida de la montaña rusa, ignorar su paradero y haber obviado los continuos avisos de los Fraguas de que la atracción, como así sucedió, podía desaparecer. La Sección Cuarta de la Audiencia de Bilbao recriminó la actuación del juzgado, por no evitar la salida de la montaña rusa, ignorar su paradero y haber obviado los avisos de los Fraguas de que la atracción, como así sucedió, podía desaparecer. Recuerda Pedro Jesús con rabia los desprecios que recibía en el juzgado cuando, con sus abogados, iba a comunicar que el holandés era un testaferro del fabricante y que la atracción corría serio riesgo de evaporarse. Y también para reiterarle que el holandés solo había depositado 10.000 de los 30.000 euros de fianza que le impuso el propio juzgado como garante de la atracción. El juzgado abrió diligencias por un delito de robo, pero ya era demasiado tarde. Escondidos entre contenedores en el puerto holandés de Sneeck, los Fraguas hallaron los tráilers meses después. Y en Holanda siguen. Pero de lo realmente valioso, apenas había pistas. Pedro Jesús conocía la Cyberspace como la palma de su mano. Él ayudó a los ingenieros alemanes en su diseño. La familia tuvo otra montaña rusa, más antigua y pequeña, que vendieron tras adquirir la gran Cyberspace, tipo Spinning Coaster Steel. Desesperado, entraba noche tras noche en Internet buscándola por las ferias del mundo. Por fin la localizó en Estados Unidos. Un grupo empresarial estadounidense, ajeno a los pleitos, la había comprado de segunda mano. El holandés es el único imputado en la causa penal abierta en Barakaldo. Los americanos la adquirieron “de buena fe”. Ya no cree ya en la justicia: “Nunca quiso recibirme la juez”, señala Pedro Jesús. EL PAÍS también intentó el martes dialogar con la magistrada, pero declinó hablar. Durante su entrevista en Valencia con este periódico, los ojos del mayor de los Fraguas se empañan de lágrimas varias veces cuando describe cómo era la atracción y se enrojecen cuando piensa en las togas. Ya ni grita ni alza la voz, aunque asegura que elevará este tema al tribunal europeo de Estrasburgo y luego se irá de España. “Tuve que vender mi casa y estamos en la ruina”, destaca. Sabe que su montaña rusa está en Nueva York, en el Seabreeze Park, con otro nombre y otra pintura, a pleno rendimiento. No ha querido ir a verla. Ha perdido toda esperanza de recuperarla. 

37 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN 

Tras tanto varapalo judicial, a los hermanos Fraguas solo les quedaba (y la han ejercido) la vía de la responsabilidad patrimonial; es decir, que el Estado español (el Ministerio de Justicia) les resarza por el error cometido por uno de sus organismos (el juzgado de Bilbao) al arrebatar una montaña rusa a una familia sin oír su versión y dejarla en manos de un holandés que se la llevó con nocturnidad cargada en dos barcos. Reclaman un total de 37 millones de euros por lucro cesante, los tráilers y otros conceptos, incluido “los daños morales sufridos por la familia”. El Consejo del Poder Judicial ha analizado este caso. Carece de competencias para sentenciar si la decisión de la juez fue o no errática. No está dentro de sus facultades; tampoco dictaminar si la indemnización que piden es o no correcta (eso debe determinarlo el Ministerio de Justicia). Para castigar un error judicial están los tribunales superiores jerárquicos de la juez. Lo que si puede decir el Consejo del Poder Judicial, y lo ha dicho, es que “el proceder anómalo” de este juzgado ha generado una responsabilidad patrimonial al Estado “por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”

APEDANICA está trabajando para que un error así no pueda volver a repetirse, al menos, sin una fuerte sanción para todos sus responsables. Ver

https://docs.google.com/document/d/1Y3D0wbHJV8JI4IVp-Kvm7Hj6FVyjoMXesy-g_5UDBts/edit

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito judicial privado, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16, 28045 Madrid @APEDANICA E-mail: apedan...@gmail.com

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Se adjunta la noticia de EL PAÍS y grupo de APEDANICA sobre errores judiciales

Documento publicado con firma digital en www.cita.es/eugenia-viguri.pdf

[Miguel Gallardo]

Juan Luis Ibarra Robles presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco TSJPV con copia para el CGPJ y Juan Ramón Calparsoro Damián en Fiscalía

Documento publicado con firma digital en www.cita.es/eugenia-viguri.pdf

La asociación APEDANICA investiga ERRORES JUDICIALES, y también cuanto puede conocerse de sus responsables por los arts. 9, 20, 24, 29, 105 y 120 de la CE, Reglamentos /1/98 y 1/2005 del CGPJ y en especial, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre errores judiciales y derecho a la información. Hemos tenido conocimiento de la noticia publicada en EL PAIS sobre acciones y omisiones de la jueza Eugenia Viguri Arribas en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Bilbao que hemos reproducido íntegra en el Grupo de Interés de APEDANICA

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!forum/apedanica-y-errores-judiciales

concretamente en el enlace

https://groups.google.com/d/msg/apedanica-y-errores-judiciales/PS3_sl9FoX0/LUXApR2YBAAJ

donde se menciona un informe del CGPJ que “censura la actuación judicial”.

Considerando los datos ahí publicados, APEDANICA, al igual que en otros casos, recomienda estudiar el error judicial y cualquier posible explicación como un grave siniestro con responsabilidad profesional directamente exigible a todos y cada uno de los funcionarios que conocieron los hechos. Además, la dedicación de Eugenia Viguri Arribas a cualquier otra actividad extrajudicial es un indicio racional de falta de atención a su función pública, e incluso, de posibles conflictos de intereses.

Eugenia Viguri Arribas no aparece en la relación de jueces y magistrados a los que se les ha sido concedida la compatibilidad, pero eso no significa que no haya tenido dedicaciones incompatibles no autorizadas porque podemos señalar a magistrados como el vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde según www.miguelgallardo.es/recusa-vocal-cgpj.pdf o el presidente de la sección 9º de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés en www.miguelgallardo.es/recusa-icam.pdf

Ni Rafael Fernández Valverde ni Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés aparecen, y sin embargo, está bien documentado que se dedican a actividades extrajudiciales.

El actual secretario general de la Administración de Justicia Antonio Dorado Picón conoce perfectamente incompatibilidades y conflictos de intereses de magistrados y también de secretarios judiciales SJs ahora Letrados de la Administración de Justicia LAJs como el escandaloso caso del SJ - LAJ Juan Ignacio Atienza López y de otros muchos funcionarios públicos que trabajan para el entramado empresarial Universidad a Distancia de Madrid UDIMA y el Centro de Estudios Financieros CEF. No solamente AUSBANC y Luis Pineda Salido han invertido considerables sumas en relacionarse con funcionarios públicos de manera nada ética que, aunque la normativa actual no considere ilegal, en el caso de CEF y UDIMA sí que es un claro indicio de conflictos de intereses complejos e indirectos que motivan para cometer faltas y delitos, o lo que es peor, a las distracciones y omisiones en caso de un error. Si el error judicial fue deliberadamente inducido por un abogado, la poliza del seguro de responsabilidad civil colegial debe ser ejecutada inmediatamente reduciendo así el coste de la indemnización que deba pagar el Estado. Los errores inducidos deliberadamente deben ser perseguidos eficazmente por la Fiscalía.

APEDANICA promueve que tanto el Consejo General del Poder Judicial CGPJ como el Ministerio de Justicia informen muy detalladamente de todos los errores judiciales y posibles causas porque entendemos que la única manera eficaz de combatir los errores es asegurarse de que no puede repetirse el mismo error. Intentamos motivar a diputados para que requieran automática y sistemáticamente toda la información posible sobre todos los errores judiciales, más aún si se repiten.

Actualmente, la misma Eugenia Viguri Arribas podría estar repitiendo todas sus actuaciones publicadas por EL PAÍS impunemente, porque nada garantiza que haya aprendido nada de su publicado error. Tenemos algunas preguntas para ella:

1ª ¿Reconoce Eugenia Viguri Arribas algún error? En caso de que lo reconozca

2ª ¿Cuándo y cómo se dio cuenta Eugenia Viguri Arribas de su propio error?

3ª ¿Cómo puede Eugenia Viguri Arribas garantizar que no se repita nunca más?

APEDANICA ha detectado la más repugnante soberbia y obcecación contumaz en el error de varios magistrados jueces y también de fiscales representantes del Ministerio Público o de los secretarios judiciales SJs ahora Letrados de la Administración de Justicia LAJs. Además, la IGNORANCIA DELIBERADA del funcionario público que sabe que se ha cometido un error y no lo subsana, es delito perseguible de oficio. Para los funcionarios incapaces de darse cuenta, recomendamos el uso de algunas pedagógicas palabras en latín, como por ejemplo Amens Vetule Sordes Caudex Stipes Stolide Stolo Nequissime Stulte Stultissime y agradeceremos toda la información o contacto que se nos pueda proporcionar, especialmente si nuestra recomendación surte efecto jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.902 y siguientes del Código Civil.

APEDANICA garantiza “off-the-record” absoluto, en toda la extensión legal posible, a quien nos informe de cualquier error judicial, causas y responsables al mismo tiempo que está dispuesta a agotar todos los recursos legales para que un error judicial no pueda repetirse, al menos, sin una muy dura sanción.

APEDANICA solicita ese informe del CGPJ que “censura la actuación judicial”.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito judicial privado, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16, 28045 Madrid @APEDANICA E-mail: apedan...@gmail.com

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Se adjunta la noticia de EL PAÍS y grupo de APEDANICA sobre errores judiciales

Documento publicado con firma digital en www.cita.es/eugenia-viguri.pdf

[Apedanica Org]

1 ANEXO firmado en PDF para asociaciones de FISCALES