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2008-07-24
AmericaLatina
La maldición de los recursos energéticos
En América Latina el papel de
los recursos naturales energéticos es estratégico, y funciona como objeto de la
competencia cada vez más abierta entre grandes empresas y países. Esto genera
situaciones complejas que involucran tanto a las políticas de los Estados como a
las transnacionales y a los organismos internacionales, con toda una batería de
instrumentos jurídicos, legales y económicos que mantienen luchas desiguales
sometiendo a estos países ricos, pero empobrecidos, a graves conflictos. Ni los
recursos naturales, ni los Estados autoritarios, como denuncian algunas teorías
sobre la petropolítica, son los causantes de la "maldición" que suponen estos
conflictos a la población, se trata, más bien, de la "mal-acción" de potencias
externas, que ejercen una fuerte presión sobre esta región.
En mayo de
2006 saltaban todas las alarmas mediáticas del Estado español, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, firmaba el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos
con el fin explícito de acabar con "el saqueo de nuestros recursos naturales por
empresas extranjeras" [1]. El gobierno bolivariano de Venezuela no se quedaba
atrás y, en febrero de 2007, desarrolló un Decreto Ley que recuperaba más
control estatal en la actividad petrolera [2]. Estos dos movimientos
gubernamentales fueron los pioneros en cuestionar el control de los recursos
energéticos por parte de las transnacionales en América Latina.
En
respuesta al logro de esta mayor soberanía energética se puso en marcha toda la
maquinaria mediática de EE UU y Europa, que anunciaba la extensión de la
pobreza, las transnacionales llamaban a las puertas de las Instituciones
Financieras Internacionales para meter en cintura a estos gobiernos díscolos, y
la diplomacia de los países del Norte tejía una tupida red de presión política y
económica que revocara los cambios legislativos.
Lo que estaba en juego
era, ni más ni menos, el control de los recursos que propulsan el sistema
económico actual: los hidrocarburos. La región latinoamericana es responsable
del 13,5 por ciento del petróleo que se comercializa en el mundo y tiene bajo su
subsuelo el 9,7 por ciento de las reservas globales de crudo y el 4 por ciento
de las de gas [3]. Pero más allá de las cifras, la región tiene un papel clave
en la geopolítica internacional por dos cuestiones: es un territorio fundamental
para el abastecimiento energético de EE UU y, por otro lado, en ella residen la
mayor parte de los intereses de las transnacionales energéticas
españolas.
El codiciado mapa
latinoamericano de los recursos energéticos...
Si trazáramos un mapa
ubicando las mayores concentraciones de hidrocarburos resaltarían tres países:
Venezuela, en primer lugar, tiene el 69 por ciento de las reservas de petróleo
de toda América Latina, y también el 60 por ciento de las reservas de gas [4].
Luego, Brasil que, tras el reciente descubrimiento de un gran yacimiento en las
profundidades marinas [5] , podría llegar a ser la segunda mayor reserva de
petróleo de la región. Por último, Bolivia es el territorio con las segundas
mayores reservas de gas natural. Aunque la clasificación descrita cambia si el
criterio es la producción que ponen al servicio del mercado, para el petróleo,
se situaría primero México y para el gas lo haría Argentina. Los países que
aparecerían en segunda línea, en cuanto a riqueza de crudo y gas, serían
Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Este mapa trazado pone en evidencia que los
hidrocarburos siguen el camino del pie de monte andino hasta llegar a la región
caribeña.
Pero el mapa energético de América Latina se completa con tres
recursos más: el carbón, el agua y los agrocombustibles. El primer recurso tiene
mayor abundancia en Brasil, si bien el principal productor es Colombia. El agua
de los ríos representa casi el 60 por ciento del recurso que utiliza esta región
para producir electricidad y si hablamos de países con mayor potencial
hidroeléctrico, sin duda estaría en cabeza Brasil, que genera así el 84 por
ciento de su electricidad. En cuanto a los agrocombustibles, son potenciados por
EE UU y la UE en calidad de alternativa renovable y ecológica, pero este
carácter requiere de un análisis más profundo, imparcial y considerando escalas
de producción, por los impactos ambientales y sociales que conlleva su
implantación. No obstante, ésta es la alternativa elegida por algunos países de
América Latina que cuentan con grandes espacios cultivables. Entre ellos destaca
Brasil, que sustenta la política más favorable hacia este recurso.
... y las tensiones generadas por su
control
Toda la riqueza descrita se corresponde, paradójica y
lamentablemente, con países empobrecidos económicamente, que soportan presiones
e históricas resistencias frente a los intereses foráneos, generadores de
guerras, violencia e injusticias. A modo de contextualización, habría que
recordar que los Estados asumían hasta la década de los noventa un papel
regulador con control sobre sus recursos a través de las empresas energéticas
estatales. Posteriormente, y por imposición de los Programas de Ajuste
Estructural a los que se vieron sometidos, cedieron este control a empresas
extranjeras mediante contratos leoninos para los diferentes Estados.
Como
consecuencia de las tensiones políticas generadas por la presencia de las
corporaciones de hidrocarburos, Gobiernos como el de Venezuela y Bolivia se han
rebelado contra el expolio legalizado y han logrado cambiar el rumbo de las
políticas económicas. En el primer caso, su actual Constitución impide la
privatización de PDVSA, empresa completamente estatal y quinta petrolera más
importante a nivel mundial. Por supuesto, estas medidas legislativas no han
estado exentas de tensiones políticas, basta con recordar el golpe de Estado que
sufrió el Gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Y también ha ocasionado,
como medida de presión, la salida de cuatro grandes petroleras [6] que
rechazaron los contratos de explotación propuestos por este Estado. Aunque
siguen estando allí otras como Chevron Texaco, Statoil y Repsol.
En el
caso del "corazón geopolítico de Suramérica", como denomina Chávez a Bolivia, el
masivo reclamo de la población contra el expolio de las corporaciones
energéticas condujo a la Guerra del Gas en octubre de 2003, en la que se
organizaron marchas, protestas de todo tipo y enfrentamientos contra las fuerzas
de seguridad que se cobraron decenas de víctimas mortales. Este grito del pueblo
determinó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos a través de su
estatal YPFB. No obstante, la lucha por la recuperación de los recursos está
sometida a corsés judiciales y presiones como la ejercida por Petrobras y
Repsol, con el respaldo de sus respectivos gobiernos, que dificulta el proceso
de nacionalización. También recibe apoyos externos la oligarquía cruceña situada
en el oriente del país. Esta elite ha respondido a las políticas soberanistas
con la exigencia de la independencia de su territorio, donde se concentra gran
parte de los recursos energéticos.
El trabajo de lobby de las
transnacionales para evitar nacionalizaciones se convierte en cantos de sirena
para animar a la privatización de una gran empresa estatal como es PEMEX,
undécima mayor petrolera del mundo. El 8 de abril de este año, el Gobierno
mexicano de Felipe Calderón hizo pública su disposición a la entrada de capital
privado en la compañía mediante la reforma de la política energética, ante lo
cual se ha levantado la oposición representada por López Obrador mediante la
organización de resistencias civiles y la ocupación del Congreso para asegurar
una decisión consensuada.
Uno de los escenarios latinoamericanos donde se
reproducen con mayor virulencia los conflictos por el control de los recursos
naturales energéticos es, sin duda, Colombia, donde se localizan fuertes
intereses de las multinacionales españolas de la energía como Repsol. La crisis
social que padece, como resultado de la aplicación de las medidas neoliberales,
se suma a las escalofriantes cifras de violaciones de los Derechos Humanos que
han dejado tras de sí un conflicto armado que dura ya más de cuarenta años. El
posicionamiento de las transnacionales del petróleo ante este conflicto ha sido
de complicidad, agravando la situación humanitaria, de por sí alarmante. Un
ejemplo que permite reflejar esta situación es la actuación de Repsol en la
región de Arauca (oriente de Colombia). Desde 2002, año en que Repsol anunció la
existencia de petróleo en un campo de la región, ésta comenzó a sufrir el auge
del paramilitarismo, incrementándose los crímenes contra la población civil y
los índices del desplazamiento forzado. En cambio, la violencia no afectó a la
compañía, más bien al contrario, después de dos años de terror impuesto
desaparecieron las voces discordantes con la explotación de crudo, y fue
entonces cuando Repsol pudo entrar a explorar en áreas con potencial petrolero
sin encontrar ningún tipo de oposición social.
Multinacionales españolas y
conflicto
Un recorrido por las explotaciones de hidrocarburos más
importantes de la región pondría en evidencia la existencia de un denominador
común, la presencia de Repsol en todas ellas: opera en Venezuela, Brasil,
Bolivia, México, Argentina, Perú y Trinidad y Tobago. Al igual que si se
examinan las principales empresas eléctricas de la región saltaría como
principal compañía Endesa, líder en Chile, en Colombia y en Argentina, y, aunque
no se posicione entre las más poderosas, Unión Fenosa también tiene un
importante monopolio eléctrico en Centroamérica y Colombia, e Iberdrola
representa la principal eléctrica privada en México.
Pero, paralelamente
con los beneficios de estas corporaciones, los impactos ambientales, sociales y
culturales sobre la región se han ido incrementando. Los principales afectados
han sido pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina,
con fuertes impactos sobre guaraníes, tagaeris y taromenani, etc. En la zona
argentina, en julio de 2007 el Defensor del Pueblo denuncia ante el Tribunal
Supremo a Repsol -y a otras 16 compañías petroleras- por el daño ecológico que
causan en cinco provincias del centro del país [7] . En Chile, los mapuches
llevan resistiendo una década contra Endesa, que ha construido la central
hidroeléctrica de Ralco en su territorio ancestral.
En este panorama se
integra el componente cultural y las reivindicaciones indígenas, que representan
el corazón de los movimientos de base, protagonistas indiscutibles de los
cambios en América Latina. Es importante resaltar que los procesos de dominación
que llevan a cabo las transnacionales no sólo deterioran sus territorios e
impactan sobre sus formas de vida, sino que, además, ejercen una presión
ideológico-cultural, creando dependencias hacia formas de vida y de consumo
occidental, unido a una desvaloración de lo indígena. El significado que sus
culturas ancestrales otorgan al medioambiente, la comunidad y los recursos
naturales desde su propia concepción, no se tienen en cuenta, y son parte de
discursos secundarios, de patios traseros, infravalorados, para favorecer la
visión capitalista que penosamente cuenta con un apoyo mucho más
extendido.
En definitiva, la obtención por parte de las multinacionales
de los grandes beneficios que origina la actividad en un sector tan estratégico
como la energía se dirige, al igual que sus exportaciones, hacia los países del
Norte. Ni sus gobiernos, ni las empresas transnacionales que operan en América
Latina, reconocen la Deuda Ecológica cuyas actividades contribuyen a engrosar.
No obstante, cada vez más países acreedores, como Ecuador y Bolivia, la reclaman
legítimamente, en claro rechazo al actual sistema económico que no
internacionaliza las externalidades o pasivos
ambientales.
NOTAS:
[1] “Bolivia asume el ‘control absoluto’ de
los hidrocarburos", El País, 1 de mayo de 2006.
[2] Decreto Ley No. 5.200 de migración a
Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del
Orinoco; y los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias
Compartidas.
[3] BP,
Statistical Review of World Energy, 2007.
[4] BP, Statistical Review of World
Energy, 2007.
[5] "Repsol se dispara en Bolsa al hallar un gigantesco
yacimiento de crudo", El País, 15 de abril de 2008.
[6] ExxonMobil,
ConocoPhillips, Total y BP.
[7] "El Tribunal Supremo argentino investiga a
Repsol y otras petroleras por daño ecológico", El País, 2 de julio de
2007.
Erika González y Kristina Saez
Observatorio de Multinacionales
en América Latina
Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº
32 de Pueblos, junio de 2008.
http://alainet.org/active/25411