La Justicia de Córdoba decidió llevar a juicio oral a
tres personas acusadas de contaminar con agroquímicos el barrio de
Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. En el lugar fueron
denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.
Por
primera vez, tres personas serán sometidas a juicio oral y público por
contaminar una zona poblada con plaguicidas peligrosos para la salud,
principalmente el glifosato y el endosulfán. Los imputados son dos
productores agropecuarios y un piloto de avión, que están acusados de
llevar adelante una fumigación clandestina en Ituzaingó, un barrio
cercano a la ciudad de Córdoba.
El juicio se hará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en la
Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Los imputados son los productores
agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y
piloto Edgardo Pancello. Los tres fueron acusados de haber violado el
artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación
aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.
La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de
instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de
Acusación de la ciudad de Córdoba.
La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de
determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a
los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el
del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de
químicos peligrosos para la salud.
La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de
Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por
considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de
mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de
cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en
un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación
permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca
de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del
suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien
perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17
años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.
Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los
tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos
agroquímicos son cancerígenos”.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba
contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB
de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los
agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.
El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores
agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para
sostener la acusación.
El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones
ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En
ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre
niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete
áreas de la provincia.
El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación
del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales
y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y
ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.
“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos,
por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a
incorporarse en algunos cultivos”, acotó.