Fiscal plantea reforma que evite fugas como la de Andrés Felipe Arias Eduardo Montealegre señala que en casos graves se necesitan medidas cautelares excepcionales, EL TIEMPO

[Rodrigo Jaramillo Velasquez]

Fiscal plantea reforma que evite fugas como la de Andrés Felipe Arias

Eduardo Montealegre señala que en casos graves se necesitan medidas cautelares excepcionales.

Por: JUSTICIA

Dadas las dificultades para llevar ante jueces nacionales a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y al exministro Andrés Felipe Arias, se abrió un debate sobre las herramientas judiciales para evitar la fuga de investigados en graves escándalos de corrupción. El fiscal general, Eduardo Montealegre, afirma que hay que respetar las garantías de los procesados, pero propone una reforma del código de procedimiento penal para evitar nuevas fugas.

¿Qué herramientas tiene la Fiscalía para evitar que los investigados huyan del país?

El único mecanismo legal para evitar que una persona huya es la imposición de una medida de aseguramiento, en el marco de un proceso penal. Estas medidas no son automáticas. Deben estar rodeadas de una serie de garantías. No es posible imponer una medida de aseguramiento basada en una simple sospecha, sino que es necesario que existan evidencias concretas. Es imposible imponer una medida como la detención preventiva o la prohibición para salir del país al inicio de la investigación. La ley nos obliga a pedirla después de la imputación.

¿Hace falta alguna reforma para evitar que se sigan registrando fugas?

Considero que en casos graves, cuando haya riesgo de fugas o no comparecencia, debe existir la posibilidad de solicitar medidas cautelares excepcionales –ante los jueces de garantías, incluso antes de solicitarse alguna medida de aseguramiento y dentro de las primeras actuaciones investigativas– donde, por ejemplo, pueda restringirse la circulación de las personas o se les prohíba salir del país. Esta será una propuesta que formularemos en la reforma del Código de Procedimiento Penal.

¿Hay demasiados requisitos para pedir esas medidas?

Los requisitos que deben cumplir tanto la Fiscalía como los jueces provienen de la Carta y constituyen garantías mínimas para cualquier ciudadano. Si una reforma legal estableciera, por ejemplo, que cada vez que una persona es denunciada o investigada debe imponérsele la restricción para salir de país de forma automática, tal reforma seguramente sería declarada inconstitucional. Sin embargo, puede pensarse en modificaciones del Código que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la imposición de medidas de aseguramiento, pero siempre dentro de los límites establecidos en la Constitución.

Colombia extradita a cientos de colombianos cada año, pero parecería que no hay reciprocidad...

La cooperación judicial de Colombia con otros países es bastante fluida. La Fiscalía recibe 250 solicitudes de asistencia judicial de fiscales en todo el mundo. Nuestros fiscales remiten, a su vez, cerca de 450 solicitudes de asistencia judiciales cada año y obtienen un alto porcentaje de respuestas que sirven para el fortalecimiento de nuestras investigaciones.

La extradición es solo uno de los mecanismos de cooperación, que ha permitido desarticular organizaciones muy peligrosas. No estoy de acuerdo con ciertas voces que solicitan revisar la extradición; por el contrario, hay que fortalecerla.

¿Qué se está haciendo para recapturar a los prófugos?

Los fiscales y los jueces colombianos permanentemente realizan solicitudes de captura con fines de extradición. Adicionalmente, y de acuerdo con la etapa procesal, se tramitan las notificaciones de Interpol para ubicación o captura.

¿Qué tan viable es retirar el pasaporte a las personas investigadas penalmente?

Existe la posibilidad de imponer la medida de aseguramiento de prohibición de salir del país, pero con posterioridad a la imputación. La Fiscalía pidió la cancelación del pasaporte de María del Pilar Hurtado, petición que fue aceptada. El Tribunal ordenó a la Cancillería cancelar o no renovar ese documento, eso ya se cumplió. En este caso, la solicitud de la Fiscalía se hizo para cumplir la medida de detención en lugar de reclusión que la señora Hurtado tiene vigente hace ya mucho tiempo.

¿El sistema penal es muy garantista en el tema de las libertades?

El proceso penal no puede renunciar a las garantías mínimas. Como ocurre en cualquier régimen democrático, las medidas que pueden tomar las autoridades en contra de una persona antes de que se profiera una sentencia condenatoria son excepcionales y, antes que nada, deben respetarse derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia.

Veo con mucha preocupación que, en ciertos sectores de opinión muy respetables, se abre camino la tesis de que solo hay justicia cuando un ciudadano va a prisión. En materia de libertad no podemos retroceder ante quienes pretenden que volvamos a sistemas que convirtieron la detención preventiva en la regla general durante el proceso. Aun contra la corriente, insistiré en que la privación de la libertad debe ser excepcional. Entiendo que esta concepción filosófica liberal y protectora de la libertad me traerá fuertes críticas en sectores retardatarios del país. Sin embargo, en defensa de una tradición progresista del derecho penal, estoy dispuesto a asumir ese costo.

¿Esas garantías no facilitan la impunidad?

Nuestra cultura jurídica está anclada en una tradición retribucionista –ojo por ojo, diente por diente- que debemos empezar a cambiar. Debemos iniciar una gran cruzada, para que todos los colombianos entendamos el valor de la presunción de inocencia y el respeto absoluto por la libertad durante el proceso. Debemos continuar el camino iniciado hace algunos años hacia el garantismo penal, para derrotar a aquellos sectores que piensan que la defensa de los derechos fundamentales es una alambra de impunidad.

Otros fugados de la justicia colombiana

Fabio Puyo Vasco

El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá Fabio Puyo Vasco no cumplió una pena de siete años de cárcel por el desfalco contra el Estado en la construcción de la central hidroeléctrica del Guavio. El descalabro fue tasado en unos 15.000 millones de pesos.

Al iniciarse el proceso penal, Puyo huyó a Estados Unidos, donde fue detenido, en 1997, y liberado; viajó a España, que tampoco concedió su extradición.

En el 2007, un juez de Bogotá decretó la prescripción de la pena, anulando cualquier orden de captura en su contra.

Habib Merheg

En octubre del año pasado, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exsenador Habib Merheg por presuntos vínculos con el bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

Renunció a su curul en junio del 2009 y salió del país para establecerse, al parecer, en el Líbano, de donde procede su familia. Personas cercanas al caso señalan que no existe tratado de extradición con esa nación y que no es política de los países de Oriente Medio entregar a sus nacionales para ser juzgados por fuera.

Roberto Soto Prieto

El economista Roberto Soto Prieto fue uno de los hombres más buscados del país, tras el robo, en 1983, de 13,5 millones de dólares que el Gobierno colombiano tenía en el Chase Manhattan Bank.

Una vez descubierto, Soto se fugó del país en 1984 y fue capturado en Fráncfort (Alemania), donde argumentó que era perseguido político y recobró la libertad. Con esa misma estrategia fue liberado meses después en Viena (Austria). No pagó la pena de 12 años de prisión en Colombia y fue sentenciado a 9 años de cárcel por narcotráfico en Alemania.

Coronel Hernán Orozco

Excomandante del Batallón Joaquín París, el coronel Hernán Orozco fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, en el Meta, y hoy vive en Estados Unidos.

Era el encargado de la seguridad de la pista de San José del Guaviare en la que aterrizaron los dos aviones en los que se movilizaron los ‘paras’ que perpetraron la masacre en julio de 1997. El exmilitar, que tiene orden de captura desde julio del 2003, declaró contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por esos hechos.

Álvaro José Lloreda

En el 2008, un fiscal dictó medida de aseguramiento y libró orden de captura en contra del exdirector de la liquidada Corfipacífico Álvaro José Lloreda Caicedo, por el delito de concierto para delinquir y estafa.

El caso tiene que ver con unos títulos valores que Corfipacífico le vendió al municipio de Cali para pagar las liquidaciones de los trabajadores de Colpuertos, por 13.000 millones de pesos, dinero que se perdió.

De Lloreda, condenado a pagar nueve años de cárcel y a responder por ese dinero, se desconoce su paradero.

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