OTRA VEZ LA CORRUPCIÓN JUDICIALPor FERNANDO VELÁSQUEZ V. | Publicado el 31 de octubre de 2013
La corrupción es un fenómeno social en extremo complejo, cuya presencia se pierde en la noche de los tiempos, que no se puede entender al margen del origen y de la evolución del Estado; hoy, en un mundo cada vez más globalizado, es una manifestación que cobra especiales dimensiones.
Este fenómeno es entendido por el Convenio Civil sobre la Corrupción de Estrasburgo, del 4 de noviembre de 1999, como "…el hecho de solicitar, ofrecer, otorgar o aceptar, directa o indirectamente, un soborno o cualquier otra ventaja indebida o la promesa de una ventaja indebida, que afecte el ejercicio normal de una función o el comportamiento exigido al beneficiario del soborno, de la ventaja indebida o de la promesa de una ventaja indebida" (art. 2°).
La Comunidad de Naciones ha hecho ingentes esfuerzos para promover la adopción de instrumentos que ayuden a combatir ese cáncer mundial –aunque debe entenderse que la mejor manera de adelantar la lucha internacional en su contra es la persecución por parte de los estados nacionales–, fruto de lo cual son múltiples convenciones o pactos internacionales sobre la materia.
Desde luego, en plano formal –y los colombianos somos expertos en el manejo de los dobles discursos– nuestros gobernantes acatan precisas obligaciones derivadas de la suscripción de esos instrumentos que comprometen al país en el concierto de las naciones; por eso, se incorporan al ordenamiento diversas normativas en esta materia. Las autoridades, pues, tratan de estar a la par con las directrices jalonadas por la Comunidad de Naciones o por ciertas potencias que las imponen, no sólo cuando intervienen en foros internacionales sino cuando propenden por la incorporación al orden jurídico de las herramientas provenientes del derecho internacional. ¡Es lo menos que se puede esperar…
Sin embargo, los fracasos son evidentes: los niveles de corrupción detectados son tan elevados que, en 2012, el país estaba ubicado en el lugar 94 entre 176 países (según Transparencia Internacional); las recientes mediciones de ese mismo organismo (julio de 2013), muestran que el país es uno de los más corruptos de la región; en materia judicial, por ejemplo, la calificación es de 3.8 (5.0: es el nivel más elevado; cero el menor). Además, la avalancha legislativa existente en esta materia está condenada al fracaso porque todo el plexo normativo anticorrupción ha nacido para no ser aplicado. A ello se suma una ausencia de persecución penal dramática: solo un aproximado del 6 % de las noticias criminales que entran al sistema de enjuiciamiento criminal, que de forma pomposa se le vendió al país como acusatorio, llegan a sede de sentencia.
Por estos días, el debate ocupa otra vez los espacios en medios de comunicación a raíz de la corrupción en el mundo judicial. Hace meses, fue el vergonzoso escándalo del carrusel de las jubilaciones cuyas investigaciones terminaron en el ostracismo; luego, la denuncia penal puesta por la Contralora contra el Fiscal General de la Nación.
Con posterioridad, el "cartel de Paloquemao" con jueces y funcionarios mostrados esposados ante los canales de televisión y la prensa; y, hoy, la presunta actividad concusionaria de uno de los magistrados del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, el mismo del escándalo de las pensiones, quien (y así lo dicen las grabaciones publicadas) pidió cuatrocientos millones de pesos por "interceder" en el interior de ese organismo para que un caso de aparente "falsos positivos" no fuera asignado a la justicia ordinaria sino a la militar, cosa que no sucedió. Las explicaciones son las de siempre: "nunca he recibido un peso por una ponencia" (El "Tiempo", 28 de octubre).
Sin embargo, las cosas no pasan del escándalo diario; las investigaciones no se hacen o no avanzan. Mañana, será otra la batahola y todos tan tranquilos en este "país del sagrado Corazón de Jesús"; es el reino de la sinrazón, de la impunidad que se campea por todos los lugares. La consigna parece ser: ¡tapen… tapen……
* Director Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda