Desde la Articulación por Curuguaty, en vísperas del 4° aniversario de la masacre, a pocos días de que el juicio oral y público llegue a su fin y tras haber seguido todo el proceso judicial sobre el caso Marinakue, nos ratificamos en que este juicio viciado, producto de un proceso judicial y fiscal falsario, debe ser anulado. Está en manos de los jueces que presiden el caso dictaminar la nulidad de todo el proceso, exigir una nueva e imparcial investigación y liberar a quienes sufren esta acusación injusta e ilegal, y con ello responder al desafío histórico de justicia que Paraguay y el mundo exigen para este caso emblemático.
La Articulación por Curuguaty, observadora desde 2012 de este proceso, solidaria con las víctimas y firme en la exigencia por tierra, justicia, libertad y reparación, ve la anulación de este juicio como una medida que ayudará a reparar el daño producido contra decenas de familias paraguayas en lucha por un pedazo de tierra.
Desde un principio venimos denunciando formalmente las irregularidades del caso, las cuales no se subsanaron durante el desarrollo de la audiencia preliminar ni durante el juicio oral y público; de hecho, en el juicio no se aclararon ni las primeras dudas que existían sobre este proceso, antes bien, se han generado más dudas por las contradicciones que se dieron entre los principales testigos llamados a declarar, tales como la fiscala interviniente, los policías, médicos forenses y funcionarios del Ministerio del interior que participaron en el procedimiento. Tampoco se rectificaron los múltiples vicios dentro del debido proceso, las acusaciones genéricas que atropellan todo sistema de justicia garantista, las claras violaciones a los derechos humanos ni la irregularidad de limitarse a una sola línea de investigación, cuando es responsabilidad del Ministerio Público aclarar todas las muertes.
Por otra parte, el Estado paraguayo está omitiendo las importantes observaciones hechas al proceso judicial de la masacre de Marinakue por parte de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desconociendo de este modo el sometimiento al orden jurídico supranacional que nos impone la Constitución vigente.
El cariz político del caso no solo no se ha borrado, sino que se ha venido acentuando por el intento de resolver políticamente la titularidad de Marinakue por parte del Congreso Nacional, lo que nos hace temer que el juicio tendrá igualmente una sentencia política, basada en asegurar la impunidad de policías, jueces y fiscales intervinientes en la masacre.
Esta sentencia, de hecho, nula –propia de la farsa de un juicio nulo–, no significará la resolución del caso ni la exigencia nacional de justicia, tantas veces y en tantos lugares pregonada. El Estado paraguayo, con el trato que le brinda a este caso, demuestra falta de seriedad, irresponsabilidad y sobre todo una inseguridad jurídica enorme.
El tribunal de este juicio tiene la posibilidad de otorgar la libertad a todos los encausados y encausadas y, con ello, enmendar todo lo que se ha hecho mal hasta ahora. La masacre de Marinakue no terminó el 15 de junio de 2012 sino que siguió con la violación de derechos elementales que dejó en la indefensión a las víctimas: Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Adalberto Castro, Rubén Villalba, Fani Olmedo, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería; como asimismo afectó a la entonces adolescente Raquel y a Felipe Nery Urbina (preso por auxiliar a un herido).
Articulación por Curuguaty*
Asunción, 14 de junio de 2016
* Con esta comunicación, la instancia de la Articulación por Curuguaty –que ha reunido a diferentes voces, sectores, organizaciones e individualidades–, concluirá su accionar tras cumplir su última tarea que es la de acompañamiento al juicio. Las voluntades que la conforman seguiremos aportando a la causa nacional de tierra, justicia, libertad y reparación desde los espacios que nos toque estar.
