Fwd: COMUNICADO 7.1 DEL COMITÉ DE CONFLICTO DE LOS EMPLEADOS USB, ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA UNIVERSITARIA
Juan Carlos Calderon Colina
De: Comité de Conflicto Empleadeos Administrativos USB <ccipa...@gmail.com>
Date: mié, 10 de mar. de 2021 a la(s) 22:25
Subject: COMUNICADO 7.1 DEL COMITÉ DE CONFLICTO DE LOS EMPLEADOS USB, ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA UNIVERSITARIA
COMUNICADO OFICIAL NRO. 7.1
A LOS PROFESORES, EMPLEADOS Y OBREROS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR,
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NACIONAL EN GENERAL,
Y LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y HUMANITARIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES
Y EL IRRISORIO “AJUSTE” A APLICAR A LAS TABLAS SALARIALES
A PARTIR DEL 01/03/2021
Nosotros, el Comité de Conflicto de los Empleados Administrativos y Técnicos de la Universidad Simón Bolívar (CCI-PAT USB) electo democráticamente en Asamblea General de nuestro sindicato los días 10 y 12 de febrero del año 2020, en representación de nuestro gremio, a más de un año de declarada en la Universidad Simón Bolívar y en otras universidades públicas nacionales la emergencia académica, administrativa y financiera de nuestras instituciones; de denunciada la emergencia humanitaria entre los trabajadores académicos, administrativos y obreros por parte de nuestro Comité (Comunicado Oficial N° 1 CCI-PAT USB 02-04-2020) y diversos sindicatos y asociaciones gremiales universitarias; de declarada la pandemia mundial por coronavirus (COVID-19) el 11-03-2021 por la Organización Mundial de la Salud OMS e implementada una cuarentena nacional mediante las disposiciones contenidas en la Gaceta Oficial N° 4.159 de fecha 13/03/2020, por medio de la presente nos dirigimos a todos los gremios que conforman la comunidad universitaria de nuestra casa de estudio y de todas las universidades públicas nacionales, para manifestar que:
CONSIDERANDO
1) LOS MONTOS MISERABLES DE NUESTRAS TABLAS SALARIALES, fijados en bolívares, que solo han experimentado mínimos ajustes desde la última vez que se firmó el Contrato Colectivo Único del Sector Universitario hace cuatro (4) años, que no cubre siquiera la alimentación individual completa de un día, el pasaje de una semana y mucho menos el pago de todos los servicios públicos mensuales, y que violan lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional, donde está consagrado que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica…”. Situación general que, más que ser compensada, es agravada por el otorgamiento esporádico, inconstante, de “ayudas” a los trabajadores (“Bono de Guerra Económico”, “Bono Simón Rodríguez”, etc.), las cuales no poseen un estatus definido, que vienen y se van sin mayor anuncio y explicación, y cuyo monto en todos los casos son totalmente insuficientes, no ajustadas a la realidad nacional, y que al final constituyen más un elemento de zozobra que un apoyo económico real y seguro, tal como merecemos de derecho y ley por nuestro trabajo.
CONSIDERANDO
2) EL FRAUDE Y OFENSA A LOS TRABAJADORES QUE REPRESENTA EL “AJUSTE” DE APENAS 50% AL VALOR DE LAS TABLAS SALARIALES CUANDO LA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL HA SIDO DE MÁS DE 1200% DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA NACIONAL, ajuste por lo demás hecho de forma inconsulta y unilateral, constituyendo otra bofetada a las necesidades y esperanzas de todos los trabajadores que hemos reclamado desde mucho antes del inicio de la pandemia se sinceren nuestros sueldos a la realidad económica nacional, signada tanto por una terrible hiperinflación que viene desde hace varios años atrás, como por una dolarización de facto de la economía, que el mismo Ejecutivo Nacional ha asumido de forma implícita, no sólo a través de las políticas recientes del Banco Central de Venezuela y el ajuste de las tarifas que cobran el SAIME, las alcaldías y gobernaciones, las empresas turísticas del Estado, e incluso en los “controles de precio” realizado a la Canasta Básica y a los precios que cobran los servicios de telecomunicaciones desde abril del año pasado, todos indexados abierta u ocultamente al dólar. Mientras, nuestro sueldo y cesta-ticket los calculan no al dólar sino a bolívares y a esa ficción llamada “petro”, no llegando en la mayoría de los casos ni a 5$ para adquirir la Canasta Básica para nosotros y nuestras familias.
CONSIDERANDO
3) EL VALOR IRRISORIO DEL BONO DE ALIMENTACIÓN (“CESTATICKET”), que no cubre ni siquiera para adquirir el almuerzo de un solo día, lo cual viola lo establecido en la Ley de Cesta Ticket Socialista, que en su artículo 1 consagra que dicho beneficio es para “proteger y defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras en materia alimentarla, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral”, y en su artículo 2 declara que a efectos de cumplir dicha finalidad “las entidades de trabajo del sector público y del sector privado otorgarán a los trabajadores y las trabajadoras el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo, denominado a los efectos de esta Ley ‘Cestaticket Socialista'”; y a su vez contraviene lo establecido en el Contrato Colectivo Único del Sector Universitarios, en el cual se convino pagar este beneficio con base en treinta (30) días al mes desde el II Contrato Colectivo Único, es decir, garantizar el almuerzo de los trabajadores durante los 30 días del mes.
CONSIDERANDO
4) LA PULVERIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE TODOS LOS TRABAJADORES Y LOS INTERESES ASOCIADOS, resultado de las reconversiones monetarias llevadas adelante por el Estado sin medidas asociadas para compensar su impacto sobre el cálculo de las mismas, la hiperinflación y devaluación monetaria experimentada en los últimos años, y las reiteradas y casi históricas fallas, retrasos y anacronismos en los procesos burocráticos asociados (paralización del pago de este ahorro laboral o de la solicitud de adelantos del mismo desde hace varios años, retrasos hasta de varios años en el pago de los casos procesados, centralización en Caracas de la atención al respecto, etc.), constituyéndose un verdadero robo de los ahorros y los sueños de todos los trabajadores, pero en especial de nuestros compañeros jubilados, que han visto como flagrantemente se les ha violado este beneficio consagrado en el artículo 92 de la Constitución Nacional, que establece que “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
CONSIDERANDO
5) EL DESPOJO DE FACTO DE SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD (HCM) ASÍ COMO DE SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES Y SERVICIO FUNERARIO A TODO EL SECTOR UNIVERSITARIO al haberse centralizado este beneficio consagrado históricamente en todas las normativas laborales y contratos colectivos del sector a través del sistema nacional que se inventaron para el mismo llamado SISMEU, que desde su creación NUNCA HA DADO LA TALLA para la atención en esta materia a todos los trabajadores universitarios, adoleciendo de: Montos siempre irrisorios de cobertura; una increíblemente limitada lista de centros asistenciales privados que están aliados al mismo; engorrosos y centralizados trámites burocráticos (que conlleva a que a mayoría deba terminar yendo, desde todo el país, a sus oficinas en el centro de Caracas para resolver muchos de sus trámites); y un manifiesto desorden y corrupción administrativa (confesado por la actual gestión del Ministerio a diversos representantes gremiales de varias universidades); todo lo cual se ha traducido que el mismo, a efectos prácticos, aporta solamente una “limosna” a los gastos que enfrentamos en esta materia, y para muchos trabajadores universitarios el poseer dicho seguro es, según sus mismas palabras “prácticamente no contar con nada”.
CONSIDERANDO
6) LA OMISIÓN CASI TOTAL DEL OTORGAMIENTO DE NUESTRA REMUNERACIÓN SOCIAL DE CARÁCTER NO SALARIAL, DE MANDATORIO CUMPLIMIENTO por ser parte integral de la remuneración merecida por la prestación de nuestro trabajo, y que están orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la satisfacción directa de necesidades tales como: Vivienda, alimentación, salud, educación, útiles escolares, facilidades para la adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes, y programas de recreación y turismo, contemplados todos como obligaciones del Estado hacia nosotros desde el II Contrato Colectivo Único en sus cláusulas 11, 28, 74, 75, 76 y 77, y ratificados por la disposición final del III Contrato Colectivo Único, actualmente vigente a pesar de estar vencido desde 2018, todos los cuales se han convertido en letra muerta para todos los trabajadores universitarios, a excepción de unos pocos que a través de algunas iniciativas esporádicas pudieron percibirlo en unas pocas universidades públicas nacionales.
CONSIDERANDO
7) EL REITERADO INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE UNIFORMIDAD E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD LABORAL, los cuales, similar a lo ocurrido con el HCM y Seguro Funerario, al haber sido centralizado su manejo, el otorgamiento del mismo se ha ido difuminando al punto de solo ser recibido esporádicamente, muchas veces incompleto, y en varios años para diversas universidades omitido totalmente, lo cual ha puesto en riesgo la vida y la salud de muchos de nuestros compañeros, a otros los ha imposibilitado realizar sus funciones, y otros incluso ni siquiera poseen ropa para ir a trabajar producto de esta situación, violándose no solamente nuestro Contrato Colectivo Único, sino la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), y el artículo 87 de nuestra Carta Magna, que al final del mismo establece explícitamente que “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”.
CONSIDERANDO
8) LAS FALLAS Y DEUDAS EN LOS APORTES PATRONALES A LAS CAJAS DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES Y LOS APORTES FEDERATIVOS A LOS INSTITUTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, institutos con los cuales se mantienen grandes deudas al respecto, y cuyas fallas y retrasos en los pagos respectivos se ha traducido en una drástica reducción e incluso cierre de muchos de los programas de préstamo y asistencia a los trabajadores universitarios, en el momento de mayor vulnerabilidad socio-económica vivida por el gremio en su historia, tanto por los sueldos miserables percibidos, como por la terrible crisis socio-económica nacional, agudizada por la situación de cuarentena y escasez de gasolina.
CONSIDERANDO
9) CONDICIONES INFRAHUMANAS DE TRABAJO E INDOLENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS BÁSICOS (Transporte, Comedores, Consultorios Médicos en los campus, servicios públicos básicos, entre otros) producto de la falta de ajuste, recortes y supresión de los presupuestos destinados a ellos, ha derivado no solo en un incremento exponencial del riesgo laboral al que estamos expuesto, sino que ha limitado desde ya hace más de tres (3) años tanto nuestro desempeño al no poseer los insumos necesarios para ejecutarlos, sino incluso nuestra misma asistencia a los puestos de trabajo, ya que con nuestros míseros sueldos no podemos subvencionar los precios del transporte público, así como tampoco la alimentación durante la jornada laboral, y mucho menos la atención en sitio de problemas de salud o accidentes laborales, todo lo cual incluso hace en gran medida inviable cualquier escenario para el regreso a la “presencialidad” en las actividades académicas, administrativas y obreras de la Universidad Simón Bolívar y todas las casas de estudio superior, y cuya solución no es nuestra de nuestra principal responsabilidad sino del Estado, tal como está establecido en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y el III Contrato Colectivo Único del Sector Universitario.
CONSIDERANDO
10) LA CARENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO A DISTANCIA. La pandemia inducida por el COVID-19, cuya prevalencia mundial y nacional continúa en fase de agravamiento generando la prolongación de las medidas de confinamiento y suspensión de actividades presenciales y semipresenciales, ha empujado a la Universidad Simón Bolívar y todas las universidades del país hacia la única y obligatoria opción posible para mantenerse en funcionamiento y continuar atendiendo a nuestros estudiantes y el país en general: La Educación y los Servicios a Distancia. Sin embargo, a pesar de nuestra mejor voluntad y profesionalismo, el abordaje emergente y abrupto de esta opción por parte de nuestras instituciones sin ningún apoyo efectivo por parte del Estado nos ha colocado en una situación gravemente marcada por:
· Escasez y casi obsolescencia de muchos de los equipos y plataformas de computación y telecomunicaciones disponibles en la Universidad Simón Bolívar y la mayoría de las universidades públicas nacionales, producto de la falta de presupuesto adecuado para nuestras casas de estudio desde hace más de una década;
· Significativo grupo de nuestros compañeros que no disponen de computadoras y celulares inteligentes personales para ejecutar tanto sus labores administrativas y operativas a distancia como la realización de actividades académicas a aquellos que desempeñan también labores docentes, motivado principalmente por los sueldos miserables que perciben;
· Constantes fallas en los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, la mayoría del Estado, tanto en los campus como en las zonas de residencia de los trabajadores y estudiantes;
· Promesas incumplidas de asistencia tecnológica tanto en hardware como en software por parte del Ministerio de Educación Universitaria; y
· Ausencia de un instrumento regulatorio operativo viable en el plano nacional; han constituidos factores de profundización de la emergencia académica, administrativa, financiera y humanitaria existentes desde mucho antes del inicio de la cuarentena nacional en la Universidad Simón Bolívar y todas las casas de estudio superior.
CONSIDERANDO
11) LA INESTABILIDAD LABORAL GENERAL POR PRESUPUESTO UNIVERSITARIO SEVERAMENTE INSUFICIENTE O INEXISTENTE. La devastación presupuestaria-financiera impuesta a la educación superior sólo permite que nuestras instituciones cuenten con los recursos para pagar salarios que no se ajustan a la realidad económica y social del país, y la falta de financiamiento para los servicios universitarios (transporte, alimentación, salud, orientación, impresión y publicación, etc.), la previsión social, la asignación de las providencias estudiantiles, la investigación, el desarrollo tecnológico, renovación de equipos de oficina y laboratorios, insumos e infraestructura, realización de actividades deportivas y culturales, todo lo cual se traduce en las limitaciones, cancelaciones y/o cierres de los mismos, generando marcadas carencias para atender los programas de proyección académica, administrativa, social y económica. A todo lo cual se viene a sumar a la violación y despojo de facto de la autonomía administrativa de las universidades nacionales (consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional) al pretender migrar de forma ilegal, abrupta e inconsulta el pago de nuestros sueldos y pensiones a la plataforma digital de control Patria (lo cual tratamos en el comunicado 7.2, publicado en simultáneo con éste).
RESUELVE:
A. REITERAR PÚBLICA Y CONTUNDENTEMENTE NUESTRA DENUNCIA, manifestada en nuestros seis (6) comunicados anteriores, ACERCA DE LA SITUACIÓN DE EXTREMA DEPAUPERACIÓN TANTO ECONÓMICA COMO SOCIAL QUE TODO EL GREMIO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONES, ASÍ COMO NUESTROS COMPAÑEROS DE LOS GREMIOS ACADÉMICO Y OBRERO, ESTAMOS EXPERIMENTANDO.
B. RECHAZAR Y DENUNCIAR EL AGRAVIO Y LA BURLA QUE REPRESENTA PARA NOSOTROS LOS TRABAJADORES EL PORCENTAJE IRRISORIO DEL AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS TABLAS SALARIALES A SOLO 50%, CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA HAMBREADORA QUE TODAS SUS ACCIONES ESTÁN EVIDENCIANDO FRENTE A LOS TRABAJADORES, exigiendo en tal sentido, nuevamente, al igual como lo han hecho diversos sindicatos y asociaciones gremiales universitarias, y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), que se hagan los ajustes a nuestra remuneración en base al anclaje del salario y demás beneficios socio-económicas al valor de la moneda extranjera de uso corriente actualmente en el mercado nacional (dólares $) a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, para que se pueda hablar de que existe una verdadera POLÍTICA SOCIAL JUSTA, de manera que nuestros salarios se vean protegidos ante la avasallante hiperinflación y para el Estado resulte factible realizar los ajustes periódicos correspondientes. A continuación la propuesta de tabla presentada por nosotros en nuestro tercer y quinto comunicado, con el mismo valor en dólares que presentamos aquella vez, aunque en bolívares se refleja la tasa de cambio actual (y estos valores todavía está por debajo de lo que devengábamos los empleados administrativos y técnicos universitarios hace dos décadas atrás en dólares):
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TABLAS SALARIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO |
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CARGO |
MONTO DEL CARGO EXPRESADO EN $ |
MONTO DEL CARGO EXPRESADO EN Bs* |
|
APOYO NIVEL 1 |
253,43 |
476.921.994,78 |
|
APOYO NIVEL 2 |
272,51 |
512.828.050,34 |
|
APOYO NIVEL 3 |
293,02 |
551.425.178,19 |
|
APOYO NIVEL 4 |
315,07 |
592.920.383,91 |
|
APOYO NIVEL 5 |
338,79 |
637.558.310,42 |
|
TECNICO NIVEL 6 |
364,29 |
685.545.963,29 |
|
TECNICO NIVEL 7 |
391,71 |
737.146.804,15 |
|
TECNICO NIVEL 8 |
421,19 |
792.624.294,60 |
|
TECNICO NIVEL 9 |
452,89 |
852.279.533,66 |
|
TECNICO NIVEL 10 |
486,98 |
916.432.439,01 |
|
PROFESIONAL NIVEL 11 |
523,64 |
985.421.747,01 |
|
PROFESIONAL NIVEL 12 |
563,05 |
1.059.586.194,06 |
|
PROFESIONAL NIVEL 13 |
605,43 |
1.139.339.791,26 |
|
PROFESIONAL NIVEL 14 |
651 |
1.225.096.549,74 |
|
PROFESIONAL NIVEL 15 |
700 |
1.317.308.118,00 |
* Al tipo de cambio oficial del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela el 10-03-2021, de 1.881.868,74 Bs.
C. CONVOCAR A TODOS LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE NUESTRA CASA DE ESTUDIO A ACTIVARNOS Y ESTAR ALERTAS A LAS PRÓXIMAS ACCIONES DE PROTESTA TANTO POR REDES SOCIALES COMO EN LAS CALLES DE SER NECESARIO, QUE CONVOCAREMOS EN FECHA PRÓXIMA para el rescate de nosotros y nuestras familias de la situación situación de extrema depauperación tanto económica como social en que nos han sumido a todos los trabajadores universitarios y la defensa de las universidades nacionales.
D. HACER UN LLAMADO A LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA USB (APUSB) Y SU FILIAL DE LA SEDE DEL LITORAL (APUSB-SL), LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS (APJUSB), AL CONSEJO DE EMPLEADOS JUBILADOS (CONJUSIBO), AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SUTES), LA FEDERACIÓN DE CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA USB (FCEUSB), EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE DEL LITORAL (CEUSBSL), Y LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS (AEUSB), así como a quienes integran dichos gremios en general a reunirnos PARA REALIZAR UN COMUNICADO CONJUNTO, CONVOCAR UNA RUEDA DE PRENSA Y COORDINAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACCIONES DE PROTESTAS TANTO POR LAS REDES SOCIALES COMO EN CALLE DE SER NECESARIO PARA RECHAZAR ESTE ATROPELLO CRIMINAL A NUESTROS DERECHOS LABORALES Y NUESTRA INSTITUCIÓN.
E. INVITAR A LOS GREMIOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OBREROS DE TODAS LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES A INICIAR CONTACTOS PARA COORDINAR ESFUERZOS en miras no solo a DENUNCIAR NUESTRA ACTUAL Y CRIMINAL SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA y RECHAZAR EL IRRISORIO “AJUSTE” A LAS TABLAS SALARIALES, sino también a UNIFICAR PROPUESTAS DE AJUSTES SALARIALES QUE NOS PERMITAN OBTENER LA VICTORIA EN ESTE COMBATE POR NUESTROS DERECHOS LABORALES Y HUMANOS.
Finalmente, como hemos manifestado en todos nuestros comunicados, el CCI-PAT USB REITERA QUE ESTÁ ATENTO Y VIGILANTE A LA SITUACIÓN DE NUESTROS COMPAÑEROS, TANTO ACTIVOS COMO JUBILADOS, DE AMBAS SEDES, por lo que quedamos a la disposición de todos los empleados administrativos y técnicos de la Universidad Simón Bolívar como canal para la lucha gremial. Todas las sugerencias y propuestas relativas a lo aquí planteado, provenientes tanto de nuestros compañeros, como de sindicatos y asociaciones gremiales de nuestra USB y otras universidades del país, son bienvenidas.
Quienes suscriben, los abajo firmantes, los integrantes de la CCI-PAT de la USB, en representación de nuestros compañeros empleados administrativos y técnicos de la Universidad Simón Bolívar, a los 10 días del mes de marzo del 2021:
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Carlo Lozada |
Juan Carlos Calderón |
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Karen Curvelo |
Margaly Gutiérrez |
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Marisol Sánchez |
Blanca Castillo |
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Pilar Martínez |
Nancy Ángel |
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Daylene Pestana |
Alicia Izaguirre |
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Crismar Canelón |
Gusmaira Machado |
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Yuryin Rodríguez |
Vicenta Margarita Rizales |
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Manuel Solano |
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Thailyn Villa |