La demagogia del modelo Bukele
Moise Dorcÿffffe9
La seguridad como espectáculo en El Salvador
La demagogia del modelo Bukele
Para las derechas latinoamericanas, el presidente salvadoreño se ha erigido en modelo en materia de lucha contra el crimen organizado. Su política de “mano dura”, que multiplica las violaciones de los derechos humanos en nombre del combate contra las pandillas, inspira a otros Estados como Ecuador. Y entusiasma a Washington, que expulsa a sus migrantes indeseados hacia las cárceles del país centroamericano.
El Salvador, durante mucho tiempo sinónimo de guerra civil y escuadrones de la muerte, se dio a conocer luego por la violencia de sus pandillas, pero esta imagen está en camino de volverse a su vez obsoleta. Bajo la presidencia de Nayib Bukele —en el poder desde 2019 y reelegido para otros cinco años en 2024 con cerca del 85% de los sufragios—, las dos principales pandillas que desgarraban el país —la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio-18 con sus dos facciones, los Revolucionarios y los Sureños— han sufrido un fuerte revés. Sus miembros están en la cárcel, cuando no se han desvanecido como por ensalmo.
En la década de 2010, la violencia llegaba a niveles comparables a los de Irak o Siria, pero en 2024 la tasa de homicidios experimentó un descenso del 98% en comparación con mediados de la década precedente. Tras esta transformación hay un tratamiento de choque: el encarcelamiento de tres de cada cien hombres adultos, gracias al cual Bukele se jacta de haber hecho que El Salvador pasara “de ser la capital mundial de los homicidios a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental”.
Liberar a El Salvador de su reputación de tierra sin ley otorgándole a la vez el premio a la mayor tasa de detenciones del planeta implicaba prescindir de las reglas del Estado de derecho (1). Desde que, en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa instaurara el estado de emergencia a instancias del presidente, las garantías constitucionales han quedado en suspenso. Cualquiera puede ser encarcelado sin motivo y sin ser llevado ante un juez. Pero Bukele no se ha detenido ahí: varios de sus oponentes políticos han sido detenidos o expulsados del país. Tras restablecer el monopolio estatal de la violencia, el joven dirigente, que se ha autoproclamado el “dictador más cool del mundo”, sustituyó al Estado para adjudicarse personalmente dicho monopolio. Además, al permitir a Estados Unidos usar su sistema penitenciario como una especie de gulag extraterritorial destinado a los migrantes expulsados de su suelo, se ha convertido en el niño bonito de la derecha estadounidense.
Lejos de ser un outsider, el jefe de Estado centroamericano encarna la típica evolución del privilegiado que, por oportunismo, se presenta como un candidato antisistema. Nacido en 1981, es el quinto hijo del acaudalado empresario Armando Bukele Kattán (1944-2015), que hizo fortuna en varios sectores (la publicidad, la industria textil, la farmacéutica o la automovilística, entre otras). Tras acabar sus estudios en la Escuela Panamericana, un establecimiento educativo bilingüe que acoge a los hijos de la élite local, el joven dio sus primeros pasos en la política gracias al puesto de director que ocupó en varias de las agencias de publicidad pertenecientes a la familia. Estas manejaban desde la década de 2000 la imagen y las campañas electorales del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda del que se valdría a modo de trampolín para impulsar su carrera.
Violencia ‘made in California’
En 2015 se convirtió en alcalde de la capital, San Salvador, adquiriendo así verdadera talla nacional. Dos años más tarde fue excluido del FMLN —en representación del cual se había presentado a la alcaldía— por diversos motivos, entre ellos sus críticas públicas y recurrentes contra los dirigentes del partido, contra el Gobierno (el FMLN estuvo al frente del país entre 2009 y 2019) y contra el presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Para Bukele, fue su oportunidad para escenificar su ruptura con la formación que ostentaba el poder, que anunció que no sería su candidato en las elecciones presidenciales de 2019. Bukele las ganó a la cabeza de su propio partido, Nuevas Ideas (NI) (2).
Hoy, cerca de diez años más tarde, un Bukele en el cénit de su gloria se congratula por el “milagro” de su victoria sobre las pandillas. A diferencia de los cárteles de la droga latinoamericanos mejor conocidos, que prosperan gracias al tráfico de cocaína hacia Europa o Estados Unidos, las pandillas salvadoreñas eran, ante todo, bandas callejeras dedicadas al control de su feudo antes que al contrabando. Dictaban su ley, extorsionaban a los pequeños comerciantes, los conductores de minibuses y a todo género de “proveedores de vicios” y se enfrentaban entre sí en guerras territoriales. La MS-13 y el Barrio-18 nacieron en Los Ángeles, adonde fueron a parar muchos salvadoreños que huían de la guerra civil (1979-1992). En su esfuerzo por sobrevivir en un submundo dominado por la mafia mexicana, los refugiados acabaron formando sus propios grupos criminales. A partir de la década de 1990, el Gobierno estadounidense emprendió una expulsión masiva de salvadoreños (solo Barack Obama echó del país a 150.000 durante sus dos mandatos, entre 2008 y 2016). Las pandillas se trajeron entonces de vuelta a su país el sistema de control local que habían perfeccionado en California y se lo impusieron a un Estado debilitado y desgarrado por la guerra.
Aunque ni siquiera los barrios algo más acomodados de San Salvador se libraban de la extorsión, las pandillas estaban sobre todo implantadas en las “comunidades” (barrios deprimidos) y los vecindarios obreros densamente poblados, donde ejercían una enorme presión. Los limpiabotas no podían buscar clientela en la plaza Libertad si antes no habían abonado su contribución a Barrio-18. En el bulevar Venezuela, bordeado de descoloridas casuchas color turquesa o siena, el reparto de territorios era tan fluctuante que la carretera que atraviesa la zona se convertía en territorio prohibido al caer la noche. Más al este, donde se concentra el grueso de la población de la capital, no era infrecuente encontrarse cadáveres tirados en las cunetas de la Autopista de Oro o enterrados apresuradamente en las colinas cercanas. Las pandillas constituían un gobierno local de facto que imponía brutalmente el orden allí donde el Estado no podía o no quería asomar la nariz.
Una primera etapa pragmática
La Campanera, un complejo de viviendas sociales incrustado en el noreste de la capital, se había convertido en un bastión de Barrio-18. De su arteria central partían, como si de espinas de un pescado se tratara, callejones flanqueados de chabolas de hormigón y tejado de chapas de acero galvanizado: todo un laberinto de calles sin nombre y casas sin número en el que resultaba muy fácil volatilizarse. Las autoridades afirman que casi todos los habitantes de la barriada tenían un vínculo con el grupo criminal, bien directamente, bien por familiar interpuesto.
Meses después de la entrada en vigor del estado de emergencia, esta zona fue objeto de una gigantesca redada. Policías y militares detuvieron a cientos de personas y se las llevaron con destino desconocido, además de requisar las edificaciones sospechosas de servir de base para las pandillas (las llamadas “casas destroyer”) y arrancarles el tejado para evitar que nadie volviera a instalarse en ellas.
En la actualidad, el Gobierno aspira a presentar La Campanera como un ejemplo de rehabilitación exitosa. La comisaría de policía que había a la entrada del barrio se ha desplazado a su interior. Las casas y calles a mano derecha de la vía principal han sido renovadas, aunque a primera vista parece una mera capa de pintura. Grandes murales han cubierto los grafitis de las pandillas. También han limpiado un parquecillo. No obstante, el lugar sigue siendo un gueto para pobres. El vertedero a cielo abierto que se extiende tras las últimas viviendas no ha desaparecido, aunque se han esmerado con la renovación de la escuela, que ahora cuenta con un tejado nuevo, rampas y aire acondicionado.
Aunque es innegable la mejora de la situación global en materia de seguridad, la versión oficial, que la atribuye exclusivamente al “manodurismo”, no se sostiene. En 2019, cuando Bukele asumió el cargo de presidente, la tasa de homicidios ya había descendido hasta la mitad respecto a los picos alcanzados durante la última guerra entre pandillas, en 2015. Y la violencia siguió retrocediendo hasta la instauración del régimen de excepción, pero esta evolución a escala nacional no lo debía todo a la primera medida antipandillas del presidente, el Plan Control Territorial (PCT), que solo se aplicaba a un perímetro regional limitado.
Durante sus tres primeros años en el poder, Bukele se apartó poco de la política puesta en práctica por sus predecesores: firmeza contra las pandillas en sus discursos y pragmatismo sobre el terreno. A la vez que procedía a detener a algunos individuos señalados, negociaba con ellas bajo mano para tratar de circunscribir la violencia a los barrios deprimidos. Por más que el presidente niegue hoy haber accedido a semejantes componendas, cuesta creer sus palabras: bien tuvo que llegar a acuerdos con las bandas armadas cuando era alcalde de San Salvador, sin lo cual nada habría podido hacerse en las zonas que estas controlaban. En mayo de 2025, una encuesta publicada por el portal informativo salvadoreño El Faro reveló, por ejemplo, que sus vínculos con Barrio-18 Sureños se remontaban, por lo menos, hasta 2014, fecha en la que —según un palabrero, esto es, un jefe de grupo dentro de una pandilla— su equipo hizo entrega de 250.000 dólares al grupo criminal para recabar su apoyo en la campaña por las municipales.
Un “campeón” a ojos de Trump
El giro se produjo en marzo de 2022, tras una serie de masacres perpetradas por las pandillas, probablemente en respuesta a la ruptura del pacto que las unía al Gobierno. Fue entonces cuando Bukele declaró el estado de emergencia. Más de 60.000 personas fueron encarceladas el primer año (aunque varios miles fueron puestos en libertad más adelante). La condena por defecto —dictada en simulacros de proceso (si es que hay proceso) en el que los acusados comparecen sin abogado— es la cadena perpetua. Las posibilidades de recurrir son exiguas. Aunque miles de pandilleros se ocultan en las zonas rurales, su sistema territorial ha quedado roto.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es el símbolo de esta nueva era. Esta megaprisión situada a 75 kilómetros de la capital está rodeada de un muro de nueve metros de alto dotado de 19 torres de vigilancia. Vista desde el cielo parece —al igual que muchos de los centros de detención para migrantes que salpican el sur de Estados Unidos— un centro de distribución de Amazon. En su interior hay ocho instalaciones penitenciarias con 32 celdas cada una, que a su vez pueden dar cabida a 80 reclusos. Estos últimos duermen sobre literas metálicas desprovistas de colchón, solo tienen derecho a media hora de paseo diaria —siempre encadenados— y les rapan la cabeza cada cinco días. Los guardias caminan por encima de sus cabezas, sobre pasillos elevados de rejilla metálica. Desde el momento en que entran en el centro, los reclusos pierden todo contacto con el mundo exterior; hasta la señal telefónica está interferida en toda la zona. Si un prisionero muere en reclusión, su familia recibe el cadáver sin más explicaciones.
El Gobierno salvadoreño se da el gusto de abrir las puertas del CECOT a los mirones con presencia en las redes sociales. Hasta Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se ha dejado filmar ante los prisioneros enjaulados. En YouTube es posible encontrar vídeos en español, árabe o inglés que muestran las mismas imágenes de una prisión masificada, pero limpia. En una celda, decenas de hombres tatuados de la cabeza a los pies miran fijamente a cámara a través de los barrotes; en otra, los reclusos son barrigudos y llevan gafas. A ello se añaden incontables planos de la armería y de la celda de aislamiento, además de, a menudo, una entrevista con un prisionero, siempre el mismo: un tal Psycho, que habla de su pasado violento.
Estas visitas organizadas al detalle ocultan púdicamente la brutalidad carcelaria y las condiciones de reclusión en los edificios mantenidos a resguardo de las miradas. Como su propio nombre da a entender, el objetivo del CECOT —que se inspira claramente en Guantánamo— es identificar a los pandilleros con terroristas. Ahora bien, es cosa sabida que la reclusión en masa puede, de hecho, reforzar a las pandillas: las cárceles son excelentes plataformas de reclutamiento; en los establecimientos penitenciarios más antiguos, como el penal de alta seguridad de Zacatecoluca, los criminales salvadoreños llevan décadas organizando operaciones desde sus celdas. Aunque la creación del CECOT busca limitar esta posibilidad, el hecho es que, atajadas o no, las pandillas no han desaparecido.
Pese a una tasa de pobreza extrema el doble de elevada que al principio de su mandato y un crecimiento que sigue siendo inferior al de Nicaragua, Bukele conserva su enorme popularidad. En opinión de Edwin Segura, especialista en estudios de opinión de La Prensa Gráfica, el principal órgano de la oposición, la cosa se explica fácilmente: “El restablecimiento de la seguridad cuenta más que ninguna otra cosa para los salvadoreños, y estos tienen tendencia a atribuirlo exclusivamente a la acción del Gobierno; el desempeño económico, por su parte, lo consideran más bien producto de una responsabilidad compartida”.
Aunque no se reduce a un mero efecto colateral de la era Trump, el presidente salvadoreño se muestra, sin embargo, más próximo a Washington que cualquier otro dirigente del subcontinente. A principios de 2025, tras una visita a El Salvador en el marco de su gira latinoamericana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le impuso el título de “campeón de la seguridad en nuestra región”. Y es que, sea cual sea su legado en otros aspectos, a Bukele se le reconocerá por su triunfo sobre las pandillas salvadoreñas, por más que el crimen organizado panamericano, del cual aquellas no son sino una ramificación secundaria, siga haciendo estragos en Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.
El Salvador se enfrenta hoy a la siguiente pregunta: ¿qué clase de sociedad puede construirse en un país en el que tantos jóvenes se pudren en las cárceles? La respuesta de Bukele parece ser convertir El Salvador en un centro de detención extraterritorial para Estados Unidos, una Alcatraz nacional. Difícilmente es una visión inspiradora. El pueblo salvadoreño tiene derecho a soñar con un porvenir más halagüeño.
(1) Véase Benjamin Fernandez, “‘Sin cadáver no hay crimen’”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2023.
(2) Véase Anne-Dominique Correa, “Bitcoin, guerra contra las maras y un presidente ‘millennial’ en El Salvador”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2023.
Tom Stevenson