Gustavo Petro, terrorista, travesti y alcalde
Eduardo Mackenzie
Gustavo Petro, terrorista, travesti y alcalde
Por Ricardo Puentes Melo
@ricardopuentesm
Periodismo sin Fronteras, Bogotá
http://www.periodismosinfronteras.org/gustavo-petro-el-terrorista-travesti-y-alcalde.html
31 de diciembre de 2015
Asegurar que Petro es tan cobarde como peligroso no es ninguna contradicción. Él es ambas cosas.
Nacido en Ciénaga de Oro, tierras de Córdoba, por allá en 1960, sus padres se fueron a vivir a Zipaquirá, población que poco después sería el feudo del M19 en cabeza de otro bandido del grupo, Everth Bustamante. Su innata inclinación criminal hizo que pronto se dedicara a una vida de ocio que lo llevaba a pararse en las esquinas y reunirse con cafres de todo tipo que lo vincularon a la guerrilla. Tenía 17 años y su lamentable aspecto físico ya había causado estragos en su personalidad insegura y taimada. Como suele suceder con este tipo de criminales, el rechazo sufrido en su infancia y juventud lo llevaron a rechazar y odiar visceralmente a la sociedad.
Esto fue aprovechado serpentinamente por los reclutadores de la organización terrorista, que ya le habían puesto el ojo a las capacidades nefastas de Petro. Así que a tan solo un año de haber entrado a la guerrilla, en 1978, es encargado de guardar algunas de las armas que el M 19 había robado del Cantón Norte en Bogotá. No lo descubrieron, así que este delincuente juvenil se creyó el cuento de ser una especie de Robin Hood en Zipaquirá y, en medio de las drogas y el desenfreno sexual, Petro empezó a desinhibirse y dio sus primeros pasos como travesti. Vestido como mujer, precisamente, sería atrapado por el ejército unos años más tarde. Entretanto, Petro seguía alternando sus clases en la Externado con el entrenamiento en armas muy cerca de su casa en Zipaquirá, junto a otros muchachos reclutados por los bandidos.
En 1981, los terroristas le financiaron su elección como Personero de Zipaquirá y luego como concejal, en 1984. Siendo aún estudiante en la Universidad Externado de Bogotá, la misma que siempre ha defendido a ultranza a los bandidos del M19, termina sus estudios en ese mismo año y decide hacer pública su militancia terrorista aprovechando que Belisario Betancur había indultado a varios criminales de las guerrillas e iniciaba un proceso de diálogos de paz con ellos. Secretamente, el M19, financiado por Pablo Escobar, estaba planeando tomarse en poder mediante el asalto al Palacio de Justicia.
Everth Bustamante, alias “Marcos” como especie de ‘canciller’ del grupo terrorista, fue el encargado de gestionar el apoyo de los sandinistas, de buscar ayuda en Francia, Austria y Suecia para que abrieran sus puertas a los criminales en caso de que algo fallara y, por supuesto, de facilitar el flujo de armas para el asalto, procedentes de Nicaragua, El Salvador, Venezuela y la Libia de Gadafi. Bustamante confió en su cuasi paisano y subalterno Petro el transporte de algunas armas que entraron por Ecuador.
Así, cuando el 20 de junio de 1985 el M19 decide romper la tregua con el gobierno de Betancur, ya estaba suficientemente armado y creía que podía tomarse el poder “a la vuelta de la esquina” como decía entonces Carlos Pizarro, alias “carroloco”. Petro se lanza a la clandestinidad muy asustado porque siempre fue cobarde y jamás se imaginó en combate contra el ejército. Su temor lo llevó, no al monte, sino a esconderse en una casa de Zipaquirá llena de armas en donde fue capturado en una de sus reuniones pervertidas, vestido de mujer, con peluca, pintorrejeado como vagabunda, y hasta con pistolita en sus ligueros de mujer. Un cuadro realmente surrealista.
Petro preso y, por tanto inhabilitado para ejercer cargos públicos. Acá se debe mencionar que Gustavo Petro fue capturado por un delito grave, introducido en el Decreto 1038/84 debido al asesinato de Lara Bonilla. Fue una respuesta contra el terrorismo. Este delito de “porte ilegal de armas”, considerado de suma gravedad en esas circunstancias, fue añadido al Decreto mencionado mediante el D. 1056/84 y estaba bajo jurisdicción de la Justicia Penal Militar, según lo había definido ya la misma Corte Suprema de Justicia.
El mentiroso terrorista Petro siempre ha dicho que fue capturado por una “contravención” y no por un delito, razón por la cual sí podía ser congresista y posteriormente alcalde de Bogotá. Pero las contravenciones están muy bien definidas en el Decreto 1058/84: “andar encapuchado, con gasolina, permanganato de potasio, precursores químicos”, etc., cosas que estaban a cargo de inspectores de policía y alcaldes.
Así que Petro, capturado por el grave delito de porte ilegal de armas, pasa a manos de la Justicia Penal Militar y es condenado a 18 meses de cárcel. No hay tal de que ese decreto se haya inventado exclusivamente para él, como afirma demencialmente, sino que se expidió más de un año antes de su captura. Y tampoco es cierto que el porte ilegal de armas hubiera tenido conexión con la rebelión. Igual condena habría esperado un raponero o un vendedor de droga a quienes se les hubiera encontrado un arma.
El día de la condena de Petro, sucede lo del Palacio de Justicia. Ese 6 de noviembre de 1985 Petro, en su delirio, cree lo que ha dicho Pizarro, que la toma del poder está cerca, y trata de organizar infructíferamente una insurrección carcelaria. Le sale mal. Los nefastos resultados del Palacio de Nariño, ya el país los conoce. Varios de los terroristas salen del país y Everth Bustamante, un asesino de lo peor de ese grupo, les consigue asilo en varios países. De eso hablaremos en un libro próximo a publicar.
Petro termina su sentencia y sale libre por pena cumplida y, flojo y cobarde como todos esos bandidos, lleva sus credenciales ante las autoridades judiciales para acogerse a Ley de Indulto de 1989 (Ley 77/89 Dto.206/90) para hacerse acreedor a los multimillonarios auxilios que el gobierno empieza a proveerles. Este Decreto nace de una orden expresa de captura que el Juzgado 31 de Instrucción criminal Ambulante expidió contra Gustavo Petro, Everth Bustamante, Otty Patiño, Carlos Erazo, Gerardo Ardila, Libardo Parra, Eduardo Chávez, Rosemberg Pabón, Jesús Artunduaga y Vera Grabe por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad. Obviamente por los hechos del Palacio de Justicia, que todos estos bandidos han negado sistemáticamente. Así que el Decreto 206 del 90 salva a los terroristas de su justo castigo.
Alguien cercano al M19 convence al entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser ponente del indulto total. Y el senador cae redondo en la trampa, alimentando a los buitres que de ahí en adelante solo intentarán asesinarlo o encarcelarlo. Entonces, con base en la legislación actual y de la época, nadie que haya sido condenado –como lo fue Petro- y pagado su pena –como la pagó Petro- podría ser elegido congresista ni a cargo alguno de elección popular. Pero el Consejo Nacional Electoral se hizo el de la vista gorda. En septiembre de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá refirmó que los delitos como el secuestro, que son de lesa humanidad, no pueden ser indultables. Pero Petro, Everth, Otty, Navarro y los otros siguen por ahí, como si nada, a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad.
En 1992, ya gozando del botín de sus delitos, Petro y los otros bandidos del M19, incluido Everth, ayudan a Hugo Chávez y el resto de militares golpistas y posibilitan el traslado de estos hacia Ecuador y Perú, donde son asilados. En 1994, Chávez y los otros insurrectos son indultados por el presidente venezolano Rafael Caldera y nace la estrecha amistad con el tirano venezolano que, luego, financiaría las campañas políticas del Polo Democrático, creado por el M19. En sus días de bandido en la clandestinidad, Petro administró algunas de las “cárceles del pueblo”, lugares infames donde tenían a los secuestrados. Se acusa a Petro de haber participado en la violación de una de las secuestradas, “y cuyo dinero pagado por su rescate pasó a sus cuentas personales, a las de Navarro, a las de Otty Patiño…”
Una fuente de inteligencia nos relató que Petro, personalmente, haciendo gala del sadismo que lo caracteriza, quemó vivos a varios policías que secuestraron en el Cauca. Los mismos acusadores de la violación de una secuestrada, dicen que Petro, Everth Bustamante, los hermanos Antonio y Jaime Navarro Wolf, Ramiro y Carlos Alonso Lucio, y otros, fueron los inauguradores de un base del Cartel de Medellín en Cuba, como mandaderos de Pablo Escobar Gaviria.
El M19 no se desmovilizó jamás. Y por supuesto Gustavo Petro tampoco. “Quedó un comando clandestino dedicado a conseguir dinero para las campañas políticas de Navarro, de Vera y de Petro”, como lo declara un bandido que confiesa esto. “Y en las operaciones de ese comando se violaron muchos derechos humanos…. (por ejemplo: los derechos humanos de los banqueros que se secuestraron en Panamá para apropiarse por las malas de los dineros consignados en cuentas bancarias y de claves cifradas no reveladas por los comandantes del M-19 fallecidos). La Dirección del M-19 denominó a ese comando Asterix, el responsable en la legalidad era Gustavo Petro y es la razón por la cual Petro pasa de ser un anodino militante del M a representarlo en la ‘vida legal’ y esos recursos recuperados o conseguidos en otras acciones se conocieron en la intimidad de los ex comandantes como Petro dólares.”
Hay que mencionar también que este terrorista, Petro, se inventa la calumnia de que fue torturado cuando lo capturaron en 1985, y que el torturador personal fue el entonces Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, entre el 4 y el 8 de octubre de 1985. Petro “recordó” exactamente el bigote de Plazas, su uniforme, las condecoraciones. “Recordó” bajo juramento cómo Plazas Vega ordenó cada una de sus torturas. Pero este malévolo y demente criminal y asesino no pudo imaginar que Plazas Vega, a menos de un mes antes del asalto al palacio de Justicia, pudiera estar de vacaciones en España, como lo demostró ampliamente el Coronel con las documentaciones del caso. El bandido Petro no tuvo más remedio que ofrecer disculpas públicas a Plazas Vega en un programa de radio.
Saco un extracto de otro artículo mío que vale la pena recordar: “Sé de varias reuniones del M-19, durante el ‘proceso de desmovilización’ con el gobierno Gaviria, donde dejaron muy clara su intención de engañar al pueblo colombiano con el artilugio de la paz, como una combinación de sus formas de lucha, pero me referiré en esta ocasión a una, ocurrida el 24 y 25 de septiembre de 1989, en Santo Domingo, Cauca, a la que llamaron: ‘Conferencia nacional del M-19’, y que tenía como propósito la preparación para la X Conferencia nacional guerrillera. “Allí asistieron Carlos Pizarro, Antonio Navarro, René Guarín, Gustavo Petro, Marco Antonio Chalitas, Everth Bustamante García, Libardo Parra Vargas, José Otty Patiño Hormaza, Jesús Arjad Artunduaga, Germán Rojas Niño, Fabio Alejando Mariño Vargas, Tatiana Rincón Covelli, Vera Grabe, Gerardo Ardila Serrano, Jorge Navarro Wolf, Glicerio Perdomo Vélez, René Ramos Suárez, Alberto Cancelado Borda, Isaías Tristancho Gómez, Martha Botero, Adriana Velásquez (hermana del coronel Alfonso Velásquez, verdugo del ejército), Jaime Arias, Marco Aurelio Álvarez, Ricardo Arévalo, Bernardo Chinchilla, junto a delegados del Barrio Bolívar 83 de Zipaquirá ‘casas de paz’ y delegados de las Universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y Javeriana.
“En esta reunión clandestina, que se celebraba para conspirar a ritmo simultáneo con las conversaciones y últimos ajustes para la entrega del M-19, Antonio Navarro Wolf exclamó con voz enardecida en un discurso que fue aplaudido a rabiar por el bandalaje de sicarios, que ‘Las armas del ejército serán del M-19’ ”.
Extraña arenga para quienes supuestamente buscan acogerse a la legalidad, ¿verdad? Y también dijo Navarro que “la desmovilización del M-19 no será total”, y que quedarían reductos a cargo de las finanzas para la subsistencia y permanencia del movimiento M-19.”
Ese es, a grandes rasgos, el bandido indultado Gustavo Petro. El secuestrador, el violador, el asesino, el homicida, el terrorista indultado que fue congresista y alcalde de Bogotá, que impulsó la candidatura de Antanas Mockus a la Alcaldía, que apoyó a tantos criminales. Ese es Petro, el ladrón, el encubridor de los Nule, el alcahueta de sus parientes destructores del medio ambiente, urbanizadores piratas. Ese es Petro, el travesti, el hampón que indultaron para que terminara robando a Bogotá, sumiéndola en el atraso infernal, la delincuencia y la podredumbre que él aprendió de la mano de sus tutores y maestros en el hampa, Everth Bustamante y Carlos Pizarro.
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La ruina moral de las Farc
Periódico Debate, Bogotá
31 de diciembre de 2015
Si la célula de la sociedad, que es la familia, está enferma, la sociedad misma está en cuidados especiales.
¿Qué se espera de la escoria social, representada por un espectro humano complejo, putrefacto, que ya no hace parte de la sociedad, entre ellos, los grupos armados ilegales, que defienden sus negocios sucios a balazos y con mentiras sin ningún reato de conciencia? Dice el filósofo Francisco Cortés Rodas, hablando de los derechos y deberes morales, que el cambio de la sociedad, para la paz, no es solamente de las leyes, ni político, debe ser ético y moral. Mientras que el deber moral es interior, en el sentido de que es un sentimiento de obligación hacia nosotros mismos, la obligación jurídica es exterior, en el sentido de que es una obligación frente a los otros respaldada por la autoridad externa.
El grupo fascista de las Farc tiene garantizada la obligatoriedad legal por una autoridad externa que ha falseado su representación social de la nación. Traicionó el mandato de defender la seguridad democrática que tantos beneficios nos reportó, en la conquista de una paz firme y sostenible. A estos grupos degradados lo único que les importa es el poder de facto y burocrático. Lo del deber ético y moral los tiene sin cuidado. Después de tantos genocidios y depredación de la riqueza nacional, ¿qué reserva moral podrá existir en la conciencia de estos individuos?
El bandido alias “Iván Márquez”, negociador de las Farc en La Habana, tuvo la desfachatez de decir que “nadie en esta guerrilla conoce a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago”, alias el “Enfermero”, capturado por las autoridades de España el pasado 12 de diciembre acusado de practicar más de un centenar de abortos forzados a las guerrilleras de las Farc. Y con la pretendida autoridad que les dio el camarada Juanpa, de considerarse igual parte, le exige soberbio a la Fiscalía que rectifique y pida excusas públicas por lo que calificó como “un burdo montaje para perjudicar la imagen de la guerrilla”. ¿A cuál imagen se refiere este asesino? Si la narco guerrilla la única imagen que ha cultivado es la de los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, las masacres y la de destruir e incendiar la infraestructura económica del país y depredar el medio ambiente de la nación.
El Fiscal General (e.), Jorge Perdomo, dijo que no entraría en esa discusión, pero que “el Enfermero es requerido por una Fiscalía de Pereira en un proceso por la presunta comisión de aborto sin consentimiento, tortura agravada y concierto para delinquir”. Precisó Perdomo que el caso se deriva de una investigación sobre las macro-políticas criminales de las Farc, dentro de la cual se abrió una línea de indagaciones por la violencia de género. “La fiscalía cuenta con testimonios de victimas que han venido identificando al “Enfermero” como quien participaría de los famosos abortos forzados de las Farc”, dijo Perdomo, y añadió que en los próximos días se tomarán declaraciones a 40 nuevas víctimas de esa conducta ilegal. Según la Policía Nacional, delinquió en los frentes 9° y 47, y habría participado en al menos 500 abortos a integrantes de las Farc en Antioquia, Chocó y Eje Cafetero, durante 15 años de militancia en la organización narco guerrillera. De estas afectadas, 50 eran menores de edad, la mayoría integrantes de la comunidad indígena Zabaleta, del Chocó.
¿Es este el modo de demostrar la conexión sistemática entre derechos y deberes morales? Siguiendo a Cortés Rodas, la ley no puede conseguir, por sí sola, el propósito de fortalecer una buena comunidad democrática y liberal sin la ayuda del sentimiento interior que lo da el sentido del deber. ¿Podrán estas facciones asimilar la legislación ética referida a la libertad en el ejercicio interno de sus conciencias? ¿Interiorizarán estos grupos degenerados, que nunca han respetado normas civilizadas, algo que va más allá de las leyes? ¿Llegarán a ser ciudadanos con mente amplia, que los convierta en hombres cultos, sensibles y solidarios? ¿Fomentarán la felicidad de los demás como un deber que se consigue por medio del respeto a los derechos de los otros hombres? La ruina moral en la que están inmersos se orienta a negar todas las conductas que apuntala la filosofía de Kant, según la cual: “consérvate en la perfección de tu naturaleza; y hazte más perfecto de lo que te hizo la mera naturaleza”.
“El Partido Liberal debe abandonar la Unidad Nacional si continúa venta de Isagén”: Sofía Gaviria
Por Sergio Esteban Vélez
30 de diciembre de 2015
La senadora Sofía Gaviria, codirectora nacional del Partido Liberal, invitó a los ministros liberales a renunciar en bloque como protesta por la venta que pretende hacer el gobierno de Juan Manuel Santos de la energética nacional.
BOGOTA.- La senadora de la República y codirectora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, envío a la Dirección Nacional Liberal comunicación en la que insta a dicha colectividad a abandonar la Unidad Nacional, si el Gobierno no desiste de la idea de vender las acciones del Estado en Isagén. La venta está programada para el próximo 13 de enero. “La obstinación del Gobierno por subastar Isagén lo ha llevado, como todo un ladino oportunista, a programarla para una fecha en la cual el país sólo empieza a despertar de la resaca de sus vacaciones”, declaró la parlamentaria.
La senadora liberal, que además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pidió, además, que todos los ministros liberales renuncien en bloque si el Gobierno continúa con la subasta, al considerar que “el Partido Liberal debe erguirse y defender el patrimonio de todos los colombianos”. La congresista aseguró que la venta de Isagén, además de atentar contra el patrimonio económico, ambiental, social y cultural del país, constituye una medida antidemocrática, pues 80 senadores de la República, liderados por Gaviria, firmaron una constancia de rechazo a esa transacción. “El Gobierno tiene que ser democrático. Tendría que oír a su gente y a la mayoría de los representantes elegidos por los ciudadanos; más en un contexto de crisis energética que nos da la razón de que vender nuestro patrimonio a un privado y un privado extranjero sería regalar nuestra soberanía energética”, concluyó la codirectora del Liberalismo.
En el pasado mes de junio, la senadora Gaviria presentó al Gobierno nacional 22 propuestas de opciones para construir las vías 4G sin tener que privatizar la energética Isagén. La parlamentaria aseguró que si el Gobierno sigue adelante con la venta, los congresistas que se oponen a la misma continuarán acudiendo a recursos legales existentes para impedir que la compañía termine en manos extranjeras.
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Impunidad a la carta
Por Libardo Botero Campuzano
Periódico Debate, Bogotá
http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/10470-impunidad-a-la-carta/
30 de diciembre de 2015
-Segunda de tres partes-
El otro elemento inaceptable es la sustitución de la justicia penal militar por la JEP, grave determinación que requeriría un cambio constitucional que el gobierno no ha aclarado cómo va a implementar. Los uniformados pierden el fuero militar y entran a ser juzgados por una jurisdicción acordada con sus enemigos. Para obtener similares beneficios a los de los narcoterroristas deberán confesar la verdad plena, que, en opinión de analistas autorizados, significará para muchos soldados y policías una presión invencible para confesar conductas que no han cometido con la carnada de recibir beneficios equivalentes a los de los guerrilleros. Las Farc y los delegados gubernamentales en Cuba han negado que este acuerdo sea un trueque o intercambio de impunidades: ¿pero de qué otra manera puede calificarse lo relatado? Con el agravante de que, en todo caso, los militares llevarán la peor parte, como acabamos de indicar. Basta recordar la tragedia del coronel Plazas Vega o el general Uscátegui, con la presencia agresiva e inescrupulosa de falsos testigos, colectivos sedientes de condenar a los defensores de la ley, y jueces venales, para imaginarnos lo que sucederá a los militares que se presenten ante una jurisdicción gestada por sus enemigos.
Este acuerdo sobre víctimas y justicia habla de reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas de las conductas delictivas. En opinión del experto internacionalista Juan Daniel Jaramillo, se trata de una grave y peligrosa disposición la que instituye “responsabilidades colectivas”. En el derecho penal internacional y en el DIH, según su calificado criterio, solo existen responsabilidades individuales. En ningún tribunal internacional, ni el de Núremberg, ni el de Yugoeslavia, ni el de Suráfrica, ni ningún otro, se han juzgado “colectividades”, llámense Estados, ejércitos, guerrillas o cualquiera otra similar; solo se han juzgado individuos y los crímenes cometidos en los distintos conflictos internacionales o internos. Incorporar “responsabilidades colectivas” solo podría servir para dos cosas: para condenar a las fuerzas armadas legítimas, u obligarlas a reconocer culpas colectivas por delitos cometidos por algunos de sus integrantes, de una parte; y para legitimar la actuación de los terroristas, pues sus delitos estarían cobijados en determinaciones colectivas ejercidas dentro del proceso de la “rebelión”, que está justificada.
Se ha debatido también el que se disponga, tanto en el caso de las fuerzas militares como en el de la guerrilla, que los mandos de ambas no responden por las actuaciones de sus subalternos por el simple hecho de su “rango o jerarquía”. En opinión de Juan Daniel Jaramillo, esa doctrina rompe con la que prevalece en los estrados internacionales, consistente en que los subordinados no son los responsables principales, pues básicamente acatan órdenes superiores. Los responsables principales son precisamente los que por su “rango o jerarquía” toman las decisiones. Por tal motivo, generalmente se condena a los oficiales responsables de las decisiones y operaciones, y se absuelve a las tropas, a los soldados rasos. Esta inversión de la doctrina prevaleciente parece obedecer al interés de los “comandantes” guerrilleros de evadir su culpabilidad y descargarla en los guerrilleros rasos. ¿Qué otra cosa puede pensarse al leer la estipulación del numeral 59 de este acuerdo? Hela aquí: “La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía.” ¿Quién podrá probar que se cumplen todas esas complicadas condiciones en la mayoría de los crímenes que promovieron, ordenaron y gestaron? Prácticamente nadie.
Como lo han anotado distintos analistas, las Farc y Santos se arrogan el derecho de crear un sistema para juzgar a todo el mundo, sin que correlativamente los demás sectores hayan tenido derecho a participar en su diseño. Además la JEP no contempla límites hacia atrás para el ejercicio de su omnímodo poder, ya que no quedó establecida una fecha de inicio del llamado “conflicto armado interno”. Algún comentarista suspicaz sugirió que tamaña omisión fue adrede, con el objeto de no señalar una fecha –como 1964 o 1965, por ejemplo, época de la fundación de las Farc- que los comprometiera como iniciadores del tal conflicto.
Aun así, eso de juzgar a “todo” el mundo es apenas un decir. Como se ha predicado que el número de casos a llevar a los estrados sería infinito, y que por tanto el sistema colapsaría y sería muy ineficaz -como se ha alegado contra el sistema de la Ley de Justicia y Paz por sus detractores-, han incorporado “las partes” a la JEP una salomónica disposición: la priorización y selección de casos. Al tenor del numeral 48, el sistema “deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas.” Solo habrá resoluciones para unos pocos casos –de los crímenes de los narcoterroristas en particular-, emblemáticos, sin necesidad de explayarse en todo el entramado delictivo y sus numerosos responsables. Además, no para condenarlos, sino para aplicarles una “sanción” tan simbólica que voces autorizadas no han vacilado en calificar de caricaturesca, auténtica burla al anhelo de justicia de los colombianos.
La impresión que nos deja el mamotreto es que la selección indicada aplica en particular a los crímenes de los narcoterroristas, pero no a los de sus oponentes. Contra estos últimos está prevista una ofensiva de grandes proporciones. Lo sugiere el que se ordene remitir a la JEP todas las denuncias, investigaciones y fallos, no solo localizadas en la Fiscalía y los distintos tribunales de la república y órganos administrativos, sino también en los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, así como los que reposan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara sobre distintos aforados, y los propios de la justicia penal militar. No se escaparán ni siquiera las sentencias proferidas bajo la Ley de Justicia y Paz, aplicada sobre todo a los paramilitares, cuyas copias también deben ser enviadas a la JEP para que ésta “determine si las conductas relacionadas son de su competencia” (numeral 48, literal b).
Semejante ofensiva se cimienta también en el hecho de que, para asegurar “insumos” a su batería de herramientas de ataque a civiles y militares, se amplían las fuentes que alimentarán los organismos de la JEP: a los antes mencionados, que detalla el numeral 48, literal b), se agregan en el literal c) “los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas”, a los cuales “se les dará el mismo tratamiento” que los establecidos en el literal anterior. Veremos entonces desfilar ante los “jueces de paz” una tropilla de modernos Torquemada, encabezada por el cartel de falsos testigos, en lo que son expertos las Farc y su entorno de colectivos y asociaciones, levantando el dedo acusador y vengativo, a nombre de las “victimas” y “los derechos humanos”, para escarnecer, apabullar y llevar al cadalso a sus enemigos y contradictores. No habrá empresario, dirigente político o gremial, periodista o escritor, o ciudadano común y corriente que no sea de sus afectos, que escape a la vindicta de quienes perdieron en los campos de batalla pero nos han derrotado de manera ominosa en La Habana. De allí que mienta de nuevo Santos cuando dictamina que no habrá una “cacería de brujas”.
Tan torva arremetida tendrá como blanco preferido el uribismo y, en particular, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Pese a que se estipuló que se respetará el fuero constitucional de los ex presidentes, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara o quien haga sus veces, se faculta a la JEP para acusarlos ante ese organismo, si a bien lo tiene. De igual modo se ha repetido por analistas proclives al gobierno y las Farc –lo que en su momento propaló el fiscal Montealegre-, que el fuero no cubre actuaciones anteriores a la presidencia, refiriéndose específicamente a las actuaciones de Uribe como gobernador de Antioquia.
Gozará la JEP de una extravagante prerrogativa, de doble vía, una especie de ley del embudo. Por un lado, como ya lo establecimos, todo lo actuado a través de los años por nuestro sistema judicial y disciplinario, pierde la calidad de cosa juzgada, y puede ser revisado ahora; pero la otra cara de la moneda es que, en cambio, las disposiciones y sentencias de la JEP son inmutables e inmodificables, por los siglos de los siglos. Esto último lo dispone el numeral 56: “Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las resoluciones de las Salas del componente de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.”
El Tribunal de Paz de la JEP contará con 20 magistrados colombianos, más 4 extranjeros que podrán hacer parte de las varias salas que lo integrarán, no más de 2 por sala. El numeral 68 estableció que dichos magistrados no podrán ser elegidos “directamente por las partes en la Mesa de Conversaciones”. Fue la manera taimada de sacarle el cuerpo a la grave acusación de que los victimarios estarían nombrando sus jueces. Pero si bien no los van a designar “directamente”, se aseguran el modo de hacerlo “indirectamente”, como lo dispone el mismo numeral 68, cuando establecen que “las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final, los criterios y mecanismos de selección y nombramiento”. Blanco es, gallina lo pone. Ya se está comentando por algunos de los protagonistas de este pacto, que se piensa en la ONU o el Papa (¿cuál más riesgoso?), como el tercero que haría la escogencia de los magistrados, siguiendo las instrucciones que les dicten las “partes”.
Las “partes”, y sobre todo las Farc, no serán ajenas al funcionamiento del abultado entramado burocrático que se conformará para poner en marcha la JEP. Según lo dispone el numeral 16, el Estado le “garantizará la autonomía administrativa y la suficiencia y autonomía presupuestal”, entregando oportunamente los recursos que necesite y demande. Dispondrá de una Secretaría Ejecutiva, para asegurar la “administración, gestión y ejecución” de los recursos. Y, como es usual en estos documentos, donde las Farc ejercen como contraparte equiparada al Estado, los narcoterroristas no serán ajenos a la designación de quien ejercerá tan decisivo cargo, pues según el mismo numeral 16 la “designación de la Secretaría Ejecutiva se hará mediante el mecanismo que determinen las partes en el proceso de conversaciones”.
Nos ronda una duda adicional. En ninguna parte del documento publicado se indica cómo se adoptará esta “jurisdicción especial”, salvo una vaga alusión en el punto 9 en cuanto a que “entrará en vigor en los términos establecidos en el Acuerdo Final”. Seguramente sin leer estas líneas ya han corrido los turiferarios de turno, como el presidente del Congreso, a ofrecer sus buenos oficios para lograr que en el acto legislativo que instaura el “congresito” se agregue de una vez la creación de semejante “jurisdicción”, adelantándose al acuerdo final. No por mucho madrugar amanece más temprano, señor Velasco; más le valiera esperar las órdenes (o “acuerdos”) que sobre la materia se estipulen en Cuba.
Lo que han sostenido las Farc reiteradamente es que se trata de un “acuerdo especial”, de los contemplados en los Protocolos de Ginebra, que al ser firmado entraría a hacer parte del “bloque de constitucionalidad” y sería de obligatorio cumplimiento, como especie de tratado internacional, sin tener que surtir ningún otro procedimiento interno. ¿Se aceptará por el gobierno tan peligrosa tesis? No lo descartamos, si nos atenemos a las innumerables cesiones y reversazos protagonizadas en estos tres años. Nos genera tamaña inquietud el hecho de que a esta jurisdicción se le haya denominado “especial”, y que en los puntos 4 y 5 del acuerdo se fundamente la autonomía del Estado para conformarla en disposiciones de la Carta de la ONU y los principios del derecho internacional, incluido el de los DDHH y el DIH, pero por ningún lado en nuestra soberanía y potestad para hacerlo en virtud de nuestro ordenamiento constitucional y legal.
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Cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia en 2015
Por Juan Manuel Ruiz y Fernando Posada
RCN La Radio, Bogotá
http://www.rcnradio.com/nacional/cuatro-periodistas-fueron-asesinados-colombia-2015/
30 de diciembre de 2015
En el año 2015, cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia, dos de ellos en medio de situaciones que sugieren que tuvieron como razón el cumplimiento de su labor. Una cifra tan alta en el asesinato de periodistas no se veía desde el año 2003. Pero en 2015 no solo aumentó el nivel de periodistas asesinados en Colombia. También 76 periodistas recibieron amenazas, según las cifras de la FLIP. Desde 2012 no se veía una cifra así de preocupante.
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Pedro Vacca, se refirió al aumento en los asesinatos y amenazas de periodistas que ocurrieron en 2015. “En el año 2015, 228 periodistas fueron víctimas de algún tipo de agresión en el ejercicio de su profesión. (…) Cuatro periodistas fueron asesinados, dos de ellos de acuerdo a la información recaudada por la FLIP, por razones relacionadas con el oficio periodístico”, sostuvo Vacca en entrevista con RCN La Radio. El director de la FLIP precisó que esos dos casos son los de Flor Alba Núñez, en Pitalito (Huila) y Luis Peralta Cuéllar, en El Doncello (Caquetá). Ambos realizaban investigaciones relacionadas con la criminalidad y la corrupción.
Flor Alba Núñez tenía 31 años en el momento de su asesinato, en el mes de septiembre y trabajaba como conductora del noticiero de medio día de la cadena La Preferida Estéreo. Su pareja Aris Hernández habló con RCN La Radio y sostuvo que era una mujer carismática y muy querida por la gente. “Ella no podía ver a alguien sufriendo porque quería ayudarle. Sin importarle hora o momento, y había una noticia, salía a buscarla. (…) Ella estaba investigando sobre las BACRIM y las bandas de sicarios de Pitalito, Huila”, sostuvo Hernández.
Por otro lado, el periodista Luis Peralta fue asesinado en el Doncello, Caquetá el 14 febrero. Tenía 63 años y llevaba varias décadas ejerciendo un periodismo de denuncia. Fue atacado por sicarios en su casa en la época en la que desarrollaba una investigación sobre la corrupción administrativa en la extracción de petróleo. Su esposa resultó también herida durante los hechos y pocos días después murió. “Fue un hombre dedicado a la radio. Su trabajo y su dedicación lograron que los habitantes del norte de Caquetá contaran con un medio de comunicación importante como Linda Estéreo, que fundó hace veinte años. Su labor siempre fue de frente con la comunidad. Desafortunadamente tocó intereses que no estuvieron de acuerdo con algunas personas y terminó con su asesinato. Pierde el departamento”, le contó a RCN La Radio Juan Pablo Sánchez, un amigo de Peralta. “La voz de Luis Peralta Cuéllar era insignia de Caquetá”, agregó Sánchez.
Otro fue el caso del antioqueño Dorancé Herrera, quien no ejercía plenamente su profesión como periodista y era activista de algunas causas políticas. Poco antes de su muerte, recibió amenazas escritas de grupos al margen de la ley. Fue asesinado en su vivienda en Caucasia, Antioquia. Édgar Quintero, conocido como ‘Quinquín’ fue asesinado en Palmira, Valle el 2 de marzo. No ha podido establecerse si es verdadera la hipótesis inicialmente manejada por las autoridades, que el de Quintero había sido un crimen pasional. El reportero tenía 57 años y llevaba más de 10 vinculado a la emisora Radio Luna.
Cerca del 95% de los casos de periodistas asesinados en Colombia han quedado en la impunidad. Durante el 2015 prescribieron los asesinatos de los periodistas Iván Darío Pelayo, Ernesto Acero y Gildardo Ariza, todos asesinados en 1995. Alrededor de 110 periodistas colombianos solicitaron medidas de protección al gobierno este año, con motivo de amenazas serias. El nivel de riesgo de cerca del 60% de ellos fue certificado como extraordinario. Según cifras oficiales de la Flip, los años más graves para el ejercicio del periodismo en Colombia fueron 1989 y 1991, con 12 y 11 periodistas asesinados respectivamente.
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El chavismo no se resigna: ahora intenta robar votos por vía judicial
Libertad Digital, Madrid
Agencias
30 de diciembre de 2015
A menos de una semana de la instalación del nuevo Parlamento, el chavismo mantiene sus maniobras para quitar legitimidad a la victoria opositora.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la impugnación introducida por excandidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a ocho de las 112 actas de diputado conseguidas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los pasados comicios.
El órgano judicial difundió a los medios el acta de la impugnación entregada este martes como "nuevo asunto ingresado" ante la Sala Electoral del TSJ con solicitudes de seis medidas cautelares para suspender los efectos de las elecciones de seis circuitos en tres estados del país. El documento fue difundido poco después de que la coalición opositora informara sobre el procedimiento como un nuevo "ataque" del "hampa electoral".
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, informó a través de su cuenta de Twitter que la Sala Electoral del TSJ suspendió "sus vacaciones para recibir los recursos del PSUV", y recordó que la misma instancia judicial informó el pasado 22 de diciembre que "no recibe recursos porque está de vacaciones". Torrealba aludió con ello a un escrito del TSJ que publicó ese día en su página web para negar que hubiera recibido alguna solicitud de impugnación de diputados opositores, como previamente lo denunció la MUD. "El TSJ informa a la opinión pública que la Sala Electoral no ha recibido ninguna acción judicial esta semana con el objeto de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre", dice la nota.
La aclaración "obedece a declaraciones ofrecidas" por portavoces políticos" y a falsas informaciones "que de forma irresponsable han puesto a circular" algunos ciudadanos en las redes sociales, "que en nada contribuyen con el clima de paz y tranquilidad que reina en el país", añadió entonces el TSJ. La MUD sostuvo tras ello que su denuncia de que estaba en marcha un supuesto "golpe judicial" frustró que el PSUV materializara sus intenciones ante Poder Judicial que considera está al servicio del Gobierno del presidente venezolano y líder de esta última formación.
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