Quieren suprimirle facultades al Fiscal
Eduardo Mackenzie
La vida de Leyner Palacios
El Colombiano, Medellín
Editorial
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/la-vida-de-leyner-palacios-GB20474031
22 de febrero de 2023
Según Indepaz, desde la posesión del presidente Petro hasta el 8 de febrero habían ocurrido 47 masacres en Colombia. ¡47! Han sido asesinados 81 líderes sociales.
“Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo”. Esas escalofriantes palabras fueron escritas el pasado domingo en la noche en Twitter por Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.
De él casi que puede decirse que es de profesión sobreviviente. Nació en Bojayá, en Chocó, sobrevivió a la masacre del 2 de mayo de 2002, uno de los crímenes más horrendos de que tenga memoria nuestro país, ocurrido cuando cilindros bomba lanzados por las Farc cayeron sobre la iglesia donde mujeres, niños y hombres se refugiaban de los combates que ocurrían a su alrededor.
Leyner Palacios es sobreviviente también de la violencia anterior a ese episodio y de las posteriores. Varias veces, por amenazas serias y fundamentadas, su vida ha estado en peligro. De hecho uno de sus escoltas fue asesinado en Cali. Esta vez llegaron mensajes de WhatsApp al celular de su hija en los que le decían que tenía 12 horas para salir del Chocó.
La vida de Leyner Palacios debe ser protegida, ese es el ideal, como deben serlo también las vidas de todos los colombianos objeto de amenazas de las guerrillas, disidencias y bandas criminales (hoy llamadas con el eufemismo de “organizaciones de alto impacto”).
Se suponía que la llegada al poder de Gustavo Petro sería el fin de la violencia contra líderes sociales. Y sería el fin de las masacres. Y de la intimidación armada en las veredas y barrios de Colombia. Así se desprendía al menos de las críticas incesantes que, durante cuatro años, día y noche, y sin ahorrar epítetos, hicieron el propio Petro y varios de sus seguidores contra el gobierno anterior.
Por esta misma razón, y por el hecho de que varios de los asesinados fueron firmantes del acuerdo de paz con las Farc, al gobierno de Iván Duque se le acusó de haber incumplido este acuerdo, e incluso hay quienes se han valido de esa circunstancia para justificar a las disidencias que, traicionando el compromiso con Colombia, volvieron a las armas.
Fue tal la avalancha de acusaciones que muchos tal vez equivocadamente entendieron que el infierno iba a parar tan pronto Gustavo Petro llegase al poder. Pararían las masacres y los asesinatos de líderes sociales y se podría respirar paz en los territorios de Colombia. Nada de eso ha ocurrido. A los líderes sociales los siguen matando, los siguen intimidando, los siguen expulsando de sus territorios. Las masacres siguen ocurriendo, algunas de ellas en zonas urbanas o en áreas metropolitanas. Y la promesa de poner fin a esta matazón quedó en veremos.
Según cifras de Indepaz, desde la posesión del presidente Petro hasta el 8 de febrero habían ocurrido 47 masacres en Colombia. ¡47! Han sido asesinados 81 líderes sociales. No se trata aquí de salvar el pellejo de un gobierno, el que ya pasó, ni de cuestionar al actual. Se trata de retratar una realidad que nos agobia profundamente: la muerte de líderes sociales. Y sobre todo de aprender lecciones. Una de ellas es que esa realidad no se va a resolver simplemente porque se señale al mandatario de turno como culpable. Es una lectura muy simplista de esta tragedia y olvida considerar las inmensas complejidades que hay en las violencias colombianas.
Esas acusaciones tienen además cierta dosis de irresponsabilidad y de inmoralidad: señalar a mi adversario de asesino para ganar terreno en la disputa política, sin tener prueba alguna y con el único propósito de agitar a la sociedad, en últimas es utilizar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias en beneficio propio.
En el mejor ánimo constructivo, esperemos que estas amargas experiencias sirvan al gobierno para rectificar su política de cese generalizado y unilateral de la acción militar y policial, y se revisen también los fundamentos de la política de “paz total”, una iniciativa que pone toda la carga del éxito en la buena voluntad de secuestradores, narcotraficantes y asesinos. Nunca es tarde para entender que la protección de la vida implica el ejercicio efectivo de la autoridad.
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“No pueden suprimirle facultades al Fiscal”: Barbosa critica ley de narcobandas
Por Daniela Osorio Zuluaga
El Colombiano, Medellín
https://www.elcolombiano.com/colombia/criticas-de-fiscalia-a-ley-de-sometimiento-de-petro-CA20467476
21 de febrero de 2023
Francisco Barbosa votará a favor del proyecto, pero le exigió a Petro que respete su autonomía.
Tras semanas de tensiones por la paz total del Gobierno y los beneficios para las narcobandas que se acojan a ella, el presidente Gustavo Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, sostuvieron una reunión de dos horas –en la Casa de Nariño– para analizar las objeciones a esa reforma y las líneas rojas en las que el jefe del ente investigador no está dispuesto a ceder. La principal y más delicada: su autonomía.
Según dijo el fiscal Barbosa, el gobierno Petro “no puede, a través de una Ley, suprimirle facultades al Fiscal General de la Nación”, una dura advertencia con la que el jefe de la entidad esquivó una jugada de la Presidencia que pretendía delegar las principales funciones de ese ente de control a la UEI, Unidad de Especial de Investigación.
Dicha subentidad es una dirección que hace parte de la Fiscalía, pero que no depende directamente de Barbosa y cuyo director, además, es elegido mediante una terna que presenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que el fiscal ha tenido sus reservas y discusiones jurídicas. Aun así, Barbosa fue insistente en que el diálogo con el Jefe de Estado ha sido “razonable, tranquilo y con ánimo de escucha”, por lo que aseguró que votará a favor del proyecto de ley en el Consejo de Política Criminal, un órgano por el que el documento de 22 páginas pasa su última prueba antes de llegar al Congreso, donde deberá ser debatido.
Las 9 críticas a la Ley
Pero esa es solo una de la lista de objeciones que le presentó Barbosa a Petro. En esa reunión, que se llevó a puerta cerrada y bajo el máximo hermetismo político, el fiscal le detalló uno a uno los nueve puntos con los que el ente acusador no comulga.
Además de exigirle que respete su autonomía como fiscal y como jefe del máximo ente acusador, Barbosa también le pidió que extienda los plazos entre los escritos de acusación y la entrega de los beneficios para que los funcionarios tengan “el tiempo suficiente para analizar si lo que los sometidos están diciendo es verdad y concuerda con lo que la Fiscalía tiene en sus investigaciones”.
En cuanto a la extinción de dominio de los bienes obtenidos por medio del narcotráfico y las actividades ilegales, Barbosa dijo estar de acuerdo con que los sometidos se queden con el 6% de todo, pero advirtió que “deben haber topes de un máximo de dinero con el que se puedan quedar”. Paso seguido, sugirió que “todos los bienes que la Fiscalía ha perseguido y que ya tiene medidas cautelares, o estén en procesos, no pueden ser incluidos como bienes para reparar víctimas”.
¿Estatus político para las FARC (disidentes)?
Otro punto clave de la conversación fue si las disidencias de las Farc tendrán estatus político o no. Ahí el fiscal fue claro: “el presidente tiene todas las facultades para decidir a quién le entrega ese estatus. Dependerá de él a quién les da características políticas o de sometimiento”.
Esa línea tiene sus bemoles en el Gobierno: por un lado, la Presidencia le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que asegura que la Segunda Marquetalia no puede tener estatus político porque le falló al Acuerdo de Paz, mientras que, por el otro, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que aún lo tienen.De hecho, fuentes de la Casa de Nariño detallaron que la Presidencia está construyendo un proyecto de ley que le devolvería el estatus político a ese grupo armado bajo el argumento de un entrampamiento al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Por ahora, es espera que el Consejo de Política Criminal le dé luz verde al proyecto de Ley y avance hacia el Congreso. Estando allí, como insistió Barbosa, el documento pasará por su prueba de fuego y se someterá a lupa de los legisladores
Petro pide excarcelar a seis jefes de las disidencias
La reunión de Petro y Barbosa también sirvió para analizar una petición adicional de la Casa de Nariño. Según el Fiscal, el Gobierno le pidió excarcelar a seis integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central para que puedan reunirse con las cabecillas de ese grupo y planear la negociación con el Gobierno. Pese a que Barbosa no se opuso a entregar ese permiso de 10 días, porque este grupo ilegal sí tiene estatus político, lo que sí pidió es que haya claridad sobre qué pasará con los integrantes de esa organización que sí firmaron el Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que, por ende, pierden la posibilidad de negociar.
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Hasta el Tren de Aragua podrá subirse a “paz total” de Petro
Por Daniela Osorio Zuluaga
El Colombiano, Medellín
18 de febrero de 2023
La oposición acusa al Gobierno de “entregar beneficios y perdones a cuanto criminal aparece”, como dijo la senadora María Fernanda Cabal. El proyecto de Ley de sometimiento le abre la puerta a carteles de narcotráfico extranjeros que tendrían penas de 8 años de cárcel y el 6% de sus riquezas. ¿Se eliminaría la extradición?
Bastaron menos de 48 horas para que a la recién conocida ley de desmantelamiento le estallará otra polémica. Tal como está en el articulado, a la paz total podrían entrar cárteles de droga de carácter transnacional cuyos máximos jefes dan las órdenes desde cárceles de máxima seguridad en el extranjero. Con esa puerta abierta, poderosos carteles de droga como el Tren de Aragua, Los Maracuchos y el Cartel de Sinaloa –todos ellos con presencia extendida en el país– podrían acogerse a esa Ley de sometimiento que les ofrece pagar todos sus delitos en máximo 8 años de cárcel y quedarse hasta con el 6% de los bienes y riquezas adquiridos como fruto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
En entrevista con El Colombiano, el representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que estructuras como el Tren de Aragua y las otras de carácter internacional podrían someterse a esa Ley bajo la misma premisa: “Operan en el país y le hacen daño a las comunidades, por lo que si anuncian su voluntad de someterse podrían hacerlo”.
Y no lo dice una voz cualquiera. Alirio Uribe conoce de cerca cada artículo de ese proyecto y cada intención que tiene el presidente Gustavo Petro con él porque ayudó a construirlo junto a los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila y junto a alfiles del presidente de la talla de los ministros Alfonso Prada, del Interior; Néstor Osuna, de Justicia; y del presidente del Congreso, Roy Barreras.
De hecho, Uribe estuvo junto al ministro Osuna y el senador Ávila durante la rueda de prensa de este miércoles en la que el Gobierno le presentó el proyecto al país de manera oficial dejando puntos claros como que no habrá reconocimiento político para ninguna de esas bandas y que algunos de los criminales que ya están pagando una pena podrían quedar en libertad si sus grupos se acogen a la justicia en colectivo.
Desde ese día, el documento de esa Ley, que actualmente está a la espera de la revisión técnica del Consejo de Política Criminal, se convirtió en una de las principales noticias del país y de la agenda legislativa. Mientras esa discusión avanza, otros puntos claves de la paz total flaquean. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, los acercamientos con el Clan del Golfo se han enfriado durante las últimas semanas por falta de interlocutores de ese grupo narcoparamilitar.
Un dato que contrasta con serias informaciones que hablarían de la presunta muerte de alias Sopas, el segundo hombre al mando de esa organización que, según algunas hipótesis, podría haber sido asesinado por su mismo grupo por resistirse a iniciar negociaciones de paz con el Gobierno. Una práctica que ya ha aplicado el Clan en acercamientos anteriores. Y no es el único. Procesos que habían avanzado con rapidez durante los primeros cinco meses de Petro empezaron a complicarse en el camino por supuestos “desplantes” y “manejos desordenados” que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le estaría dando a esas gestiones.
Según dijo el abogado Alex Alberto Morales en diálogo con este diario, representados suyos como el grupo criminal Los Pachelly y algunos de los extraditables de la cárcel La Picota están cansados de enviar cartas y comunicados que el comisionado nunca responde. Según él, sus clientes –varios de ellos muy poderosos en Medellín y el Valle de Aburrá– no estarían dispuestos a someterse a la Ley de desmantelamiento de Petro “que es muy parecida a la Ley de sometimiento vigente que dejó el expresidente Juan Manuel Santos”, dijo.
El único proyecto que avanza ante los ojos de la opinión pública es el proceso de paz que están negociando el Gobierno y la guerrilla del ELN en México. Tras días convulsos de críticas de los elenos a la paz total, la última semana por fin hubo una especie de tregua que les ha permitido a los negociadores avanzar en la búsqueda del cese al fuego bilateral. Lo que sí se sabe, según fuentes del gabinete Petro, es que en cuestión de semanas arrancarán los acercamientos formales con la disidencia conocida como Estado Mayor Central, el otro grupo al que le reconocerán origen político por nunca haberse acogido a un proceso de paz con el Gobierno.
¿Someter al Tren de Aragua?
Lo cierto es que, con esa posibilidad de someter al Tren de Aragua bajo el mismo criterio que a grupos de carácter nacional como el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Los Pachelly, hasta los más expertos y aliados de la paz se hacen preguntas que el proyecto, por sí solo, no es capaz de responder. El coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, se cuestiona, por ejemplo, qué tratamiento se le daría a los ciudadanos extranjeros que hacen parte de dichas estructuras armadas. “El conducto regular sería extraditarlos a su país de origen –que en su mayoría es Venezuela– pero ahí no habría un beneficio para que ellos se sometan”, dice, por lo que cree difícil que grupos como ese terminen acogiéndose.
Según él, expertos como Ávila han insistido en que no todos los grupos armados terminarán sometiéndose a la Ley de desmantelamiento. Antes de llegar hasta ahí deberán pasar un filtro que MinJusticia ha denominado doble candado: una revisión exhaustiva del alto comisionado de paz y los equipos de inteligencia, y un examen final del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre si es viable su sometimiento y si hay una voluntad real de paz. Lo delicado ahí es que el Tren no es una banda cualquiera. Según InSight Crime, esa banda es la más peligrosa de toda Venezuela y tiene incidencia en Colombia y cinco grupos más: Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.
Pese a tener comandantes locales y estar aliado a las microbandas de cada país para coordinar temas de microtráfico, los movimientos y decisiones del grupo se manejan desde la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en Venezuela. Desde allí, el máximo líder del Tren, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, controla a la cárcel y a la organización transnacional. Un punto que dificultaría aún más que subestructuras en Colombia se desmovilicen. Además, InSight Crime asegura que el tren ha logrado sobrevivir con brazos en buena parte de América Latina “gracias a largos periodos de impunidad propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro en zonas claves, como su base principal en Aragua”, por lo que es un grupo armado sumamente fortalecido.
Acá en Colombia, el Tren tiene estructuras fuertes en Cúcuta, Ipiales y Bogotá. Ahí en la capital, la estructura fue noticia todo el segundo semestre de 2022 por una serie de cuerpos desmembrados que empezaron a aparecer en varios puntos de la ciudad y que se le atribuye a ajustes de cuentas del Tren y sus aliados. De ese tamaño es la organización que podría terminar en la “paz total”, por lo que la oposición ha tildado al Gobierno de “entregar beneficios y perdones a cuanto criminal aparece”, como dijo la senadora María Fernanda Cabal. Por ahora, al proyecto de Ley le falta la luz verde del Consejo de Política Criminal para pasar a su prueba de fuego en el Congreso. Si pasa, el Gobierno espera desmovilizar a por lo menos 20.000 hombres armados de las estructuras más sanguinarias del país.
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Petro destruye el sistema de salud
Por Saúl Hernández Bolívar
@SaulHernandezB
20 de febrero de 2023
Tenemos un sistema de salud que ha alcanzado la virtud de cubrir casi cualquier cosa sin que el paciente y su familia se vean obligados a vender un ojo o a endeudarse de por vida.
El proyecto de reforma a la salud de Gustavo Petro es peor de lo que se esperaba: no construye sobre lo construido sino que pretende hacer borrón y cuenta vieja dando un regresivo salto al pasado, cuando se tenía un pésimo sistema plagado de corrupción con una bajísima cobertura que no llegaba ni al 30%. Y eso, simplemente, por esa obsesión de la izquierda de estatizarlo todo y que los particulares no puedan hacer negocio. Es un proyecto antimercado.
En Colombia no se necesita una reforma radical del sistema de salud porque el que tenemos es bueno y está bien calificado por los usuarios, por organismos multilaterales y por expertos nacionales e internacionales. Sus indicadores son envidiables: una cobertura de cerca del 100%, incluyendo a casi un millón de venezolanos, con acceso al 94% de los medicamentos listados y al 97% de los procedimientos. Y una de las más bajas tasas de aporte de los usuarios en todo el mundo, que a menudo no pagan ni un centavo. Así lo pueden atestiguar pacientes de alto costo por patologías como cáncer, VIH, trasplantes o politraumatismos.
Que lo diga el camarógrafo de un canal de televisión de Medellín que estuvo en UCI más de 200 días por covid severo y no tuvo que pagar nada por una cuenta que ascendió a más de 1.500 millones de pesos.
Otra cosa es que se corrijan y mejoren las fallas de un sistema que se ha pulido día a día en los 30 años que lleva funcionando. La gente se queja, principalmente, de las filas para hacer trámites y de las demoras para las citas con especialistas y los procedimientos, así como antes se quejaban de la entrega de medicamentos, que ha mejorado mucho y hoy se hace en buena parte a domicilio.
Es decir, mejorar es posible y medible, tanto en el sector público como en el privado, porque lo ideal es que el sistema de salud sea mixto y que sea solidario. Si las citas se demoran —cosa que ocurre en todo el mundo— es, en gran medida, porque no hay suficientes especialistas, lo cual no se soluciona estatizando el sistema y nuestras excelentes academias de Medicina, y mucho menos importando médicos cubanos graduados a trancazos en cuatro semestres, en universidades donde prima el atraso tecnológico y científico.
Así mismo, muchos procedimientos se demoran por razones que un proyecto estatizador no va a corregir en lo más mínimo. En un pueblo sumido en el atraso, donde no hay agua potable, ni escuela, ni puesto de salud, no puede pretenderse que se instale un tomógrafo computarizado o un acelerador lineal para radiocirugía. Por eso es más fácil solicitar un procedimiento en Medellín que en Quibdó, y las EPS envían a los pacientes de las regiones pobres y alejadas a sofisticadas clínicas donde comparten sala de espera, codo a codo, con gente de esa que Petro llama «oligarcas».
La revista chilena América Economía publica el ranking de las 60 mejores clínicas de Latinoamérica. El último es de 2021, tras la pandemia. De 61, casi la mitad son colombianas (26), 10 de Medellín. La otra mitad se la reparten diez países, encabezados por Brasil, México y Argentina. Sobra decir que de Cuba no hay ninguna. Son clínicas modernísimas con todos los adelantos tecnológicos que más parecen de una serie gringa de televisión: habitaciones con camas eléctricas, múltiples monitores de signos vitales, sensores de ambiente, cómodos muebles para acompañantes, etc. Incluso, muchas cuentan con helipuerto para recibir pacientes que son remitidos desde regiones inaccesibles y apartadas. A lo película.
Este país ha avanzado en salud a pasos agigantados. Y lo ha hecho en mayor parte por capitales privados —incluso extranjeros— que se han puesto al servicio de todos para ponernos al nivel de un país desarrollado. El banquero que Petro amenaza y ofende en sus discursos, Sarmiento Angulo, se gastó 1,3 billones de pesos de su bolsillo para construir un moderno centro de atención del cáncer en el que puede tratarse cualquier colombiano porque el sistema paga. Un sistema que ha alcanzado la virtud de cubrir casi cualquier cosa sin que el paciente y su familia se vean obligados a vender un ojo o a endeudarse de por vida.
No hay duda de que hacer salud preventiva sería excelente, pero Petro ya lo intentó en su paso por la Alcaldía de Bogotá y fracasó estrepitosamente. Sin embargo, se podría implementar como un complemento de lo que ya tenemos, no como un sustituto. En cambio, destruir un sistema que va bien y tiene visos de mejorar cada vez más, es un verdadero crimen porque los muertos que acarreará esta loca osadía serán muchos, y entre ellos estará el gobierno de Petro, a quien el descrédito ya no le alcanza para convocar a marchas y lanzar amenazas desde un balcón. Es que con la salud no se juega.
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