Los presidentes que favorecen a los narcos pueden ser extraditados
Eduardo Mackenzie
El gobierno Petro quiere « concentrar » los grupos armados que acepten negociar la paz
Le Figaro, Paris
Con AFP
Traducido y adaptado por Colombian News
10 de febrero de 2023
La política de “paz total” de Petro es fuertemente criticada por la oposición de derecha, que ve en ella una “apología del crimen y la impunidad”. El gobierno colombiano quiere “concentrar” en zonas geográficas especiales a los grupos armados que acuerden negociar la paz, explicó el jueves 9 de febrero el ministro de Defensa. “La concentración es el mecanismo más efectivo para evitar que (los grupos armados) continúen realizando actividades delictivas. Si realmente quieren deponer las armas, estas organizaciones deben aceptar la concentración”, declaró en una radio local el ministro Iván Velásquez.
Política de “paz total”
El presidente Gustavo Petro, quien en el verano de 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país, tiene como objetivo implementar una política de “paz total” destinada a desarmar a la guerrilla y otros grupos armados que operan en varias provincias del país, como narcotraficantes y bandas criminales. Quedan por definir muchos aspectos de esa “paz total”, mientras que la mayoría de esos grupos armados están vinculados al lucrativo narcotráfico, y compiten entre sí por el control de territorios y rutas de la droga. “Lo más probable es que (la concentración) se haga en diferentes áreas dependiendo de los espacios que históricamente han ocupado estas organizaciones”, explicó Velázquez, quien destacó que aún es “un tema de discusión”.
Hay negociaciones en curso entre el gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) guevarista, el último grupo guerrillero constituido que permanece activo en el país. El 13 de febrero, las dos partes iniciarán una segunda ronda de conversaciones en México, luego de las celebradas en Venezuela. Grupos disidentes de las FARC (guerrilla marxista que firmó la paz en 2016) y otros dos grupos narcotraficantes y paramilitares -el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada- han acordado hasta ahora un alto el fuego bilateral con las fuerzas de seguridad. En particular, el gobierno ha iniciado conversaciones con el “estado mayor central”, facción disidente de las FARC, grupo con el que Bogotá ha firmado un “protocolo” que prevé la entrega de datos de contacto para evitar “enfrentamientos” con el ejército.
Cambiar de enfoque
“El ‘estado mayor central’ debe proporcionar las ubicaciones, las coordenadas amplias de los lugares que tradicionalmente han ocupado (…) y estos espacios no pueden coincidir con el tránsito de la droga, los laboratorios”, porque las fuerzas de seguridad seguirán en la lucha contra la droga tráfico, subrayó al respecto el ministro de Defensa. “Pero de la georreferenciación hay que pasar a la concentración”, insistió. Bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), el gobierno había desmilitarizado 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante negociaciones previas con las FARC, que finalmente fracasaron y terminaron fortaleciendo a este grupo. La política de “paz total” de Petro es fuertemente criticada por la oposición de derecha, que ve en ella una “apología del crimen y la impunidad”.
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Los presidentes que favorecen a los narcos pueden ser extraditados
Colombian News
10 de febrero de 2023
Anne Milgram, la nueva directora de la DEA (Administración para el Control de Drogas), declaró esto en una conferencia de prensa, el 21 de abril de 2022: “Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los carteles de la droga. Si usted toma dinero de drogas para ser elegido presidente, si acepta sobornos de carteles de la droga, si trafica con drogas mortales, si protege a los carteles criminales de la droga, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los carteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerlo responsable de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado.”
Lo que dijo ella fue respaldado por hechos. La nueva directora de la DEA hizo la importante declaración poco después de que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, fuera extraditado a Estados Unidos. El 21 de abril del 2022, la DEA y otras agencias del departamento de Justicia de Estados Unidos, lograron, en efecto, la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por narcotráfico y posesión de armas. El ex presidente había terminado su mandato el 22 de enero de 2021. El 14 de febrero de 2022, el gobierno norteamericano pidió la extradición de Hernández por delitos de narcotráfico. Un día después, Hernández fue capturado en su domicilio tras un fuerte despliegue policiaco. La extradición fue ratificada el 28 de marzo y el 21 de abril de 2022 Hernández fue subido a un avión en dirección de Estados Unidos.
Desde el 28 de junio de 2022, cuando prestó juramento ante el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, Anne Milgram es la nueva directora de la DEA. Su nombramiento fue anunciado por el presidente Joe Biden desde abril de 2022, en relevo de los interinos Timothy Shea, en el cargo durante el final de la administración de Donald Trump, y de Christopher Evans, designado durante los primeros cinco meses del gobierno de Biden. La confirmación de Anne Milgram por el Senado fue anunciada el 24 de junio de 2022.
Milgram está ahora al frente de más de 10 mil funcionarios incluidos, entre otros, casi 5 mil agentes especiales y 800 analistas de inteligencia. Comandará 239 oficinas divididas en 23 divisiones en Estados Unidos y 91 oficinas en el extranjero repartidas en 69 países. La sede de la DEA está en Arlington, Virginia, muy cerca del Pentágono. Anne Milgram es una jurista experta en temas de seguridad. Entre 2007 y 2010, se desempeñó como fiscal general de New Jersey, donde dirigió el Departamento de Leyes y Seguridad Pública. También fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Video de la declaración de Anne Milgram:
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El metro de Bogotá: un retrato de Petro
El Colombiano, Medellín
Editorial
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/el-metro-un-retrato-de-petro-HC20336212
10 de febrero de 2023
La terquedad de Petro revela rasgos de su personalidad que pueden llegar a ser complicados para el bienestar del país.
Si se fuera a hacer un estudio de caso del gobierno de Gustavo Petro tal vez el tema del Metro de Bogotá podría ser el más rico en detalles para entender el talante y la manera de proceder del gobernante. Ya han pasado más de tres años desde cuando un consorcio chino se ganó la construcción del metro elevado de la capital y de repente, ahora, el presidente de la República sale a decir que no sigan por donde van porque hay un cambio de planes y la obra va a ser otra.
El cambio es a todas luces descabellado. En Colombia la Ley 80 no permite hacer una transformación de ese tipo en una obra en ejecución. Una vez abierta esa caja de Pandora de los líos legales no se sabe nunca cuándo vuelve a andar la obra: quedará suspendida en el espacio-tiempo del Macondo legal quién sabe hasta cuándo. En el mejor de los casos, el Estado colombiano podría pasarse 5 o 10 años en tribunales tratando de remediar el deseo -por no decir, capricho- del gobernante. ¿Qué pasará con las calles de Bogotá, esperando con sus venas abiertas, un cambio en el contrato? Que alguien por favor lleve al presidente Petro a recorrer la Ruta del Sol y verá cómo la ha afectado el haber liquidado el contrato con Odebrecht, en una obra que ya está construida.
Por no hablar de cuánto más costaría. Los chinos, a pedido de Petro, le plantearon cinco escenarios económicos, y la conclusión es que el antojo valdría de 7 a 17 billones de pesos más, es decir, se podría llevar casi una reforma tributaria. A los chinos por supuesto no les fue bien porque no le dijeron a Petro lo que él quería oír. El presidente entonces ha decidido que va a hablar con los chinos en la China para ver si con ellos sí se entiende. Entre otras cosas, el presidente está convencido de que los chinos van a estar tan interesados en construir el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, que hasta le pueden dar de ñapa el cambio en el metro. Pero esa es otra historia.
Más allá de lo que puede convertirse en un gran descalabro que implicaría aplazar la ilusión de los habitantes de Bogotá de tener un sistema de transporte pesado que les ayude a aliviar esa tortura gota a gota que son los tacos de Bogotá, la terquedad de Petro revela rasgos de su personalidad que pueden llegar a ser complicados para el bienestar del país. En particular, lo que recientemente estudiosos han catalogado como el síndrome de Hubris, que se refiere a quienes en un alto cargo desarrollan una arrogancia extrema, una confianza excesiva en sí mismos, junto con unas formas despectivas de comportamiento que los lleva “a comportarse de manera impulsiva, pudiendo llegar a ser incluso destructivos”.
No de otra manera se puede explicar esa insistencia en que sí y solo sí el metro de Bogotá puede ser subterráneo. Hay quienes tratando de encontrar un punto medio le han preguntado: ¿Por qué no termina este tramo como ya está planeado y adiciona otros kilómetros subterráneos? ¿O por qué no deja como está planteada la primera línea elevada y la segunda diseñada por Claudia López subterránea? El capricho de Petro es más evidente teniendo en cuenta que en muchas ciudades del mundo hay tramos elevados y tramos subterráneos del metro. El de Medellín, por ejemplo, es elevado y ha sido por muchos años solución modelo de transporte.
Petro parece ver el mundo en blanco y negro y quiere evitar a toda costa que un proyecto promovido por quienes él considera sus enemigos triunfe. Si eso implica afectar el bienestar de la gente no parece importar. El caso del Trasmilenio en Bogotá es prueba de ello: en su Alcaldía intentó echarlo a perder, al punto de que lo dejó con un déficit imposible de recuperar y con buses que parecían chimeneas ambulantes. El presidente Petro parece que no supera el hecho de que el metro que se va a hacer en Bogotá es el que dejó diseñado el exalcalde Enrique Peñalosa.
Todo político que llega a la Presidencia de la República busca dejar un legado. En particular aquellos que tienen tan alta percepción de sí mismos que los lleva a considerar que su nombre debe quedar registrado en letras de molde en la historia. “Yo quisiera que la historia me recordara como el hombre que hizo la paz en Colombia”, decía en su momento, por ejemplo, Juan Manuel Santos. Pero muchas veces las cosas salen al contrario y la historia termina recordándolos no por lo bueno que hicieron sino por lo malo que propiciaron. Gustavo Petro está corriendo un alto riesgo de pasar a la historia como el presidente que dejó a Bogotá sin metro. Su propuesta de ponerlo bajo tierra puede terminar enterrándolo.
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Los indecisos abundan en el Congreso y enredan las cuentas del gobierno
El Colombiano, Medellín
10 de febrero de 2023
Mayoría de bancadas no tiene certeza, a la fecha, sobre reformas de Petro como la de salud. Partidos como el Conservador, Liberal y La U tendrán ‘retiros espirituales’ para conocer a fondo las reformas, pero Cambio Radical asegura que no ha tenido espacios de ese estilo.
Esta semana partidos que son aliados estratégicos del Gobierno en el Congreso como el Conservador y el Liberal tuvieron fuertes discusiones internas con un ruido de fondo de incertidumbre por las ambiciosas reformas que tratará de tramitar el presidente Gustavo Petro en los próximos días, empezando por la de salud, que está previsto que se radique el lunes.
En el caso de los godos, el pasado miércoles estalló un intento de rebelión contra el senador Carlos Andrés Trujillo, a quien congresistas y altos directivos conservadores cuestionan por su aparente posición ‘servil’ a los intereses del Gobierno Petro, y entre las críticas se mencionó la poca certeza que hay en torno al contenido de fondo de las reformas que el Jefe de Estado quiere hacerle al sistema de salud, pensional y laboral. Mientras tanto, en las toldas del liberalismo el que asumió los cuestionamientos fue su saliente director, César Gaviria, quien advirtió a los congresistas liberales que la propuesta de reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho sería adversa para el país, por lo que pidió “no votar a ciegas” las reformas petristas.
Reforma a la salud de Petro no termina de convencer en el Congreso: los indecisos son la mayoría. Esta conflictiva situación política dejó en evidencia que las reformas sociales por las que Petro pidió a sus seguidores volcarse a las calles el 14 de febrero a manifestar su “apoyo popular” no terminan de convencer y han puesto a titubear incluso a dos de sus aliados más claves en el Congreso.
Se enredan votos del Gobierno
En la Casa de Nariño el Presidente y su ministro del Interior, Alfonso Prada, están en la tarea de agarrar sus calculadoras para hacer las cuentas del respaldo virtual con el que contarían en el Congreso, ya que mientras iniciaban las sesiones extra que Petro citó vía decreto fue creciendo un manto de dudas frente a las reformas que no es exclusivo de liberales y conservadores.
Este diario consultó a voces de diferentes bancadas y corroboró que hay un escepticismo latente que a la fecha impide que algunos partidos tengan una posición clara frente a las reformas de Petro, por lo que en este momento predomina la indecisión a la hora de votar esas iniciativas. El Gobierno, por su parte, emprendió ‘retiros espirituales’ para tratar de acabar con esas dudas y convencer a sus aliados. Uno de los asuntos que más puso en duda los apoyos a Petro en el Legislativo fue el conflicto interno de los conservadores, en el que se dejó claro que a pesar de ser partido de la coalición de gobierno, se contempla la posibilidad de no respaldar la reforma a la salud si no se hacen la claridades necesarias. Esta es una situación delicada para el Gobierno porque los godos tienen 33 votos en Cámara y 13 en Senado.
A esta indecisión se le sumarían las 26 curules que los liberales tienen en Cámara y 13 en el Senado, que todavía no está claro que respalden a Petro por las dudas que expuso su máximo jefe; y a este grupo de indecisos se suma el Partido de la U, que tiene 10 votos en Senado y 16 en Cámara y cuya directora, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reforma la salud debe “construir sobre lo construido” sin poner la salud en juego. Entretanto, en la lista de la Alianza Verde - Centro Esperanza (13 senadores y 17 representantes) predomina una posición distante hasta tanto no se conozcan más detalles de las reformas y en medio está la reforma política que los puso a pelear con el petrismo; mientras que en Cambio Radical (11 senadores y 18 representantes) predomina el descontento frente a las reformas y aseguran que el Gobierno no los ha buscado para ofrecerles un ‘retiro’ para informarlos.
Del lado del Gobierno están fijos los 20 votos del Senado y 27 de la Cámara del Pacto Histórico y los 10 que tiene el partido Comunes –antes Farc– en ambas corporaciones, mientras que los que tienen claro que no respaldarán estos proyectos reformistas son los integrantes del Centro Democrático, quienes tienen 13 votos en Senado y 16 en Cámara. Así las cosas, a la fecha el Gobierno tendría el virtual respaldo de solo 28 senadores, 17 en contra y 61 indecisos, por lo menos hasta que dé más tranquilidad de sus reformas, mientras que en la Cámara contaría con 37 representantes fijos, 17 en contra y 134 todavía siguen sin definir su postura al respecto.
Un representante le dio ‘aire’ a Trujillo en el partido Conservador
Una de las disputas que quedó abierta y que le interesa al Gobierno fue la que se registró en el Partido Conservador, donde un ala que respalda a Efraín Cepeda pidió la salida de Carlos Andrés Trujillo de la Dirección. En esta rencilla se registró un particular movimiento que desequilibró las cargas para Cepeda y que le fue útil a Trujillo, pues el representante a la Cámara y miembro del Directorio Conservador, Héctor Mauricio Cuellar, primero firmó (el 7 de febrero) la carta que respaldaba la nueva dirección a cargo de Cepeda y luego firmó (el 8 de febrero) la que pidió mantener como director al político antioqueño. El cambio de decisión de Cuellar dejó las cargas empatadas con 9 votos para cada uno y se espera que el próximo 15 de febrero se tome una decisión definitiva.
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Petro y su visión del pasado de Siloé
Por Eduardo Mackenzie
Rebelión en la Granja, Madrid
La Linterna Azul, Bogotá
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/petro-y-su-vision-del-pasado-de-siloe/
Para Rescatar el Porvenir, Caracas
3 de febrero de 2023
En su discurso de Cali, en un mitin el 28 de enero pasado con jóvenes y empresarios del grupo “Compromiso Valle”, el presidente Gustavo Petro contó una historia extraña sobre la comuna de Siloé. Dijo que él había estado allí en 1985, “en vísperas de un momento muy difícil” y que él había sido “un joven del distrito de Aguablanca” (¿?). “En aquel entonces, prosiguió, hubo [allí] una masacre de jóvenes de aquel entonces” (sic). Añadió que ellos [el M-19] habían hecho “campamentos de paz”, y que la “respuesta [del gobierno] a esa juventud fue una masacre, aun no bien contada, de trincheras y de un enfrentamiento armado prácticamente en cada calle de Siloé entre esa juventud y el Estado”.
Masacre y enfrentamiento armado son dos cosas diferentes y hasta opuestas. Masacrar es matar salvajemente y en masa personas sin defensa y en situación de inferioridad. Masacrar es sinónimo de exterminar. Luego, Petro mezcla términos no equivalentes para confundir a su auditorio.
Según él, tal “masacre” llevó a “la disolución de lo que era la ilusión de la paz”. Petro admitió que la paz había sido hecha después “pero sobre la base de una lucha popular (…) que dejó a muchísimas personas enterradas”. Y concluyó: “ahora la historia parece repetirse”. Tal fue su preámbulo para abordar el tema del llamado “estallido social” de 2021.
En esa curiosa evocación, imprecisa y sin rigor, Gustavo Petro omitió hechos esenciales. De haberlos tenido en cuenta ellos habrían desbaratado su acostumbrada narrativa. Según ésta, la fuerza pública, en 1985 y después, incluso hasta hoy, no cumple sino una sola función en la sociedad colombiana: entrar a las regiones, distritos, barrios, ciudades y universidades para atacar y matar sin razón ni piedad a los jóvenes indefensos.
Esa visión demente del nuevo mandatario colombiano es, sin embargo, muy útil para sus minorías fanatizadas. Con ella logra captar la atención e impresionar, con relativo éxito, a una población estudiantil y universitaria que ignora qué era y que atrocidades cometía, en esos años, y sin el menor escrúpulo, el M-19 y las otras organizaciones dependientes de Moscú, La Habana y Pekín.
Siloé es un barrio de la Comuna 20 que tiene cerca de 95 000 habitantes. Una televisión francesa describía así a Siloé hace dos años: “Ubicado en una ladera, con muchos callejones sin salida y una historia de violencia y pobreza, Siloé es uno de los barrios de Cali que ha puesto muchos de los muertos de los 14 días de protestas” en 2021.
Otro periodista, Juanjo Herranz, en un artículo de 2022, estimó que Siloé es “el barrio más peligroso de Colombia” que tiene “uno de los índices más altos de pobreza del país”. “Hay problemas con el sistema de basuras, de alumbrado, de alcantarillado. Hay una atención escolar y sanitaria precaria. Hay que bajar de la montaña para ir al hospital, al mercado o a la universidad”. Empero, Herranz elogió a Siloé por “las numerosas iniciativas que nacen en el barrio”, como el turismo comunitario y el Museo Popular de Siloé “que lleva más de veinte años recogiendo la memoria del barrio” y por tener un teleférico, inaugurado en 2015, que “facilita la movilidad entre el valle y el farallón”.
La visión que dio Petro de Siloé es otra cosa, es unilateral e instrumental. Su visión sólo busca alimentar el odio, el resentimiento y la violencia. Lo que Petro no dijo es que Siloé, cuando él pasó unos días por ese sector, era ya una barriada atormentada tanto por unos 20 grupos de delincuencia común, como por guerrilleros variopintos que bajaban de la sierra para esconderse o para proyectar acciones contra Cali o para atacar a la fuerza pública con francotiradores desde la parte alta de esa zona.
Aprovechando las ventajas de ese terreno y la escasa o nula vigilancia policial, el M-19, se creó allí, desde comienzos de la década de 1980, una especie de baluarte disimulado para disponer de escondites, reunir armas, reclutar menores y excavar “cárceles del pueblo”. Herranz, admite que en Siloé “el M-19 tuvo un cuartel permanente con 18 milicianos”, que estos disponían de “casas de seguridad” y habían establecido “rutas de escape”. “Perseguirlos por este meandro laberíntico resultaba imposible”, recuerda.
Aunque Petro conoce perfectamente esas historias, él disfrazó, 38 años después, esa implantación del M-19 en el mitin del 28 de enero. Calló obviamente otro hecho vergonzoso del “campamento de paz”. A mediados de 1985, Iván Marino Ospina, un dirigente del M-19 que había sido un guerrillero de las Farc, inventó una nueva arma para el M-19: reclutar niños abandonados y errantes de Bogotá (los llamados “gamines”) y de otras ciudades del país para comprometerlos en acciones armadas. Ese drama fue conocido pues dos niños de Siloé, desertores, le contaron a la agencia AFP la historia secreta de esa abyecta maniobra, del pago de salarios ridículos a esos niños y del uso de esos menores en operaciones de vigilancia. (Ver el cable de la AFP del 10 de julio de 1985).
Cuando el presidente colombiano cuenta que en 1985 hubo un “enfrentamiento armado prácticamente en cada calle de Siloé entre la juventud y el Estado”, oculta el dato principal: que ese enfrentamiento no ocurrió entre “la juventud de Siloé y el Estado”, sino entre los guerrilleros y las bandas de derecho común, de un lado, y las fuerzas del orden, del otro. Y que ese combate, que se saldó con 19 muertos (4 uniformados, 4 milicianos y 11 “civiles”) y 40 heridos, si uno tiene en cuenta el contexto de entonces, estaba plenamente justificado. La operación “Cali, Navidad limpia”, buscaba recuperar el control del barrio en manos del M-19, restablecer el orden público y la seguridad para sus habitantes.
Esa refriega comenzó el 30 de noviembre de 1985, tres semanas después del ataque del M-19 al palacio de justicia de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985. En vista de la peligrosidad demostrada por ese grupo terrorista, financiado por Pablo Escobar, el Ejército desató una ofensiva nacional. La operación en Siloé buscaba darle a Cali nuevos márgenes de seguridad. Fue pues un acto necesario y heroico de la fuerza pública. Petro quiere borrar de la memoria nacional esos hechos.
El cobarde e implacable asalto terrorista contra el Palacio de Justicia acabó con la vida de gran parte de los magistrados más importantes de Colombia y de decenas de empleados y destruyó los archivos judiciales. Esa atrocidad fue la que realmente acabó con “la ilusión de la paz”. Con ese asalto, el M-19 quiso poner fin al gobierno de Belisario Betancur: quería derribar al mandatario mediante un grotesco “proceso” desde ese edificio por no haber hecho lo que esa banda le había exigido. Belisario Betancur --el mismo que, en noviembre de 1982, mediante una escandalosa amnistía, había permitido que salieran de la cárcel, sin condición alguna, 80 miembros del M-19, entre ellos seis de sus más peligrosos jefes, era el mismo que había instalado, a finales de 1984, la “Comisión de Diálogo” y sus 10 mesas de trabajo--. El presidente no tuvo más salida que ordenar al Ejército y a la Policía el rescate de los rehenes y del edificio en una operación sin cuartel.
La colonización de Siloé por parte del M-19 en los años 80 agravó todos los problemas del barrio y empeoró la insularidad, miseria y amargura de esa comunidad. El M-19 no ayudó a la población en nada, la utilizó descaradamente y no la liberó del crimen. En sólo el primer trimestre de 1995, Siloé registró 19 homicidios, la cifra más alta de los barrios de Cali, según el programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz). Entre 2001 y 2015, en la Comuna 20, de la que hace parte Siloé, hubo 1.606 asesinatos. Y la detestable semilla que dejó, siguió mostrando su poder disolvente hasta el llamado “estallido social” de 2021.
Durante los alzamientos organizados por la CUT y el movimiento de Petro, de 2020 a 2022, en Siloé hubo graves disturbios, muchos actos vandálicos y balaceras donde las fuerzas del orden tuvieron que encarar las milicias del Eln y de las Farc, así como gente del ex M-19 y la delincuencia común. Al borrar esos hechos, Gustavo Pedro tiene la desvergüenza de mentir y predicar el odio contra los gobiernos anteriores y contra las fuerzas del Estado que están ahora bajo su mando.
La propensión de Petro a exagerar y a usar la mentira como arma viene de lejos. En septiembre de 2007, le reveló esto a la periodista María Jimena Dussán: “Aprendí que la noticia como tal es una mercancía que necesita del escándalo como ingrediente. Entonces me dí a tarea de fabricar escándalos” (1).
Ni lo del 1 de diciembre de 1985, ni el “estallido social” de 2021, fueron “movilizaciones sociales”, ni “protestas pacíficas”, ni “masacres” realizadas por un “gobierno criminal”, como la extrema izquierda intenta hacerle creer a sus clientelas.
Como tampoco es cierto que él, Gustavo Petro, sea un buen gobernante, un viejo sabio que está más allá del bien y del mal, un amigo del “diálogo” con la juventud que es “masacrada” por el Estado colombiano.
Tampoco fue un embrión de “guerra civil”, ni de “guerra étnica”, en donde “la élite blanca” se dedicó a matar “a los negros”. Lo que dice Petro es racista y racialista, de una indecencia chocante y de una irresponsabilidad fuera de lo común. Pero es coherente con su moral respecto de la verdad.
(*) Eduardo Mackenzie es el autor de La Crisis Colombiana del Año 2022 (Ediciones Gato Azul, Bogotá, 2022) y de Colombia el terrorismo nunca fue romántico (Cangrejo Editores, Bogotá, 2021).
(1).- El Tiempo, Bogotá, 25 de septiembre de 2007.
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Por temor, médicos jóvenes abandonaron Puerto López y Puerto Claver
Blu Radio, Bogotá
9 de febrero de 2023
Los continuos enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en la zona serían la causa de la salida de los estudiantes, según la Personería de El Bagre. A través de una acción de tutela, tres estudiantes de medicina que se encuentran cumpliendo su año rural en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, en el Bagre, Bajo Cauca antioqueño, pidieron al Estado garantizar su vida y que no sean obligados a presentarse a los centros de salud, debido a que temen quedar en medio de los continuos enfrentamientos entre grupos armados.
A inicios de esta semana, el cuerpo de una persona que habría muerto en medio de enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo fue abandonado a las afueras de la I.E. del corregimiento de Puerto López, lo que sembró más terror en la población y llevó a las directivas de la escuela a programar las clases de forma semipresencial. "Los estudiantes manifiestan que no están dispuestos a prestar los servicios de salud en los corregimientos, incluso han presentado acciones de tutela. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en nuestro municipio, especialmente, en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver", indicó el personero de El Bagre, Juan Gabriel Rodríguez. A esto se suma la alerta que ha generado la empresa de suministro de gas domiciliario en estos dos corregimientos, que manifiestan que se verá interrumpido si la situación de orden público no mejora.
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Extrema izquierda peruana se desmorona con la condena a Cerrón
Por Gabriela Moreno
Panam Post, Miami
https://panampost.com/gabriela-moreno/2023/02/08/izquierda-peruana-condena-a-cerron/
8 de febrero de 2023
La extrema izquierda peruana está quedando huérfana con el fallo del Sexto Juzgado Penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos de Junín que impuso una condena de cuatro años de prisión efectiva al secretario general del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras comprobar colusión en el contrato para la construcción del aeródromo Wanka durante su mandato regional en 2011. Perú Libre es el partido abiertamente marxista del expresidente destituido Pedro Castillo y de Cerrón como mentor del primero.
La instancia a cargo del magistrado Guido Arroyo cndenó a Cerrón por no haber considerado el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la licitación del proyecto y le impuso una multa de 2 millones de soles, monto equivalente a 520.000 dólares. Además, Cerrón estará inhabilitado para optar a cargos públicos, no podrá salir del país y tendrá que presentarse ante el Ministerio Público cada semana, mientras una segunda instancia confirma el fallo establecido por el juez Arroyo. La sentencia también recae sobre otros dirigentes de Perú Libre: Aldrín Zárate, quien fungía como gerente de Desarrollo Económico de Cerrón; Mercedes Carrión, exjefa de asesoría jurídica y Luis Arauco, exdirector regional de Transportes.
Otros incluidos son Serafín Blanco, Luis García y Nataly de la Vega en calidad de cómplices contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y el Gobierno Regional de Junín. Con la condena a Vladímir Cerrón y otros dirigentes de su partido así como con la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar perpetrar un golpe de Estado alterando el orden constitucional e institucional, se desmorona la izquierda peruana que había intentado resurgir con Perú Libre, el partido abiertamente marxista que llevó al poder a Castillo con Cerrón como su mentor para ese entonces.
Articulo completo: https://panampost.com/gabriela-moreno/2023/02/08/izquierda-peruana-condena-a-cerron/
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La justicia condena a Hidalgo por no entregar sus notas de gastos de función a un periodista
Por Arnaud Dauphin
IREF Europe, Paris
Traduccion de Colombian News
9 de febrero de 2023
Si a Anne Hidalgo le encanta derrochar el dinero de los contribuyentes, siempre intenta hacerse discreta sobre el importe de sus gastos de locura. En efecto, desde 2018, la alcaldesa socialista de París se niega a comunicar sus cuentas de gastos de función al periodista neerlandés Stefan de Vries, que las reclamaba para publicar un artículo sobre los gastos del municipio en 2017, año en que París fue designada ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2024, y durante el cual Hidalgo multiplicó sus desplazamientos en el mundo.
El miércoles 8 de febrero de 2023, es decir, cinco años después de la solicitud de las cuentas de gastos, el Consejo de Estado finalmente condenó a Anne Hidalgo por su mala voluntad que contribuyó a obstaculizar el trabajo del periodista. Una decisión que confirma la ya dictada en 2021 por el Tribunal Administrativo de París. El más alto tribunal administrativo ordenó a la alcaldesa socialista que reexaminara la petición del periodista (por lo demás afiliado a Europe Ecologie Les Verts) «en el plazo de un mes» y condenó al ayuntamiento de París a pagarle al periodista 3.000 euros por gastos de procedimiento.
En su sentencia, el Consejo de Estado recordó que la «comunicación de los documentos solicitados, que se refieren a la actividad de la alcaldesa de París en el marco de su mandato y de los miembros de su gabinete en el marco de sus funciones, no puede considerarse que ponga en entredicho la vida privada de estas personas». La justicia precisa que esos documentos deben seguir siendo «comunicables a toda persona que los solicite». Esperemos que esta decisión judicial suene como una llamada al orden para la madre del desorden parisino, que endeuda sin escrúpulos la capital y se queja eternamente de no tener nunca suficiente dinero de los parisinos para gastar, ilustrando así la naturaleza nociva del gasto público que tan justamente denunciaba el premio Nobel de economía Milton Friedman.
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Izquierda europea: porno en el recinto y cocaína con dinero de los contribuyentes
Por Marcelo Duclos
Panam Post, Miami
9 de febrero de 2023
Esta semana dos ahora exlegisladores europeos, uno en Reino Unido y otro en Serbia, dieron la nota por su bochornoso comportamiento.
En América Latina es común enterarse de algún escándalo de un diputado, que tiene que abandonar su cargo en medio de un papelón nacional. Las cuestiones vinculadas al sexo y a la malversación de los fondos públicos disponibles, suelen ser denominadores comunes de muchos políticos que no honran sus labores legislativas. Sin embargo, en el viejo continente estas situaciones también suelen ocurrir bastante seguido. Esta semana, un diputado socialista de Serbia y un laborista británico también dieron la nota por cuestiones bochornosas. Uno por mirar porno en el recinto y el otro por comprar cocaína con fondos públicos. Uno tuvo que renunciar. El otro, directamente terminó preso.
Zvonimir Stevic era hasta hace unos días un parlamentario de la bancada del Partido Socialista de Serbia. Sin embargo, tuvo que dejar su curul luego del escandaloso hecho, que le generó el mote de “diputado hot” en su país. Su última sesión como legislador era de importancia para la opinión pública. Es que se trataba, nada más y nada menos, que de varios asuntos vinculados al conflicto de Kosovo. Stevic, de 65 años estaba muy atento a lo que veían sus ojos. Sin embargo, lo que monopolizaba su atención no era la discusión parlamentaria ni mucho menos. Una grabación que lo tomó desde arriba corroboró que el diputado socialista estaba absolutamente concentrado viendo en su teléfono como una joven le realizaba sexo oral apasionadamente a un hombre.
Como corroboró la filmación viralizada, el legislador no levantó ni un segundo la mirada hasta que no terminó la clásica secuencia porno de la tradicional escena de felación que estaba apreciando al momento. Luego de la repetida imagen del género (con la actriz recibiendo gustosa la “descarga” de su contraparte, la que se frotó por su cara y pechos como si se tratara de crema humectante para la piel), el diputado socialista fue por más. Sin siquiera levantar la cabeza hacia la discusión parlamentaria, aunque sea para disimular, Stevic comenzó a buscar desesperadamente otro video para seguir mirando pornografía. Finalmente, él también acabó…dimitiendo.
El peligroso coctel de cocaína, alcohol y… fondos públicos
Esta mañana, en Londres también el personaje de la jornada fue otro exlegislador impresentable. Jared O’Mara, de la bancada laborista, fue condenado a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos. El exlegislador, con los fondos públicos que pasaban por su despacho, se dedicaba a pagar por sus excéntricos vicios: cigarrillos de los mejores, carísimas bebidas alcohólicas, pero, sobre todo, mucha, mucha cocaína. El fraude lo realizaba mediante la falsificación de recibos y boletas de gastos ficticios. Una vieja herramienta bien conocida por el expresidente argentino Amado Boudou. Claro que, aunque los políticos pueden hacerse de recursos fáciles con este engaño, todo queda en evidencia ante una simple auditoría que corrobore la veracidad de las operaciones con los proveedores. El juez que lo condenó le dijo a O’Mara que él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era fraude y que su comportamiento era absolutamente racional y “deshonesto”. Incluso le cuestionó que llegó a utilizar su diagnóstico de autismo, para malversar fondos públicos para comprar cocaína y alcohol.
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