La Fiscalía y la Procuraduría contra los abusos judiciales de Petro
Eduardo Mackenzie
La Fiscalía empapeló a jueza que dejó libres a dos “primera línea”
El Colombiano, Medellín
19 de enero de 2023
En medio de choques con el gobierno de Petro, la Fiscalía empapeló a la magistrada a que dejó libres a dos “primera línea”. Se trata de Lilyan Bastidas Huertas, la única juez que ha accedido a la petición de libertad que hizo el gobierno de Petro. La Fiscalía la llamó a interrogatorio. Hay choque entre Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello. “La paz no está por encima de la Constitución”, declaró Margarita Cabello. Ella no apoya suspender las órdenes de captura contra los llamados “voceros de paz”.
Barbosa reclamó que no pasará a la historia como quien quitó órdenes de captura a criminales. La procuradora Cabello dijo que “la paz no puede estar por encima de la Constitución” y Petro contestó que, justamente, la Constitución ordena “hacer la paz como derecho fundamental”.
Un nuevo frente de batalla se abrió este miércoles entre la Fiscalía de Francisco Barbosa y el gobierno de Gustavo Petro. Al toma y dame que vienen protagonizado por la negativa del fiscal a levantar las órdenes de captura de 16 jefes paras, ahora se sumó un llamado a interrogatorio contra la única jueza que ha autorizado libertades para los de la Primera Línea por petición de la Casa de Nariño.
Se trata de Lilyan Bastidas Huertas, quien funge como coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá y que fue denunciada por la Procuraduría tras dar vía libre a la liberación Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa. Ambos son los únicos procesados por delitos durante el paro nacional de 2021 que han recobrado la libertad al amparo de la figura de gestores de paz, pese a que el Ejecutivo ha postulado a otros 15 jóvenes para ser excarcelados.
Acogiendo los reparos formulados por el Ministerio Público, el fiscal llamó a la funcionaria a dar explicaciones. ¿La razón? Según el ente que dirige Margarita Cabello, tuvo que haber sido un juez de control de garantías y no la jueza Bastidas quien firmara las órdenes de libertad de los jóvenes. Lo anterior, teniendo en cuenta que cumple un rol más administrativo que judicial. “La próxima semana se llamará a interrogatorio derivado de una denuncia penal que hizo la procuradora General. En el marco del debido proceso la jueza le deberá explicar a la Fiscalía las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó la solicitud a un juez de control de garantías”, explicó Barbosa.
Lo que desnuda la pelea
Si bien se trata de un llamado a rendir cuentas, la solicitud de Francisco Barbosa contra la juez pone en entredicho –de forma indirecta–, el aguinaldo que Petro les prometió a los integrantes de la “primera línea”.
Además de atizar la pelea que ya libra el fiscal contra Petro y los cuestionamientos a su política de “paz total”, esta actuación es también un espaldarazo a Cabello quien –en línea con otras autoridades judiciales y estamentos políticos–, se ha opuesto a la libertad de los procesados por delitos en medio de los disturbios.
Basta recordar que al formular la denuncia contra la jueza, la Procuraduría se refirió implícitamente al Gobierno y reclamó que la funcionaria actuó como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”. Más recientemente, Cabello expresó su apoyo a Barbosa al no suspender las órdenes de captura que pesan contra los 16 miembros del “clan del golfo” y de “los pachencas” que fueron reconocidos por el Gobierno como “voceros de paz”. “La paz no puede estar por encima de la Constitución”, dijo Margarita Cabello.
En respuesta, desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, Gustavo Petro manifestó que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato.
En paralelo, Barbosa concedió una entrevista radial en la que arreció en su postura y señaló que no pasará a la historia “como quien quitó órdenes de captura a criminales”. El funcionario insistió en que la negativa no es un capricho suyo y que no hay condiciones constitucionales. “Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. No voy a pasar a la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación de personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, declaró en entrevista con Blu Radio.
La génesis de las disputas
En el punto más álgido de la polémica por la libertad de miembros de la “primera línea” –que Petro también enmarcó en su “paz total”–, el mandatario intentó calmar los ánimos y, a mediados de diciembre, sostuvo una reunión con Francisco Barbosa para despejar las dudas frente a su polémico aguinaldo. “Le dije que la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces (...) No hay cheques en blanco”, sostuvo el fiscal en su momento.
No obstante, el primer revés de Petro llegó con la decisión de un juez en Popayán que en las postrimerías de diciembre se negó a ordenar la libertad de dos jóvenes a quienes el Gobierno les concedió el rol de gestores de paz: Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza. El despacho argumentó que ambos son procesados por delitos ajenos a la protesta social y se les investiga por invadir predios en el norte de la capital del Cauca.
Justo esta semana se conoció otra determinación, esta vez proferida por la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento, que se negó a otorgar la libertad a otros tres “jóvenes” (Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega).
Ante el pedido del Gobierno, la funcionaria argumentó que “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales es el juez de control de garantías”. Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía logró que fuera condenado a seis años y seis meses de prisión a Camila Botero Cardozo, una integrante del ELN “que gestionó ante los cabecillas de ese grupo” un aporte de $23 millones para financiar a las Primera Línea de Cali, Medellín y Pereira. Las decisiones de los jueces, conocidas al tenor de las peleas entre Petro, el fiscal y la procuradora, acrecientan la incertidumbre y las dudas frente al aguinaldo de Petro y siguen poniendo en entredicho su propósito de paz total.
¿En qué va la libertad de los “voceros de paz”?
De las 283 personas judicializadas por delitos durante el “estallido social” de 2021, solo 17 han sido postuladas por el Gobierno Nacional como “gestores de paz”. De ese número, solo dos han recobrado la libertad, justamente a las que dio vía libre la jueza Lilyan Jhoana Bastidas. Los nombres han sido puestos a consideración del presidente por parte de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, conformada por altos funcionarios del Gobierno Nacional. Para mitigar las críticas, la Comisión ha dicho que los nombres que han estudiado corresponden a personas “reconocidas por su liderazgo social y su trabajo comunitario”.
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La Corte Suprema envía a la Fiscalía proceso contra Gustavo Bolívar
El País, Cali
Colprensa
18 de enero de 2023
Debido a que renunció a su curul de congresista, el proceso que llevaba la Corte Suprema de justicia por la presunta financiación de la primera línea contra el libretista de televisión y escritor Gustavo Bolívar pasará ahora por la Fiscalía.
La sala de instrucción del alto Tribunal determinó que “ha perdido competencia para continuar con el trámite de la investigación adelantada contra Gustavo Bolívar” y por tanto remite el expediente al ente investigador. Gustavo Bolívar fue denunciado por los abogados Víctor Mosquera y Bernardo Jaramillo por la supuesta financiación de actos de violencia cometidos por el grupo de manifestantes conocido como 'primera línea'.
Según expresa la denuncia, los abogados tienen en su poder pantallazos de la plataforma de Vaki, la cual fue utilizada por el ex congresista para hacer una colecta y financiar al grupo durante las protestas del paro nacional. En la denuncia también se le acusa al ex congresista de comprar escudos, cascos y guantes de protección para los manifestantes de la primera línea. También aseguran que Gustavo Bolívar “es responsable de actos de violencia contra la fuerza pública y de enviar señalamientos falsos de la fuerza pública durante las manifestaciones”.
Asimismo, se aseguraba que usando de intermediario la fundación Manos Limpias, se destinaron dineros para financiar el grupo de la primera línea. Pero el mismo Bolívar, en junio del 2021, publicó sobre un oficio de la corte Suprema de Justicia sobre la decisión de negar medidas cautelares ya que “nada permitía colegir que estos recursos se destinaron a actividades ilícitas”. Ahora será la Fiscalía General quien determine el rumbo de esta investigación.
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Condenan a integrante del ELN por financiar grupos de “primera línea”
El País, Cali
Colprensa
18 de enero de 2023
Un juez condenó a seis años y seis meses de prisión a Camila Botero Cardozo, alias ‘Lucía’, integrante del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, por gestionar presuntamente 23 millones de pesos para la ‘Primera Línea’ de Cali, Medellín y Pereira.
De acuerdo con la investigación, que inició con documentos extraídos de dispositivos electrónicos encontrados en el lugar de la operación en la que murió Ángel Padilla Romero, alias ‘Fabián’ entonces cabecilla de ese frente del ELN, esta mujer además de respaldo económico también solicitó apoyo logístico y entrenamiento para esos grupos de ‘Primera Línea’, entre mayo y junio de 2021.
En esos mensajes alias ‘Lucía’ le explicaba a ‘Fabián’ que era necesario brindar instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o ‘tropel callejero’, como lo llamaba en sus escritos, para confrontar a la Fuerza Pública y generar afectaciones contra la infraestructura de transporte masivo, instalaciones oficiales y bienes privados. Durante la investigación la Fiscalía encontró también que alias ‘Lucía’ fue compañera sentimental de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’ uno de los jefes del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del ELN, quien también falleció en una operación militar en octubre de 2020.
En esa época era la encargada presuntamente de preparar los comunicados, videos y distintas grabaciones de alias ‘Uriel’ considerado como el cabecilla político e integrante del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del ELN, quien murió en una operación militar en octubre de 2020. En ese lugar las autoridades encontraron elementos que dan cuenta que ‘Lucía’ era la encargada de dar instrucción a los jóvenes reclutados que se encontraban en los campamentos; además de preparar y garantizar la difusión de los comunicados, videos y distintas grabaciones de alias ‘Uriel’. ‘Lucía’, fue condenada por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público y deberá cumplir su pena en un centro carcelario.
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Crisis por desabastecimiento por derrumbe en Vía Panamericana
Noticias CM& Canal 1, Bogotá
Con Efe
El Comercio, Quito
Con Efe
www.elcomercio.com/actualidad/mundo/cauca-derrumbe-colombia-familias-afectadas.html
16 de enero del 2023
Los habitantes del suroeste del país viven una pesadilla por el cierre de la vía Panamericana debido a un gigantesco derrumbe a la altura del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, que ha causado desabastecimiento a 64 municipios del vecino departamento de Nariño. El número de afectados por un derrumbe en el municipio de Rosas, del departamento colombiano del Cauca, se elevó este miércoles 11 de enero de 2023 a 920 personas, mientras que la Panamericana, principal carretera del suroeste del país, sigue cerrada, por lo que las autoridades tomaron medidas para atender la situación. Según la Gobernación del Cauca, son más de 920 afectados que hacen parte de 248 familias que viven en las comunidades de Santa Clara, La Soledad, Párraga Viejo, Chontaduro, Altos de las Yerbas y La Laja.
El deslizamiento, que ocurrido el pasado 9 de enero no dejó víctimas, pero sí más de 700 damnificados, borró del mapa un tramo de esa carretera que conecta con el sur del continente y es la única en esa zona en condiciones para transportar pasajeros y carga. Para sortear el tramo destruido, los conductores tienen que tomar vías alternas, como el llamado “Trampolín de la muerte”, en el departamento del Putumayo, una carretera que, además de peligrosa por los abismos y su mal estado, no es apta para vehículos pesados, lo que aumenta el tiempo de viaje en por lo menos 10 horas. A raíz de esa situación, en Cali, capital del Valle del Cauca, los precios de alimentos provenientes del sur del país, como la papa, zanahoria, pepino, leche, queso y lechuga, entre otros, han subido más de un 50 %.
Escasez de insumos y combustibles
En Nariño la crisis es peor. Miles de personas hacen fila en las gasolineras para abastecer sus vehículos, pues los camiones cisterna que llevan la gasolina y el diésel tienen que dar una larga vuelta por Ecuador para volver a entrar a Colombia. Según la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetroleo), solamente en Pasto, capital de Nariño, hay 635 gasolineras en riesgo de desabastecimiento total.
Además, en muchas casas que cocinan con gas propano han tenido que recurrir a estufas eléctricas o volver a la leña. La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) indicó que en Nariño hay 140 granjas para la cría de pollos y producción de huevos, cuyas aves necesitan diariamente 340 toneladas de alimento que no han podido llegar al departamento.
Por su parte, la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) calcula que en el primer trimestre del año los más de 20.000 agricultores del sur pueden producir hasta 600.000 toneladas de ese tubérculo que no podrán enviar al centro del país por la falta de carreteras. Lo mismo pasa con la leche, ya que la producción del sur del país, de más de 340.000 litros diarios, corre el riesgo de perderse. La vida tampoco es fácil para los pasajeros, pues la única carretera alterna para salir del suroeste hacia el centro del país y que comunica a los municipios de El Bordo y La Sierra tiene paso restringido y estará totalmente cerrada hasta el martes mientras se le hacen unas adecuaciones que permitan agilizar el tráfico.
Solución por el Océano Pacífico
El presidente de la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacífico (Atransmaflupa), Javier Torres, dijo que hay una flota de 87 barcos de cabotaje que está preparada para transportar carga, pasajeros y combustible en esta contingencia. Según Torres, estos barcos ya están haciendo recorridos por el Pacífico entre los puertos de Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca). “Estos barcos surten 16 municipios de la costa pacífica, pero ahora nuestra prioridad es Tumaco. Cada buque de cabotaje tiene una capacidad de 100 a 400 toneladas. Ya hemos llevado hasta Nariño 700 toneladas de alimentos, pasajeros y combustibles”, precisa Torres. El costo por cada pasajero es de 120.000 pesos (unos 25 dólares) para viajar en camarote que incluye desayuno, almuerzo y comida, ya que la travesía por mar dura 28 horas.
Medidas del Gobierno
Para atender la emergencia y mitigar la crisis, el Gobierno ha tomado diversas medidas, como el transporte marítimo de combustible hacia el puerto de Tumaco para desde ahí abastecer al resto de Nariño, al tiempo que hace mejoras a la carretera hacia el municipio de Chachagüí, donde está el principal aeropuerto regional, vía que también sufrió un deslizamiento el pasado sábado. El Gobierno de Ecuador, por su parte, autorizó el paso de vehículos de carga para abastecer a Nariño y garantizó el suministro de combustibles y gas a la caravana de camiones que lleva carburantes al suroeste de Colombia. No obstante, los habitantes de esa región esperan soluciones prontas al cierre de la Panamericana, única arteria vial que conecta al sur con el centro del país.
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Más de 110 personas han sido evacudas por la Fuerza Aérea por el derrumbe en Cauca
Blu Radio, Bogotá
14 de enero de 2023
Para los afectados de Rosas, Cauca, por parte de las autoridades fueron enviados más de 700 kilos de ayuda humanitaria para las víctimas.
Este sábado, 14 de enero, la Fuerza Aérea informó que, en las últimas horas, se realizaron nuevas evacuaciones en zonas aledañas al derrumbe de Rosas, Cauca. Según el reporte, lograron evacuar 22 habitantes más, con esto ya serían 116 personas trasladadas de los damnificados. Los afectados por este derrumbe siguen denunciando el robo de las pocas pertenencias que les quedaron después de la emergencia. "A mi vecino le robaron, lo poco y nada que les quedó, solo hay tierra ahí", contó Ovidio Samudio uno de los damnificados.
Además de las evacuaciones, las autoridades lograron llevar a la zona 700 kilos de ayudas humanitarias, entre mercados, agua y elementos de aseo para ser entregados en los albergues dispuestos para esta emergencia. Carlos Bedoya, otro de los afectados, en su desgarrador relato cuenta como era necesario evacuar porque el derrumbe sigue moviéndose y sus vidas ya corrían peligro. Los damnificados piden que el Gobierno nacional, los reubique pronto en las hectáreas anunciadas por el presidente Petro, pues entre más rescatan damnificados, la situación en los albergues es más difícil.
¿Qué pasó en Rosas, Cauca? Más de 800 personas damnificadas y cerca de 64 viviendas destruidas es el saldo parcial de un enorme derrumbe en la vía Panamericana, según información del presidente Gustavo Petro. Los coletazos económicos no se hicieron esperar y los departamentos cercanos se vieron perjudicados por la emergencia. Mario Guevara, subdirector del Consejo Gremial del Nariño y Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial en el Valle, hablaron En Noticias de la Mañana sobre el panorama económico tras el derrumbe en Rosas, Cauca.
"Mis perros no dudaron en rescatarme": bombera cuenta cómo se salvó de la avalancha en Rosas
Ana Cristina Martínez es una bombera de Rosas (Cauca) que asegura que sus cuatro perros la salvaron de morir aplastada por toneladas de barro y lodo en la madrugada del lunes pasado. Cuando la tierra comenzó a temblar y una avalancha arrastró más de 60 viviendas en el municipio de Rosas, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), una mujer sobrevivió gracias a las narices frías y las colas meneantes de sus cuatro perros que la guiaron hacia la supervivencia.
Se trata de Ana Cristina Martínez, una bombera de esa localidad que asegura que sus cuatro perros la salvaron de morir aplastada por toneladas de barro y lodo en la madrugada del lunes pasado. El desastre dejó más de 700 damnificados y se llevó los caseríos de Santa Clara, La Soledad, Chontaduro, La Manguita y Párraga Viejo, este último, ubicado en lo más alto de la montaña y donde vivía la mujer en compañía de su esposo.
Días antes, en sus redes sociales, Ana Cristina envió mensajes a sus vecinos avisando que algo raro sucedía en la localidad, pues los riachuelos que pasaban por el sector se habían secado de un momento a otro y la tierra se fracturaba poco a poco. Estos avisos permitieron una evacuación rápida dos días antes de la avalancha, aunque ella se quedó con su marido para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. "Esa madrugada, como hacia las 2.30, nos despertó el estruendo de una finca cayéndose. Ahí supimos que había comenzado el derrumbe y lo único que nos quedó fue salir a correr", afirma la mujer a Efe. Agrega: "Todo se caía en pedazos, no había energía eléctrica y la tierra temblaba mucho. En medio de nuestra huida me caí a un barranco de 10 metros de profundidad y mis perros no dudaron en ir a rescatarme, sentía cómo me halaban la blusa con sus trompas para que me pusiera de pie, porque la tierra se me iba a venir encima a matarme".
Con lesiones en sus pies y golpes en todo el cuerpo, la mujer se reincorporó, mientras que su esposo, Mauricio Zúñiga, buscó una salida que les permitiera llegar a un lugar seguro, pues su barrio se caía a pedazos con el paso de los segundos. Fue en ese momento en el que Malú, Bosco, Guardián y Tigre, los perros de esta familia, tomaron la delantera y los llevaron hasta un cerro donde pudieron resguardarse en medio de las tinieblas. "Cuando subíamos buscando refugio escuchábamos la tierra crujir. Las casas de nuestros vecinos ya estaban desocupadas y se escuchaban caer, era una escena aterradora, como un apocalipsis", insiste la mujer. En el momento en el que el sol salió pudieron dimensionar la magnitud del desastre. El hogar de más de 700 personas había quedado reducido a un deslizamiento que abarcaba varios kilómetros. Ana Cristina y Mauricio no podían creer el milagro de la vida.
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Nayib Bukele: los gobiernos que no combaten la criminalidad tienen un motivo: son cómplices
Revista Semana, Bogotá
18 de enero de 2023
La altísima popularidad de Bukele, que se destaca entre todos los presidentes de América Latina, se debe principalmente a la lucha contra la criminalidad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agita nuevamente las redes sociales este miércoles, al afirmar de manera contundente que los gobiernos que no combaten la criminalidad, no lo hacen por falta de capacidades. “Cuando un Gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el Gobierno”, aseguró Bukele desde su cuenta de Twitter, desde la que era inmensamente popular antes de ser presidente y la que se ha convertido en su principal canal de comunicación. Bukele tiene actualmente 4,5 millones de seguidores en Twitter, y en el país hay 6,3 millones de habitantes.
Como es usual en sus trinos, a sus más recientes respondieron muchas personas compartiendo su idea, varios de los cuales son funcionarios que hacen parte del Gobierno o pertenecen a la rama legislativa. “Bien dicho, presidente. La oposición en El Salvador lo sabe perfectamente, quieren disfrazarlo con la bandera de defensa a los derechos humanos y pretenden gritarlo al mundo. Pero cuando mataban 11.000 personas al año, callados se quedaban y vivían de ello. Son sinvergüenzas”, aseguró el diputado Edgardo Mulato en respuesta.
La guerra que ha venido llevando a cabo El Salvador en contra de las pandillas ha sido el distintivo de la gestión de Bukele. Así mismo lo hizo la diputada Cecilia Rivera, que pertenece al partido Nuevas Ideas del presidente Bukele: “El gobierno del presidente #NayibBukele ha demostrado que no habrá impunidad, y que además se combate el crimen con todas las herramientas jurídicas hasta llegar a las últimas consecuencias dentro del marco legal. La prioridad es que prevalezca la justicia y la democracia.” José Urbina, diputado de El Salvador, vinculado a la Comisión de Salud, también aseguró: “Por décadas en El Salvador los criminales y los gobernantes dormían en la misma cama. Hoy la historia es diferente, los criminales se combaten y se castigan ejemplarmente”. El manejo en temas de seguridad de parte del presidente Bukele ha sido uno de los temas que le ha significado mayores réditos políticos.
Desde el pasado 27 de marzo se instauró en El Salvador un régimen de excepción, con el propósito de facilitar la lucha contra las pandillas, y en respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo de parte de estas. A través de esta normativa, que permite la captura sin orden judicial a los sospechosos de delitos, se han producido al menos 60.000 detenciones. Su exitosa política anti criminalidad no ha estado exenta de críticas, pues tanto ciudadanos particulares como entidades, han hecho denuncias sobre posibles detenciones arbitrarias. En su cuenta de Twitter, Bukele comparte este miércoles datos de popularidad de los presidentes de la región, él se encuentra muy por encima en la lista con un total de 88% de aprobación según DataWolrd. La popularidad del presidente salvadoreño ha sido desde el inicio del mandato un distintivo, y se mantiene en valores muy altos desde el año 2019. Este miércoles el propio presidente compartió una imagen con los porcentajes de aprobación de distintos mandatarios de la región.
A través del régimen de excepción, que permite la captura sin orden judicial a los sospechosos de delitos, se han producido al menos 60.000 detenciones desde marzo de 2022. Bukele sobresale en el primer lugar con un 88 % de aprobación. Le sigue el presidente de Costa Rica con el 72 % de aprobación y luego el de República Dominicana con el 69 %, según los datos de DataWorld.
Reelección de Bukele
El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, impuesta por el partido oficialista Nuevas Ideas, avaló la posibilidad para que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, dando vía para que Nayib Bukele se presente a la reelección. En septiembre de 2022, el presidente Nayib Bukele anunció que buscaría la reelección para las elecciones de 2024. “Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la Presidencia de la República”, dijo Bukele en ese momento, durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.
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Las Maras que escapan de Bukele estarían llegando a Chile
Por Gabriela Moreno
Panam Post, Miami
https://panampost.com/gabriela-moreno/2023/01/18/las-maras-llegando-a-chile/
18 de enero de 2023
La Policía de Investigaciones de Chile evaluará en una "reunión reservada" con el Congreso el ingreso de las Maras Salvatruchas al país gobernador por Gabriel Boric. "Aquellos que hayan llegado hasta Chile deben ser líderes de pandillas que tienen la facilidad de disponer de ingresos suficientes para viajar a esas distancias", dijo a PanAm Post el líder del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Marvin Reyes.
Si el arribo del Cartel de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo de Colombia y la banda venezolana el «Tren de Aragua» confirmó la instalación del crimen organizado en Chile, ahora el panorama parece empeorar con la suma de las Maras Salvatruchas (MS), la pandilla de El Salvador, que según las autoridades australes ya estarían operando en el norte y la Región Metropolitana de Santiago. La llegada de las Maras a Chile sería un efecto colateral de la «guerra contra las pandillas» que desplegó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. En esa dirección apuntan los indicios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que se analizarán en la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad del Congreso en «reunión reservada» (secreta) el próximo lunes 23 de enero, donde las autoridades policiales presentarán los antecedentes que maneja. A la jornada, según ExAnte, asistirán el director general de la PDI, Sergio Muñoz; el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Luis Silva; y el jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Paulo Contreras.
Una pandilla que «actúa como un parásito»
«Es muy probable que pandilleros de El Salvador hayan migrado buscando escapar de la Policía. Se tienen reportes de Guatemala, Honduras y México sobre la presencia de pandilleros salvadoreños que han sido ubicados y algunos capturados y deportados hacia el país en calidad de detenidos», afirma el líder del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Marvin Reyes, en entrevista con PanAm Post, tras indicar que «aquellos que hayan llegado hasta Chile deben ser líderes de pandillas que tienen la facilidad de disponer de ingresos suficientes para viajar a esas distancias».
¿Cómo se reconfigurarían tan lejos de su lugar de origen? «Reclutando a jóvenes que se dejan seducir por la filosofía de la pandilla: controlar el territorio, tener buen dinero, mujeres, alcohol, drogas, armas y hacer lo que les plazca», responde Reyes. Con esas maniobras, el futuro con la instalación de las Maras en Chile promete caos, considerando que «la pandilla MS actúa como un parásito que poco a poco se va enquistando en la sociedad, contaminando la mente de los jóvenes para tener soldados disponibles en cualquier zona que establezcan la extorsión a negocios, comercios y medios de transporte. Para ello, asesina a quienes no pagan y distribuyen droga al menudeo en zonas de bares y discotecas. Así se van expandiendo hasta controlar grandes áreas».
Más presión de Bukele
La estampida de las Maras a Chile por la arremetida de Bukele será una constante, considerando que el Congreso aprobó la décima prórroga del estado de excepción –establecido desde el 27 de marzo del año pasado- para seguir combatiéndolas a través de una disposición que dotó a la policía con nuevos y amplios poderes, incluyendo el derecho a detener a sospechosos sin el debido proceso. «La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición de la Administración de Bukele ante el parlamento, donde 67 de los 84 diputados que conforman el organismo respaldaron la solicitud, mientras seis opositores votaron en contra, otros 10 se abstuvieron y uno no asistió. La tendencia de los votos refleja que el presidente carece de apoyo unánime a pesar de insistir en el beneficio que supuestamente generan los arrestos que alinean al país con las represiones de Nicaragua y Cuba.
Excesos que generan debate
Motivos para dudar de la eficacia de la orden de Bukele hay. «Decenas de exmiembros de las Maras también han sido objetivo de las medidas, a pesar de que muchos de ellos habían renunciado a la vida pandillera décadas antes e intentaban reparar el daño de sus crímenes anteriores», reveló BBC citando, entre ellos, a William Arias, un pastor evangélico y antiguo miembro de la MS-13 que la cadena entrevistó en 2018, quien ahora está desaparecido tras su detención en abril. No es el único.
De hecho, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró su preocupación por la presunta existencia de ‘escuadrones de la muerte’ dentro de la policía y las fuerzas armadas. La instancia también reprocha la dificultad para la asistencia jurídica (derecho a abogado), la ampliación del término de inquirir (plazo para ser acusado) que pasó de 72 horas a 15 días, la falta de efectividad de los recursos de hábeas corpus y la ausencia de un registro sistemático de personas privadas de libertad.
Además, la población carcelaria se triplicó con los arrestos de pandilleros y pasó de 30.864 reos a 94.000, con los 300 encarcelamientos diarios que se producen. Nayib Bukele sobrepasó los límites con una medida que se usó como estrategia de seguridad en 2003, cuando el país centroamericano registraba 6.000 pandilleros activos, pero las pandillas se estiman que representan 86.000 militantes que tienen una cultura propia, con una forma de hablar, caminar y vestir particular e incluso tienen un lenguaje de señas propio, llevan tatuado todo el cuerpo y muchas veces la cara, con signos y símbolos que tienen un significado de lealtad y amor a la banda.
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