El derecho a la vivienda...
Tonio Blanco
MACRI LO HIZO (de nuevo, y peor)
EL GOBIERNO PORTEñO DESALOJO A MAS DE CIEN
FAMILIAS QUE OCUPABAN UN EDIFICIO EN SAN TELMO
Por la fuerza y sin orden judicial
Sin previo aviso y de madrugada, un grupo de
civiles con apoyo policial desalojó a las
familias que ocupaban un edificio sobre la
avenida Paseo Colón. A cada una le dieron un
subsidio de 7000 pesos. Hubo golpes, forcejeos y ocho moradores detenidos.
Por Pedro Lipcovich
“Mis hijas lloraban al ver que me pegaban y me
llevaban”, contó a este diario uno de los vecinos
que vivían en un edificio de Paseo Colón al 1500
y ayer fueron desalojados por el gobierno de la
ciudad. El lanzamiento, sin orden judicial y sin
aviso previo, se efectuó a las 5 y media de la
mañana bajo la figura del “desalojo
administrativo”, que argumenta malas condiciones
de habitabilidad del inmueble. Cerca de cien
familias vivían en el lugar; el gobierno de
Mauricio Macri otorgó a cada una un subsidio
total de 7000 pesos y, para quienes no tienen a
dónde ir, aceptó guardarles los muebles en
depósito por un máximo de 30 días. El miércoles
ya se había allanado el lugar “por narcotráfico”.
Fueron ocho los vecinos detenidos cuando,
abrazados en cordón ante la puerta de entrada,
intentaron frenar el desalojo; horas después
fueron liberados y están procesados por
“resistencia a la autoridad”. Según testigos, la
Policía Federal fue acompañada por un grupo de
civiles pertenecientes al gobierno de la ciudad,
que también habrían actuado con violencia.
“Yo salí a las seis de la mañana con mi nena para
ver qué pasaba, y me golpearon en los pies y en
los brazos. Están diciendo que somos narcos, pero
yo trabajo en un hospital de la ciudad” –contó
León, uno de los vecinos detenidos–. Mis hijas se
pusieron nerviosas, lloraban al ver que me
pegaban y me llevaban.” Las hijas de León tienen
13, 11 y 6 años; la que vio cómo le pegaban a su padre es la mayor.
“Estábamos abrazados haciendo un cordón delante
de la puerta cuando los matones de la UCEP
(Unidad de Control del Espacio Público, creada en
octubre pasado por Mauricio Macri) nos agarraron
de a uno para romper el cordón y ayudaron a los
policías a llevarnos al patrullero –contó Pablo,
de la Agrupación Aukache–. Estuvimos cinco horas en la comisaría.”
“La policía rompió las puertas”, agregó Fernando,
también desalojado. Ayer a la tarde, el gran
portal de Paseo Colón 1588 había sido tapiado. En
la calzada, se amontonaban muebles y cosas de los
desalojados. Isabel Cañamero estaba sentada en
medio de la avenida, con sus cosas alrededor y
aspecto de desconcierto: “Una familia amiga me va
a alojar, pero necesito un flete para que me
lleven hasta allá. Me lo tienen que dar, ¿no?
–ella le pregunta al cronista–. No creo que me
permitan estar hasta mañana en la calle, ¿no?”.
La señora Cañamero tenía una gran marca cárdena y
un apósito bajo el ojo izquierdo, secuela del
allanamiento efectuado dos días antes por orden
del juez federal Norberto Oyarbide: “Me lo
hicieron los policías –explicó–. Yo estaba en la
cama y ellos pegaban patadas contra la puerta. Me
levanté para abrir y una patada me dio de lleno”.
Junto a ella estaba su sobrina Agustina, de cinco
años: “Mi tío Manuel va a vivir conmigo pero está
de viaje. ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Vos le vas a
decir? –le dijo Agustina al cronista–. Decile que
vamos a casa de mi padrino. Manuel va a venir
hoy. Ahora no nos va a encontrar”, repetía la
nena. La tía, con la mirada perdida, no estaba en
condiciones de contestarle y el cronista se
reprocharía después no haberle dicho a Agustina
que el tío Manuel, seguro, los iba a buscar en lo del padrino.
Otros vecinos, como la señora Dora, decían que
“la culpa es del que vendía la porquería –cuatro
minoristas de paco fueron detenidos en el
allanamiento del miércoles–: vos no podías decir
nada porque te ponían la pistola en la cabeza”.
Hernán, con su perfecta dicción boliviana y
hablando como quien redacta, manifestó: “Creo que
es mejor tener un solo dolor: sufrir unos días y,
después, creo que viviremos con felicidad. Ya se
han compadecido –dijo–: una amistad nos ha
conseguido un lugar para guardar las cosas, pero
no para utilizarlas. No queremos incomodar.” ¿Y
dónde irán a vivir? “No sabemos todavía. Tenemos
que buscar”, contestó Hernán. “Nos han hecho un
bien –dijo, con extremada cortesía–, pero no es
la forma: sabemos que era un lugar ajeno, que
tendríamos que salir, pero pensábamos: que nos
den un tiempo, un día para sacar nuestras cositas.”
Dos semirremolques se disponían a trasladar a
depósitos, contratados por el gobierno de la
ciudad, los bienes de quienes no tenían adónde
llevarlos. Entre la humildad de los enseres se
destacaban varias heladeras nuevas: hacía poco
los vecinos se habían organizado para comprar un
medidor y pagar la electricidad compartida. La
custodia de los muebles será “por un máximo de 30
días”, según uno de los operadores del gobierno
de la ciudad. El cronista pudo escuchar cómo este
operador –de remera blanca y anteojos oscuros–
les ofrecía a los desalojados “poner unos pesos y
llevar las cosas a otro lugar donde van a estar más seguras”.
En el local –cuya propiedad está en litigio
judicial entre el gobierno de la ciudad y un
particular–, vivían 103 familias con un total de
unas 400 personas, más de 200 de las cuales son
niños y adolescentes. Muchos de ellos se habían
reunido en cooperativa para pedir apoyo al
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), lo cual
no prosperó. Un día antes del desalojo, Rubén
Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, había
propuesto “una mesa de diálogo entre el gobierno de la ciudad y estos vecinos”.
El procedimiento se vincula con la política,
explicitada por el gobierno de la ciudad, de
desalojar inmuebles municipales cuyos ocupantes
no tengan títulos legales, aunque en este caso no
es propiedad comunal. Según la Asamblea del
Pueblo de San Telmo, “el mecanismo utilizado,
desalojo administrativo, es el mismo que se usó
contra los cartoneros de Barrancas de Belgrano el
año pasado, con el agravante de que esta vez no se trata de espacios públicos”.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de la
ciudad, aseguró que “se analiza la situación de
cada familia” y dijo que al principio se registró
“resistencia, en especial de vendedores de drogas
que presionaban a la gente para que no se fuera”,
pero que después todo se desarrolló “con normalidad”.