CORRALA BUENA VENTURA....

[Fali Doblas]

Nuevo desahucio masivo en la Corrala Buenaventura

El pasado jueves 3 de Octubre tuvo lugar el desalojo de la
Corrala Buenaventura de Málaga. Un inmueble que en su día perteneció a
Bankinter, y que Gestiones Hospedalia. SL sociedad de inversión
cordobesa y actual propietaria, consiguió comprar a precio de saldo con
sus inquilinos dentro. Los inquilinos eran 13 familias la mayoría
jóvenes, sin recursos y con 12 menores a cargo, que desde el pasado
Febrero se alojaban allí dando vida y un uso social al inmueble, antes
abandonado.

Se trata de 13 familias más que han sido expulsadas de su vivienda
habitual. Un desahucio más que se suma a los más de 45 desahucios
diarios que se dan en la Comunidad andaluza y que suman ya más de 86.000
desde 2007.

Desde Corriente Roja, denunciamos el intento de engaño y manipulación
que han sufrido las familias de la Corrala Buenaventura tanto por el
Ayuntamiento y la propietaria, como por la Junta de Andalucía que
participó de las reuniones celebradas con portavoces de las corralas en
el mes de Septiembre.

Ante la inminencia del desalojo cuya fecha se sabía desde que en
Julio el Juzgado de instrucción nº 19 dictó el lanzamiento de la
vivienda, las familias, asustadas ante la idea de verse en la calle,
intentaron reunirse con las distintas partes para solicitar el
aplazamiento del mismo y escuchar sus propuestas. Sus demandas, las
mismas que llevan meses pidiendo junto al resto de las corralas: Un
alquiler social que les permitiese continuar viviendo en este inmueble
con el compromiso de mantenerlo en buen estado, o en otro que se les
proporcionase.

Pero lo único que se les ofreció a las familias a cambio de abandonar
la vivienda, fue un dinero del fondo de “ayudas de emergencia social”
que el Ayuntamiento concede a través de los Servicio Sociales, a
familias en riesgo de exclusión. Un dinero con el que poder pagar dos o
tres meses de un alquiler, además de prometerles un aval del propio
Ayuntamiento para facilitarles el mismo. Junto a esto, un “compromiso
verbal” de la propietaria de que haría una aportación económica a las
familias para prolongar hasta seis meses sus posibilidades de alquiler,
siempre que estas dejasen el inmueble en buenas condiciones. Y que una
vez tuviesen acondicionado el inmueble, se les daría “preferencia” si
esta decidía sacar los pisos a alquiler. ¡Eso sí, en condiciones de
mercado, nada de alquiler social!

A su vez, el alcalde prometió que se les facilitaría la obtención de
un puesto en un mercadillo solidario de la ciudad.

Ante estas propuestas, la mayoría de las familias y a pesar de que
algunas de las personas y colectivos que participamos de la Asamblea
inter-corralas pensamos que era un error, se inclinaron por aceptar el
acuerdo, siempre que este se les diese por escrito y que la verificación
del inmueble por parte de la propietaria se produjese antes del
lanzamiento.

Pero ni la propiedad se pasó por la vivienda, poniendo todo tipo de
trabas para hacer la verificación y demostrando así su nula intención de
cumplir lo prometido, ni a las familias se les entregó el acuerdo por
escrito. Lo único que recibieron fue el dinero procedente de los fondos
de emergencia social. Un dinero con el que, al contrario de lo que
afirmó en prensa el concejal de Derechos sociales del Ayuntamiento el
día del desalojo, muchas familias ni siquiera lograron un alquiler,
ya que con tanta premura, y sin nómina ni aval de ningún tipo es muy
difícil conseguir un contrato de arrendamiento.

En estas circunstancias, y a medida que las familias fueron
conscientes del engaño y de que “se les estaba vendiendo humo”, se
decidió intentar resistir el desalojo haciendo un llamamiento y apelando
a la solidaridad de los colectivos y movimientos sociales que en
distintos momentos han apoyado su lucha.

¿Y cual ha sido el papel de la Junta de Andalucía?
Pero de un Ayuntamiento gobernado por el PP, partido adalid de los
recortes y la privatización, no podíamos esperar mucho. Y tampoco cabía
esperar demasiado de la propietaria del inmueble cuyo único propósito
es especular con la vivienda aprovechándose de los bajos precios de
estas como consecuencia de la crisis. Pero la pregunta es: ¿Qué ha
hecho la Junta de Andalucía para evitar este fatal desenlace? ¿Qué hizo
en todo este tiempo desde que en Febrero las 13 familias decidieron
ocupar el inmueble abandonado?

La respuesta es que como dicen las propias familias en el manifiesto
que repartieron la tarde antes del desalojo, aparte de bonitas palabras y
promesas de apoyo, la Junta de Andalucía no se ha comprometido con
nada. Lo único que hizo durante la última reunión con las familias fue
informarles de que la Junta está “trabajando para poner en marcha un
plan andaluz de viviendas para el año próximo, que pretende ofrecer
ayudas al alquiler, y que por tanto cuando se apruebe, las familias
podrían acogerse a este plan”. O sea menos que nada.....

Lo cierto es que una vez más el gobierno andalúz “se lavó las manos
como Poncio Pilatos”, y dejó a estas familias abandonadas a su suerte.
Aun sabiendo que no existían condiciones para que estas familias que
tienen menores a cargo abandonasen el edificio de forma digna. Aun
sabiendo que el desalojo del inmueble era inminente, no movieron un dedo
para ofrecerles una mejor solución ni para evitar el desahucio.

De nada les sirvió a las familias que dos concejales de IU en el
Ayuntamiento se presentasen en el desalojo como muestra de desacuerdo
con el mismo. Y de nada les sirven tampoco las palabras de la secretaria
general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer (IU), quien
afirma que “están sobrecogidos por la intervención policial”. Las
familias desalojadas necesitaban más que palabras y buena voluntad.
Necesitaban hechos y medidas concretas que les permitiesen acceder a una
vivienda digna. Algo que esta gobierno nunca tuvo intención de llevar a
cabo.

Es por eso que la nueva Ley de la función social de la vivienda
ignora totalmente a las corralas y sus demandas de regularización
mediante alquiler social, a pesar del cada vez mayor apoyo social que
las corralas están recibiendo.

Una ley que al igual que el Decreto anterior, es insuficiente puesto
que no va a evitar muchos de los desalojos, y porque es necesario poner
en marcha medidas mucho más contundentes que amenazar con sanciones
económicas a bancos e inmobiliarias, para lograr que estas pongan en
alquiler, (y mucho menos en alquiler social), las casi un millón de
viviendas que están en sus manos.

Desde Corriente Roja denunciamos este nuevo desalojo permitido por la
Junta de Andalucía que se produjo de forma violenta, según dijeron
muchos testigos, y que se saldó con la detención de tres activistas
que ya han sido puestos en libertad pero con cargos por resistencia a
la autoridad.

Frente a la actitud pasiva del gobierno andaluz, es necesario
unificar las luchas contra los desahucios, los cortes de luz y agua y
por el alquiler social, al tiempo que le exigimos al gobierno de PSOE-IU
que rompa de una vez con los banqueros y especuladores, y que defienda
a las familias necesitadas paralizando los desahucios y los cortes de
suministros, y regularizando las corralas bajo un régimen de alquiler
social.