$180 millones a 10 firmas en 6 años
jueves,
24 de enero de 2002
Por Leonor
Mulero
End.l...@elnuevodia.com
Este
algualcil federal carga en su hombro la evidencia
de los arrestos que se produjeron en la mañana de
ayer a los involucrados en el millonario fraude.
Tito
Guzmán / El Nuevo
Día
|
EN
SOLO seis años, el ex secretario de Educación,
Víctor Fajardo, otorgó contratos ascendentes a casi $180
millones a 10 empresas implicadas en el alegado esquema
de corrupción que propició las acusaciones federales de
ayer contra el ex funcionario y sus 16 cómplices.
De 1995 al
2001, Fajardo otorgó $179.6 millones en contratos a 10
compañías. La nueva administración del DE investigaba
ayer si aún tiene bajo contrato a las empresas
señaladas.
La tajada más
grande del bizcocho recayó sobre Pro Data Services
Corporation. Esta obtuvo contratos ascendentes a $62.5
millones, según la Oficina del Contralor.
Pro Data está
presidida por Eduardo Fuertes
Pasarell, alto directivo del Instituto
de Banca en Hato Rey que figura entre los 17 acusados
ayer por la Fiscalía federal.
FUERTES PASARELL
incorporó Pro Data el 23 de julio de 1996 en el
Departamento de Estado de Puerto Rico. Los récords
indican que la empresa no ha rendido sus informes
anuales ni ha pagado sus derechos anuales de
incorporación.
La
administración del secretario del DE, César Rey, destacó
que canceló los contratos de Pro Data Services
Corporation, suplidora de material software. El DE
añadió que evalúa propuestas que Pro Data sometió
recientemente a esa agencia debido a que la empresa es
objeto de investigación.
En el año 2000, Pro
Data licitó, sin éxito, en la subasta del DE para la
abortada compra de 140,000 computadoras a un costo de
$125 millones. Pro Data participó en esa subasta junto a
la empresa IBM.
National Schools
Services of Puerto Rico (NSLC), del empresario de
Illinois, Norman T. Olson,
Jr., obtuvo $46.1 millones en contratos
con el DE, de acuerdo con la Oficina del Contralor
(OC).
NSLC, cuyo
presidente Olson fue declarado ayer fugitivo por las
autoridades federales, cerró operaciones en Puerto Rico
en septiembre del año pasado, en medio de una
investigación de la Oficina del Inspector General del
Departamento de Educación federal sobre los fondos del
programa federal Título I. La firma fue incorporada aquí
el 6 de mayo de 1992, inicialmente como empresa foránea.
En 1994, la también acusada Marta
Santos Sánchez se convirtió en agente
residente de NSLC.
UNA AUDITORIA
federal reveló que el DE otorgó a NSLC contratos por
$24.8 millones sin que mediara el proceso de subasta
requerido por ley. La firma debía establecer 50 centros
para desarrollar las destrezas de los estudiantes en
inglés, español y matemáticas mediante el uso de
computadoras, pero los fondos se usaron para comprar
equipos y materiales, según la auditoría.
La auditoría reveló
que el DE pagó a NSLC $1.3 millones en gastos
cuestionables porque no estaban sustentados con
facturas, cheques cancelados o nómina.
Una fuente indicó
que Santos Sánchez
fue maestra por muchos años en Canóvanas, antes de pasar
a la empresa privada y convertirse en la directora de
NSLC. Trascendió que Santos Sánchez
tenía propiedades en La Encantada, en Trujillo Alto, y
en Dorado. La acusada, quien hizo
estudios postgraduados en México, guiaba un auto
Lexus.
Las irregularidades
de NSLC obligan al DE a devolver más de $8 millones al
Gobierno federal, según reportajes de El Nuevo
Día.
Quality Educational
Services, del empresario Jesús
Emilio Rivera Class, recibió $44.7 en
contratos con el DE. El anuncio de días atrás de que esa
compañía de entrenamiento supuestamente sobornó con
$750,000 a Fajardo mediante la empresa "fantasma"
National Consulting Services dio apenas una idea del
nivel de corrupción en el DE.
UNIVERSAL CAREER
Counseling Center, perteneciente al presidente de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico, Richard D'Acosta Ofrey, y su esposa y
socia Victoria Vargas Esquilín,
aparece con $4.9 millones en contratos en la
OC.
Pero informes
periodísticos de junio de 2000 indican que Universal
Career generaba $7 millones anuales y tenía una nómina
de $1.5 millones al año.
Universal Career
fue fundada el 26 de junio de 1978 por el abogado
D'Acosta Ofrey, quien ostenta una maestría en Psicología
de la Universidad de Nueva York y otra en Administración
de Empresas de la Universidad Interamericana, de acuerdo
con artículos publicados por El Nuevo Día
.
Universal Career es
una escuela técnica postsecundaria con centros en
Manatí, San Juan, Guayama, Coamo, Humacao y Cayey.
Emplea a 150 personas.
El DE identificó
ayer por lo menos tres contratos adjudicados a Universal
Career. De agosto de 1999 a junio de 2000 la empresa
tuvo un contrato por $1.8 millones para ofrecer
servicios a niños de escuela elemental.
OTRO CONTRATO
por $72,000 del programa federal Work Place, con
vigencia de junio a diciembre de 1999, debía ofrecer
servicios a jóvenes encarcelados. Un tercer contrato,
con vigencia de diciembre de 2000 a julio de 2001,
también para ofrecer ayuda a jóvenes en prisión bajo el
programa Work Place, ascendía a $180,000.
D'Acosta fue
catedrático por 15 años en la Facultad de Administración
de Empresas de la UPR en Bayamón. En junio de 2000, fue
electo presidente de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico, entidad a la que pertenecía desde 1981.
D'Acosta y su
esposa Vargas Esquilín también son dueños de World
Learning Systems, Inc., cuyas actividades supuestamente
delictivas también motivaron cargos federales. Esta
compañía aparece con $2 millones en contratos en el
registro del Contralor.
La empresa
Prodecen, del acusado Fidel Alonso
Valls, fue incorporada el 9 de
septiembre de 1997 por Luis E.
Ortiz Vargas, María N. Mercado y William Delgado
Rosado.
La actual Junta de
Directores de Prodecen, que obtuvo contratos por $3.4
millones, incluye a Alonso Valls, Bárbara Vila del
Corral, Guillermo Nigaglioni y José L. Padial.
CONSULTORES
EDUCATIVOS y Psicológicos, Inc. (Conep), de los
acusados José Santos Rodríguez y
Víctor J. Alvarez Ramos, tuvo contratos
por $6.9 millones. La compañía, con oficinas en Hato
Rey, fue incorporada el 6 de febrero de 1995 por Alvarez
Ramos y Luz Nereida Morales, de Mansiones de Carolina, y
por Santos Rodríguez y Nélida Nieves Rivera, de la
urbanización Monte Claro en Bayamón.
La ex secretaria de
la Vivienda, Ana Carmen Alemañy, contrató a Consultores
Educativos "para ayudar en procesos de desarrollo social
y económico" de la comunidad.
Mientras, Saja
Creative Projects, Inc. fue incorporada el 3 de enero de
2001 por los acusados Angel A.
Pabón Molina y Sylvia J. López
Vélez.
R.V. Research &
Management Group fue incorporada por el acusado Ruperto Vázquez López el
31 de junio de 1997 y tuvo contratos del DE ascendentes
a $6.5 millones. R.V. Research tiene como dirección el
número 43 de la calle Barbosa en Bayamón, la misma
dirección que National Consulting Group y Community
Services Training Institute, ambas de Fajardo y otros
miembros de su
familia. | 
