Cabo San Lucas y la Prostitucion
Ray S. Elizondo
Domingo 5 de Noviembre del 2000 - Actualización: 16:15 hrs.
Bailarinas y corrupción en Los Cabos
En Cabo San Lucas las reglas son más relajadas que en cualquier parte de
Estados Unidos. Bajo esa idea el empresario estadounidense Mark Alan Bailey
y un ex policía de Los Angeles han hecho un próspero negocio: el regenteo de
mujeres mexicanas
Por JORGE CARRASCO A./El Norte
Foto: EL NORTE/Archivo
Baja California Sur, México.- Se ostenta como amigo de todo tipo de
autoridades. Compra jueces, periodistas e inspectores. Cuenta con el apoyo
de las policías y del ministerio público. Tiene como socio a un ex oficial
de la policía de Estados Unidos, y como representante legal ha contado con
los servicios de un influyente consejero de la Cámara Nacional de Comercio.
Su nombre es Mark Alan Bailey, estadounidense de 51 años, que desde hace
tres ha hecho de Los Cabos, en Baja California Sur, un eslabón más de la
cadena de sexo-servicio internacional en la que participan otros
estadounidenses, cuyas actitividades se han extendido también a Cancún y
Acapulco.
Sus negocios van desde centros de table dance en México y California, casas
de masajes en Cabo San Lucas, producción de videos en centros
internacionales de diversión, venta de productos y servicios, así como
reclutamiento de modelos a través de internet y, desde luego, en Baja
California Sur, el regenteo de mujeres, incluidas menores y extranjeras.
La opinión pública de Los Cabos empezó a conocer las actividades de Bailey
hace un año por un conflicto laboral en el table dance 20/Twenty, localizado
en la zona turística de Cabo San Lucas, y cuya propiedad es un 80 por ciento
del ciudadano estadounidense.
Pese a estar registrada como una sociedad mexicana con cláusula de admisión
de extranjeros, los otros socios también provienen de Estados Unidos: Lance
Steven Strumpf Sloma y José Carlos Miramontes, con el 10 por ciento de las
acciones cada uno, de acuerdo con el acta constitutiva de "Bailarinas, SA de
CV", fechada el 8 de octubre de 1996, y que es la razón social del
20/Twenty.
A Sloma nadie lo identifica en el entorno del club nocturno, a diferencia de
Miramontes, californiano de 59 años, quien es reconocido como ex policía
estadounidense que da instrucción a la Policía Judicial de Baja California
Sur, y que por esa vía y regalos ha abierto las relaciones de Bailey con esa
institución.
El diferendo laboral, originado por irregularidades en la contabilidad del
negocio, ha evidenciado también las relaciones de poder que Bailey ha
cultivado con dólares y mujeres para tener cobertura en sus actividades que,
a decir de expertos, podrían constituir ilícitos de delincuencia organizada.
Originario de Los Angeles, California, Bailey llegó a Los Cabos como
inversionista, según consta en el permiso 000580 de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, del 12 de noviembre de 1996.
Hasta hace un año, no tuvo mayor problema en "crear empleos en México" y
ganar "mil dólares a la quincena" en su negocio, como él ha sostenido
pública y ministerialmente.
Pero desde mediados de 1999, su comportamiento patronal y actividades lo han
hecho objeto de demandas judiciales, cuyo desarrollo ha logrado
obstaculizar, aunque no pudo eludir un arraigo dictado por la junta local de
Conciliación y Arbitraje.
Latino 'power'
Fue en la Semana Santa del año pasado cuando en el 20/Twenty tuvo lugar el
concurso "la mejor bailarina de Cabo San Lucas", al que se esperaba la
llegada de vacacionistas, principalmente estadounidenses.
Pero las expectativas no se cumplieron y la casa no ganó lo esperado, cuenta
Silvia Lupián, quien como jefa operativa del lugar era la encargada de
manejar los ingresos de las ventas y de los servicios sexuales.
Luego del fracaso del concurso, Lupián fue acusada de haberse robado 7 mil
dólares y 20 mil pesos, pero de acuerdo con declaraciones ministeriales del
ex chofer del centro nocturno, Jorge Stiff, encargado de hacer los depósitos
a las cuentas en pesos y en dólares de Bailey, esas y otras cantidades
fueron cobradas con firmas falsificadas de Lupián.
Para corroborar la versión de su empleada, Bailey quiso enviarla a Los
Angeles, como ilegal, para someterla a una prueba de polígrafo con su socio
y gerente de relaciones del 20/Twenty, José Carlos Miramontes, actual
presidente en California y primer vicepresidente nacional de la National
Latino Peace Officers Association (NLPOA), una hermandad de polícias
estadounidenses de origen latino.
La NLPOA, creada en 1974 como una institución de beneficiencia pública,
imparte desde hace varios años, a través del "Across the Border Program",
cursos de instrucción y capacitación técnica a los policías judiciales del
estado, según lo confirmó el director de la Policía Judicial de Baja
California Sur, Luis González Rubio.
Por miedo, Lupián asegura no haber hecho el viaje y el entonces contador y
representante legal de Bailey, Luis Alvarado García, le reclamó: "Marc está
muy molesto de que no te fueras, y cree que tenías miedo de que salieras
responsable".
Consejero de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz y representante legal
de un centenar de negocios en la entidad, el contador advirtió a la mujer:
"No tengo órdenes de liquidarte, pero piensa mucho lo que quieres hacer
porque el hilo siempre revienta por lo más débil y no sé quién es lo más
débil. Sólo te digo que Mark es muy amigo del Gobernador", el neoperredista
Leonel Cota Montaño.
Entrevistados, el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel Guluarte, el
procurador de Justicia, Genaro Canett Yee, y González Rubio, dijeron
desconocer el influyentismo de Bailey, y descartaron que en Baja California
exista delincuencia organizada.
'Showgirls'
A diferencia del resto de los municipios del estado, donde hay zonas de
tolerancia, en Los Cabos "la prostitución no está regulada, aunque sí
controlada", asegura el procurador. Más aún, dice, "en la zona de Los Cabos
no hay prostíbulos".
En su lugar están los table dance, que en el caso del 20/Twenty, además de
ser un sitio de "espectáculo de bailarinas y venta de camisetas del lugar",
ofrece distintos servicios sexuales a los
clientes.
De lo que ocurre adentro, Alvarado García, quien asegura que desde junio
pasado dejó de representar y llevar la contabilidad del lugar, dice no tener
constancia de nada porque su actividad la realizaba fuera. "Se han hecho
auditorías y se han levantado actas, y no se han encontrado irregularidades.
No hay nada que ocultar", afirma.
"Lorena", una de las bailarinas del centro, explica los tiempos y costos de
los servicios: 10 dólares por un table particular o 20 por tres minutos en
los privados instalados en la parte alta del centro.
Otro servicio se ofrece en espacios con cama y videos pornográficos, por el
cual se paga el equivalente a seis privados, es decir, 120 dólares, además
del dinero para la bailarina. Por una salida de una hora y media el cliente
paga 50 dólares, y si la mujer no regresa a tiempo a la casa le cobra 50
dólares más.
Ex gerentes de la empresa, que por temor a represalias pidieron el
anonimato, indicaron que en las mejores noches, durante la temporada alta de
vacaciones, Bailey ha ganado hasta 5 mil dólares, al margen de las ventas
del bar.
Si el cliente no tiene efectivo, puede pagar con tarjeta de crédito. La
empresa le da dinero mediante la firma de un voucher al que se le carga una
comisión del 20 por ciento.
Los visitantes son principalmente turistas estadounidenses. "Con ellos sí te
forras. Los mexicanos casi nomás vienen a ver", dice "Gladys", una joven que
llegó de Jalisco invitada por una amiga.
"La empresa te paga el avión y te ubica en un hotel. Luego vas pagando poco
a poco hasta que encuentras dónde vivir", precisa.
Sinaloa y Baja California son también lugares de donde llegan muchas
bailarinas. Las extranjeras son otra de las ofertas del lugar. La mayoría
son estadounidenses, pero también han llegado de Suecia y Cuba.
Buenos vecinos
Para las autoridades estatales este negocio no existe, o al menos está bajo
control: "Hay lugares donde se ha detectado (el ejercicio de la
prostitución) y ahí la Procuraduría actúa con la Secretaría de Salud y la
Policía Preventiva" municipal, dice el procurador Canett.
Ante los señalamentos contra las autoridades locales y la presunta intención
de Bailey de abrir otro table dance en la plaza, EL NORTE buscó al
presidente municipal, Narciso Agúndez Montaño, del Partido del Trabajo, pero
no se presentó a una entrevista concertada con su secretario particular,
Alejandro Angulo.
Bailey es de sobra conocido en los círculos policiales y judiciales. Ubicado
en contraesquina de la comandancia de la Policía Judicial local, el
20/Twenty funcionó como oficialía de partes de la policía, pues en el centro
nocturno se recibían vía fax los oficios, exhortos, órdenes de aprehensión y
cualquier comunicación desde la capital del estado o desde la localidad
hermana de San José del Cabo, para el comandante de la plaza, de acuerdo con
ex empleados.
El negocio de Bailey se encuentra también a unos pasos de la subdelegación
regional del Instituto Nacional de Migración en Los Cabos, cuyo ex titular,
Hilario Soria González, gozó de los servicios del table dance, de acuerdo
con una orden escrita del dueño para el personal. "¿Qué dice aquí?", me
preguntaba Soria cada vez que hacía uso de las instalaciones, asegura
Lupián.
Soria, que a principios de este año fue removido, se encargó de regularizar
la forma migratoria FM3 para que Bailey acreditara su residencia legal en
México, además de pasar por alto el ingreso de las extranjeras, algunas de
las cuales han sido deportadas por el nuevo subdelegado, Juventino
Hernández.
"Traemos al lugar bajo vigilancia estrecha, no sólo por el hecho de ser
vecinos, sino por la presencia de extranjeras que vienen de entrada por
salida. La última que sacamos fue una sueca, quien fue puesta a disposición
de la PGR", asegura el subdelegado de Migración.
Hernández confirma también que Bailey cuenta con su forma migratoria FM3,
número 285594, de fecha 11 de enero del 2000, en la que aparece como
administrador único de la empresa Bailarinas, SA de CV, con la prohibición
de ejercer otra clase de actividad.
Pero en el expediente número 254/99 abierto en el juzgado de primera
instancia de Cabo San Lucas con motivo de una denuncia presentada por Lupián
contra el estadounidense, no aparece la FM3, sino dos permisos de prórroga,
firmados por el ex delegado Soria, aunque Hernández asegura que en
expedientes del Instituto, Bailey está regularizado y cuenta con permiso de
las autoridades estatal y municipal.
'Dale una mordida'
Esa es una de sus frases más repetidas en su escaso español, refieren
testigos de pagos en dólares, en pesos o en especie a inspectores de la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, del Seguro Social y del
gobierno municipal.
"Para Bailey nada es imposible, él mismo lo dice", asegura una ex empleada
que le negó favores sexuales y a quien le daba órdenes para comprar a las
autoridades. "Ofrécele tanto dinero", mandaba.
Otras veces, refiere, "se encerraba en la oficina y yo le dejaba una
cantidad de dinero y él hacia sus arreglos. Lo mismo sucedía cuando se
trataba de amenazas de cierre por tener menores de edad".
De la influencia del dueño del 20/Twenty da muestra la desviación, lentitud
o manipulación de las averiguaciones penales en su contra. A pesar de que el
abogado Arturo Rubio asegura haber patrocinado cuatro denuncias en su
contra, en la Procuraduría local sólo está registrada una.
Esa demanda fue presentada por Lupián bajo el cargo de despojo y lo que
resulte, toda vez que ella explotaba comercialmente parte del predio donde
está el table dance, lo cual consta en la averiguación previa 01101/1999.
La investigación terminó, luego de cuatro relevos de los agentes
responsables de la averiguación, en una denuncia por difamación de la que el
estadounidense fue absuelto, a pesar de que el juez de primera instancia de
Cabo San Lucas, Eulogio Verdugo Perpuly, había girado previamente una orden
de aprehensión en su contra, al considerarlo responsable del ilícito.
Al final, el juez cambió su fallo y exculpó de toda responsabilidad al
acusado. La razón fue que Bailey le dio mil dólares, según declaró un
testigo del pago que ocurrió en la
casa del impartidor de justicia, en enero de este año.
Fuera de este antecedente judicial, la Procuraduría estatal no conoce ningún
otro caso en contra del señor Bailey, afirma Juan Antonio Flores, director
de comunicación social del Gobierno estatal.
En la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de La Paz,
tampoco existe mayor investigación sobre el dueño del table dance, a pesar
de las acciones de la subdelegación de Migración y de la detención de
mujeres drogándose en el interior.
Tampoco ha bastado la información que Rubio dice haber presentado sobre
presuntas actividades de delincuencia organizada, incluido el regenteo de
menores edad, lo cual ha sido reportado por la prensa local producto de
operativos policiales.
"Consideramos que tener menores de edad para que se prostituyan y estén al
servicio de un extranjero, quien para ese propósito también trae mujeres del
exterior y que además produce ilegalmente material pornográfico configura
delincuencia organizada", apunta Rubio.
En la delegación de la PGR sólo existe el acta circunstanciada número
380/2000, de fecha 13 de mayo pasado, presentada por Lupián "por el cargo de
difamación o lo que resulte". La delegada de la PGR en la entidad, Norma
Paulina Montaño Navarro, al igual que el presidente municipal de Los Cabos,
evitó hacer declaraciones sobre el caso.
Más compras
La única sanción contra Bailey ha sido una orden de arraigo emitida por la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por no haber indemnizado a Lupián.
Lupián y Bailey se han enfrentado no sólo en tribunales, sino también en la
prensa local, lo cual ha tenido repercusiones para algunos periodistas que
han escrito sobre las irregularidades en torno al 20/Twenty. Jesús Alvarez,
reportero del diario El Sudcaliforniano, sufrió un intento de compra por
parte de uno de los abogados del estadounidense.
"Su abogado laboral, Bernal Cabrera, me ofreció primero ir al table dance y
gastar lo que quisiera, lo cual me sería reintegrado posteriormente. Luego
me habló de un cheque, e incluso de dinero de su propia bolsa, para que
desmintiera lo que había publicado. Esa conversación la tengo grabada",
asegura.
Después, Bailey envío una carta al periódico y amenazó con demandar al
periodista por difamación. También compró una plana en la publicación
quincenal Concepto, para desacreditar las diferentes versiones en su contra,
acusando de corrupción a varios periodistas y a Lupián de tener "negocios"
con "algunos agentes de la PGR de Los Cabos".
Una televisora local, a la que Lupián entregó videos y material sobre los
negocios de Bailey, evitó transmitir la información.
En Concepto, Bailey explicó el giro de sus actividades: en el 20/Twenty "el
negocio no es la prostitución, sino el show de chicas bellas que bailan para
los caballeros". De su otro negocio en Cabo San Lucas, Magic Fingers (dedos
mágicos), escribió: "es una casa de masajes para relajar la tensión".
Ese es otro disfraz para la prostitución, dicen sus ex trabajadores, quienes
muestran prendas de otro negocio de Bailey en Estados Unidos, el
Gentlemen1/2s Club, en Century City, California. También mencionan el
Captain Cream, en Lake Forest, California, y el California Magic Finger.
"Hay una extraña lentitud de las autoridades a pesar de las evidencias que
existen en contra de Bailey. La inversión que ha hecho en la entidad, de la
que tanto alardea, ha hecho más daño que lo que ha aportado", asevera Arturo
Rubio.
Pornovideos
Mark Alan Bailey es también productor de videos. Junto con otros tres
estadounidenses, en 1998 filmó "Sexy contest en Los Cabos, México", en el
que se demuestra que ahí "las reglas son menos estrictas que en cualquier
otra parte de los Estados Unidos".
Se trata de un "concurso" para elegir a la mejor bailarina de entre mujeres
de Sinaloa, Coahuila, Guadalajara, La Habana, California y Arizona.
El material se vende en el 20/Twenty, pero también a través de internet,
donde se consigue material producido en Acapulco y Cancún.
En los créditos del video falta el permiso de la Secretaría de Gobernación.
En cambio, aparece el apoyo de Gabriel Larrea, entonces presidente de la
Cámara de Comercio local y hoy síndico de Los Cabos, electo junto con el
presidente municipal, el petista Narciso Agúndez.
Larrea asegura que su apoyo, "de buena fe", consistió en dar información
comercial sobre lo que necesitaba la producción de un "video promocional"
del table dance.
"No tengo nada que ver con el 20/Twenty ni con su dueño", con quien lo
vinculan comercialmente en Los Cabos. "El video está siendo utilizado
políticamente para desacreditarme porque he interpuesto denuncias penales
contra funcionarios y ex funcionarios en mi tarea de síndico", asegura.
Defensa de Bailey
En el 20/Twenty no se ejerce la prostitución, no se admiten menores de edad
ni extranjeras ilegales y se hace un examen mensual a las bailarinas,
asegura Rogelio Sánchez Ortega, abogado de Bailey.
Las versiones que se han difundido, asegura, son resultado del fin de
favores a agentes de la delegación de la PGR.
También se deben a abogados que quieren "golpear al negocio para agarrar lo
que sea" y de periodistas "pagados por el síndico del Ayuntamiento".
El video se hizo porque tenía los permisos. "Prueba de ello es que como
jueces del concurso participó gente de las dependencias estatales y
municipales, un juez federal, un ministerio público y el secretario del
presidente muncipal".
Sánchez asegura que en el table dance "ni amparamos ni promocionamos" la
prostitución. "Puede que las bailarinas lleguen a un arreglo con un cliente.
En tal caso, la empresa le cobra a ella porque no puede perder si la mujer
se sale".
El abogado dice que si alguna vez hubo una menor fue
responsabilidad de la ex gerente del lugar, y no de Bailey, quien "no ha
tratado de hacer nada sobre la ley".
De las extranjeras, señala que consiguen documentación falsa para
contratarse como mexicanas, lo cual, asegura, "es norma en todos los table
dance de Cabo San Lucas".
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