La codicia y el cinismo de los oligarcas
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tributo en boga en tiempos del feudalismo, pago mensual de los
campesinos a los señores feudales, la nobleza y el alto clero unidos
en la explotación de los oprimidos, por lo tanto debería ser una
vergüenza más que una aberración económica mantenerlo en pleno siglo
XXI.
La avaricia, el afán de acumulación de riquezas, el considerarse los
únicos preparados para administrar y dirigir negocios, caracterizan al
sector conocido como “iniciativa privada”. Ellos siempre han exigido
al Estado no “meter manos” en el sagrado mercado y no emitir decretos
o enviar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, encaminados a
regular o controlar precios. Lo mejor para este grupúsculo es
privatizar todas las autónomas y dejar en sus manos la “sana
administración” de todos los aparatos productivos. En términos
económicos, la nacionalización de una industria básica -lo que tanto
fustigan en teoría- debe convertirse en una fuente de subsidios, de
trato preferencial para sus empresas y de ruina progresiva para la
nación. La gasolina, la electricidad, la telefonía...pueden permitirse
prácticamente todo, menos sostener una sana política de precios.
No estamos inventando nada, ha sido la tradición, la norma, la regla
básica por largos años en este país. En el presente hemos asistido una
vez más a las presiones, a las amenazas y las “reuniones de alto
nivel” para torcerle el brazo al gobierno “del cambio” y revertir unas
tibias revisiones tributarias. Las frases se repiten: se advierte una
conspiración contra los empresarios y los inversionistas. Ahora, con
la eliminación de la cuota básica en la telefonía fija aprobada el
jueves próximo pasado por la Asamblea Legislativa, nuevamente se
escuchan los tambores de guerra y los conceptos elaborados hoy por el
mismo presidente: se está enviando “un mal mensaje” tanto para “los
inversionistas en el país como para las gremiales que hacen planes
para instalarse en El Salvador”. Hipócritas y cínicos, fariseos de las
buenas conciencias, mercaderes de las ilusiones y esperanzas de este
pueblo.
Las reglas y normas hechas para incrementar la riqueza de las empresas
nacionales y extranjeras, deben mantenerse y “no cambiarse por decreto
legislativo”, pues dañan sus inversiones y les impiden seguir
manteniendo el estado de cosas. El razonamiento viene tambien de las
cúpulas empresariales como la ANEP, la Cámara de Comercio de El
Salvador y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). A su
particular juicio, esta sana medida o “regulaciones” como les llaman,
atentan contra la seguridad jurídica e indisponen a los inversionistas
que “buscan leyes claras”. Más claro ni el agua: los empresarios deben
tener todas las facilidades, desde “pagar” impuestos bajísimos, hasta
dejar a la “libre competencia” el juego de los precios, el “derecho” a
ser competitivos en el mercado. El Estado, un buen gobierno, a su
juicio, debe convertirse en nodriza y velar por la “buena marcha” de
sus negocios.
Los subsidios deben llegar a sectores deprimidos, pero también
alcanzar a las grandes empresas, a las fábricas, como por mucho tiempo
lo hicieron los gobiernos de Arena con la electricidad. Es una lógica
perruna, despiadada, infame. Cuando han ocurrido catástrofes, así como
el desplome financiero mundial, los beneficios deben ser siempre para
los grandes negocios y las pérdidas soportadas por el país. En Estados
Unidos de Norteamérica así ocurrió: con los impuestos de la población
se corrió en ayuda de los “pobrecitos” banqueros, constructores y
magnates de empresas fabricantes de vehículos, pues era “importante”
conservar los empleos y el “nivel de productividad”. A la larga,
millones de desempleados y la economía por el suelo. En El Salvador
sucede lo mismo: se presiona y amenaza con cortar plazas e invertir en
“otros países”, tal como sucedió hace un par de meses con la revisión
tributaria: La Constancia, monopolio de la cerveza, mantuvo el pírrico
impuesto y santas pascuas! Ahora TELECOM amenaza con retirar su
inversión y suprimir miles de plazas. El chantaje aparentemente ha
dado resultados si nos atenemos a las últimas e impopulares
declaraciones del mandatario. Es propicia la ocasión para reiterar que
ya no existen paraísos fiscales ni país alguno para “llevar la
inversión o los grandes capitales”; el desplome financiero mundial así
lo ilustra.
Y como los subsidios y precios incosteables no permiten el desarrollo
y la autosuficiencia en las poquísimas autónomas todavía en poder del
Estado, de las angustias de esos sectores fundamentales para el
desarrollo del país, de ese proceso de ruina se nutre y fortalece el
dogma reiterado que dice que el estado tiene la obligación primaria,
ineludible, de ser “mal administrador”: el agua no llega a todos los
hogares, se están cobrando tarifas elevadas, el Seguro Social no
satisface las necesidades de los usuarios, nunca hay medicinas, el
Ministerio de Salud no atiende las emergencias, la CEL no investiga
fuentes alternativas de energía y así continúa la letanía para
fustigar y atacar a instituciones del gobierno. Sólo el genio y el
aliciente del interés privado pueden ser instrumento y camino de
prosperidad, como nos lo repiten tanto y tan frecuentemente los
"apóstoles de la libre empresa”, con el beneplácito de los corifeos y
los testaferros autonombrados “analistas”. Todo aumento de precios en
sus productos y servicios es realista, inevitable, sano y hasta
patriótico. Se justifica esta alza en todas las ocasiones, con teorías
y razonamientos elegantes, con tesis que hablan de factores internos y
externos, de crisis mundiales y alardes de sutil terminología y
ostensible desinterés.
Todos los aumentos son buenos, en las medicinas, en la gasolina, en la
telefonía, en la electricidad, en los productos de la canasta básica,
menos en los salarios de los trabajadores, de los empleados. Lo peor
quizá no está en la falacia de sus argumentaciones sino en que, muchas
veces, su presión sobre el gobierno, al menos en los areneros y
esperamos en el futuro no suceda con el actual, pues ya están las
campañas mediáticas para que el presidente vete la ley con la
eliminación de la cuota fija de la telefonía, ha impuesto en la
práctica esa política como si lo antipatriótico e inconveniente fuera
que las tarifas de electricidad o telefonía se regularan o controlaran
para beneficiar a las mayorías poblacionales.
Es una lógica perversa: atacar a instituciones como la ANDA, el Seguro
Social, la CEL o el ISTA, desde siempre acusadas de ineficientes, de
“elefantes burocráticos”, sus fallas y errores son graves y dañinos
para el desarrollo nacional; pero si se trata de una empresa privada,
esa lesión será siempre de menor grado, atribuible a las
intervenciones del gobierno, a la crisis mundial o fenómenos
naturales. Lo que sea bueno para la “iniciativa privada” es “bueno”
para el país, para su desarrollo independiente. Nada de hablar de
socialismo, de nacionalizaciones o regulaciones en determinados rubros
de la economía. La “justicia social” es un término inventado por los
comunistas, ahora por Chávez de Venezuela. El progreso, dicen, “debe
ser compartido por todos”, pero siempre dejando la tajada más grande a
los barones de la empresa privada, a los que aportan el capital, la
imaginación, la creatividad y generan empleos. Nada de intervenciones,
regulaciones o leyes para disminuir “ganancias” o privilegios, pues
ello provoca deterioro en la armonía y en la paz interiores, nido de
tempestades, cultivo de rencores y de contradicción.
El gobierno está en la inmediata obligación de ajustar las tarifas de
la electricidad, el agua y la telefonía a la situación económica del
país, a las necesidades de sana operación y de máximas
responsabilidades de crecimiento, para ajustarlas a los requerimientos
cambiantes de la nación. En tiempos de crisis los más afectados son
los sectores vulnerables, los más humildes, los desheredados de todo,
los condenados de la tierra. Los grandes empresarios, los oligarcas,
pueden vivir por siempre de sus ahorros, de sus millonarios ingresos.
Es la avaricia, la sed de lucro, la codicia, la que los lleva a lanzar
furibundos ataques, a condenar toda medida reguladora o que busque
reivindicar las aspiraciones más sentidas de la población.
El presidente Funes sabe muy bien de las angustias de la población,
conoce las interioridades de la burguesía, sus modos de vida, sus
diversiones, sus posesiones y de sus inmensas riquezas. Por lo tanto,
debe proceder con justicia y sabiduría, no dejarse presionar ni
permitir que las “mieles” del halago enturbien su visión y su posición
como estadista al servicio de las grandes y mejores causas del pueblo
salvadoreño: la entrega generosa a los más humildes, a los oprimidos,
a los marginados, a los más vulnerables. Esa fue la oferta y la
promesa de su campaña, debe ser entonces la suprema tarea y la misión
por concretar. La unidad, señor presidente, está a medias y el
esfuerzo por realizarla encuentra su camino acumulado de
incomprensiones y reservas. Para llevarla a feliz término, se lo
reiteramos, debe apoyarse únicamente en las fuerzas y reservas del
pueblo.