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Miércoles 15 de mayo de 2013
En el centro de un torbellino
Por Joaquín Morales Solá
LA NACION
_____
Poco antes de su discurso de ayer, Mauricio Macri habÃa hecho un
anticipo enigmático: "Hoy pondré el cuerpo entre dos gigantes"
, dijo, y calló. Cuando caÃa la tarde, firmó el decreto
de necesidad y urgencia más progresista (en el buen sentido) sobre
la libertad de expresión que se haya dictado en el paÃs en las
últimas décadas. Los gigantes son el gobierno nacional y el
Grupo ClarÃn, pero ese decreto legisla también sobre los
problemas de otros medios y garantiza la libertad de prensa y de
expresión, y el acceso a ellas, de una manera casi irrestricta.
El único lÃmite que coloca es el de la difusión de
contenidos sexualmente perversos para los menores de edad. Nadie puede
estar en desacuerdo con esa restricción.
El decreto, que también protege el derecho a la diversidad en todos
los órdenes y a la pluralidad polÃtica e ideológica, le
quitó jurisdicción al gobierno nacional para intervenir al
Grupo ClarÃn. Esta es la conclusión más inmediata y
concreta de una disposición que creó un tribunal especial de
Defensa de la Libertad de Imprenta, Expresión y de Acceso a la
Información Pública.
El propio Macri lo sintetizó de esta manera: "La justicia
porteña decidirá si prevalece la libertad de expresión o
la Comisión Nacional de Valores ". La CNV es Cristina Kirchner. Y
la libertad de expresión está amenazada por la posibilidad
cada vez más real de que ese organismo disponga el desplazamiento
del directorio del Grupo ClarÃn.
El decreto también interviene directamente en el proyecto de
expropiación de Papel Prensa, presentado por los diputados
hipercristinistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Aunque no nombra ni al
Grupo ClarÃn ni a Papel Prensa, la decisión establece la
jurisdicción de la Capital para todos los casos en que la libertad
de expresión y de prensa fuera suspendida, interrumpida, demorada,
dificultada o trabada.
En un artÃculo especial fijó esa jurisdicción para "todas
las materias relativas" a esas libertades. Esa alusión tiene nombre
y apellido: es Papel Prensa.
La CNV avanzó en los últimos dÃas con varios pedidos de
informes al Grupo ClarÃn que presagian la decisión final de
intervenirlo. Tal vez el requerimiento más significativo haya sido
el que ordenó al multimedio el envÃo inmediato de la lista de
todos sus apoderados.
Una posible intervención deberÃa comenzar, precisamente, por
el relevo de todos los apoderados preexistentes. El presidente de la
CNV, Alejandro Vanoli, fue ayer el orador central del almuerzo del mismo
congreso, el del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas, que
Macri habÃa inaugurado por la mañana. Vanoli rechazó
todas las preguntas relacionadas con la intervención del Grupo
ClarÃn. No dijo nada, lo que terminó considerándose una
confirmación de las insistentes versiones de los últimos
dÃas.
La disposición en la que se respalda el gobierno nacional es
abiertamente inconstitucional. Ninguna empresa puede ser intervenida,
salvo que exista la resolución expresa de un juez. Es lo que dice
la Constitución.
En la avanzada noche de una reunión de la Cámara de Diputados,
el kirchnerismo reformó el año pasado una reforma (valga la
redundancia) e incorporó una facultad especial a la CNV por la que
ésta puede intervenir una empresa por 180 dÃas y desplazar a
su directorio. La reforma original al mercado de capitales tenÃa el
apoyo de partidos de la oposición, pero éstos fueron
sorprendidos en medio del debate con esa modificación. Y el
kirchnerismo aplicó entonces la "dictadura de la mayorÃa",
según la definición de Alfonso Prat-Gay.
La reforma a la reforma provocó la preocupación inmediata de
gran parte de los empresarios. Un alto funcionario kirchnerista los
calmó de esta manera: "No se preocupen; se aplicara sólo a las
empresas de medios periodÃsticos".
Con esas herramientas es innecesaria, como dijo ayer Cristina Kirchner,
una reforma de la Constitución. Violarla es más rápido y
eficaz que cambiarla.
En ese entrevero se metió de lleno ayer Macri. Tanto el Grupo
ClarÃn como Papel Prensa estarán ahora en condiciones de
resistir cualquier intervención del Estado nacional respaldados en
el decreto de necesidad y urgencia de Macri, que deberá ser
aprobado por la Legislatura porteña.
El Tribunal Superior de Justicia de la Capital, que actuará como el
tribunal especial que se creó hasta la constitución de
éste, será el fuero que entenderá en los casos en los que
estén en disputa las libertades de expresión o de prensa.
Es imposible imaginar a un gobierno nacional aceptando mansamente esta
decisión del jefe del gobierno porteño. Avanzará con la
decisión de intervenir el Grupo ClarÃn y de expropiar Papel
Prensa (con "las leyes de capitalismo", se mofó ayer Kunkel), pero
el trasiego de planteos por la jurisdicción será largo y
seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia.
La Corte nunca toma decisiones inmediatas sobre temas tan
controversiales. El decreto de necesidad y urgencia de Macri abre, en
resumen, un espacio de tiempo para el periodismo independiente que antes
no lo tenÃa.
¿Por qué lo hizo? El principal argumento de Macri es que como
funcionario está obligado a cumplir la Constitución nacional,
que prohÃbe decisiones contra la libertad de prensa, y a respetar
los tratados internacionales que tienen jerarquÃa constitucional y
la propia Constitución de la Capital. El artÃculo 47 de la
Constitución porteña señala expresamente que "la Ciudad
vela por la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin
exclusiones ni discriminación alguna", y garantiza "la libre
emisión del pensamiento sin censura previa".
También es cierto que el propio Macri estaba cansado de ser él
mismo vÃctima de la prepotencia cristinista. La intervención
del Grupo ClarÃn y la confiscación de Papel Prensa, que
debilitará sensiblemente a los dos principales diarios argentinos,
hubieran convertido en más frágil aún la situación
mediática del jefe del gobierno capitalino. Macri sufre un acoso
constante de la prensa militante del cristinismo.
El decreto de Macri pone el acento también en las garantÃas
individuales de los ciudadanos de la Capital y prohÃbe expresamente
la "incitación a la violencia y la apologÃa al odio nacional".
Es un artÃculo directo contra ciertas prácticas del relato
kirchnerista.
Tal vez sin que nadie lo haya querido, ayer quedó expuesto un
debate atrayente y curioso sobre el contenido de los términos
polÃticos. El decreto de Macri es una exposición de las
mejores ideas del liberalismo polÃtico, según su sentido
universal y cultural.
Los que lo atacarán lo harán, sobre todo, en nombre de un
progresismo que no merece tener ese tÃtulo. Una polÃtica que
encoge las libertades y que amenaza las garantÃas constitucionales
es la contracara del significado que tiene la palabra progreso o su
derivado polÃtico, el progresismo.
Cristina Kirchner se encontró con esa novedad, que la desafÃa
en un terreno donde está en inferioridad de condiciones, justo el
dÃa en que se conoció que un viejo amigo suyo y de su familia,
Cristóbal López, se quedará con la mayorÃa de las
acciones argentinas de Petrobras.
Pero, ¿acaso no habÃa figurado López entre los amigos
enriquecidos de Néstor Kirchner? ¿Cómo hará el mayor
empresario argentino del juego para hacerse de cientos de millones de
dólares en un paÃs en el que los dólares escasean y
están vedados? ¿Tiene cuentas en el exterior? ¿Lo
autorizó la AFIP a comprar esas cantidad monumental de
dólares? ¿Fue el primero que compró un Cedin con dinero
no declarado? En el mundo cristinista es, a pesar de todas las
revelaciones, más lo que no se sabe que lo que se sabe.
Ocurrió también el mismo dÃa en que la Presidenta
nombró a los conjueces de la Patagonia que deberán juzgar a
Lázaro Báez. Algunos de esos conjueces fueron abogados o
socios de Báez. Es la esencia del cristinismo: gobierna con una
total indiferencia de la realidad. Nada lo detiene. Macri decidió
incrustarse en medio de ese torbellino de pasiones y de polÃtica.
No lo aguardan dÃas serenos..
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