
REPUDIAMOS LA MASACRE Y EXIGIMOS ESCLARECIMIENTO
Las
balas llegan a los pobres, mientras la impunidad protege a la oligarquía mafiosa.
Es un hecho lamentable y preocupante la masacre en Curuguaty que cobro vidas de campesinos y policías humildes, en lucha por la recuperación de tierras malhabidas, robadas al Estado por Blas Riquelme.
En primer lugar queremos expresar nuestros sentimientos de solidaridad y de pesar con las víctimas de este conflicto y con sus familiares.
Exigimos una investigación a fondo de lo ocurrido para castigar a los culpables de crímenes contra nuestro pueblo.
Es hora de terminar ya con el sistema del latifundio, de la impunidad de los usurpadores y señores de la tierra en nuestro país, como Blas N. Riquelme y las transnacionales sojeras, que hacen y deshacen lo que les place a contramano de las necesidades y las reivindicaciones del pueblo.
Basta ya de criminalizar las luchas sociales de los campesinos que luchan por la tierra. No más impunidad para los responsables de los crímenes contra nuestro pueblo trabajador, como los Favero y otros acopiadores, monopolizadores de tierras estatales, cuya lista con nombre y apellido, ubicación de las propiedades indebidas y extensión del despojo al Estado figura documentadamente en el Tomo IV del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.
Ahora los ruralistas, que amenazan con
un juicio político y tractorasos, así como sus representantes y cómplices, los
parlamentarios corruptos y “sabaneros”, quieren desviar la
atención, trasladar la responsabilidad de lo ocurrido, de la muerte de
campesinos y policías al Presidente Fernando Lugo y a Carlos Filizzola,
recalentando el proyecto golpista del juicio político.
Sin negar la enorme irresponsabilidad y negligencia del Gobierno en prevenir esta situación, no nos prestaremos a un juego político que signifique un regreso a un pasado de signos autoritarios, como proponen los parlamentarios.
Los culpables de esta crisis sangrienta son los que se niegan a principios elementales de justicia como la reforma agraria, mediante la recuperación de las tierras malhabidas y la expropiación de los latifundios improductivos y la distribución gratuita de tierra a los campesinos trabajadores y a los indígenas, los cuales son los verdaderos propietarios de las tierras, para que las hagan producir.
Con la democratización de la propiedad de la tierra, entre otras medidas democráticas y populares, se irá terminando la falta de trabajo y el empobrecimiento y hambreamiento de nuestro pueblo.
Aquí hace falta una cirugía mayor. La Constitución Nacional, sobre todo en el capítulo de los derechos humanos y garantías a los intereses de la mayoría de los paraguayos, establece claramente medidas para dar soluciones de fondo, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para que dicte una nueva Carta Magna que asegure la toma del Poder por el pueblo, mediante elecciones libres y limpias, sin los fraudes tradicionales de las dictaduras y de las oligarquías que usurpan el poder y las riquezas.
Responsabilizamos al Presidente y al Ministro del Interior de la integridad y la vida de las familias campesinas, que están siendo victimas de una venganza policial contra los campesinos, con una practica claramente terrorista.
Este trágico suceso suma y sigue a largo listado de los caídos en lucha por la tierra en el Paraguay.
Mantengámonos atentos y movilizados, unidos y dispuestos a la lucha contra los conspiradores reaccionarios y sus planes desestabilizar las posibilidades de avance en el proceso de lucha por los cambios abierto el 20 de abril de 2008.
Lo imperioso es cumplir con las promesas de cambios democráticos, patrióticos y populares.
Lo esencial es ganar las calles, las plazas y los caminos para defender y desarrollar los derechos del pueblo y mantener a raya a los reaccionarios y conspiradores de la contrarreforma y de la contrarrevolución, funcionales y socios de intereses mezquinos y potencias extranjeras.
¡CESE INMEDIATO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL!
¡POR UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL!
Partido Comunista Paraguayo
Asunción, 15 de junio de 2012