Agrocombustibles: más un problema que una solución Pablo Villegas y Mónica Vargas www.ecoportal.net

[Conferencia Afrocolombiana]

Agrocombustibles: más un problema que una solución
18-05-09, Por Pablo Villegas y Mónica Vargas

Recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el transporte de mercancías. La agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global. La conversión de las selvas en tierras de cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas como la soya y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero.

Agrocombustibles: más un problema que una solución (1)

Desde inicios de ésta década, los agrocombustibles no solamente han sido potenciados como una de las alternativas ante la crisis ambiental planetaria, pero además han recibido importantes incentivos por parte de los gobiernos de los países del Centro, y se ha acelerado su producción. Al considerar esta problemática, proponemos aquí partir de una perspectiva integral, considerando diversos ámbitos a partir de los cuales se requiere implementar una reflexión responsable. Nos situamos en el paradigma de la deuda ecológica, definida como la deuda contraída por los países industrializados con el resto de los países debido al expolio histórico y actual de los recursos naturales, a los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global.

Esta deuda se articula estrechamente con el modo de consumo y de producción implementado por el sistema capitalista (Ortega, 2007: 20). Asimismo, consideramos el caso específico de Bolivia, donde el sector de agroempresarios y latifundistas del oriente, se ha convertido en el puntal de una intensa campaña por la producción de agrocombustibles, dirigiendo una parte importante de su propaganda hacia los pequeños productores, con la promesa de precios altos por sus productos, empleo y seguridad alimentaria.

Una solución milagrosa

Desde las reuniones del G8 y del Foro Económico Mundial hasta los foros de las Naciones Unidas dos temáticas globales han sido reiteradas en los últimos años: el cambio climático y el hambre. Tras años de intensos debates y el desdén de los objetivos mínimos fijados por el Protocolo de Kyoto, la responsabilidad de las actividades humanas en un 90% del primero fue formalmente establecida por el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el mes de febrero de 2007. Por otra parte, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente cerca de mil millones de personas en el mundo padecen de hambre y en 2015 serán 100 millones más. Si escuchamos a los diferentes actores que promueven activamente el desarrollo de los agrocombustibles (2), parecería que ahí radica una de las respuestas más adecuadas frente a ambas problemáticas. ¿En qué consiste esta milagrosa solución? Actualmente la producción de carburantes a partir de la biomasa se concentra en el bioetanol y el biodiesel. El primero es obtenido a partir de productos ricos en sacarosa (caña de azúcar, la melaza y el sorgo dulce), de substancias ricas en almidón (cereales como el maíz, el trigo o la cebada), y mediante la hidrólisis de substancias que contienen celulosa (madera y residuos agrícolas) (3). Puede ser utilizado para reemplazar la gasolina, pero requiere de una adaptación previa de los motores. A su vez, el biodiesel proviene de aceites vegetales (de palma aceitera, colza, soya y jatrofa) o de grasa animal. Se destina al reemplazo del diesel y puede ser usado en estado puro o mezclado (4).

Partiendo de una percepción, hoy cuestionada desde diferentes ámbitos, según la cual los agrocombustibles no aumentarían la concentración de CO2 en la atmósfera, varios países han legislado a favor de una implementación obligatoria de estos carburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción necesaria. En Estados Unidos, se ha dispuesto que hacia 2030, por lo menos 30% del combustible en el transporte se derive de agrocombustibles (sobre todo etanol), lo que requerirá una producción anual de 227 millones de litros anuales. Por su parte, la Unión Europea ha optado por cuatro tipo de incentivos, todos ellos utilizando recursos públicos: los subsidios agrícolas en el marco de la Política Agraria Comunitaria, la desfiscalización, la obligación de mezclar un porcentaje de 5.75% en 2010 y el doble en 2020 en los carburantes para el transporte, el uso en proyectos pilotos por parte de empresas de transporte público. Al respecto, cabe destacar que puesto que el transporte constituye 30% del consumo total de energía, el objetivo del 5.75% corresponde únicamente a un 1.8% del consumo total, por lo que el ahorro real sería de 36 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, menos de 1% de las emisiones europeas (Russi, 2007).

Actualmente, Europa produce 3 millones de toneladas de biodiesel, aspira a alcanzar los 7 millones en 2010, lo que requerirá 13 millones de toneladas de materia prima, y a mediano plazo cuenta con la segunda generación basada en residuos lignocelulósicos para suplir 30% del consumo. Europa no cuenta con las tierras necesarias para cumplir con estas metas. Por ejemplo, se calcula que en países como Gran Bretaña, el intentar alcanzar el objetivo de 2020 demandaría la utilización la casi totalidad de las tierras de cultivo (Redes-AT y Grain, 2007b). Por tanto, todos estos países deberán recurrir a la importación de materia prima o de agro carburantes. Para responder a esta demanda, se ha intensificado la producción de los commodities requeridos en países como Brasil, Argentina, Colombia, Malasia e Indonesia, donde se sitúan las mejores y más abundantes tierras.

Agricultura y cambio climático

Recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el transporte de mercancías.

Además, tal como lo advirtió el Informe Stern, la agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global (Stern, 2006). En particular, la conversión de las selvas en tierras de cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas como la soya y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero. Únicamente en Brasil, 59% de las emisiones provienen de la deforestación debida a la expansión de los cultivos de soya y de caña de azúcar. Además, se evalúa que la destrucción de la turba vinculada con los monocultivos provocará la liberación de cerca de 40 billones de toneladas de carbono en la atmósfera (GRAIN, 2007).

Aumento de los precios de los cereales, especulación y concentración corporativa

El modelo agrícola industrial en su conjunto, actualmente potenciado por el auge de los agrocombustibles, es en gran medida responsable de la actual crisis alimentaria (5). En efecto, este modelo se sustenta en la liberalización de los productos agrícolas, la cual ha permitido dos fenómenos que han potenciado el incremento del precio de los alimentos: la especulación en el mercado de futuros de los alimentos básicos y la concentración corporativa en este sector. De acuerdo con la firma consultora AgResourse Co., en los Estados Unidos, el mayor exportador mundial de trigo, maíz y soya, el valor las compras de estos granos en el mercado de futuros ha representado cerca de la mitad del valor de la cosecha total (Wilson, 2008). Por otra parte, se estima que la cantidad de dinero especulativo en el mercado de futuros de commodities aumentó de 3.172 millones de euros en el año 2000 a 111.000 millones de euros en 2007 (GRAIN, 2008). Las políticas de libre comercio impuestas por actores como la OMC en el sector agrícola, al desmantelar los aranceles y protecciones que tenían los países empobrecidos también son responsables de la concentración empresarial en toda la cadena productiva. En 2008, el crecimiento del volumen de negocios y de las ganancias anunciado por las principales compañías que operan en la agroindustria fue extraordinario. Los beneficios netos de la estadounidense Cargill en abril aumentaron de 86% frente a las cifras del año anterior, sumando 653 millones de euros (Cargill, 2008). Las ventas de Bunge crecieron de 70% y las de ADM 64%. ¿Cuál es el grado de incidencia de estas empresas a las cuales la crisis alimentaria no parece afectar? Determinan lo que será producido, cómo será producido, definen precios y seleccionan quién producirá los alimentos. Así por ejemplo, Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. En el caso específico de la soya, Bunge, ADM y Cargill controlan 75% del mercado mundial y 80% de la industria procesadora en la Unión Europea (6).

Impactos sociales: del despojo al malvivir

De por sí, la industrialización de la agricultura ha demostrado ser un fracaso social en varios países. Se ha avanzado el tema de los agrocombustibles como una alternativa laboral que permitiría a los campesinos del Centro y de la Periferia incrementar sus ganancias y alcanzar el bienestar social. Nada parece estar más alejado de la realidad.

En el caso de la Unión Europea existe aún incertidumbre y algunos estudios refieren que 1’000 toneladas de agrocombustibles pueden crear entre 2 y 8 empleos de tiempo completo, concentrados esencialmente en torno a refinerías y puertos (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007). Pero en los países de la Periferia, de donde finalmente vendrá gran parte de la materia prima, el desarrollo de cosechas para combustibles automotores se sustenta en la creación de economías de escala y en un modelo agrícola industrial altamente centralizado, donde se estrechan las relaciones entre el capital transnacional y las elites terratenientes locales (GRAIN, 2007).

Los habitantes de las comunidades rurales resultan cada vez más prescindibles y tienen solo dos opciones: migrar o ser jornaleros agrícolas.

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) destaca que la Revolución Verde aplicada en el campo argentino se vincula con el empobrecimiento de la población. Así, en un país que fue considerado como “granero del mundo”, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2006 registró que 34% de los niños menores de dos años sufren de desnutrición y anemia. De acuerdo con el GRR, parte de la explicación de este fenómeno se ubica en la conversión de Argentina en un país productor de transgénicos y exportador de forraje, con la implementación de monocultivos a gran escala de soya RR. En este contexto, se produjo una concentración empresarial de la tierra que arruinó a decenas de miles de pequeños productores y provocó el éxodo rural engordando los cordones de pobreza de las urbes (Rulli y Semino, 2007).

Durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas que sesionó en mayo de 2007, se subrayó que las poblaciones originarias están siendo desplazadas de sus tierras por la expansión de los cultivos energéticos, lo que contribuye en la destrucción de sus culturas y la migración hacia las ciudades. Solo en una provincia indonesa de West Kalimantan, ya son 5 millones de personas las que tendrán que dejar sus territorios ancestrales (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007).

En Paraguay, el avance de los monocultivos de soya transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. El país destina 2.4 millones de hectáreas a la producción de soya, pero contempla alcanzar los 4 millones para cumplir con sus compromisos de venta a la Unión Europea. En un país donde 21% de la población vive en la extrema pobreza, 1% de los propietarios posee 55% de la tierra, y 40% de los productores cultivan lotes de entre 0.5 y 5 hectáreas.

Empero, otros métodos de descampesinización están siendo denunciados por organizaciones civiles. Es el caso de las comunidades afrodescendientes colombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. La violencia militar y paramilitar las forzó a dejar sus tierras, que fueron ilegalmente ocupadas por la empresa Urapalma (Redes-AT y GRAIN, 2007b).

Los que se atrevieron a regresar a duras penas pudieron reconocer sus casitas destruidas. La selva que habían estado preservando fue arrasada por cultivos de palma aceitera que se extendían hasta el horizonte. En lo que refiere a las condiciones laborales, nos referiremos más adelante al considerar el caso de Bolivia.

En lo que atañe a las poblaciones aledañas a los cultivos de palma y de soya, su salud se ve amenazada por la aplicación de potentes herbicidas. Comunidades argentinas urbanas y rurales han lanzado la campaña “Paren de Fumigar”, ante la dispersión aérea de herbicidas sobre los campos sojeros vecinos. Más aún, un estudio del Ministerio de Salud realizado en cinco ciudades del Sur de la provincia de Santa Fe descubrió un número alarmante de casos de cáncer (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007).

Megaproyectos y agrocombustibles

Un hecho innegable: el biodiesel y el bioetanol no suelen tele-transportarse de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica otro aspecto muy poco “bio” en el auge de los agrocombustibles: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a la luz entonces el –lamentablemente resucitado Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA). Estos megaproyectos consideran a la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, oleoductos, etc. Ni qué decir de los importantes beneficios que estos proyectos traerán a empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa (parque eólico en México), ACS (gestión portuaria y dragados en Brasil), e incluso a desconocidas consultoras como TYPSA o Norcontrol. A pesar de las promesas de “desarrollo local” que hacen (evocando la agotada teoría del “derrame de riqueza”), resultan nefastos porque se sitúan sobre territorios indígenas y comunidades campesinas, y atraviesan zonas de alta biodiversidad.

En su diseño ha participado, sin ninguna consulta de las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve hoy a los agrocombustibles de distintas maneras. Estima que a América Latina le tomarán 14 años convertirse en una zona productora de biodiesel y bioetanol y que se requerirán 200’000 millones de dólares. El propio presidente del BID, Luís Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex – gobernador del Estado de Florida) y el ex primer ministro japonés Junichiro Kozumi. Así, el BID apoya la expansión de cultivos de palma de Colombia y de caña de azúcar y soja en la amazonía brasileña. De hecho, este año el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el primer financiamiento al sector privado para un proyecto de agrocombustibles en este país por un total de 120 millones de dólares, concretamente para Usina Moema Açucar e Alcohol Ltda. (Sao Paulo). Esta operación forma parte de una iniciativa del banco para la promoción de la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de bioetanol que tendrán un costo de 997 millones de dólares (BID, 2007).

Por el otro lado importa asegurar un fluido vaciado de los commodities hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, el banco recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1’000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos del IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, Ferro Norte (red ferrovial que conectaría a los estados sojeros de Paraná, Mato Grosso, Rondonia y Sao Paolo), y el Complejo del Río Madera.

Este último constituye uno de los principales proyectos del Eje de IIRSA Perú-Brasil-Bolivia y se sitúa sobre la frontera brasileño-boliviana. Actualmente consiste en la construcción de dos mega-represas hidroeléctricas en territorio brasileño, en San Antonio y en Jirau, con una capacidad de generación conjunta de 6’400 Megawats, y un coste de 10’300 millones de dólares.

Comenzarían a construirse en 2008. La primera se encontraría a 190 kilómetros de Bolivia, y la segunda a 84 kilómetros.

Estudios independientes han demostrado que ambas represas tendrán impactos sociales y ambientales graves, no solamente en Brasil, sino también en Bolivia. El Banco Santander Central Hispano y el banco portugués Banif participan activamente en este problemático megaproyecto, y están creando un Fondo de Inversiones y Participaciones (FIP) para financiar la construcción de la represa de San Antonio. El Fondo aspira a captar 220 millones de dólares. El banco español asesora a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht que competirá por la licitación del proyecto. Expertos del Servicio técnico de protección ambiental brasileño recomendaron que no se diera licencia al proyecto antes de realizar nuevos estudios de impacto ambiental y el gobierno boliviano ha protestado y solicitado también nuevos estudios para verificar los impactos de las represas en su país. Se establece en este caso un vínculo importante con el auge de los agrocombustibles, puesto que las hidroeléctricas abastecerán de energía a los Estados brasileños de Rondonia y Matto Grosso, permitiendo la extensión de la producción sojera de por sí muy importante en este último Estado, gobernado por Blairo Maggi, uno de los más grandes productores de soja del planeta.

El ámbito de los megaproyectos de integración de las infraestructuras resulta, tal como lo vemos, crucial a la hora de considerar el transporte de mercancías como los granos destinados a la producción de agrocombustibles. No sólo implica el incremento de la deuda externa de los países donde tienen lugar estos planes, puesto que además, por los impactos sociales y ambientales que comportan, generan simultáneamente una deuda ecológica considerable de las grandes corporaciones frente a las poblaciones locales, que carecen de toda posibilidad de participación o de ejercer su derecho de consulta.

A continuación destacaremos la problemática de los agrocombustibles en el caso específico de Bolivia.

Agrocombustibles y Separatismo en Bolivia

La Cámara de industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se han constituido en los principales impulsores de la producción de los agrocombustibles en Bolivia. Según plantea uno de sus documentos a principios del 2008, las tareas principales (IBCE, 2008a) del IBCE eran:

a) Certificación “Libre de Trabajo Infantil” para empresas exportadoras;
b) Diálogo con la sociedad civil y estudios sobre producción, comercio exterior e integración;
c) Biocombustibles, juntamente con CAINCO.

Estas actividades cuentan con el financiamiento del Centro de Promoción de Importaciones de Holanda (CBI); La Secretaría de Estado de Economía (SECO) de Suiza y USAID-EEUU.

En su campaña, el IBCE se ha empeñado en presentar la gran magnitud del negocio, como una fiesta abierta a quien quiera; resaltando las grandes posibilidades de cada uno los departamentos de Bolivia, los cuales tendrían incluso materia prima autóctona para producirlos, como la t’ola en el altiplano.

Suponiendo, según uno de sus cálculos, que tan solo entráramos al 1% del mercado mundial de agrocombustibles significaría una inversión acumulada de 2470,55 millones de dólares y una exportación de 5322,02 millones en 10 años. La argumentación es como sigue: “el Etanol si bien tiene una estructura de costo desfavorable respecto de la gasolina, cuando se compara -… entre Etanol de diversos cultivos- el mismo es favorable para la caña de azúcar. Si además se considera que por razones ambientales y estratégicas la tendencia mundial es a adoptarlo como reemplazo o complemento de las gasolinas, … las oportunidades para un país como el nuestro son más que evidentes; …, haríamos bien en mirar al Etanol como…, “una oportunidad global” (Delius, 2008).

Obviamente, “oportunidad global”, ni nada de esto, es un planteamiento económico propiamente dicho.

El “Troyano” de los agrocombustibles: Los pequeños productores

En este mundo de oportunidades, lo más importante según el IBCE, es que los agrocombustibles pueden ser también producidos por los pobres de los países en desarrollo (Solares & Solares, 2008). Los beneficios que más frecuentemente se citan son: buenos precios, seguridad alimentaria y empleo.

Zaratti (2008), ex delegado presidencial de Mesa (7), se ha referido a los altos precios que obtendrían los productores como una revancha histórica del campo contra la ciudad.

Como fundamentación de este tipo de argumentos, empero, no hallamos más que una cuestión de fe: “…la tendencia en los mercados de combustibles es hacia una mayor transparencia y libertad, menos barreras de acceso y por lo tanto, comercio más libre, algo que cuando de alimentos se trata, definitivamente no se da con frecuencia” (Delius, 2008). Con esta base se evade el análisis del proceso de fijación de precios, y cómo estos se diferencian desde lo que reciben los pequeños productores, hasta los comercializadores finales. Se evade el hecho de que el origen del mercado de agrocombustibles, no ha sido natural, sino impuesto por la fuerza de la ley; y que en todos los niveles de la economía de los agrocombustibles, es el monopolio el que impone sus propias reglas de fijación de precios (8).

El monopolio impera también en la tenencia de la tierra y los agrocombustibles avanzan donde ya esta constituido. En Bolivia existen 14.000 productores de soya (Soyabolivia.blogspot.com, en Ribera, 2008), y un 70% de sus tierras está en manos de 300 grandes empresarios, sólo 30 de ellos bolivianos (Montes de Oca, 2005), esto es que la extranjerización es parte del monopolio. Según Amorim (2006), el canciller del Brasil, los soyeros brasileños en Bolivia, responden por el 40% de la producción de soya en Bolivia y por el 60% de la exportación de este producto.

El IBCE plantea el problema de la tierra solo como una cuestión de su disponibilidad física, ocultando su carácter económico, el cual es un campo donde los terratenientes y capitalistas son la parte poderosa. En el contexto económico, la tierra como cualquier mercancía, puede aparecer y desaparecer aunque la tengamos frente a nosotros, y ante estos hechos los pequeños propietarios, los sin tierra, y la economía nacional son siempre las víctimas (9).

Los agroempresarios nacionales se han hecho de las mejores tierras, con agua y acceso a infraestructura y en estas condiciones, su mayor producción y bajos costos compiten con la peor tierra, la de los pequeños propietarios. Las ventajas de las buenas tierras han sido adquiridas por influencias políticas y para encubrirlo se ha creado el mito de un “pujante empresariado agroindustrial” frente a una producción campesina retrasada y de baja productividad.

En los gráficos, vemos que la caña en Bolivia ha experimentado una productividad creciente, correlativa con una ampliación de la superficie cultivada. La soya experimenta una productividad decadente y una expansión extrema de la superficie cultivada; actualmente 38% del total nacional.

Nota: (1) Incluye campaña de invierno anterior, en el caso de maíz se toma en cuenta a partir de 2003
Año 1991=100%.(10) - Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

En cambio, los cultivos tradicionales como la papa y la yuca, experimentaron una extensión con tendencia decadente pero con una creciente productividad. Lo mismo ocurre con muchos otros cultivos, no industriales, como la haba y la cebada. En los casos del café y la quinua los cuadros son muchos más positivos (11).

Nota: Año 1991=100%. - Fuente: Elaboración propia en base a INE.

Esto demuestra que la agroindustria debe sus méritos al pirateo de un recurso natural nacional, la fertilidad de las tierras nuevas, y de otros recursos como el agua, a los cuales accede por política, mientras los pequeños productores permanecen por centurias trabajando la misma tierra.

Ocultando el carácter económico de la tierra se pretende hacer creer a la gente que grandes y pequeños productores y propietarios gozaran de una relación idílica en torno a los agrocombustibles. Contrariamente, Carlos León (2008), Presidente del CIOEC, ha declarado: “Cuando estas grandes empresas nos invadan van a requerir grandes extensiones de tierras y de productos,… los pequeños productores seremos sometidos… empleados, explotados”. Es la voz de la experiencia. La relación entre grandes y pequeños ya se daba en Santa Cruz hace varias décadas, en un sistema donde casas importadoras de insumos y equipo y fábricas de aceite financian a los pequeños productores de soya y caña; estas obtenían su producto y descargaban en aquellos los riesgos de la producción y los costos sociales que corresponderían si se tratara de asalariados. Este sistema trabaja para las transnacionales del rubro.

En el Brasil, este sistema de financiamiento de los cultivos y control de la logística de distribución, ha puesto el mercado de granos en manos de las trasnacionales. Las empresas nacionales de soya y también las cooperativas, como las de agricultores familiares de la región sur, dependen de las negociaciones con estas transnacionales para acceder al mercado. (Ortíz, 2008). Tal como se señaló anteriormente, al considerar las condiciones laborales, como resultado de su situación desventajosa, los pequeños productores se convierten en una especie de empleados de las financieras, trabajando autoexplotados”, en condiciones en que –por algo- las financieras no invierten directamente, y a la larga, quiebran y se quedan sin tierra.

En Bolivia, los latifundistas no ocultan su deseo de acaparar las tierras de los pequeños propietarios (12); y el IBCE (CAINCO & IBCE, 2008) propone una legislación de la tierra “sin perjuicio de su libre disposición por parte del propietario”.(13)

Seguridad y soberanía

Ante el impacto de los agrocombustibles en la seguridad alimentaria, se sostiene que la seguridad alimentaria es simplemente la disponibilidad de dinero para comprar alimentos, cosa que esta garantizada con el empleo generado por los agrocombustibles.

Esto coincide con el discurso de Lula, pero no con la realidad de los zafreros de caña del Brasil. En los años 80, estos cortaban 4 t., por R$ 9,09/día, y ahora cortan 15 t., por R$ 6,88/día. Tratándose de caña transgénica, deben cortar un área tres veces mayor, porque pesa tres veces menos. Siendo que el zafrero gana por peso cortado, antes obtenía 10 t macheteando 100 m2, ahora debe machetear 300m2 para obtener el mismo peso. (CPT & RSJDH, 2007) Para dar una idea del poder adquisitivo de aquella suma, un almuerzo de regular calidad en San Pablo cuesta $R 9, o sea, que los ingresos de la zafra no garantizan la alimentación.

El concepto de seguridad alimentaria manejado por el IBCE, excluye la soberanía nacional sobre la alimentación, que se justifica, entre otras cosas, porque la dependencia alimentaria constituye un efectivo instrumento de presión de los países ricos sobre los pobres.

“Lo mejor de todo”: Los empleos para los bolivianos

Lo mejor de todo, nos dicen, en la campaña, son los empleos. Para el supuesto caso de la participación boliviana en el 1% del mercado mundial de agrocombustibles, se prevé para el año 2019 (14), un total de 138.368 empleos correspondientes a 219.632 has, asumiendo un crecimiento del 6% de la demanda; y si fuera del 14%, se prevén 272.136 empleos (431.962 has). El problema es que este cálculo se basa en 0,63 empleos/ha que se aplica a cultivos no mecanizados, como si el cultivo de la caña no fuera a mecanizarse ni en 10 años. Si lo fuera, aplicaríamos 0,3 empleos/ha; entonces tendríamos 142.547 empleos menos. Esto es solo para dar una idea de la posible diferencia, porque la introducción de maquinaria depende en parte de cuanto pueden soportar los zafreros la explotación para no ser “despedidos” por las máquinas (15). En el Brasil, han soportado tanto que su vida activa en el cañaveral ha resultado inferior a la de los esclavos (Zafalon, 2007, en Corina, 2008). Con todo, entre 1970 y el 2000 la agricultura paulista, principal centro cañero, eliminó aproximadamente 700.000 empleos (Schlesinger et al, 2008); esto, hablando de caña; y peor, en el caso de la soya, por cada 300 has se crea solo 1 a 4 empleos. Esas son las perspectivas reales de “lo mejor de todo”.

No todo es positivo, reconocen los consultores del IBCE; existe el riesgo de que el pequeño productor sea objeto de condiciones de compra prefijadas, de endeudamiento forzado, y que se convierta en un empleado sin derechos laborales ni sociales (Solares & Solares, 2008). Su solución es simple: elaboración de normas legales apropiadas. Pero la verdad es que este “riesgo”, es también una vieja realidad, como lo certifica un estudio de la OIT el 2005 (Bedoya & Bedoya, 2005). El trabajo en la zafra de la caña, según otro estudio, es una de las peores formas de trabajo infantil; los niños desde los 6 años, trabajan con sus padres (Flores, 2008). Los grupos de migrantes llegan a la zafra en familia. Viven amontonados en carpas de plástico, sus condiciones de salud son deplorables y deben correr con los gastos de atención ellos mismos. El 32% de la mano de obra en las agroindustrias del norte cruceño, tiene una edad inferior a los catorce años (CEDLA, 2003, en Flores, 2008). Los contratos de trabajo están tercerizados (Bedoya & Bedoya, 2005), y la jornada laboral es de 12 a 14 horas.; la paga es por producción, y es común que se engañe en el pesaje. La situación es similar en la cosecha de algodón, pero se basa en el trabajo infantil, adolescente y de mujeres mayores (Flores, 2008).

Vemos así, que los abusos laborales los comete justamente el sector que ahora promociona los agrocombustibles y plantea la elaboración de una normativa para impedir esos abusos en la producción de agrocombustibles. Parte de esta estrategia para acceder a mercados acaudalados y “consientes” es la pretendida certificación “libre de trabajo infantil” para tapar un hueco y ocultar 10, porque los niños son una de las víctimas humanas y ambientales de este sistema. La experiencia de Bolivia con las certificaciones es elocuente: ocupa el primer lugar del mundo en área forestal certificada, pero solo un 5,7% del total corresponde a comunidades, el resto a empresas privadas. Esto ha empeorado porque en 1999, correspondía a las comunidades, un 9% de la extensión certificada (Villegas, 1999). Ahí vemos quienes se benefician; los grandes exportadores y sus acaudalados clientes del mundo desarrollado.

Connotaciones políticas de la campaña por los agrocombustibles

La campaña por los agrocombustibles, no es un objetivo económico aislado; es parte de una estrategia mayor manifiesta en el “Decálogo”: una serie de directivas que se envía al gobierno boliviano, que surge de más de 20 Foros de Diálogo con la Sociedad Civil realizados desde el año 2006 (IBCE, 2008b) financiados por USAID.

Sintéticamente, el Decálogo se refiere sobre todo a cuestiones de mercado de exportación; exige al gobierno la firma de un TLC con los EEUU y censura el acercamiento al MERCOSUR, ALBA, TCP y a Irán; exige que el gobierno aplique las demandas de los “actores productivos” y le critica su “fuerte orientación hacia un Estado Socialista-Comunitario, subsidiador y paternalista” (16); cuestiona su política de tierras (17) y, como anticipamos, abriga el tema de los agrocombustibles.

Otro aspecto de importancia es que la Directiva del IBCE es exclusivamente regional. La integran representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Forestal de Bolivia, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). La participación de estos sectores en el movimiento separatista es un hecho público. Como es sabido, los separatistas, debido al sufragio popular, quedaron en minoría en la Asamblea Constituyente, pero lograron por otros medios, introducir cambios sustanciales en la nueva Constitución.

Con todo, la Constitución aprobada por la Constituyente y el Estatuto Autonómico (EA) de Santa Cruz compartían su interés por los agrocombustibles, pero el EA se atribuía una competencia exclusiva sobre el tema. Ahora la Constitución reformada en el parlamento les ha reconocido esa competencia. El EA está a favor de los transgénicos (Arts: 97-II; 98; 97-III); la Constitución parlamentaria también los ha aceptado. Con esto se han abierto las puertas, más que ha cierta tecnología, a un modelo de producción que no solo es anti ecológico sino que por su vinculación estrecha con el capital transnacional pone en riesgo la soberanía nacional. Un elemento clave de la influencia del EA en la nueva constitución es que se ha eliminado la posibilidad del monopolio de Estado (Art. 316;4), de su intervención directa en la producción (Art. 316;3), y conducción de la economía (Art. 316;2) (Villegas, 2009). Por lo demás, allá donde este modelo se establece, socaba seriamente los derechos laborales y humanos, y genera un ambiente de violencia y, en Bolivia, ha hecho carne en los sectores que buscan implantar un régimen fascista.

Parte central de la campaña por los agrocombustibles, es el enfoque en los pequeños propietarios y el empleo, y su argumentación pobre desde el punto de vista económico y en frecuentemente encubierta por una jerga izquierdista, hace evidente que su objetivo no es el declarado sino el ablandamiento de la resistencia social a los agrocombustibles y la seducción de los intelectuales, las ONGs y la gente del gobierno. En todo esto, el rol de cierta cooperación internacional es por demás claro.

A manera de conclusión

Hemos podido constatar hasta aquí que los agrocombustibles constituyen una respuesta cuando menos inadecuada ante problemáticas globales como el calentamiento global y el hambre. En efecto, la producción de estos carburantes a gran escala no representa ningún deslinde frente a los combustibles fósiles, que son requeridos para su elaboración y transporte. Además, implica una intensificación del modelo agrícola industrial, responsable de manera sustancial de la actual crisis ambiental y del empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas. Los únicos beneficiarios de esta propuesta resultan ser conglomerados de grandes grupos empresariales, varios de los cuales han contribuido de hecho en la generación del cambio climático y de una deuda ecológica no asumida, mediante su participación en la industria petrolera, automovilística, agroalimentaria y constructora. A partir de todos los elementos considerados, pensando también en la obsesión por el crecimiento sostenido –y no sostenible-, pilar de la lógica capitalista, la propuesta de la FAO nos sitúa ante una ecuación imposible de resolver. Además, parte de una consideración simplista tanto del medio ambiente como de las poblaciones afectadas.

Esto se debe a que desdeña un parámetro clave: los seres humanos todavía no somos autómatas. Los millones de personas empobrecidas en todo el planeta no pueden ser consideradas como máquinas que requieren una fuente de energía adecuada. Por ejemplo, las comunidades andinas pugnan por la introducción en la naciente Constitución boliviana, del Suma Qamaña, entendido como el “vivir bien”, en un territorio que para ellos es sagrado y donde la diversidad de la naturaleza y sus divinidades conviven con la especie humana. Tras años de estudio de diversas culturas indígenas en América Latina, la antropóloga Alicia Barabas señala que las representaciones sobre el espacio y las pautas culturales de construcción constituyen categorías estructurantes en una cultura puesto que sus significados y orientaciones resultan claves para la reproducción social (Barabas, 2003). Por tanto, es a partir del reconocimiento de la complejidad y diversidad cultural de los seres humanos que podemos acercarnos a dilemas como el cambio climático y a las contradicciones generadas por el sistema capitalista. Ante ello, las posibilidades de actuar son múltiples. Las organizaciones indígenas y campesinas han plasmado sus reivindicaciones en el concepto abarcador e integral de la soberanía alimentaria y más recientemente de la soberanía energética. Existen también campañas populares que demandan que sea detenida la plantación de cultivos energéticos y piden una moratoria frente a las políticas de la UE de incentivos a los agrocombustibles, importaciones de agrocombustibles y monocultivos agroenergéticos de la UE o que trabajan sobre la deuda ecológica y la soberanía alimentaria (18).

Es a partir de este tipo de iniciativas, y en un esfuerzo de empatía, escucha y colaboración entre las diferentes resistencias al sistema capitalista que podremos sin duda encarar de manera responsable los actuales problemas globales y recuperar la posibilidad de una vida digna para todos los pobladores del planeta. www.ecoportal.net

Pablo Villegas es Investigador en antropología y salud pública y Mónica Vargas es Investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (Universidad Politécnica de Cataluña).

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Notas:

1 -Una parte de este artículo fue publicada inicialmente en el libro: Agrocombustibles. Llenando tanques, vaciando territorios, 2008, Censat Agua-Viva y Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Bogotá, pp. 59-79.

2 -No utilizaremos aquí la denominación “biocombustible” ni “biocarburante”. Adoptamos la postura de cientos de organizaciones campesinas reunidas en el Foro Social Mundial sobre Soberanía Alimentaria de Nyeleni, según las cuales se trata de una industria que constituye una agresión para el medio ambiente.

3 -Se trata esencialmente de los agrocombustibles de segunda generación, que serán considerados más adelante.

4 -Por ejemplo, el término B30 indica que el diesel contiene 30% de biodiesel (GRAIN, 2007)

5 -Para una exhaustiva explicación de este fenómeno véase: García, F., Rivera-Ferre, M. y Ortega M. (2008).

6 -Para más información véase: García, F., Rivera-Ferre, M. y Ortega M. (2008) y Ribeiro, S. (2008).

7 -Francesco Zaratti, cuando era delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, se movilizaba con viáticos pagados por Petrobras y Total. (Bolpress, 2004). Así, no extraña que declarara que: “No se puede obligar a las empresas a abastecer primero el mercado interno porque por precios y volúmenes es marginal con relación al mercado externo”, y que “No son empresas de caridad”. (Bolpress, 2008)

8 -Ante recientes restricciones de la UE a la importación de agrocombustibles, la informalmente llamada "OPEP de los Biocombustibles" integrada por Brasil, Argentina, Colombia, Malawi, Mozambique, Sierra Leona, Indonesia y Malasia tuvo que iniciar una campaña para que la UE revise sus exigencias ambientales para las importaciones de etanol, argumentando que estas congelarían la expansión de la producción de etanol en Sudamérica y en África (www.radioamerica.hn. Newsletter Nº 2, 14-11-2008). Esta situación muestra la extrema sensibilidad de los agrocombustibles al capricho de sus clientes, que no se guía, como queda claro de la decisión de la UE, por cuestiones de mercado. Como dice la tal “OPEP”, esto puede congelar nada menos que dos continentes, mientras la UE puede tranquilamente seguir viviendo sin agrocombustibles. Lula también se ha visto obligado a reclamar: “Hemos dicho que si queremos tener éxito en la ronda de Doha es preciso que los países ricos flexibilicen los precios agrícolas para que los productos de los países pobres entren a ese mercado. Entonces, dejen la
hipocresía y comiencen a comprar biocombustible” (La Razón Abril 28 de 2008).

9 -La disponibilidad física de tierras puede ser alterada, como ya ocurre en países como Argentina y Brasil, por la magnitud de capital volcado, en este caso, en cultivos para agrocombustibles, lo cual desalienta otro tipo de cultivos, genera demanda de tierras y produce un incremento de su precio y la especulación, que puede tornarse más importante que la producción misma. Por otra parte, para los pequeños propietarios pobres, no basta tener la tierra. Sin dinero para hacerla producir estos terminan de jornaleros, como ocurre con los guaraní en el Chaco boliviano, según constata Ormachea (2008).

10 -Los datos del INE muestran una baja de productividad generalizada entre los años 1993-1995.

11 -En general, los productos, tradicionales, es decir alimenticios y forrajeros, han aumentado su productividad y su extensión aunque todos han retrocedido en su participación relativa frente a los cultivos industriales que ya llegan al 50% del total cultivado.

12 -El Estatuto Autonómico de Santa Cruz anuncia la reagrupación, distribución y redistribución de las tierras para evitar el minifundio improductivo (Art. 105). Esto amenaza con reeditar la política iniciada por Melgarejo en 1867, que con el pretexto de salvar la tierra de las “manos muertas” de los indios, (que en el Estatuto aparecen como “minifundio improductivo”), desató una guerra por la tierra que desangró el área rural por décadas. (Villegas, 2008).

13 -Juan Carlos Lijerón, Coordinador del Proyecto “Bolivia – Estudio de Caso para la Mesa Redonda Global sobre Biocombustibles Sostenibles”, por su parte, plantea recuperar tierras degradadas o abandonadas por la migración. Aquí se trata evidentemente de la propiedad del pequeño productor, ni una palabra sobre las tierras “degradadas o abandonadas” de los latifundistas.

14 -No tomamos el 2020 porque el autor cometió errores de cálculo.

15 -Una cosechadora mecánica de caña hace el trabajo de 100 personas

16 -Su fundamentación es digna de leerse: “dejando de lado el hecho que el Muro de Berlín se vino abajo el año 1989, y que la Unión Soviética no existe más…” “históricamente se demostró que (el Estado) es un mal administrador”.

17 -Christian Sattori Ivanovic, Presidente de CONFEAGRO, a tiempo de criticar ácidamente la Ley 3545 (“Reconducción Comunitaria”) y su Reglamentación que genera inseguridad jurídica para el factor productivo “tierra” advirtió que sin medidas de fondo para producir más alimentos, ello condenará a los pobres a morir de inanición, cuando lo lógico sería que Bolivia con todo el potencial productivo con que cuenta, se dé a la tarea, no de hacer política con la economía, sino a generar más producción para atender no solo el mercado interno, sino la creciente demanda mundial. (IBCE, 2008c)

18 -Véase http://www.biofuelwatch.org.uk/; http://www.noetmengiselmon.org

Recuadros

Partiendo de una percepción, hoy cuestionada desde diferentes ámbitos, según la cual los agrocombustibles no aumentarían la concentración de CO2 en la atmósfera, varios países han legislado a favor de una implementación obligatoria de estos carburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción necesaria.

Únicamente en Brasil, 59% de las emisiones provienen de la deforestación debida a la expansión de los cultivos de soya y de caña de azúcar.

La agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global (Stern, 2006)

Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos.

En Paraguay, el avance de los monocultivos de soya transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras.

El Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA) son megaproyectos que consideran a la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías.

El monopolio impera también en la tenencia de la tierra y los agrocombustibles avanzan donde ya esta constituido. En Bolivia existen 14.000 productores de soya (Soyabolivia.blogspot.com, en Ribera, 2008), y un 70% de sus tierras está en manos de 300 grandes empresarios, sólo 30 de ellos bolivianos (Montes de Oca, 2005), esto es que la extranjerización es parte del monopolio.

El concepto de seguridad alimentaria manejado por el IBCE, excluye la soberanía nacional sobre la alimentación, que se justifica, entre otras cosas, porque la dependencia alimentaria constituye un efectivo instrumento de presión de los países ricos sobre los pobres.

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