Nacional | 24 Julio 2008 - 11:17pm
Nubarrones de Justicia y Paz
Por: Redacción Judicial | Elespectador.com
El
director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sostiene que se
han denunciado más de 11 mil crímenes. Detractores señalan que la
lentitud en las versiones libres dificulta reparación a víctimas. Los
paramilitares le han entregado al Fondo de Reparación apenas $9.000
millones.
Tres
años después de que entrara en vigencia la promocionada Ley de Justicia
y Paz como fórmula jurídica para establecer la ruta de los crímenes
insepultos que dejó el paramilitarismo en Colombia en las últimas dos
décadas, subsisten más dudas que certezas en su aplicación. Aunque se
han logrado avances sustanciales en el esclarecimiento de miles de
crímenes que tenían dolientes pero no victimarios identificados, la
lentitud en el desarrollo de las versiones libres de los postulados, el
rearme de bandas criminales emergentes, la insignificante restitución
de bienes entregados por los paramilitares, entre otro largo etcétera
de 'peros', han dificultado el proceso de reparación a las víctimas.El
director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González
León, no sin antes reconocer que faltan elementos logísticos y "que no
se han cumplido los objetivos trazados", se mostró satisfecho por los
resultados en la aplicación de la norma y manifestó que por primera vez
en Colombia las víctimas se han hecho visibles. Con estadísticas en
mano reveló que desde que se iniciaron las audiencias de versión libre
de jefes de las autodefensas se han enunciado más de 11 mil crímenes y
se han confesado en detalle 2.700. Son 138 mil las víctimas que se han
registrado en Justicia y Paz, 1.284 fosas comunes han sido halladas y
muchas verdades del maridaje entre la política y el paramilitarismo han
venido a conocerse. Pero las cifras de la Agencia Presidencial para la
Acción Social siguen siendo desconcertantes. Las inmensas fortunas que
por años ostentaron los jefes de las autodefensas al parecer se
esfumaron, porque al Fondo de Reparación a las Víctimas tan sólo le han
entregado $9.184 millones, representados en dos helicópteros, un carro,
un camión, cinco camionetas, tres camperos, 18 motocicletas, un
tractor, una volqueta, dos lanchas, 15 predios rurales y seis urbanos,
$743 millones en efectivo, 652 prendas de vestir, 70 pares de zapatos,
10 motores fuera de borda y 5.147 semovientes. Eso sin contar que los
'paras' han entregado predios embargados o que no son de su
propiedad.En un documento elaborado por la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, la procuradora delegada para los derechos
humanos, Patricia Linares, advierte que el resultado en materia de
avance en la ley ha sido precario, pues sólo se han formulado 12
imputaciones, no se ha producido la primera condena a un miembro de las
autodefensas por un magistrado de Justicia y Paz y las audiencias de
versión libre avanzan a paso de babosa. González León le dijo a El Espectador,
sin embargo, que a finales de este año se esperan las primeras condenas
y que se está haciendo todo lo posible para acelerar el ritmo de los
procesos.De igual manera, siete víctimas de los grupos de autodefensa
fueron asesinadas por reclamar su derecho a que les devolvieran las
tierras que les quitó la barbarie paramilitar. Yolanda Izquierdo, por
ejemplo, ultimada en Montería a principios de 2007 por órdenes del
prófugo jefe de las autodefensas Vicente Castaño Gil, alias El Profe.
Analistas del conflicto piden que los números de los crímenes
confesados por los 'paras' sean analizados con reposo porque, en su
criterio, muchos de los que han rendido versión libre se han dedicado a
incriminar como autores de masacres, desapariciones y crímenes a
oficiales de la Fuerza Pública que ya murieron.Asimismo, muchos reparos
le han caído a la Fiscalía por la lentitud para investigar a prestantes
dirigentes políticos, reputados militares e influyentes empresarios que
han salido a relucir en las audiencias de versión libre de los 'paras'.
No obstante, el director de Justicia y Paz de la Fiscalía les sale al
paso a las críticas con números contundentes: en total, y por cuenta de
las revelaciones de los jefes de las Auc, se han compulsado copias para
investigar a 155 políticos, 76 miembros de las Fuerzas Militares, 22
servidores públicos y 13 funcionarios judiciales.En el Congreso las
opiniones están divididas. El representante liberal René Garzón
sostiene no ha habido justicia, ya que las víctimas siguen sufriendo
porque no las han reparado. "A esos señores tocó extraditarlos porque
eso no funcionó. Lo único es que los jefes paramilitares dieron la
cara". En igual sentido se pronunció el senador del Polo Democrático
Alexánder López. "Hoy, después de tres años, es una ley que no ha
servido ni siquiera para un proceso de paz. Todo terminó en una
extradición y es una ley que finalmente creó un remedo de negociación
de paz". Jairo Clopatofsky, del Partido de la U, sí cree que el balance
de la ley es positivo. "Si falló en algo fue porque el sistema judicial
no brindó todas las garantías", concluyó.En síntesis, tres años después
de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz son más las lagunas de la
norma que los avances en el esclarecimiento de la barbarie paramilitar.
Aunque sería un despropósito reconocer sus méritos.
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