En
realidad, no se necesita pensar mucho para decidir por quién votar
este primer domingo de julio. Basta dejarse conducir por una buena
dosis de sentido común, otra más de patriotismo y un renovado interés
por dejar a las generaciones venideras un país más justo y democrático.
Hace falta, desde luego, un poco de conocimiento de la historia
contemporánea de México, para tener puntos de comparación que permitan
una decisión lo más ajustada a los hechos. El más contundente de ellos,
en este momento, es la bancarrota del Estado de Derecho, luego de dos
sexenios de gobiernos panistas, que sirvieron para demostrar la
incapacidad del PAN para ejecutar políticas públicas acordes con la
necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la paz social.
El partido blanquiazul perdió la oportunidad que recibió del
pueblo mexicano, ¿por qué habría de recibir otra más, a sabiendas de
que la nación tendría que pagar costos extraordinarios? El entreguismo
de Felipe Calderón a intereses extranjeros es de tal magnitud, que sólo
un gobernante con firmes convicciones patrióticas, un estadista capaz
de concitar el apoyo de la sociedad nacional, un líder con la fuerza
suficiente para arrastrar a las masas hacia las metas buscadas, podría
romper las fortísimas ataduras que dejará el inquilino de Los Pinos como
herencia a los mexicanos.
¿Cómo podría Josefina
Vázquez Mota encauzar una estrategia distinta a la que impuso Calderón
para supuestamente combatir al crimen organizado? Llegaría a Los Pinos
fuertemente comprometida con los intereses que le permitieron a
Calderón imponer su “guerra” como método único de lucha, bajo el cual
dar nuevas directrices al negocio del narcotráfico y al tráfico de
armas.
De tal circunstancia se aprovecharían las autoridades
estadounidenses para imponer sus condiciones, como así lo demuestran
declaraciones recientes de diversos funcionarios de la Casa Blanca,
entre ellos Janeth Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, y hace
unos días Donald W. Sharpe, fiscal del Departamento de Justicia, quien
puntualizó: “Nuestra seguridad está en riesgo, y dada la cercanía
siempre compartiremos problemas como el terrorismo, el narcotráfico y
la delincuencia organizada. Por ello, mientras más podamos entendernos y
se homologuen nuestros sistemas de justicia, ayudaremos a fortalecer
la seguridad en toda la región”.
Esta acción conjunta tendría
sentido si nos reportara algún beneficio como país, pero lo cierto, de
acuerdo con la experiencia histórica, es que nos ataría con más fuerza a
los designios de Washington. Es muy claro el propósito de la tal
“homologación”, lo dijo enfáticamente: “Nuestra seguridad está en
riesgo”. La de ellos, supuestamente, aunque bien sabemos que no es
verdad, como no lo fue la denuncia de que Sadam Hussein contaba con un
arsenal de armas altamente peligrosas, las cuales nunca se hallaron,
como se recordará.
La única manera de frenar las embestidas de la
Casa Blanca contra nuestra soberanía es contando con un Estado
fortalecido, firmemente unido por una alianza irrompible entre
gobernantes y gobernados. Esta no la podría lograr nunca la abanderada
panista, no tiene con qué acometerla y hacerla un hecho
incontrovertible.
Pero tampoco la podría garantizar alguien como
Enrique Peña Nieto, un bisoño egresado de una universidad de elite, la
Panamericana, quien desconoce absolutamente la realidad que subyace en
el México olvidado. Es preciso recordar que es el heredero de un
gobernador que dejó una estela de corrupción mucho más grande que la
famosa “Estela de Luz” de Calderón, a quien protegió con todo para que
disfrutara impunemente de sus miles de millones. No hay que olvidar que
durante su mandato como gobernador del Estado de México, Peña Nieto se
caracterizó como un violento represor de organizaciones y movimientos
populares, y que gastó a manos llenas en la construcción de una imagen
televisiva que no corresponde con el político que dice ser.
No
hay explicación lógica al hecho de que el PRI lo haya escogido como su
abanderado para los comicios de julio próximo, aunque sí existe si nos
ponemos a meditar un poco en el hecho irrefutable de que México dejó de
ser un país con Estado de Derecho, con un sistema de leyes que se
respetan y cumplen. La única explicación posible es que el partido
tricolor dejó de ser el partido representativo de la diversidad social y
económica del país, para posicionarse como una organización mafiosa al
servicio de intereses espurios. Es impensable que tal partido pudiera
defender los intereses básicos de las clases mayoritarias, mismos que
han sido pisoteados de manera por demás cruel y salvaje por los
tecnócratas en el poder desde hace tres décadas. Es hora de que se
imponga el sentido común, el patriotismo y una real preocupación por
nuestros hijos y nietos. Es el momento de darle oportunidad a las
fuerzas progresistas.