

Por: Redacción / Sinembargo - febrero 12 de 2012 - 19:02
Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo a la de Felipe Calderón, agrega.
“Dijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2005.
El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia las campañas políticas de 2006, dice Proceso.
Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa de material, de ésas con cemento colado, grava y tabiques.
Donata Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa) ante Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.
Preciado no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales.
Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran, señala el reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1841.


Por: Redacción / Sinembargo - febrero 12 de 2012 - 10:02
La revista explica en su edición de hoy domingo que,“ con el uso de las herramientas esenciales del periodismo de investigación”, Julio Scherer recopila testimonios, entrevistas, documentos, conversaciones con el ex dirigente panista Manuel Espino que porta elementos clave para entender los rasgos sobresalientes del hombre que carga sobre sus espaldas una guerra de más de cinco años y más de 50 mil muertos.
Proceso da a conocer un adelanto del nuevo titulo del periodista, que saldrá a la venta en los próximos días bajo el sello Grijalbo:
En la batalla electoral de 2006, los negocios al amparo del poder, los pactos ominosos, la alteración y la falsificación de documentos, las intercepciones telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las secretas, y los golpes bajos de la grilla, fueron temas que ocuparon hasta los segundos de los medios electrónicos y los espacios arrinconados de las publicaciones impresas.
En los tiempos que corren se ha vuelto aún más apremiante ir al fondo de la personalidad de los hombres y las mujeres del poder. Vicente Fox fue desquiciante por su ignorancia y su afán aberrante por adornar a su esposa con los atributos que podrían llevarla a la Presidencia de la República. El país está hoy en juego y los imperativos por la verdad cobran el dramático acento de un desolador clamor.
Por estas razones no me sorprendió, pero me atrajo sobremanera, que un día llegara a mi casa, silencioso, un documento insólito. Se trataba, en primer lugar, del comprobante de una transferencia realizada a través de Banorte, por el concepto de “pago de factura”, al beneficiario Hildebrando, S.A. de C.V. La fecha: 28 de abril de 2006.
En otra hoja destaca, en letras de buen tamaño, el nombre Hildebrando, sin apellido. Se trata de una factura expedida por la compañía de Hildebrando Zavala, cuñado del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En aquella época trabajaba al frente de una empresa de informática.
A la derecha del llamativo nombre y en caracteres pequeños consta la dirección de la empresa Hildebrando, S. A. de C. V., sus teléfonos y asuntos menores. En cuanto al uso que debiera darse al dinero, el concepto que anota el documento es categórico y, en su brevedad, demoledor: “Captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional”.
Por último, la factura está marcada con fecha del 19 de abril de 2006, el número 022778, y señala un importe por 10 millones 434 mil pesos.
Las sumas de rigor se consignan en el documento:
Subtotal: 10 434 000
IVA: 1 565 100
Total: 11 999 100
La tercera página del documento muestra el logotipo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en lugar preferente. La fecha: 26 de abril de 2006. Se trata de un oficio de la Dirección de Administración y Finanzas de Acción Nacional, donde se suscribe al ingeniero Jorge Arturo Manzanera Quintana como solicitante de un cheque por la cantidad de 11 millones 999 mil 100 pesos, que se extendería a favor de Hildebrando, S.A, de C.V., por el concepto de “captura de datos”. Además, se especifica el número de la propia factura que habría emitido Hildebrando (022751), y en una línea se indica: “Con cargo a: DÍA ‘D’.” Al lado de la firma del ingeniero Manzanera, se advierte el nombre de Arturo García Portillo como el responsable de la autorización.
En la actualidad, el ingeniero Manzanera –quien fuera secretario de elecciones cuando Calderón fungió como presidente de su partido– conserva su calidad de consejero nacional del PAN.
…
Decidí buscar a Manuel Espino, en aquel entonces presidente de Acción Nacional. Concertamos una cita en un café de escasa concurrencia. Vi sus ojos, siempre hay que mirar los ojos de los desconocidos, y empezamos a conocernos.
Le hablé sobre los documentos en términos vagos, y en términos evasivos escuché explicaciones que no me llevaban a ningún lado. No obstante, Espino era la única persona a la que podía acudir con el propósito de conocer la naturaleza y el valor de los papeles que habían caído en mis manos. Eje de la campaña electoral que tuvo a Felipe Calderón Hinojosa como candidato, no habría secreto mayor que pudiera escapar a su conocimiento.
Nos reunimos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Un día, de manera natural, Calderón fue el tema único. Espino me contó historias que lo llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser “inescrupuloso y perverso”. Por mi parte, no alteré mi manera de pensar: en este sombrío 2012 Calderón pagará por los inocentes y desaparecidos de la guerra que inició un desventurado día de enero de 2007.
Sentí que avanzaba en la confianza de Espino. Su lenguaje ganaba en claridad y contundencia. Habló acerca de sus sentimientos y convicciones. Había participado en una gigantesca operación para que Calderón ganara las elecciones. Tuvo la certeza de que así cumplía con su deber como militante del partido al que había entregado su vida. Acción Nacional era su casa, su pertenencia, un hogar. Además, consideraba que habría sido impensable otro presidente que no fuera Felipe Calderón Hinojosa. Como quisiera juzgársele, era hombre de doctrina, la misma de la inmensa mayoría de los mexicanos.
El tiempo, sin embargo, no creó alianza alguna con Espino. Al contrario, Calderón se construía con lo peor de sí mismo: “Mentía, manipulaba, traicionaba. En todos sentidos, empobrecía a la República”.
–Sí, don Julio –dijo Espino después de un largo silencio que me produjo expectación–, los documentos son auténticos.
…
A mis ojos, el asunto crecía. Andrés Manuel López Obrador había formulado una denuncia contra Hildebrando Zavala.
El 6 de septiembre de 2006, Proceso publicó:
Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y socio con 18 por ciento de las acciones de la empresa de software Hildebrando, S. A. de C. V., anunció anoche que hoy demandarán por lo civil a Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia será presentada, argumentó Zavala, por el descrédito que el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos le ocasionó merced a la acusación que éste hizo durante el debate televisado del martes. López Obrador sostuvo ese día que, como secretario de Energía, Felipe Calderón benefició a su cuñado con contratos por dos mil quinientos millones de pesos.
“Su dicho me ha dañado a mí, a mi familia, a mi empresa, las relaciones con clientes y con socios –aseguró Zavala–. A la fecha, el señor López Obrador no ha demostrado su dicho ni se ha disculpado. Por eso la demanda será por daño moral.”

Por: Redacción / Sinembargo - febrero 12 de 2012 - 12:02
La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) acusó a México de querer “alejar la atención de la corrupción galopante que azota a su gobierno, el Poder Judicial, y las agencias policiales y militares”, señalando que el problema de la violencia por la guerra de las drogas viene del tráfico de armas desde Estados Unidos.
“La afirmación del Washington Post de que el 70 al 80 por ciento de las armas [usadas en la guerra mexicana] pueden ser rastreables a los Estados Unidos, ha sido largamente desacreditada. La policía de México rastrea sólo una fracción de las armas que decomisan; está específicamente entrenada para no solicitar las huellas en Estados Unidos sobre las armas sin marcas de Estados Unidos, de acuerdo con el senador Charles E. Grassley (Iowa), el republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado”, dice en una carta a ese diario Chris W. Cox, director ejecutivo del Instituto de la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association) para la Acción Legislativa, de Estados Unidos.
Por otra parte, señala, “según datos federales publicados en junio, el 78 por ciento de las armas de fuego sometidas a seguimiento en 2009, y 66 por ciento de las armas de fuego presentadas en el año 2010, no se remontan a ventas finales de los distribuidores con licencia de Estados Unidos”.
“Las administraciones de Calderón y Obama necesitan toda posible desviación de los verdaderos problemas que causan y agravan la guerra contra las drogas”, agrega.
“Los mexicanos necesitan alejar la atención de la corrupción galopante que azota a su gobierno, el Poder Judicial, y las agencias policiales y militares”, dice Chris W. Cox.
Señala en la carta: “El presidente Obama necesita desesperadamente distracciones ante la responsabilidad penal y la incompetencia de su Departamento de Justicia y su fiscal general, Eric H. Holder Jr., en lo que respecta a la tragedia mortal ‘Rápido y Furioso’”.
“Lamentablemente, parece que ambas administraciones han encontrado un colaborador dispuesto en el Post”, acusa. Cox.
El Washington Post se preguntó en un editorial, hace unos, ¿las políticas fallidas de Estados Unidos con las armas contribuyen a la terrible violencia en México? Agregó: “Alejandro A. Poiré Romero [secretario de Gobernación] hace un caso convincente de que la respuesta es sí”.
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir en ambos países reconocen que del 70 al 80 por ciento de las armas decomisadas en México ser rastreadas a los Estados Unidos. El señor Poiré Romero, la máxima seguridad nacional de México y oficial de justicia penal, ofrece evidencia adicional de que los Estados Unidos ha sido un facilitador de la violencia”, agrega Washington Post.
En el año 2005, agrega, aproximadamente un tercio de las armas incautadas fueron las armas de asalto. “Hoy en día, según Poiré Romero, las armas de asalto representan el 60 al 65 por ciento de las armas confiscadas por las autoridades mexicanas. La prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos expiró en 2004”.
“El aumento significativo de la violencia y el aumento en el número de funcionarios públicos asesinados en México coincide con el levantamiento de la prohibición de las armas de asalto”, dijo Poiré Romero, citado por el Post; el secretario se reunió con editores de esa casa editorial.