526 / 26 - Portugal: se avecina una batalla sindical y política
Red GeoEcon
Portugal: se avecina una batalla sindical y política
Desde la caída del Gobierno de António Costa [dimitió en noviembre de 2023, fin del mandato en abril de 2024 tras las elecciones anticipadas de marzo de 2024], actual presidente del Consejo Europeo designado por los socialistas europeos, Portugal está gobernado por un Gobierno de coalición minoritaria de la Alternativa Democrática (PSD/CDS), miembro del Partido Popular Europeo (PPE). En las últimas encuestas de intención de voto, tanto el Partido Socialista como Chega [Ya basta], formación de extrema derecha, obtienen resultados similares a la suma de los partidos en el poder. Desde finales de 2025, una de las principales fuentes de controversia política se ha convertido el intento de aprobar un nuevo paquete de medidas laborales.
En los últimos años, Portugal ha mantenido su estructura económica, caracterizada por una posición periférica y subordinada en el orden europeo. A pesar del fuerte aumento del nivel educativo de la clase trabajadora, el país sigue dominado por sectores rentistas de la distribución alimentaria y el turismo, así como por servicios de baja intensidad tecnológica. Por ejemplo, la función pública emplea hoy prácticamente el mismo número de personas que hace 20 años. Paralelamente al aumento de la precariedad y la inestabilidad de los contratos de trabajo, esta realidad contribuye a una elevada tasa de emigración de la juventud y a unas necesidades crecientes de mano de obra inmigrante.
Según datos recientes del Banco de Portugal, desde 2018, alrededor de 1,2 millones de personas inmigrantes se han instalado y trabajan en Portugal: el 38 % procede de Brasil, el 19 % de India, Bangladés y Nepal, y el 14 % de países africanos de habla portuguesa. Estos trabajadores y trabajadoras han encontrado empleo en los sectores de los servicios de proximidad (20 %), el alojamiento y la restauración (18 %), la agricultura y la pesca (15 %), la construcción (14 %), el comercio (10 %) y la industria (7 %). A pesar de los ataques diarios de la derecha, las y los inmigrantes representan hoy en día una cuarta parte de la mano de obra en Portugal.
El ajuste de cuentas de la derecha
En las últimas dos décadas, Portugal ha vivido tres grandes reformas de la legislación laboral, siempre con el objetivo de debilitar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La más importante tuvo lugar bajo los auspicios de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) que, durante tres años (2011-2014), y en alianza con la derecha y el Partido Socialista, impuso un drástico plan de austeridad tras la crisis financiera mundial.
Otras medidas destinadas a modificar la legislación laboral se bloquearon gracias al acuerdo de la geringonça —el apoyo parlamentario al gobierno minoritario del Partido Socialista, negociado por el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista (2015–2019).
Al quedarse sin el apoyo de la izquierda, António Costa decidió no modificar la legislación laboral durante los siguientes gobiernos (2019-2024). Con la victoria de la derecha en las elecciones de 2024, confirmada en 2025, se anunció una nueva reforma de la legislación laboral.
El Gobierno de la Alternativa Democrática (AD) presentó una propuesta de modificación profunda de la legislación laboral, anunciando, entre otras cosas: la ampliación del periodo de prueba a los nuevos contratos; la posibilidad de no respetar parte de los derechos a indemnización por despido; el aumento del número máximo de horas extras; la ampliación de la duración de los contratos de duración determinada; la simplificación de los despidos, entre otras medidas.
Esta propuesta suscitaron una fuerte contestación contra el Gobierno a finales de 2025, con la convocatoria de una huelga general por parte de las dos centrales sindicales: la CGTP (históricamente vinculada al Partido Comunista) y la UGT (históricamente dominada por el Partido Socialista). El impacto de la huelga y las protestas públicas obligaron al Gobierno a hacer varias concesiones en el marco de un diálogo social, pero el resultado acabó, la semana pasada, en un punto muerto, tras el anuncio de la UGT de su oposición a un acuerdo. Cabe destacar que la CGTP no había sido incluida en las nuevas rondas de negociaciones.
Con la derecha a la espera de un acuerdo, el Gobierno podría preferir el rechazo
En Portugal, las modificaciones de la legislación laboral son competencia de la Asamblea de la República, por lo que las negociaciones en el marco de la concertación social (entre las centrales sindicales, el Gobierno y los representantes de los empresarios) tienen ante todo una función simbólica y de legitimación pública. Tanto el Partido Socialista como los partidos situados a su izquierda —Bloco de Esquerda, Partido Comunista y LIVRE (Verdes Europeos)— han mantenido una postura de rechazo, anunciando que votarían en contra [en total, suman 10 diputados de 230: Bloco 1, PC 3, Verdes 6]. Junto al Gobierno, a favor del proyecto, se suman los ultraliberales de la Iniciativa Liberal (Renew Europe).
La extrema derecha, representada por Chega, sigue indecisa. Afectado por la derrota de su aliado Viktor Orbán y por la connotación trumpista, en un contexto de subida de los precios de los combustibles ligada a la agresión contra Irán, André Ventura apostaba por la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y la UGT, lo que le habría proporcionado una justificación mínima para sacar adelante el paquete de contrarreformas relacionadas con la legislación laboral.
Al igual que con otros asuntos importantes en el Parlamento —desde la ley de nacionalidad [aumento del tiempo de residencia necesario para obtener la nacionalidad: 7 años para personas de países de habla portuguesa y de la UE; 10 años para personas de otros países] hasta el presupuesto del Estado—, el Gobierno depende del voto a favor de Chega (en el primer caso) o del Partido Socialista (en el segundo). Ante el punto muerto provocado por el anuncio de la UGT, André Ventura no tardó en dar a conocer sus condiciones, aún vagas en cuanto a los detalles concretos, para votar a favor del proyecto en el Parlamento: protección de las trabajadoras lactantes y de los trabajadores por turnos [generalmente 3×8], así como la limitación de la externalización y del recurso al despido.
A falta de una fecha para la presentación del paquete de medidas sobre la legislación laboral en la Asamblea de la República, las negociaciones entre los empresarios, el Gobierno y la UGT no se han dado por concluidas. La intervención del recién elegido presidente de la República, António José Seguro, antiguo secretario general del Partido Socialista, que ha presionado públicamente a la UGT para que llegue a un acuerdo, también contribuye a ello.
Por parte de los trabajadores y trabajadoras, la CGTP ha reaccionado convocando una huelga de la función pública y una manifestación en Lisboa, que tuvo lugar el viernes 17 de abril. Al tener las puertas cerradas a su izquierda, el Gobierno podría apostar por la deserción de Chega en este asunto, dando a entender que podría preferir el rechazo de la propuesta, para luego utilizar el argumento de la inestabilidad política y la responsabilidad gubernamental con el fin de reforzar su posición en las encuestas.
Esta semana también se ha publicado un manifiesto firmado por decenas de dirigentes y activistas sindicales, en el que se hace un llamamiento a la unidad entre las centrales sindicales de cara a las futuras movilizaciones contra la contrarreforma de la legislación laboral 1. Una lucha que, sin duda, marcará el ciclo político en Portugal durante los próximos meses.
20/04/2026
Traducción: viento suer
- 1En cuanto a los retos relacionados con la propuesta de nueva ley, esquerda.net, el blog del Bloco, presenta así el eje central del manifiesto: "Los sindicalistas afirman que el proyecto de contrarreforma de la legislación laboral no prevé ninguna medida relacionada con 'la gestión algorítmica cada vez más extendida', ni ninguna respuesta a los efectos del cambio climático para quienes trabajan en condiciones extremas de calor o frío o durante fenómenos meteorológicos violentos como los que sufrió el país hace unos meses [tormentas]. La misma falta de medidas se nota para quienes sufren el desgaste acumulativo del trabajo por turnos, a quienes, en el caso de los trabajadores con responsabilidades familiares, incluso se les impone el trabajo nocturno y durante el fin de semana. Si este conjunto de contrarreformas no dice nada sobre el marco legal que regula el uso de la inteligencia artificial ni sobre las ganancias de productividad asociadas a su implementación, propone medidas que van en sentido contrario, precarizando y desregulando los horarios de trabajo con la supresión de los derechos de los padres y las madres de familia, vaciando de contenido el deber de desconexión conseguido en 2021, o yendo en contra de la directiva europea sobre plataformas digitales, poniendo fin a la exigencia de un contrato de trabajo específico para el sector. Los firmantes del manifiesto sostienen que 'mantener una unidad total [sindical] en el rechazo de esta propuesta gubernamental y de sus supuestos es una condición necesaria para abrir el camino a otro debate: no sobre cómo desestabilizar aún más el mundo laboral, sino sobre los nuevos derechos que es indispensable conquistar en un contexto marcado por innumerables transiciones (digital, ecológica y demográfica), por las consecuencias de la guerra y por el aumento del coste de la vida'. También piden al presidente de la República que ¡no impulse ningún acuerdo en torno a este anteproyecto', elaborado al margen del diálogo social y que contiene disposiciones contrarias a la Constitución que él juró defender". (
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------