La realidad física ha comenzado a devorar los discursos políticos en la Unión Europea. Durante tres décadas, la comunidad internacional ha construido un andamiaje de acuerdos climáticos, metas de desarrollo y evolución energética: desde Río (1992) y Kioto (1997) hasta la (2015) y, exclusivo para Europa, el ‘Pacto Verde’ (2019). No obstante, pese a este entramado normativo y a un volumen sin precedentes de inversión en fuentes limpias, no han disminuido en la proporción esperada ni la subordinación a los fósiles. En el resto del planeta las siguen aumentando.
Con la y la guerra de Irán emerge una constatación incómoda: la transición avanza, pero sobre una arquitectura de vínculos materiales, económicos y geopolíticos que no se desvanecen con decretos contra el calentamiento ni con un despliegue acelerado de renovables.
Ya se vio obligado el bloque europeo a declarar a la nuclear como ‘verde’ y acaba de reconocer el error del cierre de centrales, impulsándola como avalista de independencia y firmeza frente al chantaje fósil. Aun así, el gobierno español se aferra al desmantelamiento de Almaraz y el resto de centrales nucleares, justo cuando la seguridad pende de un hilo en el Estrecho de Ormuz.
La primera razón de esta tenaz vulnerabilidad es estructural, dado que el suministro continúa dominado por los hidrocarburos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lleva años señalando que, a nivel mundial, la cuota de petróleo, gas y carbón persiste en torno al 85%. La Unión Europea, según Eurostat, no escapa a esta realidad: cerca del 70% del suministro primario es de origen no renovable, con el petróleo (38%) y el gas (21%) actuando como columnas vertebrales de sujeción.
El segundo factor es la alta exposición externa de Europa (del orden del 60%). Esta fragilidad deriva de una producción primaria en descenso (motivos geológicos, restricciones normativas y políticas ambientales) y de una demanda final que se modifica lentamente. Si bien la UE sigue instalando más renovables, la cantidad de combustibles importados resulta determinante para el transporte, la industria y la calefacción.
Un tercer componente que explica por qué la perseguida reducción del carbono no ha cimentado la autonomía, radica en que la inversión se ha volcado en la generación renovable, pero no en la infraestructura que la hace operativa: almacenamiento, interconexiones y flexibilidad avanzan despacio.
Sin embargo, Estados Unidos ha reducido drásticamente su debilidad exterior, convirtiéndose en exportador neto. En cambio, Japón, India y el Reino Unido comparten con Europa una gran sensibilidad a las provisiones geoestratégicas, al tiempo que China la mitiga gracias a sus reservas de carbón, aunque es un importador masivo de petróleo y gas.
Paradójicamente, tras la invasión de Ucrania, la UE redujo su dependencia de Rusia, pero ese flanco débil no desapareció, solamente cambió de forma: el gas pasó a importarse como GNL, lo que supone para la UE más competencia con Asia y un riesgo en las rutas marítimas; la concentración de minerales críticos (litio, tierras raras, cobalto, níquel o cobre) traslada la desprotección a las cadenas industriales de la reconversión; el coste eléctrico elevado en Europa desgasta su capacidad de procesado industrial, aumentando la subordinación exterior en refinado y fabricación.
La liberación coordinada de 400 millones de barriles por parte de la AIE hace un mes y, esta semana, la producción extra de 180.000 barriles diarios (OPEP) son medidas desesperadas para estabilizar los mercados tras el conflicto enquistado de Oriente Medio, que refuerza el mismo desenlace: incluso en plena mutación, las herramientas de urgencia siguen siendo convencionales. La economía mundial continúa apoyándose en el crudo porque la estructura energética global ha sido rediseñada para el futuro sin asegurar el presente.
Nos enfrentamos a una cuestión que no es simplemente climática, sino un problema de soberanía. La extracción, transporte y formación de precios de los combustibles tradicionales están sujetos a tensiones espaciales, cuellos de botella marítimos y mercados volátiles. En este sentido, la geografía energética pesa más que las declaraciones sobre emisiones de CO2. Asimismo, el nuevo reglamento del metano, que impone estándares de huella ecológica a las importaciones, colisiona con la necesidad de blindar cargamentos de emergencia en un Golfo Pérsico bajo fuego.
Se evidencia que descarbonizar no implica necesariamente emancipación. La resiliencia del sistema requiere diversificación física, abundancia, capacidad firme baja en carbono, cadenas industriales integradas y reglas de mercado claras que reduzcan la volatilidad sin frenar la inversión.
La UE afronta un choque entre ambición climática y capacidad de infraestructura. El mallado de distribución no crece al ritmo de la electrificación; las interconexiones están lejos del objetivo del 15%; el almacenamiento no garantiza firmeza; el gas continúa como salvaguarda de invierno; y las centrales nucleares aportan la sincronía permanente. En este contexto, la dimensión territorial debe prevalecer, concentrando la nueva reindustrialización en los lugares donde se genera la producción eléctrica, caso de Extremadura.
Consecuentemente, la Geografía se erige en un arma para entender la inestabilidad en los flujos de suministro, conllevando riesgos macroeconómicos que disminuyen las rentas, resta competitividad e incrementa el desempleo; lo que exige políticas mejor diseñadas, más focalizadas y coordinadas. La transformación no es sólo material o climática sino holística.
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