 |
Mariano Rajoy | Credito: Archivo |
|
|
30/12/11.- La Cámara de Comercio de EEUU
(AmChamSpain) ha remitido una dura carta al presidente del
Ejecutivo,Mariano Rajoy, así como a sus ministros económicos Luis de
Guindos y Cristóbal Montoro, en la que
exige al Ejecutivo una “respuesta
contundente” a la situación económica del país si no quiere asistir a
una fuga de la inversión. Y quiere soluciones en cuatro frentes: las
administraciones públicas deben pagar sus deudas, hay que atajar la
piratería, las leyes tienen que cumplirse
y la imagen del país en el
exterior debe mejorar.
“La Cámara de Comercio de EEUU lleva
alertando sobre los daños que el acelerado deterioro de los indicadores
de la economía española –amplificados por un exceso de visibilidad
negativa en los medios de comunicación internacionales- puede acarrear,
irreversiblemente, en el stock de inversión extranjera directa”, arranca
la misiva, que lanza un aviso a navegantes. “La disminución de nueva
inversión no ha venido acompañada hasta el momento de deslocalizaciones
masivas (…) Sin embargo, desde AmChamSpain pensamos que esto puede
cambiar radicalmente en los próximos meses”, remacha la institución que
preside Jaime Malet.
Los socios de la Cámara facturan en España
248.000 millones de euros y generan más de un millón de empleos. Forman
parte de su Junta Directiva representantes de firmas como Morgan
Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch,
Pfizer, IBM, Microsoft o 3M. Su presidente de honor es siempre el
embajador norteamericano en España, en este caso Alan D. Solomont. Una
muestra de que sus puntos de vista coinciden en buena medida con los de
la Administración en Washington, de la que la Cámara es punta de lanza
en el extranjero. Las demandas al Gobierno Rajoy enlazan, sobre todo,
con el malestar de las grandes tecnológicas y farmacéuticas por la
morosidad en las administraciones y la falta de respeto a la propiedad
intelectual.
“En algunos sectores, como el de las tecnologías
sanitarias, el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos
es incluso más dilatado, con comunidades autónomas que demoran sus
pagos más allá de los 48 meses”, subraya la carta. Las empresas
americanas alertan de que las sucesivas legislaciones no han conseguido
atajar la morosidad y admiten “enormes problemas de gestión de
tesorería”, agravados por la dificultad del descuento bancario. “Muchas
empresas se encuentran al borde de la quiebra o están reestructurando
sus plantillas debido a esta desidia administrativa”, se lamenta en el
documento.
Además, se subraya que estos problemas de cobro pueden
por sí mismos alentar la huida de capitales. “Lo que es más grave es
que la situación europea (…) está llevando a muchas multinacionales a
replantear su continuidad en mercados que puedan tener cualquier tipo de
riesgo de impago. La falta de rigor (…) está aumentando una sensación
de inseguridad en muchas multinacionales que temen que un problema de
falta de liquidez se convierta finalmente en uno de solvencia. Y ante
ese riesgo, muchas se están replanteando su continuidad en España”. La
Cámara pide a Rajoy un calendario de pagos de la deuda acumulada, fijar
responsabilidades claras para los funcionarios que no respeten los
límites de morosidad y un seguimiento permanente para evitar
desviaciones de los plazos establecidos.
El daño de no aprobar la “Ley Sinde’“[Se]
tiene que hacer un esfuerzo para luchar contra la piratería”, continúa
la carta fechada el 28 de diciembre. Y recuerda que España ha sido
incluida por quinto año consecutivo en el informe Special 301 como país
bajo vigilancia, al no ofrecer un adecuado nivel de protección a la
propiedad intelectual en relación a su desarrollo. “Muchas
multinacionales, tanto del sector de contenidos como de otros sectores
con patentes o marcas relevantes, veían el consenso legislativo creado
en torno a la llamada Ley Sinde como un gran avance para terminar con la
impunidad en esta materia. Su falta de aprobación antes de las
elecciones ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia
de tanta importancia para la inversión extranjera directa”, aseveran las
compañías, que denuncian la laxitud de España frente a otros países de
su entorno.
El propio Gobierno de Estados Unidos, en defensa de
los intereses de sus majors, ya dejó claro que consideraba un claro paso
atrás que el Congreso de los Diputados bloqueara la denominada Ley
Sinde, que preveía el cierre de sitios web que facilitaran las descargas
no autorizadas. “Claro que estamos decepcionados. Y no nos gustaría ver
que la ley se debilita”, aseguraba a El Confidencial el pasado mes de
enero Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la
Propiedad Intelectual de Estados Unidos. “No se pueden librar batallas
de meses para hacer cumplir la legalidad”, reflexionaba, al tiempo que
decía no tener “ninguna duda de que España necesita hacer más”. Un
discurso muy similar al que ahora esgrimen las empresas.
Y que
enlaza con la percepción de que no se pueden fiar del marco regulatorio.
Por ejemplo, se quejan de que existe una auténtica maraña normativa
–entre la estatal y la autonómica-, con excesivos costes y “difícil
percepción sobre lo que es correcto y lo que no lo es”. Una profusión
legislativa que viene acompañada de una justicia lenta e ineficiente,
“con plazos eternos y resultados cuanto menos inesperados”. La crisis
económica y la necesidad de ahorrar tampoco ayuda al cumplimiento de los
compromisos adquiridos, se lamenta. “Muchas multinacionales están
empezando a dudar sobre la seriedad del país en el cumplimiento de las
leyes y temen que el cambio de Gobierno suponga un aumento, y no una
disminución, de la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica
en cuanto pueda existir la tentación de modificar arbitrariamente lo
pactado en la anterior legislatura”, remachan.
