Ante el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14
de octubre ante el Congreso de la Nación y que ya obtuvo la media
sanción por parte de Diputados el pasado 16 de diciembre, expresamos
nuestro rechazo y preocupación por sus posibles consecuencias en lo que
respecta a la aplicación de la Ley Antiterrorista.
El nuevo inciso del artículo 41 pretende duplicar la pena para todos
los delitos del Código Penal si se cometieran con la finalidad de
“aterrorizar” a la población o de obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
El proyecto, que ahora está en manos de Senadores, tiene como
objetivo reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de
terrorismo y/o a quienes los financien. Utiliza conceptos tan abiertos e
imprecisos que nos preocupan en relación a la garantía de los derechos
de las personas sobre las que se pudiera aplicar. ¿Quién y cómo va a
definir esas categorías indefinidas?
Esta modificación agrava las condiciones de una ley que no podemos
más que rechazar de plano, porque deja las puertas abiertas a la libre
interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde
está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como
tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en
la criminalización de las organizaciones de resistencia.
El “terrorismo” es una construcción. Una idea subjetiva utilizada
desde hace años por las potencias occidentales para justificar
invasiones, mantener asustada y obediente a su población y violar muchos
derechos consagrados en 1948 por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Nadie se autoproclama terrorista, sino que esta
definición es aplicada, desde el Estado o sectores dominantes de la
economía, sobre individuos o grupos a los que se quiere despojar de sus
derechos más básicos.
La definición moderna, occidental y cristiana de terrorista busca
construir la idea de un enemigo tan atroz que es aceptable la violación
de todo derecho (espionaje, tortura, ejecución sin juicio) para
aniquilarlo. Resistimos la sanción de una Ley Antiterrorista impulsada
por países que embarcados en “Operaciones antiterroristas” violaron el
derecho internacional, causaron muertes en la población civil y
suprimieron toda garantía legal a sus víctimas.
El mayor ejemplo de la volatilidad y arbitrariedad en la
construcción de esta definición de terrorista lo dan los Estados Unidos
de Norteamérica, que hoy consideran terroristas a sus aliados de hace
décadas. Grupos a los que financiaron, entrenaron y proveyeron de armas
cuando el enemigo a combatir era otro. Consideramos peligroso e
inaceptable que decida quiénes son terroristas o no un Estado que viola
los derechos humanos y procede ilegalmente, que fragua pruebas y
manipula a la prensa para justificar invasiones con el sólo fin de
apropiarse de recursos naturales del país ocupado.
No estamos dispuestos a que las grandes potencias instalen en nuestra
región una visión como la expresada por los Estados Unidos de
Norteamérica años atrás, que consideraba que naciones hermanas de la
Argentina como Venezuela, Bolivia y Cuba, forman parte de un “Eje del
mal”, susceptibles de ser señaladas como terroristas, a quienes hay que
combatir.
Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia
de promoción y defensa de los derechos humanos. Todavía queda mucho por
hacer, pero esta medida nos hace retroceder en ese camino. No puede
pasar desapercibida. Tiene una gravedad importante para quienes
consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos
de todos y todas.
Como defensores de los derechos humanos, repudiamos la Ley
Antiterrorista, la reforma del Código, y también las condiciones en las
que se trata esta reforma, que responde a exigencias del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) para no excluir a la Argentina de allí y
del G20.
Así como celebramos medidas de gobierno que fortalecen la lucha por
la memoria, la verdad y la justicia, por entender que son el bastión de
una patria justa, no apoyamos esta iniciativa. Queremos seguir dando
ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así
nos alejan de ese camino.
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
20/12/2011
