Chiapas: Organizaciones denuncian al Estado ante relator de la ONU para el derecho a la alimentacion

[Espacio Climatico Chiapas]

Abandona el Estado el desarrollo rural en favor del libre mercado,
acusan organizaciones de Chiapas ante el relator especial de la ONU
para el derecho a la alimentación

Por Emanuel Gómez.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de junio de 2011. En el marco
de la visita oficial del relator especial de la ONU en Chiapas,
México, las organizaciones presentes denunciaron que en Chiapas se
operan políticas económicas favorables al libre mercado en materia de
desarrollo rural, marcadas por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), lo que ha contribuido dejar de ser el principal
centro productor de maíz en el sureste y pasar a ser un estado de
tránsito para las empresas productoras e importadoras de maíz, lo que
representa una pérdida de soberanía alimentaria, afectando a cientos
de miles de familias indígenas y campesinas.

El relator de la ONU, Oliver De Shutter, después de visitar Santiago
El Pinar, municipio donde opera el programa Ciudades Rurales, conoció
de viva voz las denuncias y propuestas de las organizaciones, entre
ellas las de productores de maíz, que acusaron al Estado de facilitar
la siembra experimental de maíz transgénico en 1,000 hectáreas en el
norte de México y la apertura a que la empresa Monsanto, principal
interesada en la comercialización de organismos genéticamente
modificados en el mundo, establezca hasta 20,000 has. de siembra
experimental de maíz, a través de un convenio recientemente firmado
entre el gobierno del estado y la fundación Fundar, filial de la
multinacional en Chiapas. También los cafetaleros denunciaron que la
empresa AMSA, filial de Nestlé, está promoviendo, sin éxito entre los
productores, la adopción de café robusta, así como está próxima a
liberarse una variedad de café transgénico.

“La desnutrición en las comunidades indígenas de Chiapas, es muy
grave, no en vano en esta región tzeltal-tzotzil se ubican 14 de los
municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano de México”,
recordó Juan Velasco, de la cooperativa Chol Xumulhá, quien señaló que
la producción de maíz es básica para el autodesarrollo y la
alimentación y sin embargo la tendencia en la población es la
producción agrícola comercial, por ejemplo de café, que si bien es un
ingreso importante para los campesinos, no resuelve problemas para
autoconsumo.”

“En Los Altos de Chiapas, la tenencia de la tierra se ha pulverizado
hasta llegar a media hectárea por familia, lo que resulta insuficiente
y es factor de conflictos sociales. La pulverización de la tenencia de
la tierra ha sustituído el sistema agrícola de los mayas, que se
basaba en el sistema de Roza-Tumba y Quema, por un sistema dependiente
de insumos agrícolas distribuídos por el gobierno, y esto representa
una pérdida de $600 pesos. por ha, lo que anteriormente se resolvía
con la incorporación de insumos orgánicos a la tierra”, señaló
Velasco.

Se denunció que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación) tiene un programa de apoyo a la agricultura de
maíz de autoconsumo en zonas marginadas, y sin embargo en 2011 este
programa se operó en las zonas Soconusco y Frailesca, donde no viven
los productores de autoconsumo, sino los de alta producción. Ante esta
situación, la Unión de Milperos y la Red de Semillas Nativas o Red
Maíz Criollo, demandó que el fomento de las semillas nativas sean la
base de todos los programas de gobierno.

Por su parte, Jesús Andrade, de UNORCA-Vía Campesina, señaló que el
impulso de los programas de fomento a la producción de alimentos
debería sustituir los programas de importación de alimentos o de
distribución de insumos agrotóxicos; así como se pronunció por la
prohibición de las semillas transgénicas.


El dr. Manuel Parra, académico de El Colegio de la Frontera Sur
(Ecosur), señaló que la población ha perdido su capacidad de producir
sus propios alimentos. Mencionó que los ingresos familiares se
componen de agricultura minifundista, remesas por inmigración y
subsidios gubernamentales. “Hace 20 años, las familias disponían hasta
de 20 has para producción agrícola, y actualmente sólo cuentan con 0.5
a 2 has, lo que es insuficiente para alimentar a las familias, los
terrenos tienen poca disponibilidad de agua y se encuentran alejados
de los centros de población, lo que aumenta la inseguridad
alimentaria.

Por su parte, el Dr. Marcos Arana, del Instituto Nacional de Nutrición
y del Centro de Capacitación para Campesinos (CCESC), comentó que la
dispersión de la población en Chiapas, que afecta a 20,000 comunidades
y 25,000 personas desplazadas por conflictos armados desde 1994 y aún
antes, ha tenido poca atención estatal, al grado que no existe un
informe oficial de las condiciones de salud y alimentación de la
población. “En este contexto de dispersión poblacional, el estado es
incapaz de brindar atención adecuada a la población, por lo que ha
instrumentado el programa Ciudades Rurales, sin embargo, no hay una
política gubernamental de acceso a la información de este programa, se
ofrece a la población reubicarse en viviendas construídas con
materiales inadecuados para las condiciones regionales. Es necesario
una evaluación de impacto de Ciudades Rurales, externa e
independiente, que profundice las consecuencias en la población.
Chiapas se ha convertido en un estado expulsor de población, se
calcula que en los últimos años, entre el 8 y 10% de la población
chiapaneca ha emigrado hacia Estados Unidos, Cancún y Ciudad Juárez,
un síntoma del abandono en que se encuentra la población rural”,
señaló el investigador, quien acusó que en las comunidades indígenas
el programa Oportunidades distribuye hasta 6 millones de despensas
alimentarias con altos índices de azúcares, lo que es un riesgo muy
alto de incrementar la desnutrición y diabetes infantil. El 80% de los
niños de Chiapas vive en viviendas donde se cocina con leña, por lo
que están expuestos al humo de leña, por su parte, el gobierno
promueve la construcción de estufas ahorradoras de leña, pero no se ha
evaluado su impacto, aceptación por la población y resultados, dijo.

Las organizaciones coincidieron que la cultura alimentaria está en un
proceso de erosión, señalaron que en las comunidades indígenas los
refrescos tienen un precio más bajo que el agua y la leche, lo que ha
disparado el consumo de refrescos entre las comunidades indígenas,
particularmente las que tienen acceso limitado al agua de ríos. Las
compañías refresqueras han sido tratadas con privilegios sin
parámetros, por ejemplo, se afirmó que en San Cristóbal de Las Casas,
la empresa Coca Cola tiene acceso a los acuíferos de mayor calidad.

Julio Arce, de la Unión Campesina del Sur, denunció que el Programa
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), aplicado por la Secretaría
del Campo del gobierno del estado con metodología de la FAO, favorece
a las empresas de insumos agrícolas, que se asocian con las
comunidades para que se les elija como proveedoras exclusivas de las
familias beneficiadas por el programa, pues las comunidades son
incapacez de aportar el 30 ó 50% de los recursos financieros que exige
el gobierno para acceder a los proyectos productivos. Esto se debe,
dijo, a la situación de desempleo y muy bajos ingresos obtenidos por
la agricultura.

Entre las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil de
Chiapas hicieron al relator, se insistió en la importancia de prohibir
la siembra de maíz trasnsgénico y, en su lugar, fomentar la
agricultura indígena, familiar y de pequeños campesinos, con base en
los conocimientos tradicionales de manejo de los agroecosistemas y la
incorporación de insumos natuales u orgánicos. El relator coincidió en
que la agroecología es la base de una nueva agricultura de bajo
impacto ambiental y económico, mas se preguntó cómo hacer de las
experiencias exitosas una política de estado.

Se propuso al relator sugerir al Congreso de la Unión que la
asignación del presupuesto para el desarrollo rural fuera bianual, de
tal manera que la entrega de recursos a los campesinos estuviera
marcada por el calendario agrícola, pues en la actualidad el
calendario fiscal obliga a las instituciones en la materia a gastar
los recusos asignados en menos de 6 meses, por lo que los recursos no
se pueden aplicar durante las actividades agrícolas y se malgastan.
Otra propuesta para el Congreso de la Unión fue que se reconociera la
agricultura indígena y familiar mediante un decreto o ley de fomento a
la cultura agrícola.

En su momento, el relator especial de la ONU para el derecho a la
alimentación, Oliver De Shutter, agradeció a la sociedad civil su
participación y señaló que en sus próximas reuniones con las
autoridades estatales y federales les haría llegar sus propuestas. Así
mismo, comentó que observa una dificultad en la situación actual que,
por un lado, hay un modelo de desarrollo diseñado para Chiapas, Oaxaca
y Guerrero, los estados más pobres de México, pero por otro lado está
la modernización en curso, que al considerla como la única posible se
omite un tercer camino, el del reconocimiento de la participación
social de las autoridades.

“Es importante hacer las denuncias, pero la construcción de
alternativas es más importante. Para que estas alternativas sean
políticamente posibles y duraderas, es necesario un diálogo con las
autoridades. Por ejemplo, el último cambio que hizo el Senado mexicano
al artículo 4 de la Constitución, podría ser la base de un Plan de
estrategia nacional que dirija sus esfuerzos hacia hacer efectivo el
derecho a la alimentación”, señaló el relator.

“¿Cómo podemos hacer para implementar estas medidas estratégicas para
asegurar el derecho a la alimentación?”, se cuestionó De Shutter,
sugiriendo que se requiere la institucionalización de las experiencias
de las organizaciones sociales, lo que es posible mediante el diálogo
abierto. Lo que impacta es lo que funciona a nivel local, como la
agroforestería, la agroecología, el almacenamiento del agua de lluvia,
las reservas comunitarias o familiares de semillas, sin embargo, está
claro que las políticas públicas no están ahí.

El relator hizo preguntas a los participantes, entre ellas respecto al
Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pues mencionó
que en sus recientes entrevistas con funcionarios de agricultura
consideran que este programa tiene excelentes resultados. Sin embargo,
parece que este programa no puede resolver el problema de acceso al
crédito.

También se cuestionó acerca de la efectividad de programas con base en
subsidios como Oportunidades o Procampo, pues estos programas no
llegan a las comunidades más alejadas: “Está claro que estos programas
y otros deben diseñarse con base en los derechos humanos, y esto no es
únicamente un argumento: los programas no pueden basarse en la
caridad, sino en el derecho de las personas”, concluyó el funcionario
de la ONU.

Oliver De Shutter observó que está claro que el programa Ciudades
Rurales atiende las consecuencias de la dispersión poblacional, no las
causas, como la pulverización de la tenencia de la tierra y el
desempleo, como señalaron las organizaciones. Sin embargo, se preguntó
lo que significaba brindar servicios de educación o salud a las
poblaciones, pues mencionó que las autoridades le argumentaron que
antes del programa los niños tenían que caminar de 2 a 3 horas para
llegar a la escuela, y esto, dijo, es un avance.

Respecto a los cultivos transgénicos, mencionó que PNUD ha diseñado
una metodología denominada PACK, de próxima publicación, para que los
gobiernos del mundo analicen las capacidades de los agricultores, en
particular los que no tienen acceso a los créditos y su vulnerabilidad
ante la distribución de transgénicos.

Por último, el relator retomó los datos difundidos por Marcos Arana en
esta reunión: más del 80% de los niños de Chiapas tienen problemas
nutricionales como sobrepeso o desnutrición, y señaló que esto se debe
en gran medida a los alimentos disponibles para la población infantil,
ricos en grasas, azúcares y proteínas. Señaló que el programa
Oportunidades tiene un componente nutricional muy importante, y sería
importante conocer la compatibilidad nutricional de las despensas
distribuídas por el gobierno y las necesidades de la población
infantil.