Chimalapas: Informe de Derechos Humanos

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Espacio Climatico Chiapas

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Nov 18, 2011, 3:00:30 PM11/18/11
to Espacio Climático Chiapas - PRENSA
COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA
 Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS
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Misión Civil de Observadores de Derechos Humanos y Grupos Ecologistas
a
 la zona oriente de Los Chimalapas (Noviembre 12, 13 y 14 de 2011[1])
 Informe Final

A.- INTRODUCCIÓN

Como es de conocimiento público, los días sábado 12, domingo 13 y
lunes 14 del presente, una Misión Civil de Observadores de Derechos
Humanos y Grupos Ecologistas, convocada y coordinada por éste Comité
Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDCCh) y
conformada por veinte personas pertenecientes a organizaciones civiles
y colectivos de observación de derechos humanos y ecologistas, nos
trasladamos desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
hasta la porción oriente de la región de Los Chimalapas, zona donde
actualmente se presenta una situación de alta tensión social, con
riesgos de enfrentamiento violento y de represión, como consecuencia
de un doble e irresuelto conflicto histórico: uno, de origen agrario,
provocado por  el ilegal reparto y dotación de tierras a núcleos
agrarios de origen chiapaneco integrados por indígenas tsotsiles y
campesinos pobres, sobre territorio comunal del Pueblo Indígena Zoque
Chimalapa, constituido por las Comunidades de San Miguel y Santa María
Chimalapa; el otro, un conflicto de límites estatales entre los
estados de Oaxaca y Chiapas, el cual, aunque jurídicamente no tiene
nada que ver ni debería interferir con la propiedad comunal zoque,
histórica y jurídicamente reconocida, sí ha servido –en cambio- para
confundir a la opinión pública y para manipular  y enfrentar a
indígenas y campesinos pobres involucrados en este doble conflicto,
ello para beneficio de empresas madereras, ganaderos privados y
supuestos propietarios.

Participamos en esta Misión las organizaciones civiles: Guerreros
Verdes, AC (Guerrero); Madre Tierra (Chiapas); Voluntariado
Internacional de Observadores de Derechos Humanos; Tribunal
Internacional de los Pueblos Capítulo Chiapas-México; Maderas del
Pueblo del Sureste, AC (Oaxaca-Chiapas); y el Comité Nacional para la
Defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF), todos ellos
acompañados por los medios de comunicación: periódico Cuarto Poder
(Chiapas) ; semanario Mirada Sur (Chiapas); En Marcha (Oaxaca); Radio
Zapatista y 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal.

Este Informe Final  es el resultado de nuestra Misión

B.- ANTECEDENTES

La región de los Chimalapas, ubicada en el corazón del Istmo de
Tehuantepec, es poseedora de la mayor diversidad biológica del país y
de Mesoamérica (mayor aún que la existente en la Selva Lacandona),
proveedora de invaluables servicios hidrológicos, ambientales y de
biodiversidad. Esta región ha sido propiedad ancestral del Pueblo
Indígena Zoque Chimalapa,  de origen Olmeca.  De esta forma la
existencia del territorio zoque Chimalapa  es anterior a la existencia
de los estados de Oaxaca y  Chiapas.

Para lograr el respeto y reconocimiento a las tierras comunales, los
zoques chimalapas pagaron $25,000 en oro común, entregado a la corona
española –según la historia- en jícaras, de donde deriva el nombre
Chimalapa, en lengua zoque:  tsima- jícara, lapa – oro. A cambio, la
Corona de España  expidió Títulos Virreinales a favor del Pueblo Zoque
Chimalapa, el 24 de Marzo de 1687, mismos que fueron luego confirmados
por el gobierno del México independiente en 1850, para, finalmente,
117 años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de
1967 a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa.

El origen histórico del conflicto socio-ambiental existente en la
porción oriental del territorio comunal Chimalapa inició hace más 60
años, cuando empresas madereras, apoyadas por el gobierno del estado
de Chiapas y contando con el aval del gobierno federal, se asientan en
la citada porción oriente del territorio comunal Zoque Chimalapa,
obteniendo del gobierno federal la concesión maderera sobre 100 mil
hectáreas de bosques de pino y de niebla, instalando ahí 25
aserraderos, a través de los cuales durante 27 años 1950-1977)
explotan y saquean los bosques comunales.

Para encubrir este saqueo depredador, los ilegítimos intereses
económicos y políticos provenientes del estado de Chiapas,
literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca y
fundan los primeros ejidos dentro de tierras comunales, con sus
propios peones y trabajadores madereros; y, luego, continúan esta
estrategia perversa, trasladando dentro de los territorios comunales
chimalapas, familias tsotsiles de los Altos de Chiapas, -desplazadas
por conflictos interreligiosos ó por carencia de tierras- así como
campesinos chiapanecos pobres, a los cuales les otorgan ilegalmente
dotaciones de tierras, avalado esto por la Secretaría de Reforma
Agraria federal. Con ello crean un absurdo y trágico conflicto entre
indígenas pobres zoques chimalapas, contra indígenas pobres de origen
tsotsil y campesinos pobres chiapanecos, quienes literalmente han sido
utilizados como cobertura y como “escudos humanos”, mientras continúa
el saqueo –y hoy la pretendida privatización- de los bienes naturales
comunes, de parte de madereros –como es el caso actual-, ganaderos,
supuestos propietarios privados y funcionarios corruptos.

En contrapartida, las comunidades zoque chimalapas desde 1991, han
ofrecido a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco
y a sus pobladores –campesinos e indígenas pobres-, su promesa de no
desalojo, y sí, en cambio, su incorporación como comuneros, a cambio
de qué reconozcan la propiedad ancestral comunal zoque chimalapa y a
los Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, sin que
ello implique el convertirlos en “oaxaqueños”.

Esta estrategia social, acompañada de una intensa movilización
comunal, de una decidida y honesta gestión jurídica y de un plural
apoyo de la sociedad civil, nacional e internacional, les valió –en la
década de 1994 al 2004- la recuperación de 40 mil hectáreas, invadidas
por ganaderos chiapanecos, de la llamada colonia San Isidro la Gringa
(porción noreste de los Chimalapas) y de otras 20 mil hectáreas,
invadidas por ganaderos oaxaqueños y veracruzanos de la colonia
Cuauhtémoc (porción noroeste), así como la incorporación a la
comunidad, de los núcleos agrarios chiapanecos, San Pedro Buenavista,
Elsy Herrerías de Castellanos (hoy La Libertad), La Lucha, Pilar
Espinoza de León II, Ignacio Zaragoza y Nuevo Jerusalem.

En este contexto, en 2009, de forma por demás ilegal e irresponsable,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó
permisos de explotación maderera a predios ejidales y a supuestas
propiedades privadas ubicadas dentro de territorio comunal Chimalapa,
encabezadas por el núcleo agrario Gustavo Díaz Ordáz, siendo que,
cuando los contratistas privados madereros intentan a fines de 2010,
sacar el primer camión cargado de trozas, es retenido por los
comuneros chimalapas.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Reforma Agraria –responsable directa
del conflicto, al haber dotado ilegalmente a ejidos sobre territorio
comunal- se aferra –como su propuesta de solución- a ofrecerles a las
comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, la compra de las 47
mil hectáreas del territorio comunal en conflicto, siendo que las
Asambleas Generales de ambas comunidades han reiterado pública y
oficialmente, su decisión de “no vender la Madre Tierra”.

Ambos hechos (los permisos madereros otorgados por SEMARNAT y la
inflexible postura de la SRA de comprar los terrenos comunales)
únicamente han servido para escalar gradualmente el grave conflicto
social existente, mismo que se ha agudizado todavía más con la
unilateral decisión del gobierno de Chiapas, de crear, precisamente en
el territorio comunal ocupado por los núcleos agrarios chiapanecos
Rodulfo Figueroa, Díaz Ordáz, y Flor de Chiapas, y sobre los ranchos
supuestamente privados, La Hondonada y Montebello, el nuevo  municipio
denominado “Belisario Domínguez”.


C.- ITINERARIO Y ACTIVIDADES REALIZADAS

El itinerario desarrollado por la Misión fue:

San Cristóbal de las Casas, Chiapas – Tapanatepec, Oaxaca – Poblado
Pascual Fuentes (el Jícaro), Oaxaca – Ejido Rodulfo Figueroa (dícese
pertenecer al municipio de Cintalapa, Chiapas) – Congregación comunal
San Antonio Chimalapa (parte de los Bienes Comunales de San Miguel
Chimalapa) – Poblado Gustavo Díaz Ordáz  (dícese pertenecer al
municipio de Cintalapa, Chiapas) - Congregación comunal Benito Juárez
(parte de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa) y regreso (ver
mapa 1).

En cuanto las actividades desarrolladas, por orden de realización:

San Cristóbal de las Casas, Chiapas – reunión de información previa,
inducción y preparación logística

Poblado Pascual Fuentes (el Jícaro), Oaxaca – encuentro con
autoridades comunales de San Miguel Chimalapa y con comisión comunal
nombrada para recibir, acompañar y brindar seguridad a la Misión.

Ejido Rodulfo Figueroa (dícese pertenecer al municipio de Cintalapa,
Chiapas) – Observación de condiciones de tensión y de masiva presencia
policiaca del estado de Chiapas

Congregación comunal San Antonio Chimalapa (parte de los Bienes
Comunales de San Miguel Chimalapa) – Asamblea general con comuneros de
las Congregaciones de San Antonio y comisiones  de la cabecera comunal
de San Miguel Chimalapa y de la Congregación Benito Juárez; esta
Asamblea fue encabezada por autoridades comunales de San Miguel
Chimalapa, y se celebró específicamente con motivo de la llegada de
esta Misión.

En la Asamblea escuchamos y documentamos diversos testimonios –que se
tienen grabados y filmados- expresados por comuneros y comuneras
zoques, en los que narraron con detalles,  la histórica y añeja
situación de tensión social, conflicto y violación de derechos
individuales y colectivos, sufrida por ellos (pero también -y así nos
lo dijeron- también por parte de sus hermanos indígenas y campesinos
pobres chiapanecos) no sólo ahora, sino de forma reiterada desde hace
60 años, debido –según la apreciación de los comuneros-as- a la
agresiva postura de los diferentes gobiernos chiapanecos (desde 1950 a
la fecha) defendiendo los intereses de madereros, ganaderos y
supuestos propietarios; a la complicidad de los diferentes gobiernos
federales (SRA, SEMARNAP/SEMARNAT; SEGOB; CNDH)  y a la pasividad,
omisión y hasta agresión, de parte del gobierno oaxaqueño.

Escuchamos y documentamos también, la reiteración expresada por
comuneros y comuneras zoques, en el sentido de que ellos-as no tienen
nada en contra de sus hermanos indígenas y campesinos pobres
chiapanecos, quienes fueron llevados ahí por el gobierno de Chiapas y
por la SRA, a los cuales los chimalapas  les han ofrecido –desde 1991-
el que se incorporen a los Bienes Comunales de San Miguel y -donde así
proceda- de Santa María Chimalapa, reconociendo el territorio comunal
de ambas comunidades, sin que ello implique obligarlos a volverse
“oaxaqueños”.

Ahí, nos expresaron claramente –y así lo constatamos- que el bloqueo
establecido en las entradas de las Congregaciones comunales de San
Antonio Chimalapa y Benito Juárez, el cual impide el acceso por tierra
al núcleo agrario ejidal Gustavo Díaz Ordáz, se ha mantenido para
impedir el paso de vehículos de gobierno, vehículos de empresas
comerciales que abastecen tiendas (CocaCola, Sabritas, Gamesa, etc)  y
de coyotes de Cintalapa, acaparadores de la producción local de
jitomate. Pero que están totalmente de acuerdo y comprometidos a no
impedir el paso a pié, ni el paso de vehículos con despensas, ayuda
humanitaria, medicinas ni doctores ó brigadas de salud (federal), ni
mucho menos, impedir la salida y traslado de enfermos, a los cuales
inclusive, les han ofrecido atención médica y medicinas en el Centro
de Salud ubicado en la Congregación de San Antonio.

Señalaron que, lamentablemente, los pobladores de Díaz Ordáz al
parecer están muy desinformados y controlados por el gobierno
chiapaneco, pues se niegan a dialogar solos (sin policía y sin
gobiernos) y pasan de forma temerosa por las orillas de la
congregación de San Antonio.

A petición expresa de la asamblea de comuneros zoques y ante la
amenaza pública emitida por parte del gobierno de Chiapas, de
realizar  en el corto plazo, un desalojo violento del bloqueo comunal
establecido en San Antonio, le fue solicitado formalmente al Capitán
Segundo de Caballería Juan Pacheco Martínez, responsable de la Base de
Operación Mixta acantonada en dicha congregación, que elementos del
Ejército Mexicano resguardaran “la seguridad e integridad de los
comuneros de la zona oriente y de la Misión de Observación de Derechos
Humanos” (ver Acta anexa).

Al respecto, queremos resaltar que, en cuanto al resguardo de esta
Misión, el Ejército mexicano ahí acantonado cumplió cabal y
respetuosamente, acompañándonos a lo largo de todo el recorrido, y
respetando cuando les solicitamos que no estuvieran presentes en
momentos en que entrevistábamos a las personas ó en momentos en que
nos reuníamos como Misión.

(Cabe señalar que en esta Asamblea comunal, se contó con la presencia
de reporteros y camarógrafos de TV Azteca y Televisa –quienes
videofilmaron todo el evento- así como del corresponsal del periódico
el Universal)

Poblado Gustavo Díaz Ordáz  (dícese pertenecer al municipio de
Cintalapa, Chiapas) - Observación de condiciones de tensión y de
masiva presencia policiaca del estado de Chiapas. En un  primer
intento, no se le presentaron condiciones adecuadas a la Misión para
establecer un diálogo adecuado con la población, pues cuando esto se
intentó -en dos ocasiones- de inmediato nos salió al paso un policía
de Chiapas y la gente a la que nos acercamos se negó a hablar con
nosotras-os.

Sin embargo, una parte de esta Misión que iba en un vehículo
diferente, se quedó hasta el lunes 14, pudiendo establecer diálogo con
ejidatarios y pobladores de Díaz Ordáz, realizando una Asamblea
informal. En dicha Asamblea, realizada sin la presencia del presidente
ni secretario del comisariado ejidal –que, a decir de los ejidatarios,
se encontrabanen esos momentos en Tuxtla Gutiérrez- se nos expresó el
rechazo total al bloqueo realizado por los comuneros chimalapas, así
como a aceptar el ofrecimiento de éstos, de volverse comuneros. Nos
expresaron también su negativa a establecer un diálogo directo de
campesino a campesino, sin intervención gubernamental, percibiéndose -
por parte de esta Misión- por un lado, una profunda situación de temor
y estrés entre las familias campesinas de Díaz Ordáz, por la
permanente amenaza que sienten de ser objeto de una agresión violenta
de parte de los comuneros chimalapas, y, por otro, el sentimiento
comunitario de que son objeto de una injusticia, pues –según su
percepción e información- ellos cuentan con Resolución Presidencial de
dotación ejidal y con el reconocimiento de la SRA y del gobierno de
Chiapas.

Como Misión percibimos que entre los ejidatarios y pobladores de Díaz
Ordáz existe una total dependencia hacia las posturas y decisiones de
carácter oficial que emita y que les indique el gobierno de Chiapas,
esto inducido y exacerbado por la actitudes de algunos líderes
locales.

Congregación comunal Benito Juárez (parte de los Bienes Comunales de
San Miguel Chimalapa) – Ahí pernoctamos el sábado por la noche  y
 luego, a lo largo de toda la mañana del domingo participamos en una
Asamblea general con toda la población (hombres, mujeres y niñas-os)
donde nuevamente se nos reiteraron diversos testimonios –que
igualmente se tienen grabados y filmados- expresados por comuneros y
comuneras zoques, en los que otra vez nos narraron con detalles,
hechos relativos a la continua violación de derechos individuales y
colectivos, sufrida por ellos  no sólo en estos momentos, sino de
forma reiterada desde hace 60 años, reiterándonos igualmente su
disposición de conciliar directamente y sin gobiernos, con los
indígenas y campesinos chiapanecos, para explicarles claramente que
ellos –Los Chimalapas- no quieren desalojarlos, ni volverlos
“oaxaqueños”, ni tampoco robarle territorio al estado de Chiapas, sino
que sólo piden respeto a su propiedad comunal ancestral, histórica y
legalmente reconocida (por Títulos Virreinales y por Resoluciones
Presidenciales) y respeto a la Madre Naturaleza, evitando el saqueo y
la privatización de sus montañas y  de sus selvas.

En general, como Misión percibimos entre los comuneros chimalapas y
entre sus familias, menos temor y menos estrés que el percibido en
Díaz Ordáz. Y si bien constatamos que entre la mayoría de comuneros-as
sigue existiendo la disposición al diálogo pacífico y a no guardar
resentimiento contra los campesinos chiapanecos, si detectamos entre
algunos de ellos, contenidos deseos de tomar revancha –incluso
violenta- en caso de que el conflicto en vez de distenderse, se
agudice y sean objeto de alguna represión.

Ya de retorno, nos fue expresada una petición final, emitida a la
Misión por parte de las autoridades comunales, en el sentido de que
apoyemos su solicitud relativa a que salgan de la región oriente del
territorio Chimalapa todos los elementos policiacos de ambos estados
(Oaxaca y Chiapas) y que únicamente queden, para resguardar la paz
social, elementos del ejército federal mexicano que no provengan de
ninguna de las zonas militares, ni de Chiapas ni de Oaxaca, para que
mantengan una postura neutral y eviten no sólo cualquier
confrontación, sino también cualquier intento de represión que se
intentara ejercer por parte de alguno de los gobiernos (Oaxaca ó
Chiapas) sobre todos  los poblados involucrados (núcleos agrarios
chiapanecos ó congregaciones comunales zoques).

Nuestro retorno como Misión ocurrió con un solo problema, consistente
en el hecho de que descubrimos que uno de los integrantes, que mantuvo
a lo largo del recorrido actitudes inquisitorias y sospechosas, nos
habáa proporcionado datos suyos que, al verificarlos, no resultaron
reales  y ante la presunción de que esta persona fuera un infiltrado,
procedimos  de inmediato a retenerle –pagándoselas- las tarjetas
digitales y memorias en las que había grabado testimonios y tomado
fotografías, así como su libreta de apuntes.


D.- CONCLUSIONES

1° Queremos resaltar públicamente, que el desarrollo de las
actividades realizadas durante todo el recorrido, transcurrió sin que
se presentara ningún tipo de altercado, provocación ni hostigamiento,
pudiendo transitar libremente por toda la zona, pese al conflicto
existente, y que, como ya señalamos, fuimos recibidos, atendidos,
acompañados y resguardados, por las autoridades comunales de San
Miguel Chimalapa y por la población zoque de las Congregaciones de San
Antonio Chimalapa y Benito Juárez.

2° Asimismo reiteramos –como igualmente ya dijimos- que, en respuesta
a una solicitud expresa de la Asamblea Comunal y de las autoridades
comunales de San Miguel Chimalapa, el Ejército mexicano ahí
acantonado, nos trató con respeto, acompañándonos y resguardándonos a
lo largo de todo el recorrido, respetando cuando les solicitamos que
no estuvieran presentes en momentos en que entrevistábamos a las
personas ó en momentos en que nos reuníamos como Misión.

3° Constatamos la masiva presencia de policía preventiva  del estado
de Chiapas en los dos poblados de origen chiapaneco (Rodulfo Figueroa
y Díaz Ordáz), cuyos elementos mantuvieron ante la Misión Civil, una
actitud recelosa y relativamente agresiva (sin llegar a transformar
esta actitud en ningún tipo de conducta).

4° Extrañamente, no constatamos la presencia de ningún elemento de la
policía oaxaqueña, y sí, en cambio, de elementos de la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI) como parte de la Base de Operaciones Mixta
(BOM) acantonada en San Antonio Chimalapa, misma que está a cargo del
Capitán Segundo de Caballería del Ejército mexicano, Juan Pacheco
Martínez.

5° Constatamos la existencia de trozas de madera de pino, tiradas a
orillas del camino que va a la Congregación de San Antonio, dentro de
terrenos comunales, producto de la explotación maderera que
pretendieron efectuar contratistas privados, amparados en los permisos
expedidos por SEMARNAT.

6° Asimismo, constatamos que, lejos de lo que reiteradamente ha
señalado el gobierno de Chiapas y que se ha denunciado en comunicados
emitidos por el presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario
ejidal Gustavo Díaz Ordáz, en la zona no existen grupos paramilitares.
Sobre de ello, los mismos pobladores de ambos grupos confrontados
negaron frente a esta Misión que hubiera presencia de grupos armados.
De igual manera, los elementos del ejército acantonados en la zona,
nos manifestaron no haber detectado la presencia de grupos armados ni
de paramilitares.

7° Nuestra presencia en el ejido Díaz Ordáz el lunes 14 del presente,
nos ha permitido constatar que, al menos el último comunicado emitido
y publicado como desplegado por parte del presidente y secretario del
comisariado ejidal de dicho núcleo agrario,  y en el que se señala que
es producto de una Asamblea general realizada en la misma fecha, no
 resulta veraz, pues ese día no hubo en Díaz Ordáz ninguna Asamblea
formal, dado que –a decir de los propios ejidatarios- el presidente y
secretario del comisariado ejidal se hallaban en Tuxtla Gutiérrez.

8° Recogimos y hacemos público el compromiso de las autoridades
comunales de San Miguel Chimalapa y de los comuneros y comuneras de
las Congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, en el sentido de
que siempre han estado en la total disposición de permitir el paso de
despensas, ayuda humanitaria, medicinas, doctores y brigadas de salud
(federal), para el núcleo agrario ejidal de Gustavo Díaz Ordáz; de
permitir y apoyar  la salida y el traslado de enfermos, así como el
libre tránsito a pie, desde y hacia dicho núcleo de población Díaz
Ordáz, pues el bloqueo establecido, únicamente está dirigido a impedir
el paso de vehículos de gobierno, vehículos de empresas comerciales
que abastecen tiendas (CocaCola, Sabritas, Gamesa, etc)  y el paso de
comerciantes coyotes de Cintalapa, acaparadores de la producción local
de jitomate.

9° Confirmamos como Misión Civil, que, en el origen del conflicto y en
el escalamiento de la tensión y violencia social existente en la zona
oriente de Los Chimalapas, existe una clara responsabilidad de los
tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en
particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al
dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados
legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a
predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender
administrar el conflicto social, cuando desde hace meses se venía
advirtiendo públicamente de la inminencia de enfrentamientos-; del
gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre
la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios
núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar
masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas
unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario
Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una
posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.

10° Nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los
tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, -y actualmente
sigan permitiendo, y en algunos caso, fomentando- el usar a familias y
a pueblos indígenas y a comunidades pobres, -tanto a aquellos que se
sienten “oaxaqueños”, como a aquellos que se sienten “chiapanecos”-
como verdaderos “escudos humanos”, orillándolos a una confrontación
violenta, que sólo beneficia intereses ilegítimos de madereros,
ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios
públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –
individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la
Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, noviembre 15, 2011

A T E N T A M E N TE

Los integrantes de la Misión Civil de Observadores de Derechos Humanos
y Grupos Ecologistas a
la zona oriente de Los Chimalapas (Noviembre 12, 13 y 14, de 2011)

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