Historia del Apra 03: Protectores de narcotraficantes
Daniel Alvarado
Escribe: Daniel Alvarado (Mi lucha contra Alan)
Herndon, Virginia
http://www.opinion-aprista.com
La corrupción de varios dirigentes apristas y la cercanía de algunos de
ellos con el narcotráfico llegaron a erosionar la proverbial disciplina
del partido hasta provocar cismas como el protagonizado por el senador
trujillano Jorge Torres Vallejo, quien se apartó del APRA luego de
denunciar varios caso de inmoralidad al interior de su partido, entre
los cuales se encontraban las oscuras vinculaciones con el narcotráfico
de la abogada Miriam Pilco.
El cuatro de agosto de 1986, Torres Vallejo envió un oficio al
Secretario General del APRA, Armando Villanueva del Campo, en el que
daba cuenta de que la "compañera" Miriam Pilco de Taboada, candidata del
APRA a la alcaldía provincial de Trujillo, había defendido a
narcotraficantes en por lo menos diez procesos judiciales.
El ejercer la defensa de una persona acusada de narcotráfico no es un
delito, ni puede considerarse una falta. Según la doctrina jurídica,
diversos tratados internacionales de Derechos Humanos y la propia
Constitución peruana, toda persona es inocente de los cargos que se le
imputan hasta que se demuestre lo contrario en un juicio y sea
sentenciada y, además, tiene el derecho a ser representada por un
abogado de su elección o uno de oficio si no tiene dinero, garantía
fundamental del debido proceso. Notables penalistas como Roy Freyre o
Raúl Peña Cabrera, por citar sólo dos, han defendido a personas acusadas
de tráfico ilícito de drogas. Incluso Alan García -quien en enero de
1985, cuando era candidato presidencia, afirmó "no patrocino ni
patrocinaré defensas en casos como el del tráfico de drogas"- había
firmado un recurso en 1979 como abogado del narcotraficante Florencio
Tupiño, quien salió libre gracias a la defensa del Estudio Alan
García-César Vega Vega, y esto no lo descalificó como candidato.
Sin embargo, el caso de la doctora Pilco era distinto, como se encargó
de explicar el propio Torres Vallejo. En primer lugar, estos diez casos
señalaban una actuación sistemática de la doctora Pilco en juicios por
narcotráfico. Y, en segundo lugar, desde 1979 existía un acuerdo del
Congreso Nacional del APRA, prohibiendo a los abogados apristas
patrocinar casos de narcotráfico.
Otro elemento que complicó la situación de la doctora Pilco fue el hecho
que su esposo, Eliseo Taboada, era el fiscal ante quien la doctora Pilco
ejercía la defensa de sus clientes.
Una tercera evidencia de las relaciones de la doctora Pilco con el
narcotráfico fue revelada por un sector de la dirigencia aprista de
Trujillo, liderada por Luis Santa María y Arnaldo Estrada, alcalde y
prefecto de Trujillo respectivamente, en la época en que saltó a la luz
el escándalo. Según estas personas, el departamento de la calle Almagro,
donde la doctora Pilco había puesto su estudio, había sido adquirido al
famoso narcotraficante Perciles Sánchez, y la Pilco no pagó un centavo
por él. Su esposo, el fiscal Taboada, también había adquirido un
departamento, vecino al de su esposa, en el edificio de propiedad de
Perciles.
Pese a las evidencias, la doctora Pilco negó las acusaciones y recibió
el respaldo del aparato partidario que controlaba Luis Alva Castro,
gracias al cual pudo llegar a la alcaldía de Trujillo.
Dos años después de estas denuncias, el narcotraficante Perciles Sánchez
fue absuelto por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema y puesto en
libertad, en un fallo que nadie se explicó en el Perú, salvo su buena
amiga, la doctora Pilco y otros dirigentes del APRA, como el ex ministro
Guillermo Larco Cox, quien tuvo negocios inmobiliarios con Perciles.
Daniel Alvarado
Herndon, Virginia
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