El fallido intento de estatización del sistema bancario, financiero y de
seguros, anunciado por Alan García en su mensaje al país del 28 de julio
de 1987, fue el Waterloo del presidente aprista.
Hasta ese momento, pese al creciente desencanto, el verbo inflamado de
García había logrado enajenarle las simpatías de un amplio sector de la
población y de las fuerzas productivas del país.
El rechazo a la confiscación de los bancos, que se pretendía hacer con
el pretexto de la "democratización del crédito", fue inmediato y comenzó
en el mismo instante en que García hizo su anuncio: Luis Alberto
Sánchez, uno de los líderes históricos del APRA, se mantuvo sentado en
su asiento del Senado sin poder ocultar el malestar que le provocó
semejante anuncio.
Dos días después del mensaje a la nación, se publicó un decreto por el
cual se autorizaba la intervención por 120 días de 10 bancos, 6
financieras y 17 compañías de seguros.
La reacción de los ahorristas fue inmediata y en apenas 48 horas, fueron
retirados más de 5 millones de dólares. La inseguridad financiera
provocó la caída de la Bolsa de Valores de Lima.
El presidente García probó el sabor de la derrota en todos los frentes.
En el legal, tres juzgados civiles declararon procedentes los recursos
de amparo presentados por los accionistas de los bancos, financieras y
empresas de seguros afectados. Y en el político, el pueblo salió a las
plazas para rechazar la medida: en Arequipa se dieron las primeras
movilizaciones y el PPC realizó una manifestación en la plaza Bolognesi,
actividades previas a la gigantesca manifestación del 21 de agosto, en
la Plaza San Martín, en la que más de ochenta mil personas se unieron a
Mario Vargas Llosa, quien inició así su carrera política, para rechazar
el intento de estatización.
Pese al profundo repudio de la población, el APRA insistió en el error
y, a finales de setiembre del 87, se aprobó el proyecto de ley para
estatizar el sistema financiero, bancario y de seguros, que finalmente
fue publicado el 11 de octubre.
Con este instrumento legal en sus manos, el gobierno ingresó a la fuerza
a los bancos de Crédito y Wiese para facilitar el acceso de los comités
de intervención. Las imágenes de la agresión policial contra Guillermo
Wiese, cuando intentó recuperar la administración de su banco, dieron la
vuelta al mundo.
Finalmente, acorralado judicialmente y en las calles, García tuvo que
dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho: la confianza y el orden
jurídico quebrados por este impromptus del presidente aprista nunca
pudieron ser restablecidos. El pueblo le retiró su apoyo al gobernante y
los empresarios decidieron poner a buen recaudo sus capitales. A partir
de ese momento, para García y el APRA, las horas ya estaban contadas.
Daniel Alvarado
Herndon, Virginia
http://aprodev.org/_private/apuntes/peru/per08.htm
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