Ginecologia Y Obstetricia Republica Dominicana
Jasmine Lemaitre
De esta manera, Arium Health brindar asesora a SDOG para la implementacin de plataformas digitales en el sector salud, mediante la orientacin, educacin y colaboracin en la seleccin de las mejores opciones disponibles en el mercado. A su vez, asistir en los Congresos que realice la sociedad afiliada al Colegio Mdico Dominicano, con el contenido relacionado a digitalizacin, tecnologa, nuevas tendencias clnicas, entre otros.
Por su parte, SDOG se compromete a brindar el soporte humano para la digitalizacin de sus protocolos mdicos. As como tambin el apoyo en las actividades de desarrollo, congresos y de formacin, que sean realizadas por la empresa consultora.
Fedor Vidal, CEO de la compaa Arium Health, expres su satisfaccin por la formalizacin del acuerdo, pues generar oportunidades de crecimiento, progreso y optimizarn los servicios mdicos a travs de la digitalizacin de los procesos.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecologa, Jorge Vargas Guzmn, resalt la importancia de este tipo de colaboraciones para unificar esfuerzos de cara a las mejores prcticas mdicas relacionadas al servicio de obstetricia y ginecologa, adems de fortalecer a ambas entidades en el camino hacia la salud digital y, con ello, entregar mayores beneficios a la sociedad dominicana.
Es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de tecnologa de informacin para la elevacin de los estndares de calidad del sector salud, mediante el desarrollo de soluciones tecnolgicas y generacin de data para manejo poblacional.
Es una sociedad afiliada al Colegio Mdico Dominicano que tiene como objetivo promover y fomentar el desarrollo de la obstetricia y ginecologa y ciencias afines en el territorio de la Repblica Dominicana, garantizando un ejercicio tico y las buenas prcticas mdicas de la especialidad.
De acuerdo con Nina, es momento de asumir el reto de unificar a la clase mdica que hoy, ms que nunca, necesita respaldar al Colegio Mdico Dominicano (CMD) y sus 56 Sociedades Mdicas Especializadas en su lucha por reivindicaciones sobre una problemtica de la que los ginecobstetras son los ms afectados.
El doctor Nina es mdico egresado de la Universidad Autnoma de Santo Domingo (UASD). con postgrado en ginecologa y obstetricia en la Maternidad de La Altagracia y especializaciones en las universidades Iberoamericana y Plaza de la Salud, Estatal Campinas de Brasil y Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Asimismo, cuenta con ms de 30 aos de experiencia mdica profesional y ha estado involucrado en la parte acadmica, docente y gremial dominicana. En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se ha desempeado en los ltimos 20 aos como coordinador acadmico, jefe departamental y jefe de servicios, as como otras dependencias del pas, adems de ser miembro activo del CMD y la SDOG durante ms de tres dcadas.
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El Cdigo Penal de la Repblica Dominicana prev penas de hasta dos aos de prisin para las mujeres y nias que se induzcan abortos, y de hasta 20 aos para los profesionales mdicos que los practiquen. Aunque son relativamente infrecuentes los casos en que se inician acciones contra las mujeres y nias que se someten a abortos, y contra quienes las ayudan, la ley ha instalado un temor generalizado que lleva a mujeres y nias a tomar medidas desesperadas para interrumpir embarazos no deseados, y que impide a los proveedores mdicos proteger la salud y la vida de sus pacientes.
Durante ms de dos dcadas, el poder legislativo de la Repblica Dominicana ha debatido un nuevo Cdigo Penal. El presidente Danilo Medina ha instado a los legisladores a despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la mujer o la nia est en riesgo, cuando el embarazo sea resultado de una violacin sexual o incesto, o cuando el feto presente condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. En dos oportunidades, el gobierno vet reformas del Cdigo Penal que mantenan la prohibicin absoluta del aborto sin excepciones. Hasta octubre de 2018, el Congreso no haba aprobado ningn cambio en el cdigo penal del pas sobre este tema, y segua vigente la penalizacin absoluta del aborto en todas las circunstancias.
Una investigacin reciente del Guttmacher Institute demostr que las leyes restrictivas y las sanciones penales no reducen la incidencia ni la tasa de abortos, sino que los hacen menos seguros. Human Rights Watch llev a cabo una investigacin en la Repblica Dominicana a principios de 2018, durante la cual analiz las consecuencias que tiene para los derechos humanos la prohibicin total del aborto. Dialogamos con 167 personas, incluidas mujeres y nias, proveedores de atencin de la salud y expertos en cuatro provincias. Sus testimonios revelan las crueles consecuencias de la estricta legislacin sobre el aborto que existe en el pas.
Los datos de sondeos del Ministerio de Salud Pblica sugieren que casi la mitad de los embarazos en la Repblica Dominicana son no planificados o no deseados. Para este informe, Human Rights Watch procur entrevistar a mujeres y nias en edad reproductiva que hubieran tenido embarazos no planificados o no deseados. Entrevistamos a 50 mujeres y nias en edad reproductiva, 47 de las cuales afirmaron haber tenido un embarazo de este tipo. Las entrevistadas informaron diversas causas que provocaron dichos embarazos, incluidos obstculos para acceder a mtodos anticonceptivos, la falla de estos mtodos y hechos de violencia sexual.
Algunas mujeres y nias entrevistadas para este informe podran haber reunido las condiciones para solicitar un aborto legal y seguro, si las autoridades de la Repblica Dominicana hubieran despenalizado el aborto en las tres circunstancias mencionadas antes: cuando est en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violacin sexual o incesto, o cuando el feto sea inviable fuera del tero. La mayora de las entrevistadas, sin embargo, dijeron que quisieron poner fin a un embarazo debido a dificultades socioeconmicas, inestabilidad o violencia en sus relaciones, o porque ya tenan otros hijos y sentan que no podran cuidar a uno ms.
Las mujeres y nias entrevistadas para este informe refirieron haber usado una variedad de mtodos para intentar interrumpir embarazos, como ingerir o introducirse pastillas (en general, misoprostol, a la que se suele llamar por su marca, Cytotec); utilizar infusiones, bebidas y otros remedios caseros; intentar debilitar su estado de salud, como por ejemplo abstenerse de comer o beber agua; tomar medicamentos de venta con receta que estn contraindicados en el embarazo; o intentar provocarse lesiones que pongan fin al embarazo (por ejemplo, una mujer mencion darse golpes el abdomen con un bloque de cemento).
Varias mujeres mencionaron que los mtodos que utilizaron para interrumpir embarazos en forma clandestina fallaron, lo que las oblig a seguir adelante con los embarazos contra su voluntad. Algunas manifestaron haber sufrido depresin posparto despus de no haber logrado interrumpir embarazos no deseados.
Las autoridades dominicanas se han comprometido a eliminar las muertes maternas prevenibles y han fijado el objetivo de reducir el ndice de mortalidad materna a 70 muertes por cada 100.000 nacimientos con vida. En 2014, el ndice de mortalidad materna fue de 96,8 muertes cada 100.000 nacimientos con vida. Diversas investigaciones han demostrado que ampliar los fundamentos jurdicos para el aborto puede contribuir significativamente a reducir la mortalidad materna.
En la Repblica Dominicana, el 35 % de las mujeres y nias de entre 15 y 49 aos, que alguna vez estuvieron casadas o en pareja, han sufrido algn tipo de violencia domstica, incluida violencia fsica, emocional o sexual por parte de una pareja ntima, segn la encuesta demogrfica y de salud realizada por el gobierno en 2013 (ENDESA-2013). Asimismo, aproximadamente una de cada diez mujeres y nias en la Repblica Dominicana ha sido vctimas de violencia sexual en algn momento de su vida. Existen en la Repblica Dominicana leyes que abordan la violencia domstica y sexual, as como polticas y protocolos para su implementacin, pero estas protecciones se ven contrarrestadas por la prohibicin absoluta del aborto.
Algunas mujeres y nias entrevistadas para este informe dijeron que sufrieron negligencia, maltrato o comportamiento abusivo por parte de personal de salud cuando solicitaron atencin mdica por cuestiones urgentes de salud sexual y reproductiva, como que se les negara atencin en establecimientos mdicos; enfrentar demoras irrazonables para recibir atencin, a veces al punto de que sus vidas estuvieran en peligro; y ser tratadas sin anestesia ni medios para el control del dolor, lo que les provoc intenso dolor y sufrimiento. En algunos casos, las mujeres afirmaron haber experimentado o presenciado comportamientos abusivos tras abortos espontneos o clandestinos. Dos mujeres sealaron que tuvieron emergencias de salud reproductiva no relacionadas con el embarazo, pero que, aun as, los trabajadores de la salud dieron por sentado que haban intentado abortar y las maltrataron. En un caso, una mujer indic que permitieron que esperara varias horas mientras sufra sangrado intenso, al punto de que su vida estuvo en peligro. En otro caso, una mujer fue sometida a un procedimiento mdico doloroso sin anestesia. Algunas entrevistadas dijeron a Human Rights Watch que las sanciones penales previstas para supuestos de aborto en la Repblica Dominicana, as como los sealamientos de abuso por parte de profesionales de la atencin de la salud, hicieron que postergaran o no buscaran atencin tras complicaciones por abortos clandestinos o durante abortos espontneos.
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