

Los trabajadores de la educación agrupados en el Consejo Estatal de Lucha de Nuevo León de las Secciones 21 y 50 queremos señalar una vez más que la SEP no esta cumpliendo con su propia normatividad y arbitrariamente esta señalando para nuestro estado que, el calendario escolar termina hasta el miércoles 8 de julio de 2009, sabemos que en otras entidades como Guanajuato las autoridades también despótica e indebidamente determinaron laborar hasta el 14 de julio. Para comprobar que esto es una acción ilegal y autoritaria de la SEP es fácil comprobarlo si consultamos por internet el portal de la propia Secretaría de Educación donde señala que el último día de actividades es el viernes 3 de julio de 2009. http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/calendario_escolar_20082009.
Si nos atenemos a lo que establece el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para el Personal que labora para la SEP los días que laboremos después de esa fecha deberán ser pagados con doble salario como "tiempo extra", consideramos que los dirigentes "charros" del SNTE no van a hacer que se cumpla la ley porque a ellos no le importamos los trabajadores de base, andan tras un hueso con la Gordillo y su “Nueva Tranza” (PANAL).
Los trabajadores de la educación del país debemos exigir que se respete la normatividad y que se nos pague lo que legalmente nos corresponde. Bueno, aunque a este desgobierno de Calderón lo que menos le importa es cumplir con la ley.
Consejo Estatal de Lucha de los Trabajadores de la Educación de Nuevo León, Secciones 21 y 50.

México, 3 julio 09 (CIMAC).- La falta de un sistema eficaz para proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, sumada a la carencia de políticas públicas articuladas y estadística veraz, son algunos obstáculos que México comparte con otros países latinoamericanos para frenar el fenómeno delictivo.
Así se dio a conocer en el seminario internacional “Violencia basada en género: acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de trata para la explotación sexual”, realizado ayer y hoy en el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos AC, situado al sur de esta capital, con motivo de su 30 aniversario.
Especialistas de organizaciones no gubernamentales con trabajo en el tema expusieron problemáticas específicas y discutieron sobre las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.
Entre ellas, señalaron la corrupción que prevalece entre altos funcionarios y las redes de tratantes; también, la falta de medidas de protección eficaces, programas integrales y políticas públicas que aborden la problemática no sólo desde el punto de vista punitivo sino desde los derechos humanos, de la reinserción de las víctimas a la sociedad y de reparación del daño.
La abogada Pilar Noriega, ex Primera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recordó que en su Informe 2008 para México, el Relator Especial sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil de la ONU criticó la ineficacia del sistema de protección para las víctimas, la inexistencia de programas para su atención y reinserción, y que el tema no fuera prioritario en la agenda nacional.
PROBLEMA INVISIBILIZADO
Un común denominador en América Latina es la falta de recursos; “se ratifican convenciones, tratados internacionales, se crean leyes, reglamentos”, pero estos de nada servirán si no se visibiliza el fenómeno, señalaron los especialistas.
En el caso de México, la heterogeneidad de las legislaciones estatales impide el acceso a la justicia para quienes son víctimas de trata. De hecho, en muchos estados no está tipificado como delito.
Ello ha dado lugar para que los niveles de corrupción sean tan altos; las redes de tratantes tienen más campo de acción dependiendo del estado de la República donde se encuentren; existen diferentes sanciones para este delito.
Otro problema en común es la falta de estadísticas sobre el tema. Es un delito poco denunciado, por lo que existe un subregistro en el número de niñas, mujeres y niños que son víctimas de trata para diversos fines.
Los únicos datos disponibles son los consignados en informes oficiales, en su mayoría realizados por Estados Unidos o por los relatores de Naciones Unidas sobre el tema, pero con datos proporcionados por el gobierno.
TLAXCALA
Esta entidad federativa ha sido considerada uno de los mayores centros de reclutamiento de mujeres y niñas para trata con fines de explotación sexual, en el plano nacional e internacional.
En 2007 se tipificó como delito en el Código Penal estatal. Sin embargo, a decir de Federico Pohls, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, no hay programas de reinserción para niñas y niños víctimas de trata, ni tampoco seguimiento de casos.
Quienes son rescatados de las redes de tratantes, primero tendrían que recuperarse y reconocerse como víctimas, para después poder denunciar; de otra forma, dijo Pohls, se les revictimiza.
OAXACA
Ubicada al sur de la República Mexicana, esta entidad es origen, tránsito y destino de niñas y niños para trata. A la fecha, únicamente se tienen registradas 24 averiguaciones previas por este delito --dijo el especialista José Bonilla, de la organización civil Fundación de la Mano con Justicia.
El abogado lamentó que la venta de personas no sea abordada como un fenómeno consecuente de la trata, pese a que es una práctica común en su estado.
Indicó que Oaxaca carece de estudios precisos sobre el tema, algo “grave” si se toma en cuenta que hay un alto porcentaje de comunidades indígenas en donde los usos y costumbres “han contribuido” a la venta de niñas, adolescentes y mujeres.
Relató que una práctica común en la región Triqui es el arreglo de matrimonios de niñas de entre 14 y 16 años. Sin embargo, no existe una norma que sancione la trata de mayores de 12 años de edad. “La cercanía de los agresores con altos funcionarios de la entidad hace imposible que se castigue este delito”, comentó.
TIJUANA, EL CRUCE “NICE”
Elena Vilaboa, de la Coalición Binacional contra la trata y explotación de Tijuana, presentó los resultados de un monitoreo realizado en esta entidad de 2006 a la fecha.
De acuerdo con éste, el 70 por ciento de niñas y niños repatriados entraron por la frontera de Tijuana. El 70 por ciento tiene entre 16 y 17 años, 74 por ciento varones y el resto mujeres menores de 18 años.
El 40 por ciento de niñas y niños migrantes provienen de Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato; las niñas representan el 36.44 por ciento del total.
Vilaboa dijo que, contrario a lo que se cree, las y los menores de edad que migran tienen estudios completos de secundaria e incluso de preparatoria, y cuentan con papeles de identificación.
El 46 por ciento de las adolescentes cruza para reunirse con algún familiar, mientras que un 26 por ciento lo hace con fines laborales.
Un promedio de 3 de cada 10 niñas cruzan embarazadas, para tener a sus hijos allá y porque “es un cruce seguro”, añadió la especialista. Mientras, 59 por ciento de los varones trasponen la frontera por la montaña, que es más cercana a Tecate; el 75 por ciento de las menores de edad cruzan por el puente fronterizo usando documentos falsos.
Vilaboa calificó a Tijuana como “el cruce nice”, por el costo económico. Los resultados de su monitoreo detectaron que 70 por ciento de las y los menores llegan a Tijuana en avión, donde son recogidos por los tratantes.
Para las y los especialistas, es práctica común no hacer seguimiento de los casos; también, la revictimización de los menores que son rescatados, por parte de servidores públicos. Existe una gran dilación de las averiguaciones previas (pueden tardar años), y no se cuenta con un sistema efectivo de pruebas periciales ni con personal capacitado y sensibilizado para tratar a las víctimas.
Señalaron que, aunque se cuenta con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas –la Fevimtra, dirigida por Guadalupe Morfín--, las averiguaciones previas por este delito son muy pocas. A 2008 sólo había 19.
EL CASO LATINOAMERICANO
José Manuel Grima, de la Universidad de Buenos Aires, dio un panorama del fenómeno en tres países sudamericanos: Argentina, Chile y Uruguay.
Argentina, dijo, es considerado país de origen, destino y tránsito, pero también predomina la trata interna. El secuestro es la forma más común de reclutamiento de mujeres y niñas. Apenas en 2008 las autoridades promulgaron su Ley de trata. Actualmente, cuenta con fiscalía especializada y un programa de atención para las víctimas, pero sólo existe una casa de acogida en toda la nación.
Chile es considerado país de tránsito a países de Europa, con predominio de España. En 2006, dijo Grima, un tratante boliviano fue enjuiciado por primera vez en Chile por este delito.
Uruguay también es país de tránsito, particularmente hacia Argentina, y tres naciones europeas: Italia, España y Alemania. A pesar de la gravedad de la situación, la trata no es considerada un delito y, por tanto, no existe capacitación de funcionarios uruguayos sobre el tema.
Es necesario, remató el especialista, hacer un trabajo articulado entre sociedad civil, academia y agencias gubernamentales para hacerle frente a las redes de trata que cada día, dijo, utilizan “la tecnología de la globalización para potenciar su negocio”.
Por Lilia Torrentera/corresponsal
Oaxaca, Oax., 3 julio 09 (CIMAC).- “Es estremecedor el silencio cómplice desde el Estado y la sociedad para condenar y castigar los delitos sexuales contra las niñas y niños en Oaxaca y el país, afirmó ayer la periodista Sanjuana Martínez, durante la primera presentación de su libro “Se venden niños”, que aborda el caso de Casitas del Sur.
Invitada por organismos civiles, Sanjuana Martínez dijo contundente, en el paraninfo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que lo sucedido del Instituto San Felipe, ubicado en esta ciudad, es el caso más emblemático de esa complicidad en torno a la pederastia que se comente en instituciones educativas en México.
Con tono de alarma pero también de denuncia, la periodista se refirió a la actuación de la Secretaria de Educación Pública, la que hasta ahora, dijo, no ha cerrado este tipos de colegios existentes en todo el país en donde se violenta la integridad física, moral, psicológica, familiar y social de las niñas y niños.
“Es una vergüenza para Oaxaca y para el país que el Instituto San Felipe, permanezca abierto y que padres de familia sigan llevando a esa escuela a sus hijos a sabiendas de lo que ahí se perpetró un delito contra un menor de edad”, expresó.
La periodista independiente señaló que el Instituto San Felipe es en la actualidad un monumento a la impunidad que deja en evidencia el papel de complicidad de las autoridades educativas y de procuración de justicia tanto en Oaxaca, como en todo el país.
Sanjuana Martínez explicó que, en este caso, se ha denotado una gran manipulación social por parte de los dueños del Instituto San Felipe y un cerco informativo de los medios de comunicación locales, lo que ha contribuido a crear “un manto de silencio a este tipo de delitos sexuales muy grave”.
Expuso que su nuevo libro Se venden niños se presentó en la capital oaxaqueña para lanzarlo a nivel nacional, debido a que el estado es un punto neurálgico por la criminal impunidad en cuanto a redes de pornografía y pederastia.
Estuvieron presentes Leticia Valdés Martell, madre de un niño abusado sexualmente en el Instituto San Felipe; Ana María Hernández, de Consorcio para la Equidad de Género; Felipe Canseco, abogado coadyuvante de la familia Valdés Martell y Guadalupe García, del jurídico de la Sección XXII de la CNTE-SNTE.
La presentación en esta entidad, dijo la periodista, “es un hecho significativo para la lucha de mujeres que, como madres de familia, han emprendido sus esfuerzos contra estos delitos, como en el caso de la señora Leticia Valdés”.
SIN RESPETO A DERECHOS DE LA INFANCIA
La autora de Prueba de fe y Manto Púrpura --denuncia abierta a los casos de pedofilia en la jerarquía católica de México-- indicó que en cuatro años de trabajo documentó estos delitos cometidos por curas contra menores de edad y “hasta ahora, siguen protegidos no solamente por cardenales y obispos, sino también desde el Estado, Felipe Calderón y su partido, con nexos muy fuertes del “yunque y la iglesia católica”.
Indicó que la trilogía de sus últimos libros es la exhibición en torno al grave problema de la desprotección a la infancia que existe en México.
“En el país, no se están respetando los derechos de los niños y niñas, porque desde las instituciones no se da la aprobación y reforma de las leyes para la fundación de una institución que vele exclusivamente por el bienestar de la infancia mexicana”, dijo Sanjuana Martínez.
Algo pasa, dijo, por eso estas investigaciones son un llamado de atención a los dramáticos problemas de la niñez, al recordar que en México desaparecen 14 mil niñas y niños anualmente, que son utilizados en la explotación sexual, a las adopciones ilegales pero también para el tráfico de órganos.
Indicó que la trata de menores de edad es la cuarta actividad ilícita más rentable, después del tráfico de drogas y de armas y que es urgente que el gobierno aborde este problema, “porque no lo está haciendo”.
Descarga aquí la primera parte del libro "Se venden niños" de Sanjuana Martínez (pdf)
| Escrito por Gabriela Guerra Rey | |
| viernes, 03 de julio de 2009 | |
México, 3 jul (PL) A dos días de las elecciones legislativas en México, bajo el mandato de Felipe Calderón, astronómicos gastos de campañas, discordancias entre partidos y candidatos, procesos espurios y tránsfugas políticos, caracterizan el panorama.Aunque no se trata de una situación nueva, sino típica de comicios anteriores, en esta ocasión viene acompañada de un elemento que distinguirá la convocatoria a las urnas: el voto nulo. Sobre esta coyuntura conversó Prensa Latina con el periodista mexicano, Hugo Rosell, también analista político. En México se gasta mucho más en función de las elecciones que en servicios sociales, comentó, pues por ley los partidos reciben dinero del gobierno federal, suficiente para cubrir el 80 por ciento de sus actividades pre-electorales. Este presupuesto asignado tiene el objetivo real de evitar la oposición desenfrenada y mantenerlos bajo la tutela gubernamental, aunque legalmente se considera que ha de ser así puesto que los partidos son entidades de interés público. Además, se alega extraoficialmente, que de esta manera, con montos elevados, las campañas se mantendrán alejadas de las actividades del crimen organizado. Pero la realidad demuestra que partidos y políticos, tarde o temprano terminan vinculados de alguna manera o al narcotráfico, o a la corrupción, o a la burocracia del poder, acotó Rosell ante una situación que no es ajena, y que viene sucediendo desde varias décadas atrás. Fuentes oficiales confirman que el monto total destinado a las campañas para las legislaciones intermedias es superior a los mil 300 millones de dólares, presupuesto equivalente a lo destinado este año para la Secretaría de Salud. Sólo comparado con gastos dedicados al sector sanitario, que muchos especialistas consideran maltrecho, los partidos recibieron más dinero público que 11 institutos de atención médica especializada. En tanto, el presupuesto general del Instituto Federal Electoral (IFE), supera a lo que en conjunto reciben siete hospitales especializados y 11 institutos de investigación como el de Cancerología, Cardiología o Enfermedades Respiratorias. Pero esta no es precisamente una irregularidad, por tratarse de asignaciones legales provenientes del gobierno, sin embargo, campañas sucias son también telón de fondo ante las consultas intermedias. Rosell, encargado de comunicación social del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y también colaborador de medios nacionales e internacionales, alerta sobre la utilización de programas sociales a favor de partidos políticos. Precisamente este jueves, la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhortó a las autoridades capitalinas y a los 16 jefes delegacionales a evitar su intervención en los sufragios del domingo. Se espera que los servidores públicos no utilicen el aparato de gobierno, los recursos, las obras y los programas sociales en beneficio de candidatos, ni influyan en resultados electorales. Cuando el estado beneficia a un partido determinado, se da un proceso de inequidad, valoró el especialista. En su opinión, aun cuando estos comicios estén libres de fraude electoral directo, este ya se ejerció desde antes, desde las campañas, porque la gente llega ya condicionada por la propaganda, promesas o incluso amenazas. Otro factor decisivo que está influyendo en el proceso es la intromisión del narcotráfico. México es el país de América Latina donde quizás se muevan más estupefacientes en el tráfico de narcóticos rumbo al norte, lo que ha desarrollado grupos de poder internos, los cárteles, que no sólo dominan territorios, sino extienden sus redes hasta cada rincón, y por supuesto, las urnas no son una excepción. El dinero del narco paga muchas campañas aquí, indicó Rosell, para luego cobrar los favores con la impunidad de que sus bandas se apoderen de los mercados, la política, las familias y el futuro de este país que no ve soluciones reales con ninguno de los partidos en pugna. lac/fa/ggr |

Ante los lamentables hechos que están acaeciendo en la República de Honduras, tuve la ocasión de poder entrevistar vía internet al periodista Rubén Escobar. Actualmente él ocupa el puesto de jefe de noticias en el Diario Tiempo (http://www.tiempo.hn/), rotativo ubicado en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano después de la capital Tegucigalpa.
Honduras es un país que acapara pocas noticias en Europa. Muchos no conocían a su actual presidente José Manuel Zelaya Rosales (Mel) y mucho menos su trabajo político al frente del ejecutivo. Todo cambió hace unos días cuando fue víctima de un vergonzoso golpe de estado que saltó a las primeras planas de los medios internacionales y que está provocando un rechazo sin precedentes en la región.
Por eso, para empezar, sería interesante saber un poco más del presidente ¿Quién era Manuel Zelaya antes de lanzarse a la carrera presidencial? ¿Con qué partido se presenta a las elecciones?
José Manuel Zelaya Rosales es hijo de un hacendado, ya fallecido, y de una maestra de escuela. Es oriundo de una provincia rural llamada Olancho, de allí le viene el uso de su sombrero Stetson, su estilo “ranchero” y su amor por los caballos que lo llevó a encabezar desfiles hípicos en varias ciudades del país y hasta en Managua.
Su padre fue involucrado en los años 70 en un complot en el que fueron asesinados varios miembros de la iglesia católica y civiles de izquierda, por lo que su repentina inclinación al socialismo sorprendió a muchos. Ese hecho se conoce en la historia del país como “la masacre de los Horcones”, por el nombre de la hacienda familiar de los Zelaya.
De hecho algunos detractores han llegado a señalar que un joven “Mel” era uno de los conductores de los vehículos en los que secuestraron y “desaparecieron” a los dirigentes, pero eso nunca se ha podido probar y, aunque su padre fue condenado, después fue favorecido y no estuvo preso.
Con el retorno a la “democracia” (así, entre comillas), en 1981, apareció como activista del Partido Liberal y ayudó a otros candidatos a llegar a la presidencia, hasta que el mandatario Carlos Flores Facussé, en 1998, lo nombró ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social (una entidad encargada de construir escuelas, jardines de niños, sistemas de agua y otras obras de infraestructura en las comunidades más pobres).
Renunció a ese cargo bajo el argumento que comenzaría a trabajar para postularse a la presidencia, cosa que hizo para las elecciones de 2005, en las que derrotó por escaso margen a Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional. Aunque muchos le llamaban ingeniero, se sabe que sólo cursó 11 materias de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque era un mal estudiante.
A pesar de encabezar uno de los tradicionales partidos de derecha del país, rápidamente Mel dio un giro a la izquierda llegando al extremo de ingresar dentro del ALBA ¿Hay inicialmente algún motivo por el cual Mel abandona la raíz conservadora del Partido Liberal, para iniciar una serie de medidas políticas de carácter progresista y nacionalista?
De inicio nada hacía presagiar ese extraño giro, aunque se hacía rodear de personajes que en su juventud formaban parte de grupos universitarios del ala izquierda del Partido Liberal, como Patricia Rodas (nombrada canciller), Milton Jiménez Puerto (quien antes fue su canciller y en los años 80, cuando era estudiante universitario, fue detenido por los militares por ser “comunista”) y Jorge Arturo Reina (quien en los años 50 lideró un grupo que combatió contra golpistas militares y a quien él nombró embajador de Honduras en la ONU).
Todo parece indicar que las necesidades económicas lo hicieron girar a la izquierda, aunque no se descarta que bajo la asesoría de alguno de los arriba mencionados. Según sus propias declaraciones él estuvo tocando puertas de los organismos financieros y de Washington y no lo apoyaron, fue así que encontró en Hugo Chávez un arca abierta en momentos en que el petróleo alcanzaba el pico más alto en el mercado internacional. Originalmente el acuerdo consistió en vendernos petróleo, a precio de mercado, por el cual el gobierno pagaría a corto plazo 60 centavos por cada dólar del costo real mientras que los otros 40 centavos irían a un fondo de préstamo para gasto social. Ese préstamo sería a 25 años plazo, con un uno por ciento de interés, lo cual se consideraba una verdadera “ganga”.
Luego, vino la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América mediante la cual Chávez ofreció cien tractores y más dinero en préstamos. Los tractores llegaron hace un par de meses pero hasta ahora no se han utilizado y los préstamos no alcanzaron a desembolsarse, salvo el fondo petrolero que no se sabe dónde está o cómo se ha invertido.
Incidiendo en la cuestión anterior, muchos nos preguntamos si realmente el gobierno del presidente Zelaya ha emprendido cambios políticos palpables, estructurales y reales hacia una sociedad menos desigual y más justa, o si por el contrario, todo es pura fachada y retórica ¿Ha experimentado Honduras reformas significativas desde que Mel es presidente? ¿Puede poner algún ejemplo de estos cambios?
A mi entender no ha habido cambios de fondo, pero si decisiones polémicas que fueron minando su relación con los empresarios, con los políticos tradicionales y con el sistema judicial. Para el caso, cuando los precios del petróleo estaban muy altos inició un proceso de subasta de combustibles y contrató a un asesor norteamericano (Robert Meyeringh), pero su plan no pudo ser ejecutado porque el gobierno no tiene instalaciones de almacenamiento de combustible y cuando trataron de expropiar los tanques de la empresa Distribuidora de Productos de Petróleo S.A. (Dippsa) la iniciativa topó en los juzgados. Ese fue uno de los pulsos que perdió contra la empresa privada y el sistema judicial.
Luego, intentó regular el tráfico de vehículos para disminuir el consumo de combustible, pero de igual modo una decisión judicial se lo impidió bajo el argumento que eso limitaba la libertad de locomoción.
Una de las medidas que conmocionó a los empresarios se dio en enero de este año, cuando subió el salario mínimo en un 60 por ciento, lo cual desató una ola de críticas por parte de los empresarios y varios medios de comunicación arreciaron campañas mal intencionadas para minar su imagen, lo cual no hizo más que fortalecerlo ante la mayoría, que es pobre, pues frecuentemente se enfrentaba a líderes empresariales y a dueños de medios, algo que los anteriores presidentes no hacían. Entonces, pasó a ser parte de los “descamisados” y aunque muchos no creían su discurso, al consultarles se mostraban al menos divertidos con las actitudes desafiantes del “presidente ante los poderosos de la oligarquía de este país” como él les llamaba.
De vez en cuando me comunico con una amiga nicaragüense que trabajó conmigo en proyectos de cooperación en el país. Desde la entrada de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, acompañó a Cuba a decenas de personas de su ciudad para que fueran operadas de la vista, dentro de la denominada "Operación Milagro" ¿En que se ha beneficiado Honduras con su entrada en el ALBA?
La verdad es que la presencia cubana y la “Operación Milagro”, donde también está involucrada Venezuela, inició en Honduras mucho antes de la incursión de Honduras en el ALBA. De hecho la presencia de brigadas cubanas inicia después del paso del huracán Mitch, en octubre de 1998, cuando el país quedó desolado. Los médicos cubanos se han caracterizado por llegar a lugares recónditos, donde sus contrapartes hondureñas no llegan, por lo cual mucha gente siente bastante aprecio por su trabajo. Además, Cuba ha becado a decenas de hondureños pobres en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, mientras que en Venezuela se han operado a cientos de personas con problemas de la vista bajo la “Operación Milagro”. Bajo la instrucción de asesores cubanos, instructores hondureños han enseñado a leer a miles de analfabetos, especialmente campesinos.
Sin embargo, los beneficios del ALBA aún no están muy claros porque el país no estuvo mucho tiempo bajo ese sistema. Sin embargo los cien tractores donados por Venezuela ya están en el país y el fondo de préstamo creado, supuestamente se utilizaría en algunas obras sociales que no se terminaron de definir por parte del gobierno de Zelaya porque a estas alturas del año no se había elaborado el presupuesto de 2009.
La burguesía hondureña, los diputados, el ejército, etc. discrepaban de las decisiones y del gobierno de Mel. La consulta popular para preguntar sobre la creación de una asamblea constituyente que desembocara en una nueva constitución, fue la gota que colmó el vaso e hizo saltar las alarmas de los sectores reaccionarios. ¿Expuso el presidente qué reformas pretendía introducir en la constitución si finalmente nacía la constituyente?
El siempre insistió en que no pensaba reelegirse y que entregaría el poder en enero de 2010, como correspondía. Sin embargo, la Constitución hondureña en su mayor parte puede ser reformada por el Congreso Nacional y sólo hay ocho artículos que no, y son los que tienen que ver con la forma de gobierno, incluyendo los periodos presidenciales. A esos artículos les llaman “pétreos” porque no pueden ser reformados, salvo por una constituyente, por lo que por deducción se podría decir que él intentaba crear las condiciones para una reelección. Además, estaba el antecedente de que la mayoría de los países del ALBA cambiaron sus constituciones para reelegirse.
No es ningún secreto que Mel está aislado hasta por los propios diputados de su partido. Además su mandato finaliza en unos pocos meses y no puede ser reelegido. Por lo tanto, su debilidad es manifiesta y sus días en la política están contados. ¿Cree usted que Mel tiene pensada la fundación de una fuerza política que pueda optar al poder en un futuro?
Pienso que sí, puesto que la Constitución acepta reformas económicas y sociales, mas no políticas, por descarte se puede decir que él buscaba las condiciones propicias para la reelección, incluyendo la de él mismo pues a pesar de que ya tenía más de tres años en el gobierno, era sumamente popular. De hecho una encuesta de Cid-Gallup publicada hace unos meses por La Prensa, un medio que le adversa, reveló que era más popular que Porfirio Lobo Sosa, el mismo candidato al que derrotó en noviembre de 2005.
Siguiendo con la idea de la reelección, recordemos el ejemplo “Chavista”, en el cual una de las bases ideológicas es que una “revolución” no puede ejecutarse en cuatro años, si no que es un “proyecto” a largo plazo.
Si Ronald Reagan resucitara, observaría que han alcanzado el poder sus dos enemigos de los años 80 en Centroamérica: El Frente Sandinista en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Además, Honduras, el país que sirvió como base militar y de operaciones a Estados Unidos en su lucha contra las guerrillas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala; tiene ahora un presidente que emprendió medidas políticas progresistas y que además comparte inquietudes y discursos con figuras como Fidel Castro o Hugo Chávez. Este escenario era impensable incluso hace cinco años. ¿Qué está cambiando en Centroamérica?
Me parece que es el mismo fenómeno en toda Latinoamérica (Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y, casi, en México). Tiene que ver con el desencanto de la “democracia”. El pueblo es llamado a votar cada cuatro o seis años pero después de las elecciones pasa a un segundo plano mientras diputados, ministros, funcionarios y el mismo presidente se despachan con la cuchara grande al repartirse con sus amigos empresarios, contratos, partidas confidenciales y todo tipo de fondos públicos. Entonces la alternativa que se ha encontrado son los partidos de izquierda, sobre todo ahora que hay un marco legal para que lleguen al poder y que ya no hay una propaganda como en los años 80, donde términos como “socialista” y “comunista” eran el equivalente a ser el diablo. Aunque en la actualidad, con el recién autonombrado presidente Roberto Micheletti, hemos regresado a esa época de satanizar esos términos.
¿Empiezan a respirarse los nuevos aires y aromas que llegan de América del Sur y concretamente desde Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.?
Efectivamente, aunque para desventaja de la gran mayoría de hondureños, tenemos una oligarquía que se ha cuidado de no brindar una educación profunda a sus masas, de modo que mucha gente es fácilmente manipulable, al grado que en este momento la sociedad está polarizada tras el golpe y estamos volviendo a la época donde ser de “izquierda” era una herejía y no ven el fondo: los golpistas han destruido en un día lo que costó 28 años construir, una endeble democracia, una criatura que aún se estaba formando y que ahora ya no existe por el afán de poder de unos pocos y por la ignorancia de muchos.
Regresando al golpe de estado actual, me sorprende mucho el respaldo internacional que ha cosechado Mel. De hecho, el presidente de facto, Roberto Micheletti, está totalmente aislado. Curiosamente esto no sucedió en los golpes de estado de Venezuela en 2002 ni en Haití en 2004. El modus operandi fue similar: secuestro del presidente, documento falso de renuncia y nombramiento a dedo de una marioneta de transición. En estos dos capítulos, la prensa internacional y muchos gobiernos escondieron el carácter golpista con la manipulación informativa. ¿A qué se debe este apoyo internacional histórico que está recabando el gobierno de Mel? ¿Tal vez hay temor de que si el gobierno golpista se mantiene, exploté una especie de "guerra fría" e inestabilidad en la región que afecte las inversiones de las empresas del norte?
Pienso que en parte se debe a la tendencia actual unificadora de los gobiernos latinoamericanos, marcados por diversos tipos de socialismo, donde si bien es cierto el mercado es importante también lo es la persona. De igual modo el gobierno de Barack Obama muestra un carácter más flexible hacia quienes piensan diferente. Quizás si el que estuviese en el poder fuese George Bush a estas alturas ya habría reconocido al gobierno golpista. Además, me parece que la acción de los militares, políticos y empresarios hondureños fue inconsulta. Es decir, históricamente los golpes de estado en Latinoamérica han tenido la venia o han sido promovidos por los Estados Unidos y desde allí se desparramaba el reconocimiento del nuevo gobierno hacia el área de influencia. Creo que en este caso no hubo “permiso”.
¿Qué escenario presagia usted en su país durante los próximos meses?
De mucha incertidumbre e inestabilidad. Si este gobierno se queda, mucha gente, adentro y afuera, no lo va a aceptar por lo que podríamos quedar aislados. Si Zelaya regresa se va a encontrar con un Congreso, un Poder Judicial, Ministerio Público y un Ejército afín al otro bando y no lo van a dejar gobernar.

Por Sanjuana Martínez*
México DF, 2 julio 09 (CIMAC).- Es indignante ver cómo en México se politizan las tragedias, al grado de utilizarlas como moneda de cambio para obtener más votos. Es el caso de la decisión de girar órdenes de aprehensión contra nueve personas involucradas en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 48 niñas y niños sofocados, quemados.
La decisión anunciada por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, no deja de ser sospechosa: las órdenes de detención se han girado por delitos menores, como homicidio culposo, un delito que puede obtener fianza, por lo que seguramente los nueve detenidos no pisarán la cárcel.
A un mes de la tragedia, es también casi seguro que todos se encuentren amparados, e incluso que alguno de ellos haya huido del país o se encuentre escondido. Entre los inculpados están Sandra Téllez Nieves (socia de la guardería ABC), Gildardo Urquídez Serrano (socio); Marcelo Meouchi, quien era el ex apoderado legal de la estancia; la socia Fernanda Camou Guillot; la arrendadora del predio y de la bodega convertida en guardería, Norma Mendoza Bermúdez; el actual apoderado legal, José Matiella Urquídes; Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.
Las órdenes del Medina Mora llegan tarde y mal. Tarde, porque la capacidad de respuesta de la PGR ha sido lenta e incompetente. Y mal, porque la simulación de girar órdenes de aprehensión que no servirán para meter a la cárcel a los inculpados de la terrible tragedia, resultan sospechosas, particularmente porque nos encontramos a unos días de las elecciones del 5 de julio.
¿En qué grado de descomposición se encuentra el gobierno de Felipe Calderón para intentar lucrar electoralmente con el homicidio de 48 niños quemados? Es evidente que la estrategia de procuración de justicia pasa también por decisiones efectistas que pretenden engañar a los votantes.
Los padres de las pequeñas víctimas han solicitado oportunamente la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que decidir inmediatamente si atrae el caso. Los deudos no encuentran otra manera de obtener reparación por el inmenso daño ocasionado. Son familiares desesperados que intentan lograr justicia y ven con desánimo cómo el Ejecutivo no tuvo la delicadeza de brindarles en su momento palabras de aliento. Felipe Calderón se refirió a la tragedia un mes después. Su desprecio por el sufrimiento de esta gente muestra la cara más lamentable de su gobierno. ¿Por qué tanta indolencia?
Es inaceptable que desde el sistema de justicia se intente suavizar la responsabilidad de los dueños de la guardería. Estas personas “conectadas” con influyentes políticos estaban conscientes del peligro que corrían los niños. Mientras se embolsaban jugosas sumas de dinero, producto de las mensualidades de los padres y de la subrogación del IMSS, ellos a cambio no ofrecían la seguridad necesaria para el debido cuidado de los infantes.
Todos los implicados, junto a las instituciones, sabían desde 2005 que esa bodega no cumplía los requisitos que marca la ley para convertirse en guardería. Son gente consciente que debe ser juzgada por sus delitos con toda la garantía de la ley.
La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo ha dejado al descubierto la corrupción imperante en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora de comercializar las subrogaciones de las guarderías, utilizadas igualmente como moneda de cambio al mejor postor, como prebendas para grupos políticos, como tráfico de influencias para familiares de los gobernantes de todos los partidos.
Urge una reforma integral al IMSS. Urge que se le devuelva su presupuesto perdido con la llegada de las Afores. Las subrogaciones son vergonzosas porque ponen en peligro la vida de miles de niños mexicanos. ¿Por qué el IMSS no publica la lista de los dueños de las mil 500 guarderías subrogadas que existen en el país? En ese momento, la opinión pública se daría cuenta del nivel de corrupción existente en el gobierno federal para adjudicar contratos a dedo, a través del influyentismo ejercido por la mayoría de los partidos políticos que gobiernan en el país.
Debido al momento electoral que pasamos, el IMSS ha escondido ilegalmente esa información, sin atender a las solicitudes de transparencia de la información. Es escandalosa, reprobable y grotesca, la manipulación que las instituciones están haciendo en contubernio para engañarnos.
La muerte de los 48 niños y niñas está abriendo la cloaca del sistema de asistencia social mexicano. Algo está pasando en México con el cuidado y la protección de los niños. Resulta urgente hacer reformas a las leyes que prevengan este tipo de tragedias. Es necesario modificar la actual estructura social del Estado, encargada de velar por la seguridad de los niños. Es imperioso crear una dependencia que se dedique única y exclusivamente a atender todo lo relacionado con la infancia.
El DIF ha mostrado su ineficiencia en esta tragedia. La institución dirigida por la primera dama Margarita Zavala de Calderón también ha evidenciado su cara de corrupción en torno a la desaparición de los 25 niños de los albergues dirigidos por la Iglesia Cristiana Restaurada en el país. El DIF fue la dependencia que canalizó y sigue canalizando niños a los 41 albergues que existen en el país de la organización religiosa que mantiene retenidos ilegalmente a decenas de niños desde hace nueve meses, mientras la PGR sigue investigando y arraigando, sin emitir ni una sola orden de detención.
¿Por qué al DIF y a la PGR no le importan los niños? Será por qué no votan.
* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).

Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 2 julio 09 (CIMAC).- Misoginia, indiferencia, discriminación y falta de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales han marcado el caso de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, denunciaron hoy una veintena de organismos no gubernamentales en esta ciudad.
El próximo domingo 5 de julio se cumplirán dos años de la desaparición de las dos jóvenes triquis, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, destino al que no llegaron, desde entonces su madre Antonia Ramírez ha pasado cada día esperando que sus hijas entonces de 14 y 20 años aparezcan, dijo Emelia Ortiz García, prima de las desaparecidas.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) Oaxaca, el coordinador de este organismo, Jonathan Hernández Belmonte, apuntó que estos casi dos años han sido un camino de lucha, desesperanza, sufrimiento para la familia que no han sido escuchadas en su demanda de presentación con vida de Virginia y Daniela.
Expuso que pese a las acciones realizadas por la familia de las hermanas Ortiz Ramírez, en acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales, “el Estado no ha dado un trato digno y con responsabilidad al fenómeno de la violencia contra las mujeres”.
En su momento, Yessica Sánchez Maya refirió que los organismos “oficiales” defensoras de los derechos humanos sólo han buscado argumentos para minimizar la gravedad de la desaparición forzada de Daniela y Virginia, por un lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que no existe materia, es decir, para la institución el caso está finiquitado.
En tanto la Comisión Oaxaqueña Defensora de Derechos Humanos “ha hecho una burda propuesta de solución amistosa al Gobierno del Estado”, por lo que los familiares de Virginia y Daniela reiteran su llamado de presentación con vida de Virginia y Daniela que este 5 de julio cumplen dos años desaparecidas.
Los organismos defensores de derechos humanos informaron que el próximo 10 de julio realizarán una protesta más frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde exigirán una audiencia con el procurador y por la tarde habrá una mesa de debate sobre la violencia en la zona Triqui.
Emelia Ortiz García pidió la solidaridad de la sociedad oaxaqueña frente a la violencia que viven las mujeres triquis, que tan sólo en este 2009 ha costado la vida a una mujer de nombre Martina de Jesús Flores, el 14 de mayo 2009, y han resultado lesionadas otras cuatro mujeres en emboscadas y ataques que siguen ocurriendo en la zona y que se han recrudecido desde 2006.
AGREDEN A HIJA DE EMETERIO CRUZ
Por otra parte Kerly Cruz, hija de Emeterio Cruz, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien fue agredido en julio de 2007, fue agredida junto con su familia, por policías del estado, denunció la joven quien apuntó que “con jalones y empujones” elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los encerraron en su casa y no los dejaron salir por espacio de más de una hora.
En entrevista, Kerly señaló que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz realizó este jueves una acto público en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, por lo que desde temprana hora llegaron policías y taparon el andador B, Manzana 5 del Fraccionamiento Rancho Aguayo, donde ellos viven, impidiendo el tránsito de las personas.
Expuso que a las 13 horas, su mamá quien acababa de llegar de su trabajo fue a comprar tortillas pero los policías no la dejaron pasar, por lo que ella (Kerly) dijo que con qué derecho no les permitían el paso. La respuesta fue una serie de insultos de algunos de los elementos de seguridad pública y uno de ellos le dio un puñetazo en la boca.
Kerly reclamó y le indicó al policía si la iba a golpear como lo habían hecho con su papá tras una manifestación en julio de 2007, a lo que el policía que no identificó le indicó que “no, que esta vez la mataría”.
Frente a estos hechos la familia salió de su casa, incluyendo Emeterio Cruz, quien aún presenta secuelas físicas de los golpes recibidos hace dos años, lo que provocó que unos 30 policías los llevarán hasta su casa a empujones y jalones y los encerraran en su vivienda, de donde no los dejaron salir hasta una hora después cuando se retiraron los grupos policíacos.
Kerly Cruz señaló que su familia tiene interpuesta una denuncia contra el gobernador Ruiz Ortiz, y que esta vez presentarán denuncias contra la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario particular del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, de nombre Julio y del presidente de la colonia, quienes alentaban a los policías para que actuaran contra su familia.
Nosotros no teníamos ningún interés de intervenir en el evento de Ruiz Ortiz, sin embargo hemos sido reprimidos por policías que han violentado nuevamente nuestros derechos por lo que de nueva cuenta presentarán denuncias.
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