Con Camilo Padilla.
No tuvo que pasar mucho tiempo, ni que la extracción del oro de las montañas de Cajamarca empezara a ejecutarse, para que la advertida crisis social y económica, característica de las zonas denominadas mineras, afectara a la población más vulnerable de ese municipio.
Distintos estudios y conceptos de académicos, políticos y ciudadanos preocupados por el medio ambiente, (basta con revisar la experiencia radical de algunas zonas mineras de los departamentos del Chocó, La Guajira, Antioquia, Boyacá, Risaralda, y el mismo Tolima, entre otros, para darles la razón) han dejado claro que a la tragedia ambiental que la mercenaria y avara Anglogold Ashanti podría provocar en la región (por la enorme cantidad de agua que requiere la mina para su funcionamiento, el uso de cianuro para la extracción del oro del mineral [y el riesgo de accidentes], la contaminación a largo lazo de las fuentes de agua con metales pesados, la pérdida de biodiversidad y de la capacidad de captura de CO2) podría sumarse una crisis social y económica sin precedentes, debido a la odiosa especulación que traen consigo los proyectos mineros.
La pérdida de medios de vida para la población debido a los desplazamientos por la compra inusitada de tierras, el daño ambiental señalado y la destrucción de alternativas de creación de riqueza; el incremento en la militarización de la zona y otros problemas sociales asociados (prostitución, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salubridad, inflación, delincuencia, etc), han sido diagnosticados hasta el cansancio por distintos estudiosos del orden nacional e internacional, pero hasta el cansancio también ignorados y deslegitimados por las autoridades locales, regionales y nacionales, pese a que muchos de estos han sido realizados por algunas instituciones estatales.
Sin embargo, Cajamarca ya empezó a padecer esta problemática, confirmando la amarga ecuación minería=miseria. Hace 12 días llegaron a un terreno propiedad de INVIAS, ubicado en la vereda Puente Hierro, tres familias, que como última opción ante la crisis económica agudizada ante la falta de empleo (se trata brazos que servían a la agricultura pero que no le sirven a la minería), y por el incremento desmesurado de los arriendos, decidieron invadir. A la fecha, ya son cerca de 150 las familias las que han llegado a la zona con un relato similar: “incremento desproporcionado en el costo de los arrendamientos”, “desempleo”, “bajos salarios”, “inexistencia de proyectos de vivienda”…
Una “pieza”, que en Cajamarca hace dos años tenía un costo de arrendamiento de cien mil pesos, actualmente cuesta docientos cincuenta mil; y un apartamento, que podía costar entre doscientos y trecientos mil, hoy cuesta entre cuatrocientos cincuenta y quinientos mil pesos mensuales, sin contar con las exigencias que hacen sus dueños para arrendar: “sin niños, pago por adelantado y laborar en uno de los megaproyectos” lo cual les garantice un salario fijo.
Las más de 150 familias que actualmente habitan el terreno, todas cajamarcunas, se han organizado y autodenominado PUEBLO NUEVO, y ya han elaborado comunicados a la opinión publica (http://codigoscomunes.wordpress.com/), en donde recalcan la justeza de su lucha por la garantía de sus derechos fundamentales, y además han construido conjuntamente un pacto de convivencia y armonía con el entorno, en el cual se comprometen a cumplir un conjunto de reglas de convivencia y de respeto con el medio ambiente.
Por supuesto, como estamos en Colombia, el país en donde los pájaros le tiran a las escopetas (porque aprendieron a usarlas desde mediados del siglo pasado) a los cajamarcunos de Pueblo Nuevo les ha merecido el mote de invasores y oportunistas, por parte de las autoridades municipales, que ya anunciaron un “juicio de levantamiento”, es decir DESALOJO, en los próximos días. (Los invasores son ellos, las víctimas, no la multinacional, la victimaria).
Diligentemente, la inspectora de policía, el alcalde, (el personero no ha hecho presencia) los amenazaron con tres años de cárcel, y también con la pérdida de la patria potestad de sus hijos, de permanecer en el lugar, a lo que ellos han respondido que no temen ante las intimidaciones y que continuarán invadiendo el predio ya que no tienen lugar adonde ir.
Si Cajamarca ya vive esta difícil situación solamente con la etapa de exploración del megaproyecto (y que Anglogold Ashanti consiguió violando toda la normatividad vigente y llenándole los bolsillos a todo el mundo gracias a la especulación), ¿Qué será en un virtual proceso de explotación cuando lleguen miles y miles de aventureros y forajidos a buscar fortuna en sus montañas?
No va a alcanzar la policía, el Esmad, el ejército, y tal vez ni los paramilitares (tan cercanos a las “fuerzas del orden” colombianas) para contener la burbuja social que empieza a formarse en este municipio, al que cada vez le queda más difícil mantener su vocación histórica de “despensa agrícola de Colombia”.