Ley de servicio comunitario deeducación superior
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ProPaz
07/08/2007
Por: José Bernardo Guevara P.
La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior no
puede ser vista como un mero mandato para los estudiantes de educación
superior. Es, en esencia, una oportunidad para los diversos sectores,
que debe ir de la mano con la actitud responsable hacia los postulados
de la Ley.
En cuanto a las instituciones de educación superior, la Ley permite
una profundización en materia de responsabilidad social universitaria,
lo que debe interpretarse como su gran oportunidad. Las
responsabilidades inherentes atañen a un compromiso auténtico con la
Ley, que permita sensibilizar, capacitar y apoyar adecuadamente a los
estudiantes, tanto en la etapa previa a la ejecución de los servicios,
como durante la prestación de los mismos.
Los estudiantes pueden ir más allá de sus especializaciones, y mejorar
sus conocimientos gracias a la concepción interdisciplinaria de los
proyectos y por la retroalimentación con las comunidades; y además
crecer integralmente como personas, debido a su encuentro con estas
últimas. Pero los estudiantes también tienen responsabilidades
importantes que asumir, ya en el marco de la Ley, o aún más allá del
texto normativo. La proactividad del estudiante debe manifestarse
desde la propia fase de preparación para la actividad comunitaria:
contribuyendo con sus inquietudes, sugerencias, para una mejor
capacitación previa y participando en la elaboración de proyectos,
vinculados con sus conocimientos académicos. Igualmente deben asumir
una actitud ejemplar con motivo de la ejecución del servicio,
especialmente hacia las comunidades; y en fin, realizar todo lo que
esté a su alcance para que la Ley cumpla con sus objetivos. Conocemos
prácticas de estudiantes, que han convocado a cursos, seminarios y
talleres para mejorar sus conocimientos sobre el sentido y alcance de
la Ley y ahondar en materia de elaboración y ejecución de proyectos
sociales. Con actitudes así, la Ley tiene el éxito garantizado.
Las comunidades -las grandes protagonistas de la Ley conjuntamente con
los estudiantes- pueden recibir aportes de gran significación por
parte de los estudiantes, tendentes a mejorar la calidad de vida de
aquellas. Se requiere, sin embargo, en el ámbito de sus
responsabilidades, que sean proactivas, contribuyan identificando y
jerarquizando sus necesidades, que tengan adecuados interlocutores y
la disposición de compartir saberes con los estudiantes. Las
condiciones en que se presten los servicios -tales como seguridad-
dependerán en gran medida de las iniciativas de las propias
comunidades.
Por lo que respecta a las empresas, también pueden obtener grandes
beneficios gracias a la Ley, como sería el caso de conocer mejor sus
potenciales mercados, tener acceso a recursos humanos calificados,
sensibilizados con la responsabilidad social, elevar la confianza y
respaldo de los consumidores, entre otros aspectos. Pero las empresas
deben asumir responsabilidades, pues se necesitan ingentes recursos,
no sólo económicos y materiales, sino también humanos, para que puedan
generarse suficientes proyectos vinculados con los conocimientos
académicos de los estudiantes, y que tales proyectos cuenten con la
logística necesaria para su implementación.
Existen otros puntos de singular importancia en este sector. Referimos
con preocupación la posición asumida por ciertas empresas, de
obstaculizar el servicio comunitario de estudiantes que les presten
servicios laborales, no concediéndoles los permisos correspondientes.
Hay mucha tarea pendiente de sensibilización hacia el sector
empresarial.
Las instituciones del tercer sector tienen no sólo la oportunidad de
acceder a recursos humanos que respalden la ejecución de sus proyectos
sociales; sino que además la aplicación de la Ley requiere de
múltiples apoyos, como en el área de formación y asesoría, que bien
pueden desarrollar estas instituciones. Se requiere creatividad,
innovación por parte de las mismas, para insertarse adecuadamente en
los espacios propiciados por la Ley. En lo que respecta a
responsabilidades, estas instituciones pueden servir como
interlocutoras con las comunidades y facilitar la generación de
proyectos y recursos.
El país que deseamos, plural, democrático, solidario, tolerante e
incluyente, debe encontrar su manifestación en torno a esta Ley.