Nuestro actual sistema de CTI encuentra fracturado en múltiples programas de financiamiento a la demanda por parte de investigadores individuales o agrupados para la ejecución de proyectos de investigación en sus espacios laborales. Si bien cada uno de estos programas ha surgido con objetivos particulares, no existen espacios de coordinación apropiados que respondan a una misión o propósito mayor de país. Es el caso de los programas de financiamiento administrados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT – dependiente del Ministerio de Educación, a los cuales se superponen programas impulsados por la Corporación de Fomento de la Producción – CORFO – y la Iniciativa Científica Milenio – ICM –, ambas dependientes del Ministerio de Economía. Una tercera línea de financiamiento se enfoca en investigación sectorial y depende de otras reparticiones ministeriales (Agricultura, Energía, RR.EE., etc.).
Este conjunto de iniciativas no cuenta con una estructura que permita la coordinación de esfuerzos y un incremento en la eficiencia de la inversión pública en CTI. Es necesario, entonces, rediseñar la estructura organizacional actual tanto para evaluar, reformular y coordinar los programas existentes como para definir nuevos programas considerando el propósito y los objetivos de una Política Nacional de CTI.