Tribunal popular condena a Ulises Ruiz
Razhy González
En Oaxaca las autoridades pervierten la justicia, por lo que no existe un Estado de Derecho. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas por lo que no rige la Constitución
ULISES RUIZ ORTIZ ES CULPABLE
DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Es universalmente aceptado que para la existencia de un genuino Estado de Derecho, son indispensables dos requisitos:
1.- Que las autoridades se sometan estrictamente al imperio de la ley, realizando únicamente aquellos actos que les permita la norma jurídica; y,
2.- Que se respeten integralmente los derechos humanos de las personas que habitan el territorio del Estado.
Igualmente, entre las naciones civilizadas se admite que sólo existe una genuina Constitución ahí donde la separación de poderes es una realidad.
Nada de lo anterior sucede en Oaxaca, donde priva el ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza de los gobiernos federal y estatal y no en la voluntad del pueblo, titular originario de la soberanía. Es un hecho verificable que el Ejecutivo oaxaqueño tiene subordinados a los otros dos poderes.
Debido a la falta de un medio legal efectivo para llevar a juicio a Ulises Ruiz Ortiz y a otros funcionarios públicos tanto federales como del Estado, nos hemos constituido como Tribunal Popular de moral pública que, sin atribuirnos funciones de autoridad pero con el peso moral del aval de la sociedad, con la ética para impartir justicia y con fundamento en el artículo 39 Constitucional que deposita la soberanía primordial en el pueblo de México. En nuestra calidad de integrantes de este Tribunal Popular, hemos recibido pruebas de forma directa e inmediata acerca de la responsabilidad de quien tiene en sus manos el Ejecutivo local, Ulises Ruiz Ortiz, y se nos aportaron elementos que comprueban que gobierna para su propio interés y el de un reducido grupo económico y político, y no para beneficio del conjunto de los oaxaqueños. Por el contrario, la mayoría de éstos demanda su renuncia o destitución, por considerarlo responsable de graves delitos, incluyendo la ejecución
extrajudicial de personas, la desaparición, el encarcelamiento y la tortura de decenas de inocentes, la persecución y la amenaza de represión sobre quienes se oponen a sus acciones ilegales y antidemocráticas, y el sostenimiento de un aparato de represión que anula las libertades esenciales de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Asimismo se le acusa de perversión de la justicia, de cometer los delitos y crímenes, a través de sicarios, de los que acusa a sus opositores y por los que los ha privado de la vida o de la libertad sin respetar el debido proceso, incurriendo en crímenes adicionales de uso excesivo e innecesario de la fuerza, tortura continua, saña en contra de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los integrantes de los pueblos indígenas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y violación sistemática de los derechos humanos.
Motivación
El conflicto por el que pasa Oaxaca entre el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz (URO) y el movimiento popular se agudizó durante el año 2005 por la forma escandalosa en que el gobierno ha utilizado el poder para beneficio propio, enriqueciéndose desmedidamente, en lugar de mirar por el bien común, y por el hartazgo del pueblo al percibir la dominación a la que se ven sujetos y la represión que sufren cuando se organizan para detener los excesos de tales abusos. Este modo de ejercer el poder por parte del gobernador y su golpeteo constante a las organizaciones sociales agravó la crisis de legitimidad en Oaxaca. En estas condiciones, en el 2006, la lucha sindical del magisterio fue el detonante para organizar la resistencia en contra de quien utilizó el poder de manera despótica. Al agudizarse esta contradicción, el gobernador recurrió a la represión y el pueblo a la insurgencia pacífica que, a su vez, se vio nuevamente golpeada por el uso excesivo de la fuerza, por la
utilización criminal de métodos contrainsurgentes por parte del gobierno, por la contratación de sicarios para delinquir y por el manejo del engranaje completo del aparato de Estado para pervertir la justicia, criminalizando al inocente y exculpando al criminal. El surgimiento y funcionamiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha respondido a este patrón de comportamiento. Se ha convertido en movimiento emergente de resistencia pacífica que se ha manifestado en contra del gobierno, que ha desafiado el poder caciquil y que ha resistido en su lucha con relativo éxito, a pesar del ilegal y desmedido uso de fuerza con que el Estado la ha querido aniquilar, con la tarea de acumular la suficiente fuerza para modificar las condiciones de opresión que ya no soporta.
La ilegitimidad del Estado en Oaxaca
El propósito fundamental del poder político en todo Estado es perseguir el bien común, mediante la justicia. Por eso tiene bajo su responsabilidad el manejo de los aparatos de legitimación formal del poder político, el monopolio del uso de la fuerza, y es el encargado de regular las estructuras socio económicas y de servicio. Cuando un gobernante se apodera del control de estas instancias y contraviene el propósito fundamental del Estado pierde legitimidad, si es que la tuvo de origen, y se convierte en un poder tiránico.
Recordemos que, en nuestro sistema político, la legitimidad se obtiene a partir del momento en que se obtiene mayoría en la elección y, por ende, al tener el mandato del pueblo. A esta forma de obtener el poder se le conoce en la doctrina política como legitimidad ‘ab origine’, de origen. Sin embargo, la legitimidad no se entiende que se obtiene de una vez para siempre, sino que se confirma o se pierde en cada acto de gobierno por el uso que se hace del poder. A este ejercicio del poder, actuando con legitimidad, se le conoce como legitimidad ‘a regimine’ ó ‘a regimine principium’ que equivale a ‘vivir en democracia’. La formalidad no endereza la legitimidad de una elección viciada que puede legalmente ser legítima, pero ser de hecho ilegítima en el fondo. Un gobierno que asume el poder con un mandato legítimo de origen, también puede perderlo por el uso perverso del poder. San Agustín, desde el siglo V, al referirse en su análisis a este tema, lo hacía de este modo: “¿Si
suprimimos la justicia, qué son entonces los reinos sino grandes latrocinios?
Consideraciones ético jurídicas
En los foros sobre Derechos Humanos convocados por integrantes de la sociedad, se presentaron pruebas contundentes de los agravios infligidos por Ulises Ruiz Ortiz, con la complicidad de sus colaboradores, de diputados, de jueces y de las llamadas fuerzas del orden, a ciudadanas y ciudadanos que no cometieron ningún ilícito. Se documentó sobradamente que se han dado detenciones sin orden de autoridad judicial que constituyen verdaderos secuestros, se les ha aplicado tortura psicológica y física con el consecuente daño en su integridad personal, que se ha perseguido a los familiares de opositores políticos y que se intenta someter a los gobernados por medio del terror ejercido desde el Estado.
Con los testimonios y medios de prueba recabados por este Tribunal, y partiendo de las imputaciones claras y directas que los afectados formularon de los hechos ocurridos y denunciados, se interpreta y acredita que los perpetrados por Ulises Ruiz Ortiz son delitos de lesa humanidad, pues:
a) Los comete desde el poder, aprovechando todas las circunstancias que le favorecen: cuerpos policíacos, jueces, celadores, recursos económicos que le permiten comprar a la prensa que está al mejor postor, e intelectuales y escritores cuya pluma se cotiza en el mercado.
b) Ha contado además con la protección del gobierno federal del ex presidente Vicente Fox y ahora con la de Felipe Calderón, quienes han militarizado el Estado e intervenido represivamente a través de la Policía Federal Preventiva.
c) Echa mano de grupos paramilitares, verdaderos escuadrones de la muerte que, con eficiencia letal, siembran el miedo y el dolor entre el pueblo, bajo el manto protector de los gobiernos federal y del Estado.
d) Se mantiene en la total impunidad debido a que los órganos formalmente encargados de aplicar la justicia hacen oídos sordos a las denuncias que se presentan ante ellos.
e) El Congreso de la Unión también le presta protección, pues no lo ha sometido a juicio político a pesar de la evidencia de sus crímenes.
f) Las víctimas no han delinquido, sino que los reprime por defender derechos de la población y por ejercitar atribuciones constitucionales. No obstante, son ellas quienes sufren represión y no los transgresores de la ley y del Estado de Derecho, que permanecen al mando de los cuerpos que debieran prestar seguridad pública.
g) Esta perversión del derecho incluye también a las autoridades federales y a la Policía Federal Preventiva y responsables carcelarios de Nayarit, a donde fueron trasladados temporalmente los presos políticos de Ulises Ruiz Ortiz.
h) El móvil de sus ilícitos es conservar ilegítimamente el poder, en contra de la voluntad de la gran mayoría de los oaxaqueños y oaxaqueñas.
i) Reincide cada vez que lo quiere hacer, debido a que nunca ha sido sancionado conforme a la ley.
j) Por medios criminales pretende aniquilar la resistencia de quienes se oponen a sus determinaciones políticas.
k) Tales acciones ofenden a la totalidad de la población oaxaqueña, a los mexicanos y a toda la especie humana, y se realizan con alevosía, premeditación y ventaja.
Los testimonios de las atrocidades ordenadas por Ulises Ruiz Ortiz caracterizan un gobierno de ignominia y barbarie inaudita. Mientras que los testimonios presentados singularizan a un pueblo con gran dignidad y valentía. La resistencia civil que está presentando el pueblo oaxaqueño, comprendido su aguerrido sector magisterial, es ejemplo de cómo se puede y se debe defender las convicciones. Lo declarado por las víctimas y sus familiares merece toda credibilidad, pues proviene de hombres y mujeres conscientes, además de que coincide con lo expresado por los analistas honestos y esclarecidos que han sido testigos del movimiento popular y de la acción gubernamental para aniquilarlo.
Sentencia
Por lo expuesto y con fundamento en los principios de la ética social y política y de las reglas que deben regir la convivencia entre las personas y las naciones, declaramos que Ulises Ruiz Ortiz es un criminal de lesa humanidad y dictamos la siguiente sentencia moral:
Primero.- Se mandata éticamente al sentenciado a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a que presente con vida a todos los desaparecidos del Estado de Oaxaca.
Segundo.- Se le exige que renuncie a la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca, por ser un sujeto repudiado por la mayoría del pueblo soberano.
Tercero.- Lo declaramos persona non grata, lo que quiere decir que es un indeseable donde quiera que se presente.
Cuarto.- Se insta a las personas, organizaciones y partidos que se identifiquen como progresistas promover juicio político en contra del tirano, para lograr no solamente su destitución del puesto de gobernador del Estado, sino su enjuiciamiento penal y su inhabilitación de por vida para desempeñar ningún cargo público ni una función relacionada con la docencia o la investigación.
Quinto.- Se faculta éticamente al pueblo de Oaxaca para que continúe en su lucha de liberación de esta tiranía por los medios jurídicos que considere convenientes.
Sexto.- Se dirige al pueblo de México para que se cree una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de la guerra sucia del pasado y del presente; y a los servidores públicos y representantes populares honestos para que promuevan de inmediato una ley de amnistía general que proteja e incluya a todos los presos de conciencia del país.
Séptimo.- Iníciese trámites para juzgar a los cómplices de Ulises Ruiz Ortiz, tanto en la administración estatal como en la federal.
Octavo.- Hágase esta sentencia del conocimiento de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y de la justicia universal, que promueven y defienden los Derechos Humanos. Publíquese.
Oaxaca de Juárez, República Mexicana a 21 de abril del 2007.
Los Jueces del Tribunal Popular de Moral Pública
Miguel Concha Malo Pablo Franco Hernández
Guillermo García Romero Horacio Gaspar Luna
José Enrique González Ruiz Gilberto López y Rivas
Eduardo Miranda Esquivel Carlos Payán
Elena Poniatowska Ernesto Sánchez Aguilar
José Sotelo Marbán Fausto Trejo
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