El Gobierno de la Ciudad se niega a garantizar

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May 3, 2011, 3:33:35 PM5/3/11
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El Gobierno de la Ciudad se niega a garantizar
accesibilidad en las escuelas porteñas.



El 3 de marzo de 2011, la Sala II de la Justicia Contenciosa de la
Ciudad confirmó la sentencia que obliga al GCBA a garantizar el
derecho a la educación de niños/as con discapacidad. Pero el gobierno
presentó un pedido de inconstitucionalidad para que el Tribunal
Superior de la Ciudad deje sin efecto la sentencia, demostrando una
vez más el poco in terés en trabajar en el cumplimiento de la ley y en
su obligación de garantizar el derecho a la educación de los niños/as
con discapacidad.

En enero de 2009, a raíz de una acción de amparo presentada por
Acceso YA. (con el asesoramiento legal de la Comisión Pro Bono y
R.E.D.I, y técnico de Fundación Rumbos), la justicia había ordenado al
Gobierno de la Ciudad que inicie distintas acciones para garantizar la
accesibilidad en las escuelas, tanto públicas como privadas, en un
plazo de 240 días, ya que los diversos informes técnicos presentados
por Acceso YA. revelaron que:

el 95% de las escuelas privadas y 75% de las públicas porteñas no
cumplen ni siquiera con condiciones mínimas de accesibilidad: no
cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de
ruedas y/o carecen de ascensores y/o baños adaptados, entre muchos
otros obstáculos.

La Jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 4, Elena Liberatori hizo lugar a la demanda de
accesibilidad, respaldando su decisión en los Derechos del niño, la
igualdad ante la ley, la no discriminación y en el sistema de
protección internacional, nacional y local de las personas con
discapacidad, rechazando la apelación del Gobierno de la Ciudad.

La magistrada destaca, en los fundamentos del fallo, las conclusiones
a las que arriba el Asesor tutelar interviniente, Gustavo Moreno,
quien expresó en su dictamen: “La escuela debe ser el lugar donde todo
niño/a sin importar su condición física desarrolle sus capacidades,
ejerciendo sus derechos y libertades a fin de crecer y madurar como
persona, y no ser bajo ningún punto de vista un lugar donde sus
dificultades se vean agravadas por culpa de la Administración que
omite cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley; tal cual ha
quedado plasmado en los presentes autos”. Agrega: “Todas las personas
tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y
garantiza el derecho de ser diferente, no admitiéndose
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con
pretexto de caracteres físicos,...o cualquier circunstancia que
implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.

Llama la atención que un gobierno se niegue a hacer accesibles las
escuelas cuando esta situación deja fuera del sistema a más de 21.000
niños/as con disca pacidad. Sólo queda pensar que el pedido de
inconstitucionalidad de la sentencia, demuestra una clara política de
exclusión y de desinterés por la defensa de los derechos humanos
fundamentales.



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