Ya en 2005 se aprobó la ordenanza cívica de Barcelona que prohíbe la
mendicidad, la venta ambulante y todo tipo de actos incívicos. La
prostitución callejera está prohibida si supone una invasión del
espacio público o se produce a menos de 200 metros de un colegio. En
diciembre de 2008 se anuló la ordenanza por la imposibilidad de
hacerla cumplir.
Los vecinos se sienten hartos e indefensos ante el panorama y
consideran que la única solución sería recuperar los burdeles.