ÁREA DE COMUNICACIONES / ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia
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KIMY PERNÍA DOMICÓ / EN SU MEMORIAEste 2 de junio de 2011 se cumplen 10 años desde que fue desaparecido el líder indígena
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>> La desaparición de Kimy ocurrió en junio de 2001 cuando se adelantaba el proceso de consulta interna en medio de la negociación con el gobierno nacional. Pese a la búsqueda y acciones que de inmediato iniciaron sus compañeros, nada se logró. Los Embera Katios aún recuerdan que en su momento Carlos Castaño, entonces jefe de los grupos paramilitares, justificaba el asesinato de los indígenas del Alto Sinú, porque ellos “se oponían al megaproyecto de la represa de Urrá”.
Kimy Pernía y la Represa de Urrá en el Alto Sinú
El delito de desaparición forzada en contra de integrantes de pueblos indígenas alcanzó en el año 2004 una cifra nunca antes registrada: 39 miembros de comunidades fueron secuestrados y desaparecidos por grupos paramilitares, en plena negociación con el gobierno y un supuesto cese de hostilidades de esta organización, el cual incluiría a la población civil. Al igual que los colonizadores de antaño y los terratenientes más contemporáneos, las AUC y grupos similares parece que no consideran a las comunidades indígenas como parte de la población con derechos y garantías constitucionales.
Desde 1999 la desaparición forzada no afectaba significativamente a estos grupos étnicos. El acoso por parte de los paramilitares había sido más selectivo y en contra de figuras respetadas dentro de estas comunidades. Uno de los casos emblemáticos ha sido el de Kimy Pernía Domicó, líder embera Katío de la región del Alto Sinú, región en donde hasta hace poco se ubicó lo que pretendió ser el mando central de las AUC con Carlos Castaño a la cabeza. Pernía Domicó fue secuestrado y desaparecido el 2 de junio de 2001 por parte de uno de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que operaba en Tierralta, Córdoba.
Veinte días más tarde el entonces ministro del Interior, Armando Estrada Villa, se comprometió con el pueblo Embera a conformar una comisión de esclarecimiento y seguimiento que estaría integrada por un delegado de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, un delegado de la Procuraduría General de la Nación y un delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; posteriormente se incluyó a un delegado de la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA impuso medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Kimy Pernía, y la de toda la comunidad Embera Katío, y ordenó al Gobierno colombiano investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de los
indígenas.
Para finales de 2005, cuando la desmovilización de gran parte de los integrantes de las AUC que operaban en el departamento de Córdoba era un hecho, aún no había respuesta sobre el paradero de Kimy Pernía. Su familia, amigos y su pueblo lo siguen buscando y aún lo esperan. La desaparición de una autoridad tradicional en este tipo de comunidades tiene hondas repercusiones: su vida espiritual, su mundo simbólico y ritual quedan vacíos. Además, un hecho como el sucedido ratifica que la vulnerabilidad de estas comunidades frente a grupos supuestamente más civilizados, sigue existiendo, a pesar de los avances constitucionales y la firma de tratados internacionales por el Estado colombiano.
Kimy era una de esas autoridades tradicionales. Hijo de Manuelito y nieto de Yarí, el gran jaibaná y cacique Embera Katío, fundador de las comunidades en el Alto Sinú. De ellos heredó la autoridad y la fuerza para defender los intereses de su pueblo. Desde pequeño aprendió las enseñanzas de la naturaleza y entendió que un indio sin territorio no es indio. Gordon Horton, un gringo evangelizador fue quien le enseñó a leer y escribir en castellano, a luchar por la defensa de su territorio y a disputarle a la sociedad blanca los derechos negados. La presencia permanente de actores armados en el corazón del territorio Embera lo llevó en los años setenta a pasar un año en la cárcel: el EPL había asesinado a cuatro ambientalistas y Kimy, su padre y un tío fueron acusados. “Esa fue mi universidad”, solía decir, “allí aprendí lo que podíamos esperar de los blancos”.
Cuando salió libre, decidió irse a vivir a las cabeceras del río Esmeralda, en el corazón del Nudo de Paramillo, según él, para alimentar su espíritu y olvidar lo que le había hecho el hombre blanco. Allí permaneció hasta que fueron a buscarlo sus hermanos indígenas para que dirigiera las movilizaciones para frenar las amenazas de ser inundados por la construcción de la represa en el alto Sinú.
En 1970 la Corporación Eléctrica del Caribe contrató un estudio acerca de la factibilidad de un proyecto hidroeléctrico de cerca de 300.000 kilovatios en esa región. En 1.977, las autoridades del sector acordaron la viabilidad de los megaproyectos Urrá I y Urrá II. Sin tener en cuenta la existencia de los indígenas en la región, en 1982 se firmaron convenios con una empresa rusa (V.O Energomachexport) para el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico. Tres años después se firmaron acuerdos adicionales para la construcción de obras civiles con Skanska Conciviles, de Suecia. En 1992 se creó la Empresa Multipropósito Urrá S.A. y seis meses más tarde, el entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables, ahora Ministerio del Medio Ambiente, otorgó la licencia para la construcción. El Proyecto Urrá I está localizado a 30 km al sur de Tierralta, en el alto
Sinú, departamento de Córdoba. El área por inundar es de 7.400 hectáreas, lo cual contribuiría a generar 340 megavatios hidráulicos, lo que significa 21.7 hectáreas utilizadas para producir un megavatio. Todo esto se había planeado sin ningún tipo de consulta, participación o conocimiento de la población afectada.
Kimy Pernía y un grupo de jóvenes líderes Embera Katío, entre quienes se destacaba Lucindo Domicó, asesinado en abril de 1999, asumieron la tarea de frenar la agresiva imposición del Proyecto Hidroeléctrico Urrá. En 1995 este grupo organizó el Do Wambura (Adiós Río), una movilización de 1.000 indígenas desde el resguardo de Karagabí hasta Lorica, en la Ciénaga Grande, primera protesta masiva y colectiva, fruto de la cual se iniciaron las negociaciones con el gobierno y la empresa Urrá. Este evento desembocó en los acuerdos con la Empresa Multipropósito Urrá S.A. para la mitigación de impactos por la desviación del río, entre ellos la formulación y financiación de un Plan de Etnodesarrollo, y un acuerdo con el Instituto para la Reforma Agraria para aclarar los títulos de propiedad sobre el territorio.
Dos años más tarde, ante el incumplimiento de los acuerdos, los Embera Katio ocuparon la Embajada de Suecia en Bogotá. Kimy entendía que la movilización y la denuncia eran claves para hacer cumplir los derechos y defender la integridad organizativa, cultural y territorial de su pueblo. Se acordó con el gobierno un nuevo proceso de diálogo para concertar contraprestaciones y participación en los beneficios de la hidroeléctrica, como resultado de la inundación del territorio ancestral.
El 10 de Noviembre de 1998 la Corte Constitucional resolvió, mediante Sentencia T-652, tutelar los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Además, la Corte ordenó a la empresa Urrá indemnizar a este grupo con un subsidio alimentario y de transporte para todos los miembros durante 20 años, a través de un fideicomiso pagado mensualmente. La Corte también ordenó adelantar un proceso de consulta y concertación, previo al llenado y operación del embalse, teniendo en cuenta los impactos futuros, los intereses y necesidades de las comunidades, junto con la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.
Igualmente ordenó a la alcaldía de Tierralta reconocer como autoridades tradicionales a los gobernadores indígenas, inscribir a los miembros del pueblo Embera-Katío de ese municipio en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abstenerse de interferir en los asuntos propios de la autonomía de este grupo. Esta misma orden incluyó a la Gobernación de Córdoba, al Ministerio del Interior, a la Empresa Multipropósito Urrá S.A., a la Procuraduría Agraria, a la Defensoría del Pueblo, y a las organizaciones privadas parte del proceso.
Los esfuerzos de Kimy fueron reconocidos internacionalmente y en noviembre de 1999 viajó a Canadá, invitado por la Comisión de Derechos Humanos de las Iglesias Canadienses, para denunciar la violación de los derechos de su pueblo y precisar las razones de la resistencia al megaproyecto Urrá: alteración de importantes ecosistemas de páramo, selva húmeda, humedales y estuario; alteración de la dinámica de las especies piscícolas; afectación de la economía de los pescadores del Bajo Sinú; atracción de conflicto armado; alteración de patrones culturales asociados al trabajo; suspensión del sistema tradicional de transporte por el río; desplazamiento involuntario de la población; inundación de las tierras más fértiles; inundación de cementerios y de los sitios sagrados.
A principios del 2000 Kimi visitó los Estados Unidos invitado por la Red Internacional de Ríos (IRN) y la organización ecologista Global Exchange. Allí participó en eventos de defensores de derechos humanos en Berkeley y San Francisco. En Washington se entrevistó con varios senadores y representantes y expuso los problemas generados por la represa Urrá. Así mismo, se entrevistó con funcionarios de la CIDH para gestionar lo relacionado con las medidas cautelares solicitadas por los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Unos meses antes había participado en la Gran Marcha Embera, que salió del territorio indígena el 29 de noviembre de 1999, y que estuvo frente al Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá hasta el 26 de abril de 2000. En esta acción fue el principal gestor del proceso de negociación y defensa de los intereses de su comunidad. Miles de colombianos pudieron
apreciar su palabra, su absoluta convicción y rectitud dirigiendo la toma del Ministerio del Medio Ambiente.
La desaparición de Kimy ocurrió en junio de 2001 cuando se adelantaba el proceso de consulta interna en medio de la negociación con el gobierno nacional. Pese a la búsqueda y acciones que de inmediato iniciaron sus compañeros, nada se logró. Los Embera Katios aún recuerdan que en su momento Carlos Castaño, entonces jefe de los grupos paramilitares, justificaba el asesinato de los indígenas del Alto Sinú, porque ellos “se oponían al megaproyecto de la represa de Urrá”. Al respecto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló el 9 de agosto de 2004, cuando se conmemoraba el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que “la oficina lamenta que la investigación de la desaparición forzada del líder Embera Katío, Kimy Pernia Domicó, ocurrida en el año 2001, y cuyos responsables según las autoridades fueron
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, no ha logrado avanzar. La oficina también desea expresar su preocupación porque este año, varios miembros de las comunidades Embera Chamí han sido asesinados, y los indígenas Embera Katíos han sido víctimas de varios secuestros, incluso de sus líderes”.
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Prólogo del libro “Kimy, palabra y espíritu de un río” - Por Eulalia Yagarí (1)
Este 2 de junio de 2011 se cumplen 10 años desde que fue desaparecido Kimy Pernía, nuestro querido sarra embera. El paramilitar Carlos Castaño ordenó su secuestro y posterior asesinato. Hizo este daño a nuestros pueblos, a pesar de que se había comprometido con una delegación indígena a respetar la vida de los embera. Lo más indigno para un sarra, le dieron muerte atado de pies y manos. Lo más doloroso para los indígenas y para todos sus amigos, fue torturado. La afrenta más grande para el pueblo embera, su cuerpo no fue entregado para ser enterrado con todos los honores que su dignidad merecía.
Hoy los indígenas recordamos al hombre ejemplar, al líder que se enfrentó con una clase poderosa que gobernaba al departamento de Córdoba y que había decidido inundar las tierras de su amado resguardo Karagabí para hacer una represa, que hoy día sabemos que fue una inversión fallida en términos económicos y no sirvió para nada distinto que para enriquecer a unos cuantos políticos, darle trabajo a unas pocas empresas extranjeras, desplazar a un pueblo y destruir de un tajo sus sueños y ganas de vivir.