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Desde
la embajada de Estados Unidos en Santiago continúan tejiéndose los
planes de desestabilización que pretenden derrocar al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, como fuera denunciado en julio por el ex
ministro de Defensa, José Vicente Rangel, implicando a funcionarios
diplomáticos norteamericanos en una red de narcotráfico que exporta
drogas por costas chilenas para financiar la operación. En la estación
militar, de la embajada de Estados Unidos en Chile, se viene preparando,
desde el 2012, un ataque frontal al movimiento bolivariano. Aquí
proporcionamos la identidad de los implicados.
El complot incluye la confección de listas de personas que serán
asesinadas o ejecutadas sumariamente, en caso de prosperar un golpe de
Estado facistoide desde el interior de las Fuerzas Armadas Venezolanas.
Informaciones
publicadas por los portales Panoramas News y Verdad Ahora entregan una
lista detallada de los conspiradores que han asistido a dicha sede
diplomática para organizar el complot que contempla la profundización
del boicot económico a Venezuela, el uso de paramilitares contra el
pueblo bolivariano, el bombardeo de recintos estratégicos del gobierno
con apoyo desde Colombia y el magnicidio de Maduro.
El plan
contempla el copamiento de los cuarteles de las milicias bolivarianas y
el cerco de los barrios industriales en las ciudades más grandes. En el
campo, se planifica el uso de paramilitares, ligados a los grandes
agricultores, para llevar a cabo la guerra sucia en contra del pueblo
desarmado.
Con la declaración de la guerra económica al país,
mediante el acaparamiento, el boicot y el desabastecimiento de bienes
básicos, las fuerzas de la oscuridad pretenden convencer a algunos
oficiales ingenuos que la única salida es un movimiento militar. La
CIA, no escatima dinero o esfuerzos, con los medios de prensa
reaccionarios, en crear el contexto de desorden social que permita tal
intervención, la que sería extremadamente sanguinaria y cobarde, al
más puro estilo pinochetista, con la consiguiente estela de huérfanos,
viudas, torturados, desaparecidos y exiliados.
Esta intervención,
según la locura moral de sus impulsores, debe ser extremadamente
brutal, impúdicamente cruel y ojalá televisada. Al igual que lo sucedido
en Chile, en 1973, se piensa en el uso de la Fuerza Aérea en el
bombardeo de los recintos de gobierno y de las poblaciones pobres para
inhibir cualquier intento de resistencia a los golpistas. Todo ello
dejando los cadáveres en las calles para paralizar a la opinión
pública. De imponerse esta siniestra iniciativa, se proyecta el cierre
del Congreso, la intervención del poder judicial y la total censura de
prensa.
Los militares corruptos, y comprometidos en la traición,
buscan captar el descontento en la tropa, asegurando que el éxito
estaría garantizado por la ayuda directa de las bases norteamericanas en
Colombia. Éstas últimas, según los traidores, respaldarían el golpe, en
caso de existir por parte de la ciudadanía, una defensa resuelta e
inesperada al modelo nacionalista y bolivariano.
Aprovechando su
estadía en Chile, algunos agentes consideraron acercarse y sondear a los
oficiales del Ejército venezolano, coronel José García Alarcón y el
mayor Freddy Acosta Grillet, pero desistieron por temor a ser
denunciados.
Una buena parte de los conspiradores norteamericanos
se hospedaron en el Hotel Intercontinental de Santiago, conocido en la
jerga interna como la “casa del espía”.
Las conferencias y
cursos de planificación se llevaron a cabo al interior de la embajada de
Estados Unidos y contaron con la colaboración adicional de Or Moshe,
coronel del Ejército de Israel y agregado militar del Estado sionista en
Santiago.
La participación de Moshe en el complot sería
fundamental para comprometer negativamente la presencia iraní en
Latinoamérica, considerando que según la denuncia replicada por el ex
ministro José Vicente Rangel, de fracasar un atentado contra Maduro se
pondrá en marcha el intento de asesinato del presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, “para luego apuntar con dedo
acusador a los servicios de inteligencia de la República Islámica de
Irán”.
En la sede diplomática norteamericana en Chile, han colaborado en el plan de desestabilización, los siguientes militares:
Ronald
Raúl Townsend, estadounidense, nacido el 25 de mayo de 1959, con
pasaporte diplomático Nº 910114380, capitán de navío, agregado naval en
la embajada norteamericana en Chile.
César Rolando Garza, estadounidense, nacido el 25 de enero de 1977, con pasaporte oficial Nº 820756915.
Braulio Arodi Aguiar, estadounidense, nacido el 25 de mayo de 1957, con pasaporte oficial Nº 820942785.
Víctor Manuel González, estadounidense, nacido el 7 de junio de 1982, con pasaporte oficial Nº 820471594.
Eric Anthony Pardo, estadounidense, nacido el 23 de junio de 1980, con pasaporte oficial Nº 820628796.
Max Howard Krupp, estadounidense, nacido el 8 de enero de 1977, con pasaporte oficial Nº 820326545.
Timothy Ochsner, estadounidense, nacido el 29 de abril de 1965, con pasaporte oficial Nº820525724.
Bryan Glenn Guiney, estadounidense, nacido el 8 de diciembre de 1982, con pasaporte oficial Nº 820321900.
Noé Sánchez, estadounidense, nacido el 19 de agosto de 1980, con pasaporte oficial Nº 820382585.
Juan Francisco Quintana Luna,
estadounidense, nacido el 11 de noviembre de 1974, con pasaporte oficial Nº 820983396.
Eric Carson Miller, estadounidense, teniente de ejército, con pasaporte general Nº 404661869.
Patrick Flood, estadounidense, teniente de ejército, con pasaporte general Nº 710886798.
Brendon Gregory Harper, estadounidense, nacido el 2 de julio de 1972, con pasaporte diplomático Nº 910197434.
Lorenzo Bernabé Lara , estadounidense , nacido el 23 de julio de 1979, con pasaporte oficial Nº 820349115.
Piñera calla
Las
denuncias sobre un plan golpista contra la República Bolivariana y la
eventual complicidad de altas autoridades chilenas han sido
continuamente ignoradas por el gobierno de Sebastián Piñera.
A
mediados de julio en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el ex
inspector de la PDI, Fernando Ulloa, acusó al ministro Rodrigo Hinzpeter
y a altos jefes de la policía civil de ignorar el ingreso mensual de
más de 200 kilogramos de cocaína desde Bolivia, investigación que fue
arrebatada de sus manos por el mando policial y que gatilló su baja de
la institución.
En el espacio televisivo salió a la palestra el
nombre de Crawford & Company (Crawford Chile S.A.), empresa
vinculada a los funcionarios del Ministerio del Interior, Rodrigo Barros
Belmar y Marko Magdic, que estaría siendo utilizada en la exportación
de la droga. Dos funcionarios de la embajada norteamericana en Santiago,
el chileno Washington Moreira con chapa de la DEA y el estadounidense
Todd Porter del FBI, fueron sindicados como los encargados de gestionar
fondos ilícitos del narcotráfico para desestabilizar al gobierno de
Maduro.
A finales de agosto el presidente venezolano Nicolás
Maduro reconoció la ayuda periodística que ha recibido desde Chile para
desbaratar el plan de magnicidio contra su persona. “Tenemos amigos y
amigas donde ustedes menos se lo imaginan, allí escuchando y
diciéndonos. Por eso somos certeros cuando golpeamos”, manifestó el jefe
de Estado luego que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin) detuviera a dos sicarios colombianos presuntamente implicados en
el complot. |