Si has estado siguiendo el impactante caso de Tenancingo, seguro te preguntas qué hay detrás de las acusaciones contra su presidenta municipal. La polémica subió de tono tras las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero Nancy Nápoles Pacheco ha decidido romper el silencio de forma contundente. En esta cobertura detallada, conocerás los argumentos con los que la alcaldesa se defiende, niega conocer a los detenidos y sostiene que fue víctima de un delito real, desmontando la versión oficial del desfalco multimillonario.
El caso de Nancy Nápoles: ¿Secuestro real o montaje financiero?
La situación jurídica y política en el municipio de Tenancingo, Estado de México, se encuentra en un punto crítico. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene una línea de investigación que apunta a un presunto caso de autosecuestro. Según las autoridades estatales, este montaje habría tenido el objetivo de justificar un desvío o desfalco de 40 millones de pesos del erario público municipal. Sin embargo, la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco rechaza categóricamente estas afirmaciones y asegura que todo el proceso penal en su contra responde a una persecución política.
En sus más recientes declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta municipal insistió en su inocencia y aclaró de manera tajante que no tiene ningún vínculo con las personas que la fiscalía vinculó a proceso recientemente por este delito. La funcionaria pública enfatizó que esperará los tiempos procesales oportunos para presentarse ante el Ministerio Público y demostrar la falsedad de las imputaciones.
Puntos clave de la defensa de la alcaldesa de Tenancingo
Para entender la postura y la estrategia legal que la alcaldesa de Tenancingo está implementando, es necesario desglosar los argumentos principales que ha expuesto públicamente:
- Desconexión con los detenidos: Nancy Nápoles declaró de forma contundente que no conoce ni reconoce a Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N", las dos personas recientemente vinculadas a proceso. Explicó que durante el evento delictivo los captores llevaban el rostro cubierto con gorras y cubrebocas negros, por lo que le resulta imposible identificarlos formalmente.
- El dinero está en el municipio: Respecto a la acusación de desfalco por 40 millones de pesos, la edil desmintió de forma rotunda que falte dicha cantidad de las finanzas municipales, afirmando que los recursos públicos se encuentran intactos y auditables dentro de la tesorería de Tenancingo.
- Situación de su esposo: Desmintió los rumores que señalaban que su esposo se encontraba prófugo de la justicia. Declaró que él la ha acompañado a realizar todas las denuncias correspondientes y que se encuentra atendiendo sus asuntos en plena libertad y disposición de colaborar.
- Irregularidades en la investigación: La alcaldesa denunció públicamente que fue atendida por tres ministerios públicos distintos y acusó un trato inapropiado, sugiriendo que las pruebas de las videograbaciones han sido manipuladas por la fiscalía mexiquense para cambiar la narrativa de los hechos.
Cronología del conflicto con la Fiscalía de Edomex
El conflicto legal inició formalmente a finales de mayo de 2026, cuando se reportó la presunta desaparición y posterior localización de la alcaldesa. Lo que inicialmente se denunció como un plagio con violencia, cambió drásticamente de rumbo cuando la Fiscalía de Edomex abrió una carpeta de investigación penal por simulación de secuestro, solicitando de manera formal una audiencia de imputación en contra de la mandataria local.
A pesar de que el partido Morena determinó suspender de forma temporal los derechos partidistas de la alcaldesa debido al daño a la imagen de la institución, Nápoles Pacheco continúa ejerciendo sus funciones desde sus oficinas del ayuntamiento y ha manifestado que no planea separarse de su cargo de manera definitiva, ya que confía plenamente en que los tribunales le darán la razón.
Por qué este caso importa al Estado de México
Este suceso trasciende el ámbito local de Tenancingo y pone bajo la lupa los mecanismos de fiscalización y procuración de justicia en todo el Estado de México. Por un lado, la acusación del Ministerio Público representa un severo señalamiento de corrupción y malversación de recursos públicos mediante el uso de delitos simulados. Por el otro, la férrea postura de Nancy Nápoles abre el debate sobre el uso de las instituciones de justicia con fines de presión o persecución política en contra de gobernantes municipales electos. La resolución de este caso penal marcará un precedente sumamente importante para la rendición de cuentas en la administración pública estatal.