Fwd: Comunicado Mujeres en Acción: Violencia institucional y violencia simbólica contra persona menor de edad en Cartago
Ana Carcedo
De: Mujeres en acción Costa Rica <mujeresenacc...@gmail.com>
Date: lun, 7 de dic. de 2020 a la(s) 09:23
Subject: Comunicado Mujeres en Acción: Violencia institucional y violencia simbólica contra persona menor de edad en Cartago
To: <DIFUSION_muj...@googlegroups.com>
7 de diciembre de 2020
Violencia institucional y violencia simbólica contra persona menor de edad en Cartago:
la papa caliente de Marcel Hernández
El pasado viernes, nuevamente, una jueza de la etapa preliminar sobresee el caso por cuatro delitos de violación contra el futbolista del cartaginés, Marcel Hernández, a pesar de que hace pocas semanas un juzgado de apelación había dejado sin efecto una sentencia similar.
Esta reiterada denegatoria de justicia para una mujer cuyos presuntos delitos en su contra se cometieron cuando era menor de edad constituye un acto de violencia institucional por parte de la justicia costarricense.
Es menester recordar que el deber primero de los tribunales de justicia es garantizar a todas las víctimas que así lo reclamen el acceso pronto y cumplido a un estrado judicial donde dirimir y reclamar sus derechos. Es deber de la justicia costarricense asegurarse que las víctimas tengan posibilidades de presentar – ante juez competente – las pruebas a su favor y que las mismas sean resueltas en debate objetivo con el presunto acusado.
Es violencia institucional cuando la institución judicial no se asegura de contratar personal académica y éticamente idóneo para los juzgados penales que conozcan sus atribuciones, que no se conviertan en barreras de acceso a la justicia para las víctimas y que no conviertan los procesos judiciales en largos vía crucis donde las mismas son revictimizadas una y otra vez.
Como se ha señalado en los dos Informes del Estado de la Justicia (Estado de la Nación) esta práctica es particularmente prevalente en casos de violencia contra las mujeres y de violencia sexual.
¿Es tan difícil entender que lo que se reclama es el derecho a un juicio donde un juez – esta vez con competencias de ley – pueda conocer la amplia prueba presentada y resolver a derecho?
Para nadie es un secreto que este caso se ha convertido en una papa caliente que nadie quiere resolver dada la notoriedad futbolística del señor Hernández y su peso en el club de la provincia. Siendo tan públicos ambos, el señor como sus presuntos delitos, la respuesta judicial debería ser contundente y clara porque cualquier sentencia, además de absolutoria o acusatoria, es un acto simbólico sobre la violencia sexual y contra las mujeres. En este caso, además, contra una persona menor de edad que en nuestro ordenamiento jurídico tiene protección especial.
La denegatoria de juicio es un acto de violencia simbólica contra las mujeres, especialmente contra la victima que ha sostenido el proceso a pesar de todos quienes buscan detenerla. Es violencia simbólica porque el mensaje que está enviando este juzgado es que los señores con poder y notoriedad pueden hacer lo que les da la gana con los cuerpos y las vidas de las mujeres y que nunca serán juzgados.
Es violencia simbólica porque estamos diciendo que vale más una camiseta deportiva que la integridad sexual de las mujeres. ¿Será que no nos importa que un jugador pueda incluso llegar a vestir los colores patrios en la selección nacional sin que se hayan resuelto las graves acusaciones por presuntos delitos sexuales en su contra?
“Con tal de que meta goles, que haga lo que quiera”. Nos negamos a aceptar que esta sea la consigna que caracterice el futbol nacional. Por el contrario: esperaríamos que como líderes de la juventud los jugadores de fútbol sean puntos de referencia de una ética de convivencia e igualdad entre las personas.
No condenamos de previo al señor Hernández, pero sí exigimos que vaya a juicio.
Hacemos un llamado de atención urgente a la Corte Suprema de Justicia y, especialmente a la Sala Tercera, para que presten atención - de una vez por todas - a las prácticas re-victimizantes contra las mujeres que tienen lugar en los juzgados penales.
Que por favor se preocupen y ocupen por lo que dice el Estado de la Justicia y se desarrollen procesos remediales y correctivos de manera urgente, incluyendo la adecuada selección, nombramiento y formación en derechos humanos de jueces y juezas para que faciliten y no obstruyan el acceso a la justicia. La independencia del juez tiene el límite que la propia ley le impone. No es posible que la ciudadanía y las víctimas debemos enfrentarnos a que los procesos se alarguen innecesariamente porque haya que estar enmendando sentencias antijurídicas de jueces no competentes. No hacerlo es violencia institucionalizada contra las víctimas, incluyendo las mujeres.
Mujeres en Acción
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