El bombardeo en Guaviare y el riesgo político para el ministro de Defensa Pedro Sánchez
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El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue enfrentando duros cuestionamientos tras la confirmación de que altos mandos sabían sobre la posible presencia de menores de edad en el campamento disidente de Iván Mordisco en Guaviare antes de autorizar el reciente bombardeo.
La controversia se intensificó luego de que Medicina Legal estableció el fallecimiento de siete adolescentes, sumando un total de veinte víctimas mortales en la operación militar
El bombardeo en Guaviare y el riesgo político para el ministro de Defensa Pedro Sánchez
El reciente bombardeo en Guaviare, ordenado por el Gobierno y ejecutado por las Fuerzas Militares, se convirtió en uno de los episodios más tensos para la política de defensa en Colombia. La operación, dirigida contra una estructura disidente de las FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, terminó con la muerte de siete menores de edad, hecho que ha detonado un debate nacional y ha puesto en jaque al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La controversia no solo involucra temas relacionados con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino la responsabilidad política de un jefe de cartera que debe responder por la planeación, la inteligencia y la ejecución de las operaciones militares. Esto ha llevado a que sectores del Congreso evalúen una posible moción de censura, una de las herramientas más fuertes de control político en el país.
Qué ocurrió en Guaviare
1. El operativo militar
El presidente Gustavo Petro autorizó el bombardeo tras inteligencia que ubicó un campamento de las disidencias de Mordisco en zona rural del Guaviare. La operación fue presentada inicialmente como un golpe contundente contra un objetivo de alto valor estratégico.
2. La muerte de menores
La situación dio un giro cuando se confirmó que al menos siete de los muertos eran adolescentes reclutados por el grupo armado. Este hallazgo cambió por completo la lectura pública del operativo, generando fuertes cuestionamientos éticos y políticos.
3. La defensa del Ministerio de Defensa
El ministro Pedro Sánchez afirmó que la operación cumplió con el DIH y que los menores actuaban como combatientes armados dentro de la estructura ilegal. Para sectores críticos, esta explicación no responde si la inteligencia advirtió o no la presencia de menores con suficiente claridad.
4. Investigaciones en curso
La Fiscalía Penal Militar abrió una investigación para determinar si existieron fallas en la planeación o ejecución que pudieran constituir negligencia o violación al DIH.
5. Reacciones políticas
Varios congresistas señalaron la posibilidad de iniciar una moción de censura contra Sánchez, argumentando que el Estado no puede justificar operaciones letales cuando existe un riesgo evidente para la vida de menores reclutados.
6. Críticas internas
Incluso voces del ámbito militar —como suboficiales retirados— solicitaron la renuncia del ministro, aduciendo que se debió priorizar la vida de los menores y optar por otros métodos operacionales.
Consecuencias para el ministro Pedro Sánchez
1. Crisis de legitimidad política
El ministro enfrenta un momento crítico: la percepción de un error estratégico grave puede traducirse en pérdida de apoyo dentro del Congreso, lo cual abre la puerta a una moción de censura con posibilidades reales de prosperar.
2. Cuestionamientos éticos y públicos
La muerte de menores reclutados revive la discusión sobre la responsabilidad del Estado en proteger a las víctimas del conflicto, incluso cuando estas se encuentran dentro de estructuras ilegales.
3. Implicaciones legales
Dependiendo de los resultados de las investigaciones, podrían derivarse responsabilidades disciplinarias o incluso penales para los mandos involucrados en el diseño del operativo.
4. Replanteamiento de la estrategia militar
Este caso podría obligar al Ministerio de Defensa a ajustar sus procedimientos de inteligencia y operación, con enfoque reforzado en el análisis de riesgo para población vulnerable.
5. Impacto en la narrativa de “paz total”
Aunque la operación buscaba neutralizar una amenaza armada, se percibe como una contradicción frente al discurso gubernamental de búsqueda de una paz integral, más aún cuando las víctimas incluyen menores reclutados.
El bombardeo en Guaviare no solo marca un episodio doloroso para el país, sino un punto de inflexión para la política de seguridad del actual Gobierno. Para el ministro Pedro Sánchez, las consecuencias trascienden el plano militar y se adentran en la legitimidad moral y política de su cargo.
La moción de censura —si se presenta— no será simplemente un debate procedimental, sino un examen profundo sobre la forma como Colombia concibe la guerra, la protección de sus ciudadanos más vulnerables y la responsabilidad del Estado en tiempos de conflicto.
Fuentes consultadas
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El País (Colombia) – Identidades de los menores
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El Colombiano – Autorización del bombardeo
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Infobae – Ministro confirmó que sabía de presencia de menores
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Radio Santa Fe – Justificación del Ministerio de Defensa
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El País (Cali) – Investigación de Fiscalía Penal Militar
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Noticias Caracol – Declaraciones del ministro
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Infobae – Sargento en retiro pide renuncia del ministro
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AP News – Reporte internacional sobre la muerte de los menores
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