Cali, 7 de agosto de 2026 - Por Mesa Pacífico Virtual
Cali amaneció este 7 de agosto convertida en el centro de la política nacional. Por primera vez en la historia reciente, una posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá. La ciudad recibe la ceremonia mediante la cual Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia, en un contexto particularmente cargado de simbolismos políticos, sociales y culturales.
Pero mientras las instituciones prepararon un gigantesco dispositivo para garantizar el desarrollo de la ceremonia, en distintos sectores de Cali también se fueron organizando iniciativas ciudadanas, comunitarias, políticas, artísticas y culturales para expresar posiciones frente al nuevo Gobierno.
La ciudad, por tanto, no está viviendo un único acontecimiento.
Está viviendo dos preparaciones simultáneas.
La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, la Fuerza Pública y las autoridades nacionales desplegaron durante los últimos días un amplio operativo de seguridad.
La ceremonia tiene como escenario la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, mientras que otras actividades oficiales incluyen actos militares y reuniones de seguridad. Las autoridades establecieron restricciones especiales de movilidad, medidas de seguridad y controles destinados a proteger a las delegaciones nacionales e internacionales.
La magnitud del dispositivo muestra que la decisión de trasladar la posesión a Cali no fue simplemente un cambio de escenario.
La ciudad se convirtió durante estos días en escenario político nacional.
Medios como El País han señalado que más de 11.000 efectivos fueron destinados al dispositivo de seguridad, mientras que las autoridades también anunciaron restricciones relacionadas con movilidad, consumo de alcohol y circulación en determinadas zonas.
La pregunta, sin embargo, es qué significa todo esto para una ciudad que tiene una historia reciente marcada por la movilización social y por fuertes disputas alrededor de la memoria, el territorio y el derecho a la protesta.
Paralelamente al dispositivo oficial comenzó a tomar forma otra dinámica.
Sectores políticos, organizaciones sociales, jóvenes, colectivos ciudadanos y personas vinculadas al movimiento social anunciaron actividades para el mismo 7 de agosto.
El punto más simbólico es Puerto Resistencia, lugar que durante el estallido social de 2021 se convirtió en uno de los principales espacios de movilización de Cali.
La convocatoria anunciada para este día ha sido presentada como una concentración pacífica y no como una marcha. La presencia anunciada de dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos vuelve a colocar a este territorio en el centro de la discusión nacional.
Esto resulta significativo porque Puerto Resistencia no es solamente un punto geográfico.
Es también un lugar cargado de memoria.
En las semanas previas a la posesión, el Monumento a la Resistencia se convirtió en uno de los principales símbolos de la controversia.
El debate dejó de ser exclusivamente político y pasó a involucrar preguntas culturales y patrimoniales: ¿qué ocurre con una obra construida en medio de una movilización social? ¿Quién decide qué símbolos permanecen en el espacio público? ¿Puede un gobierno eliminar una expresión artística y política porque representa una memoria que no comparte?
Sectores cercanos al presidente electo han planteado su retiro, mientras habitantes, artistas, constructores y personas vinculadas al proceso social han expresado su intención de defenderlo.
El País documentó incluso la existencia de una organización comunitaria alrededor del monumento y la decisión de algunos de sus integrantes de mantener una presencia permanente para protegerlo.
De esta manera, el monumento terminó convirtiéndose en algo más que una estructura física.
Se transformó en un campo de disputa por la memoria de Cali.
Otro hecho que no debería pasar desapercibido es lo ocurrido con diferentes murales de la ciudad en los días previos a la posesión.
Aparecieron intervenciones y grafitis con mensajes políticos, algunos de ellos contrarios al nuevo presidente. La Alcaldía rechazó los actos de vandalismo contra espacios recientemente recuperados, mientras diferentes medios registraron la tensión alrededor de estas expresiones.
Aquí aparece una discusión que interesa especialmente al sector cultural:
¿Dónde termina la expresión política y dónde comienza el vandalismo?
La respuesta no puede ser simplista.
Una sociedad democrática debe proteger simultáneamente el derecho a la expresión, la protesta y la creación artística, pero también el patrimonio, los bienes públicos y los espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.
El reto consiste precisamente en no permitir que la confrontación política termine convirtiendo el arte y el espacio público en instrumentos de destrucción.
Hay otro elemento que merece atención.
Durante los últimos meses Cali ha venido desarrollando diferentes mecanismos institucionales de participación ciudadana. La Administración Distrital reportó recientemente un avance del 95 % en la implementación de la Política de Participación Ciudadana y señaló que más de 11.000 personas participaron en la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones.
También se han impulsado convocatorias para fortalecer iniciativas comunitarias, procesos culturales y saberes populares en comunas y corregimientos.
Esto permite plantear una cuestión más profunda:
La participación ciudadana no puede reducirse a votar ni a asistir a una manifestación.
También existe participación cuando una comunidad defiende su territorio, cuando artistas protegen una memoria colectiva, cuando vecinos organizan una actividad cultural, cuando jóvenes construyen alternativas desde sus barrios o cuando organizaciones sociales elaboran propuestas para incidir en las políticas públicas.
En ese sentido, las iniciativas que están apareciendo alrededor de la posesión presidencial deben ser observadas no solamente como actos de oposición política.
Algunas pueden representar una expresión de ciudadanía activa.
Precisamente por la historia reciente de Cali, este punto resulta fundamental.
La protesta es un derecho democrático. Pero la protesta ciudadana pierde fuerza cuando queda asociada a la destrucción, la violencia o la intimidación.
La responsabilidad, por tanto, es compartida.
Las autoridades deben garantizar el derecho a la manifestación pacífica y evitar que las medidas de seguridad terminen convirtiéndose en restricciones desproporcionadas.
Y quienes participan en las concentraciones ciudadanas tienen también la responsabilidad de preservar el carácter pacífico de sus acciones.
Cali necesita demostrar que puede expresar sus diferencias sin destruirse a sí misma.
La decisión de realizar la posesión en Cali tiene una enorme carga simbólica.
El nuevo Gobierno ha hablado de descentralización y de una relación diferente con las regiones. Pero precisamente por eso habrá que observar qué sucede después de que termine la ceremonia.
Porque una verdadera relación con las regiones no se construye solamente trasladando un acto presidencial desde Bogotá.
Se construye escuchando a sus comunidades.
Escuchando a sus artistas.
Escuchando a sus organizaciones sociales.
Escuchando a sus jóvenes.
Escuchando a sus consejos de cultura, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, colectivos ciudadanos y sectores productivos.
Y, sobre todo, reconociendo que una ciudad como Cali no tiene una sola memoria ni una sola manera de entender su historia.
La pregunta importante comenzará mañana.
Cuando desaparezcan los dispositivos de seguridad, cuando se retiren las delegaciones internacionales y cuando la Arena USC vuelva a su actividad habitual, ¿qué quedará en Cali?
Quedará una ciudad que ha sido nuevamente colocada en el centro del debate nacional.
Quedará la discusión sobre el Monumento a la Resistencia.
Quedará el debate sobre el uso político y cultural del espacio público.
Quedará la necesidad de proteger el derecho a la protesta.
Quedará también el desafío de fortalecer las iniciativas comunitarias y ciudadanas que existen mucho más allá de las coyunturas electorales.
Y quedará una pregunta fundamental para quienes trabajamos desde la cultura:
¿Puede Cali convertir esta coyuntura política en una oportunidad para demostrar que la participación ciudadana, el arte, la memoria y la cultura también son formas legítimas de construir democracia?
La respuesta no estará únicamente en las instituciones.
Estará, sobre todo, en la capacidad de sus comunidades para organizarse, dialogar, crear y defender pacíficamente aquello que consideran parte de su memoria y de su futuro.
Porque una ciudad no se define solamente por el gobierno que llega.
También se define por la ciudadanía que decide participar en la construcción de lo que viene.