En un movido giro político, el Ministerio de Salud expidió en la madrugada del 30 de julio el Decreto 0858 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para poner en marcha la reforma a la salud sin esperar la aprobación final del Congreso.
El decreto introduce formalmente un modelo de salud orientado a ser preventivo, predictivo y resolutivo, con el cual las EPS dejarán de actuar como aseguradoras financieras y pasarán a desempeñar funciones de coordinación como gestoras de salud, en línea con la propuesta presentada ante la Cámara de Representantes en marzo.
Además, se establecen los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como puerta de entrada al sistema, y se definió que las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) serán lideradas localmente por entidades departamentales y municipales.
Los recursos del sistema serán administrados por la ADRES, que dirigirá los pagos directamente a clínicas y hospitales, eliminando la intermediación típica de las EPS.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión señalando que el decreto no modifica la estructura legal fundamental del sistema de salud y consideró que no sustituye el debate legislativo, sino que permite ejecutar medidas urgentes mientras continúa el trámite en el Congreso. Agregó que el decreto se implementará en un plazo de seis meses.
El Pacto Histórico, por medio de la senadora Martha Peralta, respaldó la iniciativa argumentando que se trata de medidas necesarias para garantizar cobertura incluso en zonas apartadas, y reiteró que no pretende eliminar el esquema de aseguramiento vigente.
En contraposición, congresistas opositores como Katherine Miranda y asociaciones como ACEMI alertaron sobre posibles vicios de legalidad e inconstitucionalidad, acusando al Ejecutivo de imponer una reforma de fondo por vía administrativa sin la debida intervención del Congreso. Señalaron que el decreto “desdibuja el rol de las EPS”, no resuelve problemas reales como el desabastecimiento de medicamentos y podría generar caos financiero.
Elemento | Cambios clave introducidos |
---|---|
Modelo de atención | Enfocado en atención primaria, preventiva y territorializada (CAPS/RII TS) |
EPS → Gestoras de salud | Sin manejo de recursos, coordinan la referencia y contrarreferencia |
CAPS | Instituciones territoriales organizadas para atención integral |
Financiamiento | Recursos canalizados directamente por ADRES hacia IPS |
Implementación | Plazo de adaptación de un año para todos los actores del sistema |
Talento humano | Formalización laboral del personal en seis meses |
Supervisión | A cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y cumplimiento según el Marco Fiscal |
La reforma ya enfrenta curso en la Comisión Séptima del Senado, pero tras la elección del senador liberal Miguel Ángel Pinto como su presidente —un crítico franco del gobierno— el Ejecutivo optó por avanzar con el decreto. Esto reavivó el debate sobre los límites del poder presidencial y posibles demandas jurídicas.
Desde la oposición, ya se anuncian acciones legales para frenar la aplicación del decreto. La discusión gira en torno al equilibrio entre la urgencia de aplicar el sistema y el respeto por los procesos democráticos y constitucionales.
Con la firma del Decreto 0858 de 2025, el gobierno de Gustavo Petro inició la puesta en marcha inmediata de la reforma a la salud sin depender de la aprobación del Congreso. Con ello, se busca transformar el sistema hacia un modelo más accesible y territorial, pero el movimiento ha desatado una fuerte controversia sobre su legitimidad y alcance legal. Mientras se produce la implementación progresiva, crece la tensión política y se perfilan recursos legales para detener la medida.
--