¿Cómo es que en la República Argentina se pueden vender oficialmente tierras del dominio público del Estado Nacional (ferroviarias, militares, etc.) por decisión de una sola persona a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional y sin pasar por el Congreso de la Nación como marca la Constitución Nacional?
¿Estaremos yendo hacia el medioevo europeo, tiempos en que "el Señor" de la comarca determinaba por su sola voluntad el destino de "sus" tierras?
Es por demás significativo que ninguno de los partidos políticos que tuvieron o tienen funciones de gobierno ("republicanos", "populistas", "defensores de la independencia de la justicia", "defensores de las instituciones", "defensores de las mayorías populares", “defensores del déficit cero”) denuncien o se manifiesten públicamente contrarios a esta situación. ¿Por qué será? ¿Qué los une en este fraude institucional que banaliza el ejercicio ilegal y arbitrario del poder sobre la tierra pública?
¿Será que, a partir de la última década del siglo pasado, los inversores inmobiliarios se dieron cuenta que las últimas tierras que quedaban aptas para sus beneméritos fines eran las del Estado Nacional? Y qué, además, ¿muchas de ellas estaban ubicadas en las zonas más cotizadas?
Creación de organismos ad hoc
A pesar de que la Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional" (art. 67 - inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y modificaciones y art. 75 - inc. 5 de la de 1994), diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires han optado por hacerlo...............