¡RENACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA, YA!
¡NO MÁS CONTRATOS A EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES Y EXTRANJERAS!
¡LOS NEOLIBERALES NO PASARÁN!
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, actualmente más del
63.66 % de la generación de energía está en manos de empresas privadas;
el resto 36.34 % está a cargo del sector público, del cual el 34.17 % es
generado por la CFE mientras que el 2.17 % restante es generado por
PEMEX. Con la Reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto la
privatización aumentó, se profundizó y potenció la privatización furtiva
de la industria eléctrica así como la dependencia energética hacia los
Estados Unidos.
La Reforma Energética derivó en instrumentos de
política energética para que de forma sustantiva se crearan condiciones
de certeza de la propiedad sobre activos de la CFE, rentabilidad y
control de las inversiones en electricidad, a favor de empresas privadas
y extranjeras. Se tomó la decisión de privatizar los organismos del
Estado mexicano; de la contratación con inversionistas privados y
extranjeros en todas sus actividades del proceso de trabajo eléctrico.
En materia de electricidad, la Reforma Energética significó la
sustitución de la CFE por empresas privadas y extranjeras en todo el
proceso de trabajo eléctrico, definiendo una nueva estructura del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a partir de lo que llamaron Mercado
Eléctrico Mayorista, integrado por generadores, suministradores,
comercializadores y usuarios calificados.
A decir de los diseñadores
de esta política de desregulación del SEN, los privados participarían
en igualdad de condiciones y la CFE formaría parte de una empresa más
que competiría en dicho mercado. Sin embargo, este supuesto Mercado fue
diseñado de origen para que la CFE padeciera un mecanismo de regulación
asimétrica, evitando su operación con eficiencia, desarrollando
subsidios para productores privados de energía y perdiendo clientes a
favor de empresas privadas y extranjeras; es decir, todo un mecanismo
para que la CFE no pudiera operar con eficiencia y rentabilidad,
asegurando el retorno de su capital como marca la Ley de la Industria
Eléctrica, en favor de todas y todos los mexicanos.
El
establecimiento del supuesto mercado, fue la imposición de condiciones
para favorecer el despacho permanente y constante de la generación
eléctrica proveniente de las plantas legadas a los productores privados,
que mayormente suministran energía a clientes que antes eran de CFE.
Los generadores privados, en un mercado artificial, son despachados
preferentemente, perjudicando a la CFE, que no puede hacer lo mismo con
su parque de generación para alimentar a los usuarios de Suministro
Básico; las plantas de CFE fueron desplazadas por las centrales privadas
y las centrales renovables.
Mientras mayor participación de
privados y extranjeros se permitió en el SEN, el costo de la
electricidad se encareció porque no sólo la CFE tuvo que tomar de su
propio presupuesto proveniente de sus partidas asignadas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, para garantizar los subsidios a
las empresas generadoras, sino que al ser despojada de sus principales
clientes, tuvo que sobre endeudarse para garantizar el cumplimiento de
las condiciones impuestas por la Reforma de Peña Nieto. La política
neoliberal implica endeudamiento excesivo de las empresas públicas a
privatizar: es así como en el gobierno de Peña Nieto heredó una deuda de
la CFE por 60 mil millones de dólares, equivalente a 70% de sus
activos. La CFE se convirtió en la Empresa garante de la rentabilidad de
privados nacionales y extranjeros.
Por ejemplo, la Reforma
Energética permitió utilizar el sistema de transmisión de CFE para
llegar desde puntos alejados a los centros de consumo. Los productores
privados han instalado plantas eólicas y solares alimentando a miles de
usuarios ubicados en todo el país, conectándose al sistema de
transmisión y distribución de la CFE sin pagarle los costos reales de
porteo de los sistemas de transmisión - distribución, ni los costos de
respaldo de generación. La CFE asumió la brutal tarea de ser la que
mantiene la estabilidad, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico
nacional a un enorme costo.
Todo esto contrario a la necesidad
de garantizar la seguridad energética del país de forma soberana y en el
marco de la obligación de brindar un servicio público de calidad y
eficiencia a bajo costo para toda la población. La generación de
electricidad avanzó hasta casi convertirse en responsabilidad de las
inversiones privadas y extranjeras. Finalmente todo lo anterior incide
en duplicar los costos de la energía que al final deberán cubrir los
usuarios para garantizar rentabilidad a la empresa privada y extranjera.
El neoliberalismo plantea que mientras más control tenga el mercado
sobre las actividades productivas, mientras menos intervenga el Estado,
éstas terminarán siendo más económicas, eficientes, competitivas y
accesibles para la población. Nada más falso que eso. En la actualidad
hay muchas empresas de generación eléctrica favorecidas en el despacho
eléctrico y las tarifas no bajan, al contrario, suben.
Toda
empresa privada realiza sus actividades buscando el desarrollo de
utilidades; sólo los organismos estatales como la CFE, pueden contener
objetivos sociales que deben garantizar no sólo mejores precios y
tarifas, sino también coberturas que usualmente no realizaría una
empresa privada. De esta manera fue como la CFE y la hoy extinta Luz y
fuerza del Centro, lograron la interconexión del 98.8% del territorio
nacional.
Fue entonces hasta el periodo neoliberal que el proceso
de trabajo eléctrico fue desregulándose, de tal manera que las tarifas
eléctricas fueron en aumento para cubrir y amortizar los contratos de
obra desarrolladas por el capital privado, así como la participación del
generador privado en el suministro de electricidad.
Por lo
tanto, es necesario romper con toda lógica neoliberal, pues ésta ha
representado el desarrollo de procesos que privatizan los bienes
públicos, encarecen los servicios y elitizan su acceso, a sabiendas de
que estos son servicios básicos fundamentales para el desarrollo
nacional.
Desde el inicio de las administración de Andrés Manuel
López Obrador, en materia de electricidad, la Secretaría de Energía ha
detenido los intentos de aumentar de forma significativa las tarifas por
parte de la Comisión Reguladora de Energía, organismo creado para la
administración de los contratos privados y la destrucción de la CFE;
también ha cancelado las subastas eléctricas donde los privados
nacionales y extranjeros hubieran podido seguir subiendo energía a la
red eléctrica pagando precios ridículos por porteo y sin pagar por el
respaldo y la intermitencia de su generación; se canceló la construcción
de líneas de transmisión que representaban jugosos negocios para
empresas privadas; asimismo detuvo las subastas de mediano plazo y la
entrada de suministradores básicos distintos de la CFE.
Todas
estas acciones son correctas en el marco de la recuperación del Sistema
Eléctrico Nacional, de detener la privatización y el debilitamiento de
la CFE, sin embargo es insuficiente. Debemos avanzar hacia la
renacionalización de la industria energética en su conjunto, lo que
implica la recuperación de la propiedad de los activos privatizados,
entregados de forma ilegal para el uso y usufructo de las empresas
privadas.
La renacionalización implica la recuperación de la
generación eléctrica con las capacidades nacionales propias que brinde
seguridad energética y garantice el acceso a la energía eléctrica a
todas y todos los mexicanos, cuestión que hoy es imposible por el
encarecimiento desmedido del servicio.
Cancelar la política
energética neoliberal, pasa decididamente por echar abajo los contratos
leoninos que la CFE firmó al amparo de la Reforma Energética y que
fomentan el endeudamiento y la pérdida de la propiedad de sus activos.
Por tanto, implica la recuperación del carácter social y colectivo de
la hoy Empresa Productiva del Estado para garantizar el acceso al
servicio a bajas tarifas a todas y todos los mexicanos, empezando por
aquellos que han vivido procesos de abuso en las tarifas eléctricas y
los más de dos millones de personas que no cuentan con suministro
eléctrico.
Renacionalizar implica recuperar la propiedad de la
Nación sobre los activos estratégicos energéticos; única medida de una
política energética soberana para colocar a las industrias y recursos
estratégicos, al servicio de las amplias mayorías empobrecidas por
décadas de gobiernos neoliberales.
Para alcanzar estos objetivos
estratégicos y profundizar las acciones hasta ahora realizadas, es
importante la organización de los sectores populares, de los campesinos,
de los trabajadores en su conjunto; un esfuerzo que pasa por la lucha
por tarifas justas y por el acceso a la energía eléctrica como un
derecho humano. Se requiere de organización política para
conseguir la renacionalización y detener de una vez por todas a los
empresarios nacionales y extranjeros, algunos disfrazados de dirigentes
sindicales, quienes sólo tienen por agenda la continuidad de la Reforma
Energética pro privatizadora que garantice rentabilidad a unos cuantos, a
costa de los activos de la Nación y de profundizar el empobrecimiento
de amplios sectores.
Resulta fundamental cerrarle el paso a los
Neoliberales que se disfrazan y desde el movimiento social buscan
beneficiarse, subsumiendo las demandas sociales detrás de negociaciones
que llevan por delante el otorgamiento de contratos a favor de empresas
privadas y extranjeras.
Invitamos a tod@s a organizarnos,
movilizarnos y avanzar en la unidad para luchar por la soberanía
energética en beneficio de tod@s los Mexican@s y combatir sin cuartel a
los Neoliberales que de manera abierta o disfrazándose buscan que el
control del sector energético lo tengan las empresas privadas nacionales
y extranjeras en beneficio de unos cuantos.
COORDINADORA NACIONAL DE USUARI@S EN RESISTENCIA (CONUR)
¡La patria no se vende!
¡Por la renacionalización de la industria energética!
¡Por el acceso a la energía eléctrica como derecho humano!
¡Por el borrón y cuenta nueva!
¡Por una tarifa justa de luz!
¡Los neoliberales no pasarán!