convocatoria movilización.
periódico EL MACARENAZOO
Movilización nacional agraria y popular
Por la defensa del territorio y soberanía nacional, la autodeterminación del pueblo colombiano y el acuerdo humanitario.
Por un gobierno democrático de amplia participación popular
Octubre del 2007
"El pobre no es pobre, es un empobrecido. No es hambriento por destino, le quitaron el pan y por eso padece hambre. Hay gente detrás de esto, hay mecanismos y estructuras responsables. Es preciso tener conciencia de eso, es necesario conocer las causas del hambre"
Claudio Hummes
Antecedentes de la movilización
Desde hace varios años, las organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, sindicales, barriales, estudiantiles, etc., han venido exigiendo la solución a su problemática, haciendo uso de diversos mecanismos de participación popular: cabildos abiertos, foros, paros cívicos, marchas y movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que el estado haya dado repuestas positivas al clamor popular, a pesar de los compromisos adquiridos.
En las últimas décadas, las marchas cocaleras del sur (Caquetá, Guaviare y Putumayo), las movilizaciones del Magdalena Medio, el Catatumbo, Arauca, Tolima y Huila, Montes de María en Sucre, Ariari en el Meta, Cundinamarca, nordeste de Antioquia, Suroccidente 1999, 2002 y 2006, expresan un descontento general de los sectores populares a las medidas represivas y al modelo económico neoliberal impuesto de manera violenta en nuestro país.
Razones para la movilización
La crisis actual del país exige de los colombianos una posición decidida contra el actual régimen de pobreza y terror, exigiendo la renuncia inmediata del presidente Álvaro Uribe Vélez y su vicepresidente Francisco Santos, puesto que todas sus actuaciones además de ir en contra de los intereses de la nación y el pueblo colombiano, son ilegales e ilegítimas por ser producto de un gobierno elegido mediante la comisión de delitos tales como el constreñimiento violento al elector, el fraude electoral y la compraventa de votos, tres conductas consideradas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico.
En los cinco años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se ha expedido un sinnúmero de leyes contrarias a los intereses de los colombianos, entre las cuales podemos mencionar la ley forestal, ley de aprobación al tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, ley de "justicia y paz", estatuto de desarrollo rural, ley de protección a la inversión extranjera, la Ley 1032 del 22 de junio del 2006 sobre ilegalización de las semillas, nuevo código penal y actos legislativos que han reducido la capacidad del estado para resolver la problemática social de la población colombiana modificando en menos de seis años, en dos ocasiones el régimen de transferencias del estado central a las entidades territoriales (departamentos, municipios y resguardos indígenas).
El pueblo colombiano ha tenido que padecer durante estos cinco años de gobierno una
guerra integral, denominada "seguridad democrática", la cual, en cuentas del gobierno, le ha permitido a los ricos regresar a las carreteras y centros de veraneo, pero no le ha permitido a más de tres millones y medio de desplazados recuperar sus tierras y menos regresar a los lugares de donde fueron sacados por la acción del paramilitarismo.
En el concierto internacional el gobierno viene siendo cuestionado por su inocultable relación con el paramilitarismo y sus pocos resultados en la protección de los derechos humanos en especial de líderes del movimiento social y sindical, la farsa de desmovilización de los grupos paramilitares, la ausencia de verdad, justicia y reparación en la denominada ley de justicia y paz.
Los sucesivos destapes de la parapolítica en los cuales aparecen comprometidos cada vez más los senadores y representantes de la bancada uribista y algunos de sus funcionarios, han llevado a este gobierno a uno de los niveles más bajos de credibilidad ante la comunidad internacional.
La implementación de políticas antipopulares como la privatización de empresas como
Telecom, Ecopetrol y de servicios esenciales como los seguros sociales en una verdadera feria del patrimonio nacional hacen del actual régimen uno de los más entreguistas y apátridas que la nación ha tenido.
Contrastan en el actual régimen, su posición blanda e incluso cómplice con el paramilitarismo en un afán por legalizarlos y su posición intransigente frente a la insurgencia a la cual le exige una rendición sin condiciones, obstaculizando de esa manera el intercambio humanitario y la salida política negociada al conflicto social y armado que vive el país.
Convocatoria
Convocamos a la inmensa mayoría de los colombianos campesinos, afrodescendientes, indígenas, obreros, estudiantes, viviendistas, transportadores, vendedores ambulantes y estacionarios, hombres y mujeres de nuestra patria, a luchar contra la tiranía, el abandono oficial, la privatización de la salud y la educación, el recorte a las transferencias a las entidades territoriales, la venta del patrimonio de los colombianos, la liquidación del Seguro Social y la venta de sus principales centros de atención hospitalaria, contra las concesiones mineras y de
explotación de nuestros recursos naturales, contra la prohibición de producir y comercializar los productos de la economía campesina como la panela, la leche y las semillas tradicionales, contra el tratado de libre comercio, contra la farsa de "desmovilización" del paramilitarismo, contra el desplazamiento forzado. Contra el plan nacional de desarrollo, contra el recorte a las transferencias, contra el estatuto de desarrollo rural y la liquidación de la institucionalidad pública del sector agropecuario, contra la privatización de los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía, teléfono y recolección de basuras, contra la erradicación forzada de los cultivos de coca, contra los cultivos transgénicos, contra el alza permanente y desmesurada del precio de los combustibles y peajes, contra el régimen laboral existente que legalizó la esclavitud en Colombia, contra la negativa oficial a un intercambio humanitario, contra la recolonización extranjera, disfrazada de programas de cooperación, que afianza la presencia de las multinacionales en Colombia, contra el desconocimiento de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes por parte del estado, contra el desconocimiento de la legislación especial de indígenas y afrocolombianos por parte del estado. Contra la violación de los derechos humanos por parte del estado, contra la falta de inversión social y el inmenso gasto en la guerra. Contra los megaproyectos, contra los monocultivos y la producción de agrocombustibles.
Objetivos de la movilización
1. En primer lugar, hacer conciencia en los colombianos de que con la renuncia del presidente Uribe y su vicepresidente Santos, se resolverá buena parte de las causas de la crisis nacional y se aliviarán las tensiones con gobiernos de América Latina, ocasionadas por el respaldo irrestricto del gobierno colombiano a las políticas imperialistas del gobierno de los Estados Unidos.
Y que una vez alcanzado este objetivo, se debe instaurar un gobierno democrático de amplia participación popular que les devuelva a los colombianos la soberanía nacional y la autodeterminación. Un gobierno que represente con legitimidad los verdaderos intereses del pueblo trabajador y no los de una minoría parásita y multimillonaria de banqueros, terratenientes, grupos económicos nacionales y multinacionales ligados a las mafias del narcoparamilitarismo.
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Aspiramos alcanzar la derogatoria del plan nacional de desarrollo; del acto legislativo que permite la modificación del sistema de transferencias; de la ley de impunidad (justicia y paz); del estatuto del desarrollo rural; de la ley general forestal; ley de cadenas agroexportadoras; del código minero; de la aprobación del TLC; de las concesiones mineras y del saqueo de nuestros recursos naturales; de las normas legales que prohíben la producción y comercialización de la panela artesanal, de la leche cruda y las semillas tradicionales.
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Impulsar y exigir la aprobación del nuevo estatuto del trabajo; la expedición de una verdadera ley de reforma agraria y desarrollo rural, incluyente de los campesinos, indígenas y afrodecendientes; una solución concertada a la problemática de los cultivos de coca y amapola; el reconocimiento de los derechos de territorialidad de los indígenas, afrodecendientes y campesinos; el reconocimiento del agua como un bien común, patrimonio de los colombianos, que no puede ser privatizado; la recuperación de la salud y la educación como derechos de los ciudadanos y como un servicio gratuito y universal de obligatoria prestación por parte del estado; la recuperación de la empresas públicas como bienes del estado; recuperar recursos estratégicos como el carbón, el petróleo, el níquel y el oro, hoy en poder de empresas multinacionales; el acuerdo humanitario y una salida política al conflicto social y armado que vivimos los colombianos.
Ejes de la movilizacion
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Exigir la renuncia del presidente Uribe y su vicepresidente por su ilegalidad e ilegitimidad, e instaurar un gobierno democrático de amplia participación popular.
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Derogar el plan nacional de desarrollo y someter a consideración de los colombianos, mediante referendo, una nueva propuesta donde se tengan en cuenta los intereses de las mayorías.
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Derogar el estatuto de desarrollo rural y someter a consideración, mediante referendo, el proyecto de ley presentado por las organizaciones rurales y archivado por el paracongresista Álvaro Araújo, presidente en ese momento de la comisión quinta del Senado.
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Derogar el actual código de minas y todas las concesiones mineras y de explotación de recursos naturales, hasta que el pueblo mediante referendo expida una nueva legislación en esa materia.
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Derogar el acto legislativo que permite la modificación del régimen de tranferencias a las entidades territoriales y someter a consideración del pueblo mediante referendo una nueva propuesta que surja de la iniciativa popular.
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Derogar la ley de aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y someter esta iniciativa a una consulta popular.
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Derogar la actual legislación laboral colombiana y someter a consideración un proyecto de ley de nuevo estatuto del trabajo, de iniciativa popular.
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Contra la privatización del agua, que el congreso apruebe la convocatoria del referendo que prohíbe su privatización.
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Contra la erradicación forzada manual o por fumigación de los cultivos de coca y amapola, solución concertada y gradual.
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Contra las lesivas y antipatrióticas concesiones mineras y de explotación de recursos naturales, derogación del código de minas y suspensión inmediata de todas las concesiones otorgadas a partir del 2002.
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Contra la farsa de desmovilización paramilitar, su legalización a partir de la aplicación de la ley 975 de 2006, y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado, exigimos verdad, justicia y reparación, cese del desplazamiento y retorno con garantías de todos los desplazados, y el no involucramiento de la población rural en la política de "seguridad democrática".
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Contra la política de cadenas productivas agroindustriales, exigimos la derogación de las leyes que prohíben la producción y comercialización de la panela artesanal, la producción y comercialización de semillas no certificadas, el transporte y venta de leche cruda y la adopción de medidas que permitan la protección de la producción nacional de alimentos y la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria, y la prohibición de cultivos transgénicos en el territorio nacional.
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Contra la entrega vergonzosa de nuestra soberanía nacional y la permanente violación de los derechos de territorialidad de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, exigimos respeto a los derechos de titulación colectiva de las comunidades afrodescendientes, de los resguardos indígenas y el respeto por los territorios campesinos constituidos o no en zonas de reserva campesina, prohibiendo la entrega en concesión o a cualquier titulo, de territorios a compañías privadas nacionales o extranjeras o a personas naturales que no estén en posesión de manera directa y permanente de tierras baldías, cancelando las licencias otorgadas para la implementación de megaproyectos.
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Contra la privatización de la salud, exigimos la derogatoria de la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones y expedir una nueva ley sobre salud y seguridad social de iniciativa popular.
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Contra la privatización de la educación, exigimos mayores recursos para la educación pública en todos los niveles, autonomía universitaria y respeto por los derechos de los trabajadores de la educación.
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Contra la inversión en la guerra, la corrupción y la falta de control del gasto de las Fuerzas Militares y de Policía, y la presencia de asesores y mercenarios extranjeros en nuestro suelo, exigimos de manera urgente la depuración de las fuerzas armadas y reducción de su tamaño, intercambio humanitario y la solución política negociada al conflicto social y armado que vivimos los colombianos.
Carácter de la movilizacion
La movilización tendrá un carácter político reivindicativo, buscando sobre todo la renuncia del gobierno y con ello afectar el desarrollo de la política del modelo neoliberal capitalista, que ha traído a nuestra patria tanto dolor y miseria.
Busca, además, la derogatoria de medidas antipopulares expresadas en leyes, aprobadas por un gobierno sin legitimidad.
En algunas regiones, la movilización tendrá también un carácter reivindicativo de necesidades en lo económico y social.
La jornada se define como una movilización pacifica dentro del derecho constitucional a la protesta y la movilización social, consagrados en los artículos 24 y 37 de la Constitución Nacional.
La duración la determinarán las circunstancias de modo y lugar en cada región.
Diseño de la movilización
Cada coordinadora local o regional definirá las acciones para el tiempo que se establezca en la coordinación nacional.
Esta movilización mantendrá de manera continua actividades nacionales e internacionales permanentes, que en el mediano plazo nos lleven a lograr el objetivo de derrotar el régimen de terror, miseria y exclusión impuesto históricamente por la burguesía colombiana.
Por tal razón, el levantamiento de las acciones no significará el fin de la jornada. Esta jornada, que el pueblo viene realizando hace varios años y que continuamos con estas manifestaciones, es parte del proceso continuo de resistencia del pueblo, el cual nos debe dar la seguridad del triunfo de la justicia y la razón, frente a la obstinación del régimen de someter mediante la miseria y la represión al pueblo, para satisfacer intereses mezquinos de grupos económicos, responsables de problemas estructurales que padece el pueblo colombiano y que constituyen la razón del conflicto social y armado de nuestro país.
Coordinacion nacional de organizaciones agrarias y populares de Colombia
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