"La izquierda y los límites del respeto a la institucionalidad" por José Luis Vega Carballo

[HUMBERTO AGUILAR]

La izquierda y los límites del respeto a la institucionalidad José Luis Vega Carballo Fuente: elpais.cr  | 07/10/2009       Columna “Pensamiento Crítico” El llamado a un irrestricto respeto de la "institucionalidad democrática" es una postura defendida  como dogma por las dirigencias conservadoras del centro-derecha. A su vez, éstas se la exigen a los actores del centro-izquierda como prueba de su buena conducta y aceptación de los poderes establecidos, y ante todo, para evitar ser calificados y tratados como anti-democráticos, subversivos, revoltosos o violentos, a lo mejor hasta como delincuentes o terroristas. Mucho de esto fue voceado y utilizado como arma ideológica por la coalición neoliberal, el Grupo Nación y el régimen de los Arias en la pasada contienda contra el TLC y se blandió como una justificación para desviar la lucha de las calles hacia un referéndum, a fin de supuestamente salvar la institucionalidad y la paz social. Más aún, hubo en ese proceso  -y sigue habiendo-  dirigentes y hasta partidos de la izquierda que la han aceptado sin condiciones ni mayor reflexión acerca de sus implicaciones para el desarrollo de estrategias y métodos de lucha. La cuestión de la institucionalidad surge desde la izquierda cuando se la llama a inscribir todo el accionar político siguiendo los lineamientos del reformismo dentro del marco estatal vigente, el cual se considera “normal y aceptable”. Por tanto, a apostar solo por el uso de prácticas sistémicas de tipo electoral, que no transciendan el status quo ni pasen de ser cautelosos intentos de cambio a consensuar con las derechas, sin ir más allá en pos de transformaciones a fondo tanto de la misma institucionalidad, como de las estructuras económico-sociales del capitalismo, local y global, como sí lo proponen sectores que podríamos llamar transformistas, pero sin que necesariamente estén apostando por ello a la violencia o la lucha revolucionaria armada, como bien lo hemos explicado. Ahora bien, hay casos extremos en otros países de cierre de las vías institucionales y electorales de cambio, con clara violación de los Derechos Humanos, y en los que la lucha sociopolítica (sea o no de sectores de izquierda de la ciudadanía) debe adquirir carácter insurreccional en contra de regímenes que se ha vuelto abiertamente anti-democráticos, si no abiertamente policial-militares, y que operan al margen de cualquier legalidad. Aquí comúnmente se presenta la opción del levantamiento popular y de la máxima resistencia como legítimos métodos orientados a rescatar una ultrajada institucionalidad democrática. Los casos sobran en América Latina, baste solo señalar la movilización sandinista contra la dictadura de Somoza en 1979 o la actual lucha popular contra el gobierno de facto de Micheletti en Honduras. Asimismo hay otros casos menos extremos, pero que son críticos por las condiciones que imponen al ejercicio democrático y electoral de la oposición; y que tienen que ver también con el rescate de una institucionalidad secuestrada por las derechas, y que éstas llaman a respetar. En ellos se mantiene el acceso de los actores a los instrumentos normales ofrecidos por la institucionalidad político-electoral de un Estado formal de Derecho, pero se les anula o manipula en la práctica condenando la oposición a la impotencia. En tal situación, no bastarían solo los esfuerzos electorales o parlamentarios para sacar a un grupo de poder dispuesto a valerse de esa estrategia para perpetuarse en el gobierno a toda costa. Es decir, utilizando la fórmula autoritaria de una “dictablanda”, encubierta por un dudoso manto de legalidad (al que llama institucionalidad), para imponer un poder abusivo e ilimitado sobre la sociedad con el que sacrifica libertades y pisotea otros derechos humanos fundamentales. En síntesis, la fórmula de una democracia de fachada o lo mismo: una “dictadura en democracia” donde los problemas del país no se resuelven con más sino con menos democracia. Cuando a las izquierdas defensoras de la democracia y del progreso social les toca encarar un régimen de centro-derecha neoliberal que usa métodos autoritarios y espurios para aplastar precisamente esa forma de gobierno  y desarrollo, deben entonces darse cuenta de que es estéril permanecer sometida exclusivamente a la vía electoral-reformista y deberá comenzar a darle prioridad a otras más centradas en la organización y la movilización populares. No es que éstas deban únicamente ensayarse bajo condiciones de régimen autoritario; pues siempre es conveniente combinar los distintos métodos de lucha en los varios frentes. Pero bajo ciertas condiciones, los métodos de confrontación y acumulación de fuerza social y no solo electoral, deben pasar al primer plano estratégico, en la medida que un régimen hace mofa, tergiversa, inutiliza y quebranta en su favor los otros. Entre esas condiciones se hallan las siguientes: a) no hay efectivo respeto de los gobernantes a los Derechos Humanos integrales (no sólo a los civiles o individuales), b) los mecanismos de la contienda electoral y parlamentaria son sesgados y transgredidos impunemente por las fuerzas del régimen desleales a la democracia, o sea, usados fraudulentamente, c) si bien puede que el Estado de Derecho no esté abolido, sí aparece sujeto a los dictados de poderes privados fácticos, corruptos e ilegítimos que subvierten la naturaleza de lo público y violan los principios de la soberanía popular y nacional, y d) si, en general, la “institucionalidad democrática” que el régimen llama a respetar y defender, ha sido ella misma falseada y no funciona como debe ser: con total obediencia a valores y principios superiores de orden público y de apego a los intereses de las grandes mayorías ciudadanas, sino al servicio de élites o minorías plutocráticas y rapaces que sujetan el Estado al mercado, los negocios públicos a los privados, los Derechos humanos al derecho comercial. Como vemos, todo un tema a debatir de cara a nuestra realidad, y sobre el cual habrá que volver próximamente.